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La política y su trasfondo. El poder real en Paraguay

Paraguay es un país particular en el contexto latinoamericano. Mucho más agrario que sus vecinos, con bolsones de feudalismo que aún persisten, acumula altísimos índices de inequidad, en particular en la distribución de la tierra. El artículo analiza la historia reciente y las características de la estructura económica y social de Paraguay, la fuerte presencia de la oligarquía y la concentración en unas pocas actividades (sobre todo, la producción de soja). Y, como contracara, una política excluyente, incapaz de responder a las demandas sociales y, pese al ascenso de Fernando Lugo, siempre proclive a reprimir y criminalizar la protesta.

La política y su trasfondo. El poder real en Paraguay

«La Expo muestra el Paraguay que trabaja.» Así titula el conservador diario ABC Color en un suplemento acerca de los éxitos obtenidos por los integrantes de la poderosa Asociación Rural del Paraguay (ARP) en sus exposiciones anuales de ganadería, «industria» y comercio. El título advierte, en un versátil equilibrio semántico, que quienes no exhiben en la «Expo» –esto es, los que no pertenecen ni a la ARP (ganaderos), ni a la Unión de Gremios de la Producción (UGP, sojeros) o a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco, grandes comerciantes y financistas)– no trabajan; en otras palabras, los asalariados y campesinos. Cada tanto los sucesivos presidentes de la ARP nos recuerdan también que la ganadería es una «cuestión nacional» y los de la UGP, que la soja es «la principal fuente de riqueza del país». Para que la ciudadanía no olvide quiénes son los dueños del país y que sus intereses deben ser salvaguardados como «cuestiones nacionales», o sea, de Estado.

A modo de revisión. Una breve digresión histórica permitirá entender los orígenes del poder real en Paraguay hoy. A diferencia de la mayoría de los países de la región –algunos antes y otros después–, que de alguna manera atravesaron desde comienzos del siglo pasado por un proceso de industrialización y, posteriormente, de industrialización sustitutiva de importaciones, Paraguay pasó de un modelo dependiente de las exportaciones primarias a otro distinto, pero también de casi exclusiva actividad primaria. No vivió la experiencia de la urbanización por atracción migratoria, no consolidó una clase obrera de alguna importancia cuantitativa, no se conformó tampoco una burguesía industrial. En consecuencia, aquellas formas de producción y acumulación mitad feudales mitad capitalistas se mantuvieron vigentes hasta hace muy poco (muchos opinan que hasta ahora).

En efecto, al finalizar la guerra contra la Triple Alianza1, lo que quedó del país estaba devastado, la población prácticamente exterminada y las tierras vendidas a extranjeros, principalmente a personas o empresas argentinas, brasileñas, inglesas o mixtas. Las actividades económicas giraban alrededor de tres pivotes: la explotación de la madera, la ganadería de exportación y los yerbales. Es fácil imaginar que la base fundiaria de tal modelo era la gran propiedad. Esto implica que desde hace 140 años se mantiene esa increíble concentración de la propiedad rural que todavía hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) registra como la más alta del mundo2.

Los cambios que no se dieron. Esta estructura productiva sufrió cambios recién hacia fines de los años 50 del siglo XX. Alfredo Stroessner, que representaba a una facción antagónica a la vieja oligarquía liberal3 y a sectores oligárquicos dentro del propio Partido Colorado, asumió en 1954, y al poco tiempo comenzó a romper esa antigua estructura de poder, confiscó algunos latifundios, expropió otros, los parceló y los puso en venta a pequeños propietarios4.

La Escuela de Guerra del Brasil, donde Stroessner había estudiado, le impuso la Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada entre otros por Goldbery de Couto e Silva. Uno de los postulados de dicha doctrina sostenía que cualquier territorio vacío era territorio del enemigo, por lo cual, ante la presencia de focos guerrilleros, se inició un intenso esfuerzo para poblar la frontera con el Brasil, «la marcha hacia el Este», coincidente con la «marcha hacia el Oeste» en la política de poblamiento brasileña.

Esto dará inicio a un plan de colonización alimentado por campesinos minifundiarios colorados, que cumplirá el doble propósito de poblar territorios hasta entonces ocupados por extensos latifundios madereros y yerbateros y, al mismo tiempo, descomprimir la presión social de una amplia capa de productores arrinconados en pequeñas parcelas en los departamentos próximos a Asunción5. El resultado fue una erosión de la base fundiaria del latifundio: en poco más de una década, la actividad económica principal pasó de la exportación de madera y yerba a la agricultura, algodón primero y soja después. Lo mismo que ocurriera a fines de los 50 hacia el Este ocurrirá con dos o tres años de diferencia, con un programa de colonización, en el norte de la Región Oriental.

