Coyuntura

La presidencia de Santos: avances e incertidumbres en Colombia

Desde su llegada al gobierno en 2010, Juan Manuel Santos ha tratado de negociar el fin de la guerra interna, de proyectar una imagen de Colombia como país emergente en proceso de cambio y de jugar en distintos tableros internacionales. En ese sentido, se ha diferenciado de la imagen de país conflictivo y problemático para la región que se proyectó durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien hoy busca poner palos en la rueda a las negociaciones de paz. No obstante, la polarización, la corrupción, los problemas sociales y del sistema político y la incertidumbre económica ponen en duda la consolidación de los avances logrados.

La presidencia de Santos: avances e incertidumbres en Colombia

Paz y polarización

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos impulsó negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) sobre una posible agenda y sobre las condiciones de la eventual negociación de la paz. La Mesa de Conversaciones se instaló en Oslo el 18 de octubre de 2012, empezó a funcionar en La Habana un mes después y hasta mediados de 2014 había anunciado tres acuerdos temáticos (agrario, sobre drogas y sobre participación política), el comienzo del desminado humanitario y diez principios sobre reconocimiento de las víctimas.

Vino luego un año de recrudecimiento de la confrontación hasta que la Mesa anunció, el 12 de julio de 2015, que se acelerarían las negociaciones en Cuba y se desescalarían los combates en Colombia. Un cambio de metodología permitió trabajar en forma simultánea sobre todos los puntos pendientes, las farc-ep retomaron una tregua que habían abandonado y el Estado cesó los bombardeos en su contra. Dos meses después, el 23 de septiembre de 2015, el presidente Santos y el comandante de las farc-ep Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timoleón Jiménez» o «Timochenko», firmaron un comunicado de diez puntos con un arreglo sobre uno de los temas más difíciles –el de la justicia transicional1–, un plazo máximo de seis meses para la firma del fin del conflicto (23 de marzo de 2016) y dos meses posteriores para dar inicio a la dejación de las armas.

Sin embargo, pronto surgieron divergencias sobre la interpretación del acuerdo y ahora juristas de ambas partes lo precisan: cómo y quién escoge los jueces de los tribunales especiales, qué delitos conexos a la rebelión pueden ser objeto de amnistía, a qué actores se les aplicará perdón o sanción –solo a guerrilleros y miembros del Estado, o también a paramilitares y otros sectores involucrados en la confrontación– y cómo será la restricción de la libertad en los casos de condena.

La percepción de estar cerca del final de las negociaciones se reactivó en octubre de 2015 gracias a dos anuncios: el acuerdo de la Mesa para crear una unidad de búsqueda de desaparecidos y para ubicar, identificar y entregar sus restos con ayuda de la Cruz Roja y Medicina Legal. Luego, Santos anunció gestiones para que pronto el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (onu) pida a la onu verificar un cese bilateral y definitivo del fuego, que comenzaría en 2016, y las farc-ep solicitaron que este empiece el próximo 16 de diciembre.

Para lograr esa meta, la Mesa de La Habana debe terminar en dos meses los acuerdos sobre víctimas y justicia transicional, y sobre un cese del fuego bilateral con concentración guerrillera en zonas delimitadas que permita verificación internacional. Mientras tanto, el Congreso debate sobre la forma de refrendar los acuerdos (el gobierno propone un plebiscito mientras que las farc-ep y el ex-presidente Álvaro Uribe proponen una Asamblea Constituyente) y posteriormente implementarlos.

Por otra parte, se enturbia la posibilidad de que las negociaciones anunciadas por el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (eln) –la otra fuerza guerrillera– confluyan con las de las farc-ep. Las acciones de este grupo –en especial el ataque del 26 de octubre a una patrulla del Ejército que escoltaba a una comisión portadora de votos de los indígenas U’was, que dejó 12 militares muertos y seis desaparecidos– muestran que, o bien se encuentra internamente dividido, o no ha comprendido que con ataques como ese no fortalece su posición.

Enfrentamiento por la paz

Las negociaciones con la guerrilla han desatado intensos forcejeos suscitados por al menos cuatro factores: los vaivenes del proceso, el fuerte rechazo nacional a las farc-ep, la oposición radical de Uribe y el enfrentamiento institucional entre el procurador general, Alejandro Ordoñez, opuesto al acuerdo, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, favorable a él, ambos convertidos en protagonistas políticos.

