Coyuntura

La presidencia de Santos: avances e incertidumbres en Colombia

Desde su llegada al gobierno en 2010, Juan Manuel Santos ha tratado de negociar el fin de la guerra interna, de proyectar una imagen de Colombia como país emergente en proceso de cambio y de jugar en distintos tableros internacionales. En ese sentido, se ha diferenciado de la imagen de país conflictivo y problemático para la región que se proyectó durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien hoy busca poner palos en la rueda a las negociaciones de paz. No obstante, la polarización, la corrupción, los problemas sociales y del sistema político y la incertidumbre económica ponen en duda la consolidación de los avances logrados.

La presidencia de Santos: avances e incertidumbres en Colombia

Paz y polarización

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos impulsó negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) sobre una posible agenda y sobre las condiciones de la eventual negociación de la paz. La Mesa de Conversaciones se instaló en Oslo el 18 de octubre de 2012, empezó a funcionar en La Habana un mes después y hasta mediados de 2014 había anunciado tres acuerdos temáticos (agrario, sobre drogas y sobre participación política), el comienzo del desminado humanitario y diez principios sobre reconocimiento de las víctimas.

Vino luego un año de recrudecimiento de la confrontación hasta que la Mesa anunció, el 12 de julio de 2015, que se acelerarían las negociaciones en Cuba y se desescalarían los combates en Colombia. Un cambio de metodología permitió trabajar en forma simultánea sobre todos los puntos pendientes, las farc-ep retomaron una tregua que habían abandonado y el Estado cesó los bombardeos en su contra. Dos meses después, el 23 de septiembre de 2015, el presidente Santos y el comandante de las farc-ep Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timoleón Jiménez» o «Timochenko», firmaron un comunicado de diez puntos con un arreglo sobre uno de los temas más difíciles –el de la justicia transicional1–, un plazo máximo de seis meses para la firma del fin del conflicto (23 de marzo de 2016) y dos meses posteriores para dar inicio a la dejación de las armas.

Sin embargo, pronto surgieron divergencias sobre la interpretación del acuerdo y ahora juristas de ambas partes lo precisan: cómo y quién escoge los jueces de los tribunales especiales, qué delitos conexos a la rebelión pueden ser objeto de amnistía, a qué actores se les aplicará perdón o sanción –solo a guerrilleros y miembros del Estado, o también a paramilitares y otros sectores involucrados en la confrontación– y cómo será la restricción de la libertad en los casos de condena.

La percepción de estar cerca del final de las negociaciones se reactivó en octubre de 2015 gracias a dos anuncios: el acuerdo de la Mesa para crear una unidad de búsqueda de desaparecidos y para ubicar, identificar y entregar sus restos con ayuda de la Cruz Roja y Medicina Legal. Luego, Santos anunció gestiones para que pronto el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (onu) pida a la onu verificar un cese bilateral y definitivo del fuego, que comenzaría en 2016, y las farc-ep solicitaron que este empiece el próximo 16 de diciembre.

Para lograr esa meta, la Mesa de La Habana debe terminar en dos meses los acuerdos sobre víctimas y justicia transicional, y sobre un cese del fuego bilateral con concentración guerrillera en zonas delimitadas que permita verificación internacional. Mientras tanto, el Congreso debate sobre la forma de refrendar los acuerdos (el gobierno propone un plebiscito mientras que las farc-ep y el ex-presidente Álvaro Uribe proponen una Asamblea Constituyente) y posteriormente implementarlos.

Por otra parte, se enturbia la posibilidad de que las negociaciones anunciadas por el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (eln) –la otra fuerza guerrillera– confluyan con las de las farc-ep. Las acciones de este grupo –en especial el ataque del 26 de octubre a una patrulla del Ejército que escoltaba a una comisión portadora de votos de los indígenas U’was, que dejó 12 militares muertos y seis desaparecidos– muestran que, o bien se encuentra internamente dividido, o no ha comprendido que con ataques como ese no fortalece su posición.

Enfrentamiento por la paz

Las negociaciones con la guerrilla han desatado intensos forcejeos suscitados por al menos cuatro factores: los vaivenes del proceso, el fuerte rechazo nacional a las farc-ep, la oposición radical de Uribe y el enfrentamiento institucional entre el procurador general, Alejandro Ordoñez, opuesto al acuerdo, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, favorable a él, ambos convertidos en protagonistas políticos.

Esa dura y permanente batalla, junto con las vacilaciones y contradicciones de Santos, han hecho fluctuar la opinión nacional. Al inicio de las conversaciones reinó una incierta expectativa, pero el primer cese del fuego decretado por las farc-ep aumentó un apoyo que, luego, con el reinicio de los combates, volvió a descolgarse. Lo que sí se ha mantenido estable es el resentimiento de la opinión pública hacia la guerrilla. La mayoría de los encuestados reitera que tienen que dejar las armas y no acepta que se les hagan grandes concesiones, pide más castigo que verdad y está en desacuerdo con que paguen penas que excluyan la prisión; 80% dice que no quiere ver a los líderes guerrilleros como legisladores en el Congreso.

Empero, los anuncios de los últimos meses han hecho repuntar el respaldo al proceso de paz. Una medición reciente muestra que 79% de los encuestados lo ve con optimismo, 81% piensa que la paz mejorará la situación del país, 65% confía en que las negociaciones culminarán con éxito y 61% siente que el acompañamiento internacional las hace más confiables. A la pregunta: «Si de usted dependiera la aprobación del acuerdo, ¿usted lo aprobaría?», 79% dice sí y 14%, no2. Curiosamente, subió la opinión favorable tanto sobre Santos (de 29 a 42%) como sobre Uribe, quien aprovecha cada dificultad o cada avance del proceso para estimular sus reparos (51% afirma estar de acuerdo con sus cuestionamientos a las negociaciones). Sin embargo, en las recientes elecciones, el ex-presidente no logró convertir esa opinión en votos.

Paz y elecciones

El sistema político colombiano muestra una polarización y un deterioro agudos. La polarización en torno de las conversaciones con la guerrilla marcó las elecciones presidenciales de 2014: la primera vuelta la ganó un uribismo contrario a cualquier acercamiento con las farc-ep –encabezado por Oscar Iván Zuluaga–, y en la segunda resultó reelegido Santos por la bandera de la paz. No ocurrió lo mismo en las elecciones locales del 25 de octubre de 2015. Uribe trató de convertirlas en plebiscito contra las negociaciones, pero los votos respondieron a otras problemáticas a pesar de que los elegidos serán decisivos en la aplicación de los acuerdos de paz.

  • 1.

    «Justicia transicional: el nudo del proceso de paz» en Semana, 23/9/2015. «Justicia transicional: el nudo del proceso de paz» en Semana, 23/9/2015.

  • 2.

    «Los colombianos dicen sí a la paz» en Razón Pública, 12/10/2015.