Tribuna global

La integración europea: un proyecto elitista

Al ritmo de la crisis, la gente quiere saber quién pagará los platos rotos. Pero esto ya se decidió, y no de manera democrática: sin duda, en el reparto de los costos de la quiebra del Estado deudor, las pretensiones de los acreedores cuentan más que las de los ciudadanos. El Estado de Bienestar europeo ha pasado a la historia. Cada vez se habla menos de la «dimensión social» de Europa y, por el contrario, se vislumbra una rápida expansión de lo que hoy se llama «posdemocracia», en la cual la economía queda protegida de la «presión de la calle» y, al mismo tiempo, está subordinada a una política económica reglada y ejecutada por los bancos centrales y las autoridades de regulación.

La integración europea: un proyecto elitista

Actualmente somos testigos de una nueva ola de integración europea. Pero la fuerza que la impulsa no es una nueva conciencia europea de la población. Por el contrario, en los 50 años que dejamos atrás, la desconfianza entre los pueblos de Europa nunca antes fue mayor que hoy en día. Esta vez son «los mercados» –temerosos por los miles de millones que invirtieron en el sistema de Estados europeos– el motor de la revitalización del proceso de integración posterior al fracaso del proyecto constitucional. El final del euro les costaría muy caro, al igual que la bancarrota de alguno de los Estados deudores o un recorte de la deuda. Los mercados están tan preocupados que, como garantía de que se les devuelva hasta el último centavo con sus respectivos intereses e intereses compuestos, piden nada menos que una reestructuración a fondo del sistema europeo.Entre los Estados nacionales de Europa y las altas finanzas internacionales de nuestros días existe desde hace mucho tiempo un entramado múltiple. Tras la introducción del euro, las entidades financieras de Europa y de Estados Unidos dieron crédito a manos llenas a los países miembros de la Unión Económica y Monetaria Europea, y a todos les concedieron prácticamente la misma baja tasa de interés. Desde 2008, los Estados debieron, simultáneamente, salvar a las entidades financieras y a las economías nacionales de los efectos de las políticas de esas mismas entidades financieras.

La situación conllevó la escalada de la deuda pública a un nivel tal que hizo que las instituciones financieras recién rescatadas comenzaran a temer por la capacidad de pago de sus Estados deudores-salvadores. «Los mercados» mostraron señales de pánico y aumentaron las tasas de interés para ciertos países, al mismo tiempo que reclamaban calma y pedían una internacionalización de las deudas públicas «creíble» –es decir, irreversible–. De este modo, el sector financiero se convirtió en el paladín de la «solidaridad» europea, aunque no de la solidaridad entre los pueblos, sino con los bancos.

Hoy por hoy, la integración europea es un «proyecto elitista»

Así fue como se puso en funcionamiento la maquinaria de la remodelación con el objeto de reorientar la UE hacia un sistema de garantía de los depósitos y de cobranza de las deudas públicas. Lo que se busca es conservar el euro para que la puerta de escape de la devaluación siga cerrada bajo siete llaves para los Estados deudores, ahora y para siempre. Se debe impedir que los Estados hagan uso de su soberanía y anulen sus deudas. Aquellos que todavía tienen capacidad de pago deben estar dispuestos a salir de garantes de los demás; y para que lo hagan, los países que necesitan ayuda deben someterse a tutela. Como otorgar la ayuda es igual de costoso e impopular que recibirla, ambas acciones deben ocurrir, en lo posible, en secreto (preferentemente, en lo más profundo y oculto de los bancos centrales), y la oposición que surja pese a todos los obstáculos debe ser desacreditada como «populista».

Por eso, hoy más que nunca, la integración europea es un «proyecto elitista» a imponer, utilizando todo el repertorio desarrollado a lo largo de décadas para generar lo que alguna vez se dio en llamar «consenso permisivo», aunque ahora de modo intensificado. En el transcurso del proceso comienza a vislumbrarse con más claridad una desdemocratización acelerada del sistema de Estados europeos; algo que se había iniciado ya antes de que un primer ministro elegido por los ciudadanos quisiera someter a un referendo la política de recortes que se le ordenó y fuera reemplazado, por decisión plenaria de la UE, por un probado hombre de confianza del capital financiero.

Desde hace años, las cumbres de Bruselas aprueban una y otra vez cambios institucionales que luego deben ser ratificados instantáneamente por los parlamentos nacionales, con la pistola de los intereses de los «mercados» apuntando a sus cabezas. De este modo alcanza su culminación el arte de la diplomacia de múltiples niveles –con cuya ayuda los gobiernos han sabido desde siempre fortalecer su poder ante sus propios parlamentos–, mientras se aprueban compromisos de realizar modificaciones constitucionales profundas –preferentemente, incluso, de carácter perpetuo–, para las cuales «no hay alternativa» porque, entre otras cosas, «los mercados» podrían reaccionar con «pánico» ante cualquier actitud vacilante. A la larga, ni siquiera el Tribunal Federal Constitucional de Alemania podrá resistir tanta presión. Queda en duda si los gobiernos saben lo que están negociando a escala internacional presionados por el apuro. Los parlamentarios que tienen que dar consentimiento, en un plazo breve, a miles de páginas de considerandos y disposiciones ejecutivas, en el mejor de los casos pueden llegar a suponer lo que ocurrirá (y lo que están a punto de aprobar queda una y otra vez desactualizado por nuevos acuerdos que se adoptan en las sucesivas cumbres). La opinión pública, que ya hace tiempo no es capaz de seguir lo que pasa, queda ajena a todo.

El culpable de la crisis es el afán de democracia de los ciudadanos

El procedimiento se condice con la sustancia. No vale la pena someter a revisión la actual situación de las reformas y de los proyectos de reforma: lo único seguro es que la semana siguiente ya estará desactualizada. Pero las grandes líneas son evidentes: el culpable de la crisis es el afán de democracia de los ciudadanos, y no los bancos ni los mercados, que por lo tanto no deben ser regulados (algo que de todos modos no parece posible, como lo han demostrado cuatro años de crisis). Los que deben ser regulados, en cambio, son los ciudadanos. Para el reparto de los costos de la quiebra del Estado democrático endeudado, a corto plazo es necesario institucionalizar, sin margen para dudas, que las pretensiones de los acreedores son prioritarias respecto de los derechos de los ciudadanos, y que se debe dar preferencia a los contratos de crédito antes que a los derechos civiles. Todo eso para que incluso el desconfiado banquero de Wall Street esté dispuesto a confiar en el deudor. Y, a la larga, es necesario imponer de una buena vez una forma de Estado que excluya la posibilidad de que la política democrática vuelva a exceder una vez más los límites que impone el mercado.