Esa dura y permanente batalla, junto con las vacilaciones y contradicciones de Santos, han hecho fluctuar la opinión nacional. Al inicio de las conversaciones reinó una incierta expectativa, pero el primer cese del fuego decretado por las farc-ep aumentó un apoyo que, luego, con el reinicio de los combates, volvió a descolgarse. Lo que sí se ha mantenido estable es el resentimiento de la opinión pública hacia la guerrilla. La mayoría de los encuestados reitera que tienen que dejar las armas y no acepta que se les hagan grandes concesiones, pide más castigo que verdad y está en desacuerdo con que paguen penas que excluyan la prisión; 80% dice que no quiere ver a los líderes guerrilleros como legisladores en el Congreso.

Empero, los anuncios de los últimos meses han hecho repuntar el respaldo al proceso de paz. Una medición reciente muestra que 79% de los encuestados lo ve con optimismo, 81% piensa que la paz mejorará la situación del país, 65% confía en que las negociaciones culminarán con éxito y 61% siente que el acompañamiento internacional las hace más confiables. A la pregunta: «Si de usted dependiera la aprobación del acuerdo, ¿usted lo aprobaría?», 79% dice sí y 14%, no2. Curiosamente, subió la opinión favorable tanto sobre Santos (de 29 a 42%) como sobre Uribe, quien aprovecha cada dificultad o cada avance del proceso para estimular sus reparos (51% afirma estar de acuerdo con sus cuestionamientos a las negociaciones). Sin embargo, en las recientes elecciones, el ex-presidente no logró convertir esa opinión en votos.

Paz y elecciones

El sistema político colombiano muestra una polarización y un deterioro agudos. La polarización en torno de las conversaciones con la guerrilla marcó las elecciones presidenciales de 2014: la primera vuelta la ganó un uribismo contrario a cualquier acercamiento con las farc-ep –encabezado por Oscar Iván Zuluaga–, y en la segunda resultó reelegido Santos por la bandera de la paz. No ocurrió lo mismo en las elecciones locales del 25 de octubre de 2015. Uribe trató de convertirlas en plebiscito contra las negociaciones, pero los votos respondieron a otras problemáticas a pesar de que los elegidos serán decisivos en la aplicación de los acuerdos de paz.

Ese tipo de elecciones –en las que se escoge a responsables para cinco tipos de cargos: 32 gobernadores, 418 diputados a las asambleas departamentales, 1.101 alcaldes y 12.065 concejos municipales, además de 6.700 ediles de juntas administradoras locales– tiene una lógica distinta de las presidenciales y legislativas. Y el que en ellas participaran 127.347 candidatos de todos los partidos políticos, de minorías étnicas y religiosas, de movimientos cívicos o independientes, podría mostrarlas como una perfecta competencia pluripartidista. Pero la realidad es más compleja.

La Misión de Observación Electoral y la Fundación Paz y Reconciliación denunciaron 152 casos de alianzas entre candidatos y personas condenadas o encarceladas por nexos con parapolíticos y mafias del narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la contratación pública amañada; esos candidatos recibieron el aval de los partidos con la excusa de que no afrontaban directamente procesos judiciales o disciplinarios3. Los medios de comunicación presionaron en contra de esos avales y la Fiscalía ordenó la captura de 44 de los candidatos. Sin embargo, 60% de los postulantes cuestionados resultó elegido4, algunos de ellos en regiones en las que se concentra la confrontación armada, cercanas a Venezuela.El oficialismo triunfó aunque se resquebrajó su punto de apoyo, el Acuerdo Unidad Nacional, que nuclea a varios partidos, y la abstención alcanzó un 41% del padrón electoral. En perspectiva de las presidenciales de 2018, Germán Vargas Lleras, actual vicepresidente y responsable de programas estatales populares –viviendas gratuitas, provisión de agua, construcción de vías y puentes– resultó uno de los ganadores y aseguró una maquinaria a través de los pactos de su partido, Cambio Radical, con algunos independientes elegidos en grandes capitales y con otros personajes cuestionados que articulan amplias clientelas. Los demás partidos que forman parte del gobierno (el Liberal y el Partido de la u) lograron la mayoría de los votos avalando por igual a candidatos decentes como cuestionados. Los Verdes obtuvieron tres gobernaciones y la alcaldía de una capital de departamento. Verdes y conservadores aventajaron al Centro Democrático de Uribe, que ganó solo una gobernación, 76 alcaldías en pequeños municipios, quedó sexto en votos para consejos y asambleas y perdió en Antioquia, la región del ex-presidente. La popularidad de Uribe no es endosable y su cerrero obstruccionismo lo perjudica. La izquierda, por su parte, fue derrotada en Bogotá luego de 12 años de gobierno y solo obtuvo la alcaldía de una pequeña capital.

