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La influencia de los poderes ilegales en la política colombiana

La definición mínima de democracia pone el eje en la realización de elecciones libres, competitivas y periódicas. La financiación es parte esencial de los procesos electorales. Sin embargo, a través del dinero volcado a la política se producen distorsiones e inequidades. Esto es especialmente cierto en países como Colombia, donde las organizaciones guerrilleras y los paramilitares desempeñan un rol político fundamental, en particular en los niveles local y regional. El artículo analiza la influencia de los poderes ilegales en la política colombiana y asegura que, para consolidar la democracia, es necesario resolver el problema del narcotráfico, pero también avanzar en los derechos sociales de la población.

La influencia de los poderes ilegales en la política colombiana

La concepción mínima de democracia remite exclusivamente a la llamada «democracia política», que se expresa de manera relevante en los procesos electorales. Para el gran filósofo político Norberto Bobbio, una definición mínima de democracia implica:

un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos (...) Por lo que respecta a los sujetos llamados a tomar (o a colaborar en la toma de) decisiones colectivas, un régimen democrático se caracteriza por la atribución de ese poder (que en cuanto autorizado por la ley fundamental se vuelve un derecho) a un número muy elevado de miembros del grupo (...) Por lo que respecta a la modalidad de la decisión, la regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría, o sea, la regla con base en la cual se consideran decisiones colectivas y, por tanto, obligatorias para todo el grupo, las decisiones aprobadas al menos por la mayoría de quienes deben de tomar la decisión (...) Es necesaria una tercera condición: es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u otra.1

Por ello, las elecciones, en cualquier sociedad, son la expresión más clara de la democracia política: son el momento en el cual los miembros de dicha sociedad toman decisiones. Una elección es una toma de decisión en la medida en que implica escoger, entre dos o más alternativas, quién debe gobernar en el próximo periodo, los programas de gobierno o el partido político que expresa mejor los proyectos futuros de la sociedad.

Pero la elección implica la existencia de varios elementos condicionantes: primero, el derecho a la organización y participación política, que no siempre se verifica; segundo, la libertad para escoger a los participantes en el proceso (si se actúa condicionado, por cualquier factor, la elección está desfigurada); tercero, presupone que todos los candidatos tengan la misma posibilidad de dar a conocer sus propuestas a los potenciales electores, para que estos puedan elegir la que más les convenga o los convenza; en una palabra, condiciones sensiblemente iguales para los aspirantes a ser elegidos.

La democracia no alude solo a la elección de los gobernantes de manera periódica dentro de un contexto pluralista de opciones, sino también a la existencia de canales de representación de los más diversos intereses sociales, territoriales y sectoriales, de modo tal que sean tenidos en cuenta por los gobernantes a la hora de tomar las decisiones. En algunas democracias, estos canales clásicos de representación se suman a otros mecanismos de participación ciudadana, para garantizar que las demandas, los problemas y las necesidades sean respondidos adecuadamente. Es la combinación de democracia representativa con democracia participativa que buscan casi todas las sociedades contemporáneas.La democracia colombiana tiene grandes imperfecciones: en muchas regiones, la posibilidad de ejercer el derecho de organización y expresión no existe, pues diversos grupos armados se lo impiden a quienes no comparten sus tesis. No todos los candidatos, en época electoral, se encuentran en igualdad de oportunidades para dar a conocer sus propuestas: los factores económicos o el acceso privilegiado a los medios de comunicación colocan a algunos en una posición de ventaja frente al resto. Del mismo modo, no existe la suficiente libertad en los electores para decidir su voto, ya que operan condicionantes tales como amarres clientelistas o económicos, que alteran la decisión del votante. En la política colombiana, el mecanismo predominante de reproducción política, en los últimos tiempos, es el clientelismo, que implica una lógica de reciprocidades y pago de favores, en el sector público pero también en el privado, y que por lo tanto altera el comportamiento libre del elector (también tienen gran peso en la toma de decisiones políticas de los electores los condicionantes asociados al empleo, tanto en el sector público como en el privado).

Todo esto se encuentra íntimamente asociado al hecho de que los canales de representación de intereses no funcionan adecuadamente: los partidos políticos, que deberían ser las vías de representación de los diversos intereses sociales, no representan casi a nadie. Ni siquiera a sus electores. Hay en Colombia una clara ruptura entre los intereses de los partidos políticos, enredados casi siempre en politiquería pequeña, y los problemas de los distintos sectores sociales, que requieren decisiones de política pública serias y consistentes.

La financiación de la política

La relación del dinero con la política ha sido un tema de análisis desde diversas perspectivas y en distintos momentos. En particular, es muy rico el debate de autores anglosajones, más específicamente el que se centra en la relación entre democracia, mercado y desarrollo. Para los efectos de este trabajo, es importante destacar el debate acerca de en qué medida el dinero puede distorsionar el funcionamiento de la democracia. Esto ha derivado en la discusión acerca del tipo de financiamiento deseable de la actividad política, desde quienes proponen una financiación totalmente estatal a quienes predican una totalmente privada, pasando por los modelos de financiamiento mixto, presentes en gran cantidad de países, acompañado de mecanismos de regulación por parte del Estado.

En Colombia existe un sistema mixto de financiación de la política: el Estado sostiene el funcionamiento de los partidos políticos legalmente reconocidos y de las campañas electorales. Pero la legislación colombiana también acepta la financiación de los particulares, regulando el porcentaje en que estos pueden aportar legalmente. Para cada campaña, el Consejo Nacional Electoral define los topes.

Pero es justamente a través de la financiación como se introducen grandes alteraciones en el funcionamiento de la competencia política, distorsionando la democracia, no solo como resultado de los recursos económicos ilegales sino también de aquellos que, aunque de tipo legal, de todos modos buscan retribuciones posteriores.

  • 1. El futuro de la democracia, 1ra reimpresión en español, Fondo de Cultura Económica, Santafé de Bogotá, 1992.