Pero estos planes de poblamiento campesino no implicaron la desconcentración de la propiedad de la tierra, ya que la mayor parte de la tierra «repartida» había sido fraccionada en pequeños lotes (de 20 hectáreas) para los campesinos, mientras que otra parte fue dividida en fracciones que podían llegar a las 2.000 hectáreas como «lotes ganaderos». Estos últimos fueron otorgados a líderes políticos y militares próximos a Stroessner, quienes posteriormente los fraccionaron y aprovecharon así una sobreganancia especulativa al vendérselos a empresas inmobiliarias o a compradores extranjeros, principalmente brasileños, que empezaron a ingresar masivamente al país a partir de la segunda mitad de los 60. Los latifundios ganaderos ya existentes en otras regiones no fueron afectados.Para qué sirven los pobres. A medio siglo de aquellos acontecimientos, queda claro que lo que se buscaba con esos programas, llamados de «reforma agraria», era habilitar tierras de bosques prácticamente vírgenes para la instalación, a partir de mediados de la década del 70, de una agricultura farmer y empresarial a gran escala. Esta agricultura iría siendo paulatinamente estructurada alrededor de empresas agroexportadoras multinacionales y de cooperativas de grandes productores capitalizados, que a la postre resultaban altamente funcionales al modelo en ciernes. Los departamentos de Alto Paraná, el norte de Itapúa y el oriente de Canindeyú estaban ya integrados, a comienzos de los años 90, a este modelo de agricultura, controlado casi completamente por extranjeros.

Este modelo, si bien produjo una rápida incorporación de un importante segmento del campesinado al mercado (principalmente a través del algodón6), mantuvo, a través fundamentalmente de la soja, las características de un enclave7, con escasísima diseminación de los avances tecnológicos incorporados. Paralelamente, la aristocracia ganadera se recuperó rápidamente de los avatares políticos de los 50 y 60 y comenzó a ganar aún más territorio en los 80, ahora con métodos más o menos intensivos (ganadería de engorde para la exportación8, alta genética, pasturas implantadas y otros).

El neofeudalismo. Sea por los latifundios de antaño devenidos en campos sojeros, sea por los actuales latifundios ganaderos, el país no dejó de ser un territorio caracterizado por la herencia feudal, oligárquica y conservadora que lo marcó desde la Guerra de la Triple Alianza. La tierra –en mucho mayor medida que en otros países de la región– sigue siendo el elemento mediador para la obtención de los símbolos de estatus social y acumulación de riqueza y, en consecuencia, la clave para el ejercicio del poder político. No es casual que la derecha política y el poder real, el económico, se hayan unificado más que nunca durante el gobierno de Fernando Lugo en defensa de los intereses latifundistas. De ellos derivan, todavía, la hegemonía política y la acumulación capitalista de riquezas.

Cárteles, drogas y poder real. Pero hace falta todavía un poco más para entender las raíces de la actual situación política. La apetencia de poder y riqueza de Stroessner, casi como la de cualquier autócrata, no parecía tener límites. Una vez que se consolidó en el poder, comenzó a tender lazos con narcotraficantes, facilitándoles primero el traslado de insumos para la producción de cocaína hacia Bolivia, Perú y Colombia, y posteriormente para la producción de marihuana en el país. Y, como lógico complemento, también facilitó el lavado de dinero proveniente de tales actividades. Delegó estas tareas en su segundo, el general Andrés Rodríguez, quien fue nombrado comandante del regimiento de mayor poder militar de la época. Rodríguez asumió entonces el control completo de las actividades vinculadas al tráfico y la producción de drogas, así como del lavado de dinero. Desde comienzos de la década de los 70 este secreto a voces fue respaldado por juicios iniciados en el exterior, de modo que Rodríguez no puede salir del país por tener una orden de captura de Interpol. Fue recién en 1989 cuando el Departamento de Estado norteamericano, ante la necesidad de una sucesión de Stroessner, decidió limpiar su situación9. No obstante, para esa época los narcos no solo estaban consolidados en el país, sino que se habían convertido en uno de los poderes económicos reales más importantes, que controlaba buena parte del territorio del norte de la Región Oriental.