Los graves problemas del sistema electoral se hicieron más visibles en estos comicios y el Estado no aprovechó suficientemente la oportunidad para combatirlos. Aunque para evitar el transfuguismo el Consejo Electoral anuló 42% de las inscripciones para cambio de sitio de votación, tuvo que revertir la medida en Bogotá y no respondió consultas sobre inhabilidades de los candidatos ni vigiló los dineros legales e ilegales que abundaron en las campañas.

Los partidos se han reducido a siglas que reclutan candidatos para mantener su personería jurídica, la financiación y el acceso a la publicidad. Avalan aspirantes según los votos que puedan aportar y no les proveen de identidad, ideas y credibilidad porque ellos mismos no las tienen. Cada aspirante trata de montar su maquinaria para captar votos y si no obtiene el aval pero tiene prensa y dinero, sale a buscar firmas para registrarse como independiente. Así lo intentaron 810 «comités promotores», de los cuales 265 lograron inscribir a su postulante. Los candidatos se diferencian por los rostros, no por sus tesis o ejecutorias, lo que hace imposible saber si son «independientes, cívicos, alternativos, políticos en apuros, tránsfugas, oportunistas o pescadores de incautos». De todos modos, cinco o seis partidos (el de Uribe, que parece el más «ideológico» pero es el más caudillista, la coalición de izquierda y la oficialista Unidad Nacional) captan 80% de la votación en coaliciones y en ellos predominan el clientelismo y el personalismo. Como señala el director de Razonpublica.com, hay espacio suficiente para que las mafias que controlan regiones y barriadas «se vistan de políticos y accedan al corazón del Estado»5.

En suma, a pesar del deterioro general del sistema político colombiano, el gobierno de Santos ha logrado en estos cinco años el mayor avance en el intento de solución política del conflicto armado y ha ido ganando apoyo nacional en esa empresa. No obstante, quedan asuntos cruciales por resolver y problemas del sistema político que obstaculizan la construcción de la paz, en especial en zonas fronterizas.

Apoyo internacional

A diferencia del fuerte enfrentamiento interno, la negociación con las guerrillas ha contado con un pronto respaldo internacional. En septiembre pasado así lo expresaron los presidentes en la Asamblea de la onu, el papa Francisco y editoriales de periódicos en Estados Unidos, Europa y América Latina. Lo reiteran los gobiernos directamente implicados en la Mesa de La Habana –los países garantes (Noruega y Cuba), los acompañantes (Venezuela y Chile) y los asesores (Uruguay, con la onu, ayuda a la comisión sobre cese del fuego y dejación de armas)– y los enviados especiales de eeuu, Alemania, la Unión Europea; igual sucede con los países que han servido de sede en la exploración de una agenda de negociación con el eln (Ecuador, Brasil y Venezuela).

Ese respaldo puede ser leído como un reconocimiento a los esfuerzos por cambiar de parte de una Colombia que, bajo Uribe, era vista como país perturbador y foco de problemas para la región. Así lo resaltó el propio Santos al hacer un balance de su primer gobierno: «A Colombia la están escuchando, la están viendo como una democracia fulgurante en lugar de un país paria y aislado del mundo»6. El cambio se ha visto favorecido por la normalización de las relaciones de vecindad, el involucramiento en dinámicas latinoamericanas y caribeñas, la ampliación de nexos con distintos actores internacionales y el despliegue de iniciativas en temas cruciales de la agenda global.

Fronteras calientes

Santos aprovechó su primera posesión para rehacer los nexos oficiales de Colombia con Ecuador y Venezuela7. Pero la normalización de esas relaciones y el manejo de la problemática fronteriza han tenido caminos y resultados diferentes.

