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La megaminería tóxica y el derecho a consulta. Caballo Blanco y la experiencia latinoamericana

El caso del proyecto Caballo Blanco permite observar las limitaciones de los procesos de consulta previa a la exploración, así como la movilización y las demandas de la sociedad civil para que el precario marco normativo se aplique y respete. A la luz de una breve revisión de casos sudamericanos de avances y limitaciones para legislar y reglamentar el Convenio 169 de la OIT, se pueden observar grandes diferencias entre lo promovido por gobiernos neoliberales como los de México y Chile y por gobiernos «progresistas» como los de los países de la zonaandina. El artículo destaca la necesidad de que México camine por una senda diferente a la actual, modificando sustancialmente su política vinculada a la explotación de recursos naturales.

La megaminería tóxica y el derecho a consulta. Caballo Blanco y la experiencia latinoamericana

En México, la nueva industria extractiva minera ha iniciado operaciones desde hace algunos años y se empiezan a notar los estragos y conflictos socioambientales que provoca. Las modificaciones jurídicas efectuadas por los gobiernos neoliberales le han permitido a la minería tóxica avanzar a un ritmo acelerado, a tal grado que hasta el momento cerca de 20% del territorio del país ya ha sido concesionado a distintas empresas, principalmente canadienses1. Tan solo en el periodo 2000-2010 habrían sido concesionadas a las empresas mineras alrededor de 30 millones de hectáreas a través de 27.022 títulos2. En cinco años y medio de gobierno del presidente Felipe Calderón, la cifra aumentó 53%, al pasar de 21.248.000 hectáreas en 2007 a 32.573.000 hectáreas en junio de 20123.

No es casual que en el índice denominado «potencial actual de minería» México haya ocupado el quinto puesto entre 72 países o regiones evaluados para el periodo 2009-20104. Si el análisis se efectuara comparando solo países y no regiones, México ocuparía el tercer lugar5. Varios proyectos mineros en fase de exploración o de explotación han atraído la atención a escala latinoamericana y mundial, no solo por la flagrante violación a leyes nacionales y a tratados internacionales (como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT), sino también por la impunidad manifestada por las empresas que no acatan las órdenes del Poder Judicial y se amparan contra ellas6.

El caso más reciente de violaciones al derecho a la consulta que estará pronto dando la vuelta al mundo es el de la mina Esperanza Temixco (en Morelos), impulsado por Esperanza Silver. El yacimiento se encuentra cerca del importante sitio arqueológico de Xochicalco. Quizá las protestas de organismos interesados en el patrimonio arqueológico logren, en nombre de los indígenas muertos, desactivar lo que muchas veces los indígenas vivos no consiguen.

Otra situación que pone a México en el mapa de la impunidad y las violaciones a los derechos humanos es el alto número de víctimas por su oposición a los megaproyectos mineros7. En este artículo presento el caso de Caballo Blanco, un proyecto minero para extracción de oro a cielo abierto, ubicado en la costa del Golfo de México. Pondré énfasis en cuatro aspectos: la vulnerabilidad del sitio concesionado para realizar el proyecto en cuestión; las estrategias de las empresas para obtener la licencia social y aprovechar los vacíos de una ley de por sí ya favorable a sus intereses; el papel del gobierno como facilitador de los proyectos; y la extrema debilidad de los mecanismos de consulta pública, que deja el futuro de regiones enteras hipotecado a intereses económicos de corto plazo y excluyentes para las poblaciones locales. Terminaré con algunas referencias a mecanismos de consulta puestos en marcha en otros países que buscan garantizar el respeto a una mayor autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios. Al mismo tiempo, el artículo se enfoca en las limitaciones jurídicas, y sobre todo políticas, que tanto en México como en algunos países andinos deben superarse para garantizar el ejercicio de los derechos tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades campesinas y la ciudadanía en general.

Caballo Blanco: ¿otra vez las carabelas?

Si bien el proyecto Caballo Blanco, aún en fase de exploración, no es el primero de esta naturaleza en México, sí se trata del primero en el estado de Veracruz. Este proyecto de minería a cielo abierto con extracción por procesos de lixiviación, que pretende obtener unas 687.000 onzas de oro en siete años, con una inversión de 283 millones de dólares, tiene otra particularidad. Es probablemente el único proyecto en el mundo que presenta una serie tan clara de riesgos de contexto o entorno que, desde una visión socioambiental y tomando en cuenta el principio precautorio, deberían ser razones suficientes para interrumpir el derecho de exploración otorgado y cancelar la concesión. El proyecto Caballo Blanco, de la Goldgroup Mining Inc., inicialmente presentado por las empresas mexicanas Candymin y Minerales Cardel, está situado a tan solo tres kilómetros de una planta nucleoeléctrica y de frente a los huracanes que suelen azotar esta costa, además de que en un radio aún menor pasan un gasoducto y dos oleoductos, así como líneas de alta tensión. Si a esto añadimos la fragilidad que representa la presencia del crimen organizado en el corredor que atraviesa esta región –por donde pasarán materiales tóxicos y explosivos–, los riesgos no pueden ser minimizados.

