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La «sala de máquinas» de las constituciones latinoamericanas Entre lo viejo y lo nuevo

En la última década, varios países de la región modificaron sus constituciones en el marco de discursos que hacen referencia a la profundización de la democracia y los nuevos derechos. No obstante, una mirada de los nuevos textos desde una perspectiva basada en un ideal democrático-igualitario encuentra que, pese a los avances logrados, las transformaciones a menudo no son tan profundas y, sobre todo, que «lo nuevo» se mezcla con demasiada frecuencia y sin problematización con «lo viejo». Temas como la (des)concentración del poder han sido poco abordados, y allí se encuentran las principales contradicciones de estos nuevos textos constitucionales.

La «sala de máquinas» de las constituciones latinoamericanas / Entre lo viejo y lo nuevo

En las próximas páginas, quisiera hacer un breve repaso de los desarrollos constitucionales que se han dado en América Latina y evaluarlos teniendo en cuenta ciertas preocupaciones democráticas básicas relacionadas con el central valor del autogobierno colectivo. Para llevar a cabo esa tarea, resumiré algunos datos fundamentales de la evolución constitucional de la región, a partir de los estudios que realizara en la materia en la última década1.En primer lugar, cabe señalar que, a pesar de las más de 200 reformas constitucionales producidas en 200 años, el panorama que encontramos no es el de un «caos constitucional» –cada nueva Constitución procurando instaurar un nuevo paradigma–, sino un conjunto de constituciones que se han movido dentro de canales más bien estrechos, que finalmente se remontan a los grandes proyectos constitucionales que están en la historia más temprana del constitucionalismo regional. Me refiero, fundamentalmente, a los tres siguientes: a) el relacionado con el Imperio español –un proyecto de rasgos básicamente conservadores–; b) el inspirado en la Revolución norteamericana –un proyecto constitucional de rasgos típicamente liberales–; y c) el de la Revolución Francesa –un proyecto constitucional de rasgos radical-republicanos–.

Una vez consolidada la independencia regional, el constitucionalismo latinoamericano dejó de oscilar entre sus tres proyectos «madre» –conservador, liberal, republicano– y comenzó a converger hacia canales más delgados, definidos –en su estructura organizativa principal– en el marco de un «liberalismo-conservador». En efecto, desde 1850 hasta hoy, podría decirse, el constitucionalismo ha tendido a moverse, en general (aunque no en todos los casos) dentro de carriles bastante angostos, que caracterizamos a partir de dos «marcas» principales.

La primera marca de identidad es la que dejó el acuerdo liberal-conservador de mediados del siglo xix, vinculada a la organización del poder. Desde entonces, América Latina mantiene una división de poderes fundamentalmente tripartita, ladeada hacia el Poder Ejecutivo y territorialmente concentrada. Ese esquema aparece basado, ante todo, en una general desconfianza hacia la ciudadanía –punto de encuentro que favorece decisivamente el acuerdo liberal-conservador–, lo cual ha redundado en sistemas políticos que desalientan (con las reservas conocidas) la participación autónoma de la ciudadanía y las diversas formas de control y decisión populares. Al mismo tiempo, el modelo liberal-conservador generó Poderes Legislativos con dificultades para funcionar autónomamente del Ejecutivo y Poderes Judiciales que aparecen habitualmente amenazados por la enorme capacidad de injerencia del partido dominante (expresado normalmente en el Ejecutivo) en sus asuntos.

La segunda marca quedó definida un siglo después, a mediados del siglo xx, cuando se integraron a la vieja estructura algunas de las demandas asociadas a los reclamos republicanos del siglo pasado en nombre de la «cuestión social» –«cuestión social» que los líderes del pacto liberal-conservador habían decidido postergar–. Desde entonces, se introdujeron cambios relevantes en las declaraciones de derechos propias del siglo xix: hoy, las viejas listas de «derechos liberales clásicos» anexan amplios compromisos con derechos sociales, económicos y culturales.