En estos cinco años, los gobiernos de Santos y Rafael Correa regularizaron los encuentros presidenciales, de cancilleres y de los dos gabinetes ministeriales. Resolvieron las demandas ante organismos internacionales, determinaron el punto de inicio del límite marítimo que estaba pendiente, mejoraron los pasos fronterizos formales y avanzaron en acuerdos energéticos y en la gestión de las cuencas hidrográficas comunes. La Comisión de Vecindad construyó el plan «Fronteras para la prosperidad y el buen vivir», que combina las prioridades de ambos países y la participación de las zonas amazónica, andina y del Pacífico, lo que permite el desarrollo de proyectos conjuntos. La Comisión Militar Binacional Fronteriza (Combifron) puso en marcha el Plan Binacional de Seguridad Fronteriza, que ha aumentado el control territorial en ambos lados y las acciones contra grupos irregulares y contra la minería ilegal, el narcotráfico y la criminalidad transnacional ligada al contrabando de personas, armas, precursores químicos y drogas.

En su momento, Santos y Hugo Chávez se comprometieron a respetar sus diferentes opciones y a reunirse cada tres meses, lo que hicieron hasta cuando Chávez se refugió enfermo en La Habana. Sus ministros también tuvieron frecuentes encuentros. Desafortunadamente, Chávez no aceptó reactivar la institucionalidad de esa compleja vecindad debido al peso de la oposición venezolana en estados fronterizos con Colombia.

Sin el respaldo ni el carisma de Chávez –el punto estable en la inestable Venezuela que él mismo creó–, Nicolás Maduro (electo el 14 de abril de 2013 con un estrecho margen) ha tenido que hacerse valer ante la alianza cívico-militar que encarna el chavismo y ante la opinión nacional e internacional. Recibió una grave crisis económica cuya corrección posterga por temor a los costos sociales y políticos del ajuste, en medio de las reñidas elecciones legislativas del 6 de diciembre y del retroceso en los avances sociales y la reducción de la pobreza. La parálisis en la producción nacional y en las importaciones de bienes básicos que el Estado distribuye en forma subsidiada se agrava cada día más por falta de divisas y por la caída de los precios del petróleo, mientras aumentan déficits, deudas, desabastecimiento, escasez e inflación.

Por distorsiones económicas, corrupción y diferencias de cambios y precios, muchos bienes importados y subsidiados por Venezuela se fugan de contrabando por sus fronteras, en especial por la más extensa, poblada y estrechamente articulada como es la que comparte con Colombia. La situación es allí especialmente complicada, tanto por la precaria presencia estatal y la falta de opciones de desarrollo en ambos lados como por la confrontación armada colombiana. Sin una fluida comunicación intergubernamental ni una vecindad institucionalizada, y ante la destrucción de los emprendimientos legales de otra época –cuando cada país era el segundo socio comercial del otro–, es imposible reconvertir esas zonas hoy atrapadas en la economía ilegal.

Aunque Santos reconoció rápidamente a Nicolás Maduro como mandatario –a la vez que en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) defendió la necesidad de una auditoría de los resultados electorales–, el diálogo interpresidencial e interministerial ha sido precario y desigual. La primera crisis llegó un mes después de la posesión de Maduro, cuando Santos le informó que recibiría al líder opositor venezolano Henrique Capriles Radonski. Maduro lo acusó entonces de formar parte de un «complot» para derrocarlo y amenazó con reconsiderar incluso el acompañamiento a las negociaciones con la guerrilla8.

Ante las manifestaciones de protesta de 2014, el gobierno colombiano pidió a su vecino abrirse al diálogo con la oposición, respetar los derechos ciudadanos y las libertades democráticas. Maduro, por su parte, ha reiterado que Santos se ha puesto «del lado de los fascistas», tolera la introducción de paramilitares en Venezuela, forma parte de una conspiración con eeuu y con los venezolanos que han migrado hacia Colombia para desplegar una «guerra económica» y apoya marchas en zonas fronterizas con la intención de provocar la secesión de los estados andinos y el Zulia. Con base en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada del 17 de noviembre de 2014, el gobierno bolivariano creó teatros de operaciones militares en las fronteras, luego definió cuatro zonas de defensa marítima e insular (decreto 1.787 del 27 de mayo de 2015) y trazó límites y jurisdicciones en zonas en disputa con Guyana y con Colombia, cuyo rechazo hizo que se modificara el decreto reconociendo que son áreas pendientes de negociación.