Por estas razones, entre otras, organizaciones ambientalistas y académicas se han opuesto al proyecto8. Además de la vulnerabilidad ante contingencias ligadas a fenómenos naturales o de tipo social como los señalados, se ha documentado de manera contundente la importancia de la región afectada desde el punto de vista de la biodiversidad. En particular, es importante señalar la presencia de relictos de encinares tropicales que forman parte de un ecosistema frágil y complejo, lugar de abastecimiento de alimento para las aves migratorias que, año a año, en un número de unos cinco millones de individuos, surcan los cielos de este estratégico corredor. Además, desde el punto de vista económico, la vocación de la zona es agropecuaria y turística.

Los argumentos presentados por unos 70 científicos de diferentes disciplinas constituidos en un panel de expertos han sido tan contundentes que incidieron para que el gobierno del estado, a través del titular del Poder Ejecutivo y su secretario de Medio Ambiente, se pronunciara en contra del proyecto9. En México, las decisiones sobre las concesiones y la aprobación de proyectos mineros son de competencia federal. Una vez otorgada la concesión minera, las empresas inician labores en tres ámbitos: posesión de la tierra, licencia social y permisos ambientales. En este marco, deben presentar un estudio de impacto ambiental de exploración, que les permite contar con los elementos necesarios para formular su proyecto y elaborar la manifestación de impacto ambiental (MIA) de explotación, que también es presentada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su aprobación. Esta instancia gubernamental, en los hechos, se ha dado a la tarea de facilitar la expansión minera en el país, por lo que en general no puede ser considerada como un agente neutral ni facilitador de la participación ciudadana. Una vez publicado este documento en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, se cuenta con diez días hábiles para invocar el derecho previsto a una consulta pública, tal como lo dispone la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

  • 1. Luisa Paré: profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Es miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).Palabras claves: minería tóxica, proyecto minero Caballo Blanco, consulta previa, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), derechos, medio ambiente, extractivismo, México, América Latina.. Las empresas mineras canadienses obtuvieron 2.600 concesiones en todas las áreas del país en los 12 años en que gobernó el Partido Acción Nacional (pan). Entre las cinco empresas más grandes que operan actualmente en México, cuatro son canadienses: Almaden Minerals, Dia Bras Exploration, Pediment Gold Corp y Goldcorp.
  • 2. Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos: «Quinto informe de gobierno», 2011, disponible en http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/QuintoInformeEjecucion/2_7.pdf.
  • 3. Susana González: «En este sexenio creció 53% el territorio concesionado a mineras» en La Jornada, 3/9/2012, disponible en www.jornada.unam.mx/2012/09/03/economia/031n1eco#sthash.1xvfu1ry.dpuf.
  • 4. Francisco López Bárcenas y Eslava Galicia Mayra Montserrat: El mineral o la vida. La legislación minera en México, Centro de Orientación a los Pueblos Indígenas / Pez en el Árbol / Red Interdisciplinaria de Investigación de los Pueblos Indios de México, México, df, 2011, p. 29.
  • 5. José de Jesús González Rodríguez: «Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas», Documento de Trabajo Nº 121, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, lxi Legislatura, Cámara de Diputados, 2011.
  • 6. Después de diez años, en una resolución judicial sin precedentes, un tribunal mexicano ordenó a una dependencia del gobierno federal el cierre definitivo de la operación de Minera San Xavier, filial de New Gold (Proceso 1.592), por haber obtenido de manera ilegal el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Una orden judicial de un juez de distrito permitió que la empresa incumpliera la sentencia de cierre. Finalmente, la subsidiaria de New Gold obtuvo el amparo a pesar de seguir «sin permisos, sin la manifestación de impacto ambiental (mia) autorizada, sin el permiso de cambio de uso de suelo, sin el permiso de explosivos, sin el permiso de uso de suelo estatal y municipal, y sin siquiera el permiso de operación que expide el municipio». «Minera San Javier no tiene permisos», boletín de prensa, en San Luis Pejesí en Resistencia, 7/1/2010, http://sanluispejesi.blogspot.mx/2010/01/frente-amplio-opositor-la-minera-san.html.
  • 7. Gian Carlo Delgado reporta 11 asesinatos en el periodo comprendido entre 2005 y 2012 («Extractivismo minero y resistencia social. América Latina en disputa: extractivismo minero, conflicto y resistencia social» en Realidad Económica N° 265, 1-2/2012, pp. 60-84, disponible en http://medioambientebcs.blogspot.mx/p/extractivismo-minero-y-resistencia.html). Entre otros casos, y entre los más recientes, mencionemos que en 2012, en San José del Progreso, Oaxaca, el vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vásquez Sánchez, fue emboscado y asesinado. El 19 de enero de 2012 en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado el líder antiminero Mariano Abarca del Frente Cívico de Chicomuselo y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería en Chiapas, por encabezar la oposición al proyecto de explotación de barita en Chiapas de otra empresa canadiense, Blackfire Exploration. El 22 de octubre de 2012, por oponerse a la instalación de la minera Cascabel de Mag Silver y por defender el agua escasa en esta zona desértica, fueron asesinados en Chihuahua los dirigentes de El Barzón Chihuahua Ismael Solorio Urrutia y su esposa, Manuelita Solís Contreras. La empresa ha realizado perforaciones sin permiso y sin el consentimiento de la asamblea y de las autoridades ejidales.
  • 8. La organización que encabeza las gestiones y movilizaciones es la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), www.lavida.org.mx.
  • 9. André Timoteo Morales: «La mina Caballo Blanco no operará en Veracruz, asegura Javier Duarte» en La Jornada, 27/2/2012.