Empresarios pero no tanto. Debe entenderse que la base de sustentación política de Stroessner, que originariamente estuvo constituida por campesinos empobrecidos y parte importante del Partido Colorado, sufrió, en el primer quinquenio de su dictadura, profundas modificaciones. Las purgas internas dentro del partido, la «limpieza» de las Fuerzas Armadas, donde quedaron solo los incondicionales al líder, así como las razzias a los sindicatos y organizaciones estudiantiles hostiles al gobierno y la puesta en funcionamiento de un Estado de terror, hicieron necesario que redefiniera su base de sustentación política.

Los nuevos militares y los nuevos líderes civiles del Partido Colorado fueron premiados con tierras, cargos y dádivas vinculadas a la repartición de segmentos de actividades económicas. Las ramas inmobiliarias, empresas contratistas, de transporte, de importación y exportación y específicamente el contrabando, acopio, comercialización interna y distribución minorista de alimentos y bebidas fueron por lejos las más beneficiadas, de donde surgieron los «empresaurios»: una casta de maleantes10 políticos de guante blanco devenidos en empresarios por el régimen, que continúan siendo hoy encumbrados parlamentarios, dirigentes y dueños de importantes empresas y medios de comunicación11. Surge con fuerza el rentismo, que va a caracterizar desde entonces al régimen de Stroessner y a los gobiernos que lo sucedieron.

Sobre el poder real. De ese modo se conformó la estructura del poder real en Paraguay, basada fundamentalmente en cuatro grupos12: la oligarquía ganadera, los narcos, los «empresaurios» y las multinacionales. Como quedó dicho, el primero es el más antiguo; el segundo y el tercero se instalaron con Stroessner; el último es el poder emergente a partir del golpe de 1989 y está integrado por quienes pasan a ser los «adalides» de la democracia mínima que rige en el país hoy.

Los gobiernos que se sucedieron luego del golpe contra Stroessner fueron directamente una expresión de los intereses de alguno de estos cuatro grupos (o de varios de ellos) o debieron respetar las reglas del juego y atenerse a límites muy definidos. Desde los partidos políticos se les exigieron amplios esfuerzos para compatibilizar las agendas partidarias con aquellos intereses. La violenta salida del presidente Raúl Cubas Grau en marzo de 199913 es una muestra elocuente de la rigidez de las normas de comportamiento político impuestas por los grupos de poder real. Estos grupos se opusieron frontalmente a que el ex-general Lino Oviedo, a la sazón protegido por Cubas Grau (cuyo eslogan de campaña fue «Su voto vale doble», aludiendo a la rehabilitación política que daría a Oviedo, en ese momento preso por anteriores juicios pendientes), ocupara ciertos territorios económicos reservados a otros «padrinos».

Esta «imprudencia» le costó a Oviedo dos breves detenciones por supuestos delitos de desacato, su pase a retiro, su posterior condena a 10 años de cárcel y la salida al exilio en 1999. Luego de su pase a retiro, Oviedo creó su propio movimiento político14, posteriormente convertido en partido, que supuso una ruptura interna importante dentro del Partido Colorado. Esta escisión de casi 30% de su nómina de afiliados tuvo repercusiones decisivas en la derrota experimentada por esa fuerza en las elecciones de 2008, en las que obtuvo su menor votación desde la época de Stroessner. Ya en las elecciones de 2003, que definieron al sucesor del presidente provisional Luis Ángel González Macchi (quien asumió interinamente en 1999 para completar el periodo de Cubas Grau), los márgenes históricos de votación de dicho partido se habían achicado.

La gestión de González Macchi estuvo marcada por una intensificación de la corrupción, que se expandió –por una manifiesta falta de liderazgo del advenedizo presidente– hasta alcanzar ribetes que fueron denunciados no solo por la propia derecha, sino por organismos internacionales y regionales. El clima ciudadano era que no podía venir nadie peor. Para las elecciones de 2003, el partido de Oviedo, Unace, se presentó con candidato propio y logró un nada despreciable 15% en el nivel nacional, incluso con su líder fuera del país. Esa cifra aumentaría a 24% cinco años después, cuando el propio Oviedo se presentó como candidato. En aquella oportunidad, la postulante colorada, Blanca Ovelar, apenas consiguió 34%. Lugo, con el apoyo del Partido Liberal, una izquierda balcanizada y los independientes, llegó a 40,8%.… sobre la leche derramada. La derrota del Partido Colorado, 15 años después de que Andrés Rodríguez terminara su mandato, casi 20 años después del golpe de Estado y a 60 años de que el partido asumiera ininterrumpidamente el control del aparato estatal, produjo un impacto que desestructura a esta fuerza política hasta el día de hoy15. Es lógico que los intereses del poder real que se encontraban relativamente cómodos (aunque afectados por el descontrol de la corrupción) y que manejaban prácticamente todas las instancias del poder político formal se vieran súbitamente amenazados (aunque después se verá que no fue sino una apreciación apresurada) por la irrupción de un ex-obispo, supuestamente portador de los principios de la Teología de la Liberación y precedido por la fama de ser defensor de los intereses de los desposeídos.