Debido a la agudización de los problemas de seguridad –y al aumento de la criminalidad y la violencia–, así como al fracaso de numerosos planes para enfrentarlos, Maduro lanzó, a mediados de 2015, la Operación para la Liberación del Pueblo (olp), cuestionada incluso por sectores de la izquierda venezolana debido al uso desproporcionado de la fuerza en zonas marginales y por dejar fuera a los que más lucran con los negocios ilegales9. El 19 de agosto de 2015, Maduro extendió la olp a las fronteras con Colombia,decretó el cierre progresivo e indefinido de todos los puentes y pasos limítrofes y declaró el estado de excepción, que suprime derechos y libertades ciudadanos. Desde el 19 de octubre pasado viene prorrogando esas medidas.

Bajo el gobierno de Maduro, han sido deportados cerca de 9.000 colombianos: más de 7.000 entre 2012 y mayo de 2015, luego de ser capturados mientras intentaban comprar alimentos o conseguir algún servicio; y casi 2.000 entre el 19 de agosto y fines de octubre, luego de que el Ejército requisara sus casas –algunas de las cuales fueron marcadas y destruidas–. Estas medidas suscitaron la huida de otros 22.000 colombianos10. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (ocha), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) mostraron que las deportaciones han sido colectivas y masivas, y sin el juicio previo ni el debido proceso establecidos en normas venezolanas y en acuerdos internacionales. Los deportados no son únicamente personas indocumentadas; muchos hicieron los trámites en la Misión Identidad y esperaron respuesta por varios años; otros obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales, pero más tarde les fueron retiradas, o recibieron una residencia que al vencer no les fue renovada; algunos tienen doble cédula y muchos habían hecho el trámite de refugio y protección humanitaria.

Los gobiernos de Uruguay y Ecuador, que presiden pro témpore la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) respectivamente, promovieron un encuentro entre Maduro y Santos y acompañaron la reunión de los ministros de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Pero la normalización de la vecindad quedó atrapada en dinámicas que Chávez y Santos habían tratado de superar (fijación unilateral de límites marítimos, triangulación de relaciones al incorporar a eeuu como parte de una supuesta guerra económica, militarización fronteriza, cierre indefinido de pasos limítrofes, medidas unilaterales, sindicación al vecino de todos los problemas y deportación irregular de migrantes), ingredientes explosivos en unas fronteras donde se juega buena parte del acuerdo con las guerrillas.

Ampliación de nexos regionales e internacionales

Santos elevó la región a prioridad de su política exterior. Invitó a «superar cualquier diferencia que persista y pensar en grande», y pidió partir no de las divergencias sino de las oportunidades compartidas, para asumir conjuntamente lo que en su primer gobierno llamó «la década de América Latina».

La normalización de relaciones con Ecuador y Venezuela ayudó al reencuentro con Brasil y Argentina, a la reingeniería de la Comunidad Andina y al involucramiento en la Unasur. Ha sido activa la participación colombiana en la Celac, la Asociación de Estados del Caribe (cuya secretaría ejerce un cartagenero), en la Alianza del Pacífico y en el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.

Además, Santos le propuso al presidente estadounidense Barack Obama una diversificación de la agenda binacional en la que desde entonces ocupan un lugar importante temas comerciales, energéticos y ambientales, junto con la seguridad, que sigue siendo asunto central. eeuu respalda las negociaciones con la guerrilla y los dos gobiernos ofrecen cooperación o exportan asesoría y servicios, en particular, para el combate contra el crimen organizado en América Central, el Caribe y México. El Plan Colombia –acordado en 1999 durante las administraciones de Andrés Pastrana Arango y Bill Clinton– intenta reenfocarse hacia las nuevas realidades del conflicto.

El gobierno de Santos destaca el reconocimiento de la Comisión Europea a Colombia como socio económico, aliado en escenarios multilaterales y en temas de seguridad. Con la meta de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), el país ha sometido a evaluación su economía y educación, adhirió a los convenios contra la corrupción, el gobierno corporativo de las compañías del sector público, la transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales, las políticas de internet y las directrices sobre minería responsable. Las relaciones con Asia, a su vez, se centran en negociaciones comerciales y de inversiones con Corea del Sur, Japón, China, la India, Singapur y Rusia.