Lo importante de lo que varió con la llegada del nuevo siglo, de todos modos, no se equipara con lo importante de lo que no cambió: permanecen desde el siglo xix, casi intocadas, estructuras de poder a la vieja usanza, que consagran un poder concentrado y pocas posibilidades para la intervención popular en política. Dentro de ese marco, se produce la llegada del «nuevo» constitucionalismo regional entre fines del siglo xx y comienzos del siglo xxi2. Y aquí, otra vez, lo que predomina son las continuidades. En este caso –insistiría–, continuidades gravemente acentuadas. En efecto, no se producen cambios importantes ni en la organización del poder ni en las declaraciones de derechos. Las renovadas declaraciones de derechos se expanden aún más, para hacer mención a grupos antes no tomados en cuenta, a intereses antes no contemplados o a derechos humanos antes dispersos u ocultos detrás de algunos de los derechos ya existentes. Simplemente, «no había mucho nuevo que inventar»: los intereses fundamentales de la ciudadanía latinoamericana estaban básicamente contemplados ya en las viejas constituciones.

No fue negativo, entonces, que se nombrara lo no nombrado (derechos nuevos, grupos particulares). Sin embargo, lo que se adoptó entonces fue, en todo caso, algo más o mejor de lo que ya se tenía, pero no algo estructuralmente diferente. Puede sostenerse lo mismo en relación con los cambios introducidos en el nivel de la organización del poder. Se produjeron ciertas modificaciones interesantes dentro de la organización tradicional: se acortaron mandatos en algunos casos, se los extendió poco después, se agregaron algunos controles nuevos sobre el Poder Ejecutivo (Ministerio Público, Consejo de la Magistratura), al tiempo que se le concedieron poderes que no se le habían reconocido antes (como las facultades de intervención en asuntos legislativos). Tal vez, lo mejor que ocurrió en el área fue algo que sus creadores no anticiparon bien, pero que iba –aunque muy modestamente– en línea con lo que aquí venimos sugiriendo: cambios sobre alguna de las «palancas del poder» dirigidos a favorecer el acceso ciudadano a la «sala de máquinas» del constitucionalismo. Así, por ejemplo, ocurrió con las «pequeñas pero significativas» variaciones impulsadas en materia judicial, destinadas a facilitar y expandir la «legitimidad jurídica» necesaria para litigar judicialmente3. En todo caso, lo cierto es que, en sus rasgos más básicos, la vieja estructura de poderes se mantuvo cómoda con los cambios introducidos: las nuevas modificaciones parecían adaptarse bien al paladar de los viejos poderes prevalecientes. Paso entonces, más de lleno, al examen crítico de lo realizado en estos años.

  • 1.

    Roberto Gargarella: es abogado y sociólogo, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (uba) y la Universidad de Chicago. Tiene un posdoctorado por la Universidad de Oxford. Recibió las becas Fulbright y John Simon Guggenheim. Actualmente es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet). Su último libro es La sala de máquinas de la Constitución (Katz, Buenos Aires, 2014).Palabras claves: democracia, derechos, nuevo constitucionalismo, poder, América Latina.. R. Gargarella: The Legal Foundations of Inequality: Constitutionalism in the Americas, 1776-1860, Cambridge University Press, Cambridge, 2010 y La sala de máquinas de la Constitución, Katz, Buenos Aires, 2014.

  • 2.

    Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau: «Fundamentos teóricos y prácticos del nuevo constitucionalismo latinoamericano» en Gaceta Constitucional No 48, 2011, p. 312; Armin von Bogdandy, Héctor Fix-Fierro y Mariela Morales Antoniazzi (coords.): Ius constitutionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos, unam, México, df, 2014.

  • 3.

    Por ejemplo, cambios en el acceso a la justicia, en la legitimidad o standing para litigar, etc. Bruce Wilson: «Explaining the Rise of Accountability Functions of Costa Rica’s Constitutional Court» en Siri Gloppen et al.: Courts and Power in Latin America and Africa, Palgrave, Nueva York, 2010, pp. 63-82.