El enojo de los grandes. Pero la reacción de la derecha fue rápida y con estrategias múltiples, y además no todo el aparato estatal estaba perdido. Las dos cámaras del Poder Legislativo continuaron bajo control mayoritario de la oposición: los partidos que apoyaron directamente a Lugo (por falta de una denominación más feliz, los definimos como el «luguismo») solo cuentan con tres parlamentarios en total (sin contar a los liberales), de un total de 120. Esta barrera parlamentaria le permitió a la derecha controlar casi completamente el proceso político en los últimos dos años sin mayores sobresaltos. Debe tenerse en cuenta que la Constitución aprobada en 1992 (durante la presidencia de Rodríguez y después del golpe) confería poderes al Parlamento que la anterior, sancionada en 1967, no contemplaba16. El cerrojo parlamentario se ha mostrado muy eficaz a la hora de obligar a Lugo a negociar pactos y acuerdos que lo han hecho perder legitimidad ante buena parte de sus electores y organizaciones políticas.

Por otro lado, también el Poder Judicial –conformado en su momento a la medida del Partido Colorado y ajustado a las «reglas de juego» de los poderes reales– se encargó de reforzar la barrera a las iniciativas del Ejecutivo y, sobre todo, de los grupos sociales organizados, cuando intentaron impulsar públicamente sus reivindicaciones. El Ministerio Público cumplió la importante tarea de imputar a los molestos, casi siempre dirigentes sociales, y mirar distraídamente hacia otro lado cuando los detentores de privilegios atentaban contra las normas. Tomando en consideración lo anterior, puede apreciarse el escaso margen de maniobra de que dispuso y dispone Lugo para ejercer algún poder significativo que implique una amenaza real a los intereses verdaderamente hegemónicos.

El Parlamento, entre las instituciones estatales, y la prensa, entre las privadas, no han cesado en ningún momento, en los casi dos años transcurridos desde la asunción de Lugo, de boicotear sistemáticamente su gestión. Ya sea por vía del desprestigio personal de la figura presidencial, ya sea por el bloqueo sistemático a los proyectos de ley, el gobierno se vio obstaculizado y no pudo dar tan siquiera los primeros pasos en sus principales promesas de campaña, entre las cuales se destacaba el inicio de la reforma agraria y la formulación de políticas orientadas a disminuir la pobreza17.

Corrupción, o la renta del Estado. Hay todavía otro elemento que debe incluirse en este repaso. Desde Stroessner, nada puede entenderse en el Paraguay si no se toma en cuenta la corrupción, heredera directa del rentismo. Si bien los pseudoempresarios surgidos de las prebendas políticas otorgadas por el dictador descuellan por sus habilidades en este ámbito, el hecho de que «todo se puede conseguir en el país si uno tiene dinero» ha convertido a la mayoría de los ganaderos en estafadores18, a la mayoría de los empresarios en evasores19, y a los exportadores en infractores permanentes de las normas ambientales, sanitarias y laborales. Y, lógicamente, ha hecho que la administración pública, beneficiaria (menor, pero directa y cuantitativamente más importante) del rentismo, esté íntimamente inficionada de estas prácticas, hasta el punto de que en Paraguay resulta difícil hacer un trámite cualquiera en tiempo y forma sin que medie una comisión, coima o «mordida». A tal grado ha llegado la corrupción que existen muchos casos denunciados en los últimos años que, por desidia de la Fiscalía o por connivencia de la Corte Suprema, han quedado en la más completa impunidad20.

La corrupción explica el hecho de que solo la mitad de la economía paraguaya esté registrada. La otra mitad opera en negro. La corrupción sistémica es funcional a esta forma de acumulación de riqueza. La economía negra es operada básicamente por «empresaurios» y narcos (y, como se dijo, por buena parte de los ganaderos, o narcoganaderos), aunque sus «beneficios» se expanden al resto de la economía, principalmente bajo la forma de generación de empleo informal. Por lo tanto, si algún gobierno decidiera emprender una lucha frontal contra la corrupción, afectaría la tasa de desocupación. La economía «registrada» descansa principalmente en la soja, la exportación de pobres (remesas desde el exterior) y la carne. En mucho menor medida aparecen los aportes del sector servicios y la construcción. La industria produce solo 16% del PIB. Como es de suponer, este modelo ha venido generando desde hace ya un cuarto de siglo, y seguirá generando a menos que se registre un cambio, una gran cantidad de pobres: desocupación, migración del campo a la ciudad, inseguridad urbana, graves problemas educativos, de salud y de vivienda.

