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La guerra contra las drogas: de Richard Nixon a Barack Obama

La guerra contra las drogas puede rastrearse hasta la presidencia de Richard Nixon y continuó con los sucesivos gobiernos. Colombia se transformó en uno de sus escenarios fundamentales. El 11 de septiembre de 2001 jugaría, además, un papel crucial en la evolución de la guerra antinarcóticos, que desde entonces quedó anudada a la lucha contra el terrorismo: George W. Bush y Álvaro Uribe fueron dos figuras claves de estas políticas. Hoy se abre un nuevo panorama con el giro de Juan Manuel Santos y el avance de las negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La guerra contra las drogas: de Richard Nixon a Barack Obama

Si bien el momento exacto en que comenzó la guerra contra la cocaína puede rastrearse hasta diferentes años dependiendo de la perspectiva, su desarrollo está claramente asociado a dos muy decisivos: 1989 y 2001, la caída del Muro de Berlín y el 11 de septiembre.

Cuando en 1972 Richard Nixon designó a la Comisión Shafer para evaluar las consecuencias de la política de drogas de Estados Unidos, sus conclusiones indicaron que no había conexión entre el cannabis y otras formas de criminalidad. Asimismo, determinó que el alcohol era más peligroso que la marihuana y que el uso personal de esta última debía ser descriminalizado lo antes posible. Nixon, que era un cristiano devoto de muy mal carácter, se puso lívido cuando la Comisión le presentó lo que él percibía como conclusiones «antiamericanas» y se descargó vociferando una de sus tantas creencias muy arraigadas: «Todos los desgraciados que están a favor de legalizar la marihuana son judíos»1.

Después del informe de la Comisión Shafer, la Casa Blanca actuó en oposición a sus recomendaciones. Y pocos años después, la lucha estadounidense contra el cannabis no solo iniciaría la guerra global contra las drogas, sino también, paradójicamente, la industria de la cocaína, que en los años venideros iba a convertirse en el objetivo primordial de EEUU. La historia es compleja y contradictoria. En ocasiones, esta proclamada «guerra» siguió los cambios en las amenazas militares; a veces se vio coloreada por la paranoia religiosa; con frecuencia se enraizó en un miedo genuino a la penuria social generalizada. Pero sobre todo, y a veces sin intención, fue el resultado de estrategias políticas que tenían muy poco que ver con ese objetivo expreso de combatir las drogas.

Cuando Bill Clinton y el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana negociaron el Plan Colombia en 1998, acordaron que la lucha contra las guerrillas y la lucha contra las drogas eran dos batallas completamente diferentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por supuesto, se habían vuelto dependientes de varios niveles del tráfico de drogas –como muchos otros sectores de la sociedad–, pero el desarrollo histórico de las guerrillas no tenía nada que ver con las drogas; o, como lo expresó Pastrana, «Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo y la confrontación con la guerrilla por un modelo que considera injusto, corrupto, auspiciador de privilegios»2.

Pero poco después, durante una reunión en Washington, Pastrana cambió su postura y repentinamente se ubicó del lado de lo que más tarde se llamaría la «narcotización» del conflicto colombiano, es decir, la idea de que el tráfico de drogas es el único problema real que frena a Colombia. «El único acuerdo de paz aceptable para mí y para el pueblo colombiano sería aquel que fortaleciera nuestra capacidad de erradicar la producción de cocaína en Colombia»3, anunció.

Fue un cambio drástico. Antes del Plan Colombia y desde la década de 1960, todos los presidentes colombianos habían sido elegidos por sus promesas de negociar la paz para el país, y aunque Pastrana había hecho mayores concesiones a la guerilla que cualquier jefe de Estado anterior para alcanzar un acuerdo con las FARC, su giro inesperado marcó un cambio decisivo en la forma de percibir el conflicto colombiano. De ahí en más, todos los grandes problemas de la sociedad colombiana se explicaron en función de la cocaína. El gobierno comenzó a ver que las injusticias, la corrupción, la violencia, la impunidad y todos los demás problemas tenían el mismo origen, y en consecuencia se pensó que podrían resolverse automáticamente si el país lograba deshacerse de las drogas.

Luego del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron etiquetados como organizaciones terroristas, y con George W. Bush en la Casa Blanca, no solo las dos guerras internas de Colombia se unificaron, sino que además la guerra contra las drogas se volvió sinónimo de la guerra de EEUU contra el terrorismo. La política oficial de Washington bajo el mando de Clinton se había enfocado en la lucha contra la «narcodemocracia» colombiana, pero durante el gobierno de Bush se convirtió en un combate contra el «narcoterrorismo». La política de Clinton se había concentrado principalmente en lo que salió a la luz tras el asesinato de Pablo Escobar: el modo en que los carteles habían intimado con políticos y militares, un proceso que culminó en la revelación de que el presidente colombiano entre 1994 y 1998, Ernesto Samper, había aceptado fondos para su campaña del Cartel de Cali4. Desde 2001 en adelante, la línea política ignoró este aspecto del problema y se focalizó exclusivamente en las guerrillas.

Para el nuevo presidente del país, el populista de derecha Álvaro Uribe, la guerra contra el terrorismo fue un regalo de los dioses. Llegó al poder en 2002, con la promesa de no negociar con las guerrillas sino aplastarlas con la fuerza militar, y para hacerlo necesitaba dinero. Se pensaba que tanto las drogas como el terrorismo podían eliminarse deshaciéndose de la encarnación de ambos males: las FARC.

El Plan Colombia se convirtió en el marco militar y judicial para esta operación. En el mapa geopolítico, Colombia se parecía cada vez más a Afganistán. El dinero llovía desde Washington, donde se decidía un número creciente de políticas internas colombianas, y las Fuerzas Armadas crecían tan rápido que pronto se convertirían en el mayor poder militar de Hispanoamérica y en el tercer receptor mundial de apoyo militar estadounidense (después de Israel y Egipto). Las FARC, cuyas prácticas son ahora rechazadas por casi todos los colombianos, pero cuyas demandas originales eran apoyadas por la mayoría, habían sido eficazmente desacreditadas como movimiento guerrillero. A mediados de la década de 2000, se las presentaba al resto del mundo como algo peor que una organización terrorista: desde entonces, el gobierno colombiano, EEUU y una gran parte de la Unión Europea las verían prácticamente como una mafia dedicada al tráfico de drogas.