Santos trató de proyectar su primer gobierno como mediador en conflictos. En 2013 intentó aproximar a Palestina e Israel para que retornaran a la negociación, y como estrecho aliado de Israel en Sudamérica firmó un tratado de libre comercio (tlc) a la par con acuerdos de cooperación aérea e innovación tecnológica. Para acercarse a África, se realizaron varias visitas oficiales y aperturas de delegaciones diplomáticas o comerciales junto con otros miembros de la Alianza del Pacífico.

En materia ambiental –sin que esta hubiera sido asumida como como eje central de su política internacional–, el gobierno de Santos propuso en la Cumbre Río+20 la construcción de una agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y estimuló en los espacios multilaterales el esfuerzo para precisar unos pocos ejes con metas concretas y una escogencia flexible en la fijación de compromisos de todos los países, incluyendo los desarrollados.

El tema de drogas es tal vez el que más impulso ha recibido. Como jefe de gobierno anfitrión de la vi Cumbre de las Américas, Santos propició que el diálogo cerrado entre los presidentes girara en torno del fracaso de la «guerra contra las drogas» y logró que de allí saliera un mandato para que la Organización de Estados Americanos (oea) examine escenarios posibles. El documento resultante ha promovido la discusión sobre las alternativas. En diversos espacios multilaterales, el gobierno colombiano ha insistido en no confiar el examen de la política de drogas únicamente a los organismos policiales y militares que controlan las agencias, y en hacer la lucha antidrogas coherente con otras convenciones de la onu. Como promotor de la convocatoria y preparación de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (ungass, por sus siglas en inglés) en 2016, impulsa un debate amplio e informado para evitar que la asamblea se reduzca a ratificar metas fallidas.

En conclusión, en estos cinco años, Santos ha tratado de mostrar que Colombia ha dejado de ser el gran problema regional de seguridad. Más que pretender que la región y el mundo se ocupen de los problemas del país –y, en particular, de la confrontación armada, como lo hacía su antecesor–, el mandatario colombiano ha dedicado su gobierno a impulsar el fin del conflicto y una apertura regional e internacional.

El mayor avance en la búsqueda de esos objetivos está en la negociación con la guerrilla y en el intento de construir relaciones proactivas con toda la región y en especial con los países vecinos. También avanza el ingreso del país en la ocde, la diversificación de relaciones y el impulso del debate en asuntos cruciales como el de las drogas. Hay logros diplomáticos en la eliminación parcial de visas a los colombianos y en la apertura de embajadas y consulados en lugares estratégicos compartidos con sus socios de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, la polarización interna, la corrupción, los graves problemas sociales y del sistema político, y la incertidumbre económica no constituyen el mejor contexto para la consolidación de esos avances. La paz y una positiva inserción global del país tendrán que estar respaldadas por sólidos procesos de cambio interno que siguen aplazados.

  • 1.

    «Justicia transicional: el nudo del proceso de paz» en Semana, 23/9/2015. «Justicia transicional: el nudo del proceso de paz» en Semana, 23/9/2015.

  • 2.

    «Los colombianos dicen sí a la paz» en Razón Pública, 12/10/2015.

  • 3.

    León Valencia: «Las últimas elecciones en medio de la guerra» en Semana, 17/10/2015 y «Los partidos y el Consejo Electoral al desnudo» en Semana, 18/7/2015.

  • 4.

    Ariel Ávila Martínez: «Resultado de las elecciones y mapa del 2018» en Las 2 orillas, 27/10/2015.

  • 5.

    «Los avales y las firmas: ¿qué pasa con los partidos?» en Razón Pública, 3/8/2015; Hernando Gómez Buendía: «El voto inútil» en El Espectador, 16/10/2015.

  • 6.

    S. Ramírez: «Política exterior: ¿imagen o realidad?» en Razón Pública, 14/1/2013.

  • 7.

    S. Ramírez: «¿Torniquete de Ecuador y Venezuela contra Colombia?» en Razón Pública, 21/9/2015.

  • 8.

    «‘Desde Colombia se conspira contra nuestra Patria’: Maduro» en Semana, 10/6/2013.

  • 9.

    Adriana Duarte Bencomo et al.: «La seguridad frente al delito es un asunto político» en Alai, 17/8/2015; v. información en Observatorio de Violencia, <http://observatoriodeviolencia. org.ve>.

  • 10.

    ocha: «Colombia: Situación humanitaria en frontera colombo-venezolana. Informe de situación No 9», 25 de septiembre de 2015.