Yankees come home. Esta situación de alta corrupción política, extrema fragilidad de las instituciones, alta vulnerabilidad social, omnipotencia de los intereses económicos en las decisiones políticas, junto con su ubicación en el corazón geográfico del Cono Sur sudamericano y la abundancia de recursos naturales, hace de Paraguay un blanco notablemente atractivo para los intereses geopolíticos imperiales. Ya desde la época de Stroessner, la presencia militar norteamericana en el país ha sido una constante.

No se trata de una presencia conspicua sino, por el contrario, de una situación disimulada, con énfasis en servicios de inteligencia diseminados en diferentes regiones y sectores del Estado. La cercanía de Brasil (principal amenaza geoestratégica para EEUU en la región); la Triple Frontera (desde donde, al decir de la embajada norteamericana, se financian actividades terroristas); la proximidad con Bolivia (en la estratégica zona del Chaco, en donde se ha modernizado un antiguo aeropuerto con capacidad de aterrizaje de aviones de gran porte); la presencia de grandes corporaciones multinacionales (vinculadas al suministro de insumos y a la exportación de soja21) con casas matrices en EEUU; la abundancia de recursos estratégicos (agua, biodiversidad, fuentes de energía); todo esto ha hecho del país un blanco clave de los intereses de EEUU. En otras palabras, Washington necesita una presencia importante en el sur del territorio sudamericano como la que tiene en el norte, en Colombia; necesita una Colombia en el Cono Sur para controlar geopolíticamente la subregión y desarrollar acciones ante cualquier eventualidad.

La política del teju ruguai22. Esta estrategia ha sido complementada con otra, orientada a criminalizar la protesta social. La derecha necesita el camino despejado: así como la incorporación de la soja transgénica ha generado la más rápida expulsión de campesinos de sus tierras desde que existen registros23, es importante acallar voces disidentes que puedan entorpecer la dinámica económico-política de los actores que ejercen el poder real.

En efecto, la actual ofensiva del gobierno paraguayo (ya bajo el gobierno de Lugo) contra las organizaciones campesinas y sus dirigentes apunta a convertirlos en criminales, en actores sociales que violan la ley con acciones «indebidas» y «reprensibles» y, en consecuencia, hacerlos pasibles de juicio y condena. Quizás como en ningún régimen colorado posautoritario anterior, esta virulencia del Estado y sus instituciones represivas contra el campesinado ha sido desplegada con una alta dosis de violencia24.

Hay razones del momento y razones de tipo estructural que permiten interpretar este hecho por demás paradójico: que se acentúe la represión anticampesina justo bajo un gobierno no colorado en el que se habían depositado expectativas de cambio.

Las razones del momento, más coyunturales, tienen que ver, entre otras cosas, con la conformación del andamiaje represivo institucional: el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Legislativo están conducidos o integrados –como ya se mencionó– por personas con una clara vocación autoritaria, conservadora y sumisa a los intereses de las burguesías nacionales y el capital transnacional, cuando no directamente a embajadas que representan a los poderes externos. Por ser coyuntural, esto podría llegar a cambiar.

Lo que difícilmente cambie son las condiciones estructurales. Entre esas condiciones estructurales debe destacarse la importancia de la «legalidad» hoy existente en el país. Se trata de leyes que fueron creándose y mejorándose a lo largo de 140 años de dominación oligárquica. Una legislación que fue pergeñada a veces paciente, a veces violentamente, no por personas cualesquiera que representaban o representan a todos los sectores de la sociedad, sino por determinados exponentes de determinados sectores sociales, que suelen ser los que tienen más dinero y más poder político. Las leyes, en consecuencia, tienen un fuerte sesgo oligárquico25. Esta primera forma de asedio judicial-penal (en un contexto de supuesta democracia formal representativa) deja prácticamente inerme a la ciudadanía en general, y a las organizaciones campesinas y su dirigencia en particular, para reclamar derechos que provienen de la enorme sobrecarga de demandas sociales que vino siendo acumulada por décadas de postergación. Los reclamos que se generan a partir de ello alimentan un círculo vicioso que estimula a la elite conservadora enquistada en los poderes del Estado a elaborar y aprobar nuevas leyes que cercenan aún más la ciudadanía de las mayorías.

Se mencionó ya la importancia de la soja y la ganadería como mecanismos de acumulación de capital. Pues bien, la provisión de insumos y la exportación de soja están totalmente controladas por empresas multinacionales; la producción misma se concentra en unos 4.000 medianos y grandes productores26, de los cuales al menos 80% son extranjeros. La exportación de la carne está igualmente concentrada en media docena de frigoríficos directamente vinculados a marcas multinacionales.

Estos dos rubros requieren de grandes extensiones para mantener la rentabilidad. Además, y como es de suponer, son prescindentes de mano de obra: un trabajador puede manejar en promedio unas 150 hectáreas de soja, pero en los latifundios ganaderos el promedio de ocupación de trabajadores es aún más bajo. Se trata de una disputa por la tierra que actúa como una tenaza sobre el territorio campesino, y por cierto también sobre los territorios indígenas.

Esta disputa es desigual. Mientras que la agricultura y la ganadería empresarial disponen de una legislación como la descrita anteriormente, cuentan con guardias armados, tecnología, aviones fumigadores, capital para «comprar» a las autoridades locales y acceso directo a los medios de prensa para modelar la orientación de la opinión pública, las comunidades indígenas y los asentamientos campesinos se encuentran a la intemperie.

Como es de esperar, esta situación configura un escenario de alta conflictividad, pero sobre todo de acumulación de pobreza hasta límites poco sostenibles para una sociedad democrática. Surge entonces el dilema de la ingobernabilidad creciente de la gestión de Lugo, dada su extrema fragilidad política. La insatisfacción de las necesidades sociales básicas, el desencanto y el desorden son los rasgos centrales del escenario actual. Pero para ciertos sectores la cohesión y el ordenamiento de la sociedad constituyen el aspecto central del ejercicio del poder, su objetivo natural, por lo que la obsesión por el orden (y su permanencia) resulta finalmente una actitud defensiva.

Esa actitud defensiva se expresa en los remedios que se proponen para resolver esta «anomalía» del poder: disciplinar de múltiples maneras a la ciudadanía, desactivarla y limitar decisivamente la capacidad reivindicativa del poder campesino, de sus organizaciones sociales y políticas, tal vez con «ayuda» de los medios de prensa empresariales, o con la colaboración policial27.

El trío conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía se convierte así en una herramienta efectiva para utilizar –como en pesca mayor– la enmarañada red legal represiva engendrada en el Poder Legislativo para capturar militantes de organizaciones sociales y dirigentes de organizaciones campesinas. En lo que va del gobierno de Lugo, han sido asesinados 8 militantes sociales, 208 personas fueron heridas en el marco de represiones, se ha detenido a 1.050 militantes e imputado a 333, y los campesinos desalojados suman más de 12.000.

Esta demostración de que el poder real se encuentra en otro lado, y no precisamente en las instituciones que lo detentan formalmente, es irrefutable. Al modelo agroexportador transnacional y a la oligarquía ganadera no se los puede tocar.

Ceder para conservar. El trato como criminales a quienes defienden sus derechos a una vida digna en tierra propia tiene un aliado de la mayor importancia, la prensa empresarial, a la que Fernández Liria se refiere de manera concluyente: «los medios de comunicación, el arma imprescindible para hacerse oír en el espacio público, están hoy día secuestrados por un puñado de grandes empresas ocupadas, claro está, en la defensa de sus intereses privados; de hecho, existen fortunas particulares que pueden llegar a monopolizar todos los medios de lo que se llama la ‘opinión pública’»28. Según Diego Segovia,

en base a estimaciones generales, se puede afirmar que más de 90% de la información y el entretenimiento que circulan cotidianamente por el país es controlado por siete grandes grupos empresariales. Estos grupos operan en distintos sectores de la economía y sus medios son los que defienden, en la esfera pública, los intereses que derivan de cada una de sus actividades.29

Las vinculaciones de los propietarios de estos «instrumentos de fabricar mentiras» en el caso paraguayo son directas con sectores empresariales e inmobiliarios30 y machacan diariamente sobre el carácter perverso del actuar de la mayoría de los dirigentes campesinos.

Lo poco que pudo haber hecho el gobierno de Lugo ha sido condenado sistemáticamente (también por lo que no ha hecho) por estos medios de prensa y por los representantes del capital en las diversas instancias del Estado31.

Linfoma cancerígeno maligno. La recientemente descubierta enfermedad de Lugo aparece como una metáfora de la agitada historia contemporánea de Paraguay. El diagnóstico se conoce en un momento clave, un momento en el que los que desean conservar el modelo basado en la expoliación, el saqueo y la pérdida de soberanía y los que aspiran a modificarlo, aunque sea mínimamente, se enfrentarán, hacia fines de 2010, en unas elecciones municipales en las que se dirime no tanto quién se quedará con el gobierno de tal o cual municipio, sino la actual correlación de fuerzas políticas. Si el «luguismo» mantiene el 40% obtenido en 2008, es probable que se anime en 2011 a plantear una Asamblea Constituyente. Si no lo logra, deberá resignarse a correr un poco más hacia la derecha el poncho juru32 que Lugo pretendió seguir usando luego de dejar de ser obispo.

El panorama no se presenta para nada claro, y no solamente por razones políticas (terreno en el que la opacidad del escenario es mayúscula), sino por razones biológicas, causal que, de producir la inhabilitación del presidente para el ejercicio de sus funciones, puede dejar al país bajo la conducción de uno de los personajes más mediocres y recalcitrantemente conservadores de la variopinta fauna política doméstica, lo cual traerá –sin ninguna duda– un periodo de serias perturbaciones. Regresión neoliberal y vuelta al Estado policial de «derecho» aparecen como amenazas concretas, aunque finalmente mucho dependerá de cuán sólidas (o no) sean las bases civiles de apoyo al actual proceso.

  • 1. Guerra impulsada por Inglaterra y en la que participaron directamente Argentina, Brasil y Uruguay entre 1865 y 1870.
  • 2. Con un índice de Gini de 0,91 (dato de comienzos de la década de 2000). Banco Mundial (bm): Paraguay. Impuesto inmobiliario: herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra, vol. I: Informe Principal, abril de 2007.
  • 3. Se hace referencia al Partido Liberal, creado luego de la guerra y proporteñista, así como el Partido Colorado era probrasileño.
  • 4. En su mayoría se trataba de campesinos que habían dado el triunfo al Partido Colorado en la guerra civil de 1947 (apenas siete años antes) y que ahora exigían un programa de colonización agraria que descongestionara los minifundios en los que habían sido arrinconados por la vieja oligarquía. Este periodo coincide con las guerrillas que provenían de Argentina, apoyadas por el gobierno militar que en ese país derrocó a Juan Perón en 1955. Perón había sido buen amigo de Stroessner.
  • 5. El tipo de colonización, una calle cada 2.000 metros a ambos lados de la ruta principal, permitió también un estricto control político del movimiento de personas en las colonias, ubicando en los lotes de entrada de las calles a incondicionales del régimen.
  • 6. El algodón tuvo su periodo de auge entre 1973 y 1982, en parte debido al crack petrolero de 1973 y al desarrollo de una genética adaptada a las características agrológicas regionales.
  • 7. Ramón Fogel y Marcial Riquelme: Enclave sojero, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, Asunción, 2007.
  • 8. Aunque buena parte de esa carne estaba destinada a los mercados brasileños próximos por vía del contrabando, el sector político a cargo de esta actividad se consolidó durante el periodo stronista y se diversificó en diversos rubros pseudoempresariales. Hasta hace pocos años la densidad de carga de la ganadería paraguaya era de un animal por hectárea, o 1,7 animales por habitante. Miguel García y Alejandra Prado: La soberanía alimentaria en Paraguay, Acción contra el Hambre, Asunción, 2006.
  • 9. Los motivos reales del relevo impuesto por la embajada norteamericana se vincularon a las dificultades encontradas por las empresas multinacionales y los organismos financieros multilaterales para operar libremente en el país según los criterios del Consenso de Washington, en ese momento ya en discusión avanzada. Para ello se aprovechó un episodio en el que, presionado, el gobierno de Stroessner tuvo que intervenir una importante casa de cambio de plaza, propiedad de Rodríguez.
  • 10. Buena parte de ellos tienen prontuarios policiales nada despreciables.
  • 11. Quizás el más conspicuo de ellos sea el ex-presidente Juan Carlos Wasmosy, quien fue catapultado al poder mediante importantes contratos en la construcción de la represa de Itaipú.
  • 12. Que por cierto, son solo analíticamente distinguibles, ya que la superposición de intereses convierte a esta elite en multifacética; muchos ganaderos comparten sus pasturas con la droga, la mayoría de los «empresaurios» tienen sus intereses en la ganadería, no pocos sojeros se dedican también parcialmente a la ganadería y al contrabando de insumos para la producción y así.
  • 13. En esta coyuntura se produjo el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, la muerte de media docena de jóvenes en disturbios callejeros y el posterior asilo político de Lino Oviedo. Cubas Grau había ejercido la Presidencia durante solo siete meses.
  • 14. Se trata del movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos (Unace).
  • 15. Para la elección interna de candidatos a intendente de Asunción entre los colorados se presentaron originalmente 24 candidatos.
  • 16. En conversación con el autor, uno de los asambleístas constituyentes de aquella época manifestó que hubo un acuerdo general sobre estos artículos constitucionales en el pleno de la Asamblea, por el temor que inspiraba la aparición de un nuevo Stroessner en la conducción política del país.
  • 17. Como ejemplo, un dato: el gasto social per cápita en Paraguay es de apenas us$ 100, en tanto que Argentina destina us$ 1.500, Uruguay us$ 1.100, Brasil us$ 870 y Chile us$ 790. Esto da una idea de la magnitud de la deuda social que se va acumulando.
  • 18. Esto se ha logrado corriendo linderos de sus propiedades, apropiándose de excedentes fiscales, eludiendo normativas ambientales y varias otras flagrantes violaciones a la legalidad.
  • 19. Ya sea por la introducción o salida de mercaderías de contrabando, ya sea por la doble contabilidad, ya sea incumpliendo el código laboral o las normas de seguridad en el trabajo.
  • 20. Incluso uno de los ministros de esa Corte ha sido sindicado de delitos que lo hacen imputable.
  • 21. El epicentro de la soja se sitúa cerca de la Triple Frontera, en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa Norte, Canindeyú y San Pedro, que limitan con las zonas de mayor producción sojera de Brasil.
  • 22. En guaraní, literalmente, «cola de lagarto», expresión popular para designar el látigo.
  • 23. En el periodo intercensal 1992-2002, la población rural descendió de 47% a 43% y, de acuerdo con las proyecciones, hoy estaría en 39%. Censo Nacional de Población y Viviendas. 2003 y Proyecciones de la Población. Paraguay, dgeec, Asunción.
  • 24. El Ministerio del Interior está a cargo de un militante de la derecha que ya ha anunciado su intención de presentarse como candidato a presidente de la República en las próximas elecciones.
  • 25. «En efecto, es perfectamente posible que las presuntas leyes no sean, en realidad, más que leyes impostoras. Muchas veces las leyes son malas leyes o ni siquiera son leyes, son prejuicios exitosos, costumbres enquistadas por la historia y la tradición, o caprichos de los poderosos que se impusieron un día por la fuerza.» Carlos Fernández Liria, Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero: Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de Derecho, Akal, Madrid, 2007.
  • 26. La cantidad total de fincas con cultivos de soja asciende a algo más de 33.000.
  • 27. Adolfo Coronato, que firma humildemente como «periodista», dice de los autores del libro brasileño Tropa de elite que «la falta de voluntad política de la izquierda y la adhesión de la derecha al statu quo institucional acabaron confluyendo en una jactanciosa coalición conservadora que mantuvo [en la policía] la estructura heredada de la dictadura. Esta arquitectura facilita la reproducción de viejas culturas corporativas, incompatibles con una sociedad compleja y la construcción de una policía para la democracia del siglo xxi». «El estado de derecho en peligro» en Le Monde diplomatique edición boliviana, 23/2/2010.
  • 28. C. Fernández Liria et al.: ob. cit.
  • 29. «Medios de comunicación en Paraguay: estructura de propiedad y situación actual en la nueva realidad democrática», artículo presentado en el grupo de trabajo de Clacso «Comunicación mediatizada, capitalismo informacional y políticas públicas», Clacso, Buenos Aires, 2009.
  • 30. El trabajo de Segovia menciona por ejemplo los vínculos del dueño de abc Color, entre otros, con la arp, con la secta Moon y con la ugp.
  • 31. Volviendo casi proféticas las reflexiones de Ernest Mandel: «Ante el ascenso de las multinacionales, el Estado-nación ha dejado de ser un instrumento económico adecuado para la burguesía. Pero sigue necesitándolo para autodefenderse. Necesita al Estado para defender sus intereses particulares frente a los competidores extranjeros. Necesita al Estado para amortiguar los choques de las crisis económicas y sociales. Necesita al Estado para reprimir en caso de crisis socioeconómicas explosivas. En la medida en que el Estado-nación le es menos útil, tiende a sustituirlo por instituciones supranacionales». «Déficit presupuestario e internacionalización del capital» en La Gauche No 14, 12/8/1992.
  • 32. En guaraní, literalmente, «la boca del poncho», expresión muy utilizada por Lugo para describir el «centrismo» que caracteriza su posicionamiento ideológico.