Opinión

La guerra al secretismo

El escándalo de los Panama Papers pone al mundo económico y al sistema bancario en alerta. ¿Cómo combatir el secretismo corporativo?

La guerra al secretismo

¿Qué tienen en común los recién revelados Panama papers, ExxonMobil y una empresa minera canadiense que opera en Guatemala? Que todos son casos en los que personas y organizaciones poderosas trataron de usar una fachada para ocultarse, engañar o confundir. Y en todos, el intento fracasó.

Es probable que el escándalo mundial que generaron los Panama papers (11,5 millones de archivos extraídos – según parece, por hackers) de computadoras de la firma jurídica panameña Mossack Fonseca, cuarta mayor gestora offshore del mundo) dure algún tiempo. La publicación de los archivos reveló hasta dónde pueden llegar las personas (y a qué costo) para ocultar activos y evadir impuestos. Lo que se descubrió hasta ahora es un espectro de actividades que van desde usos legales (pero éticamente dudosos) de lagunas en la legislación impositiva hasta intentos de ocultar o lavar dinero obtenido de la corrupción u otras prácticas ilegales.

La reacción, dura e inmediata, fue un repudio casi universal. El escándalo ya provocó la renuncia del primer ministro de Islandia, tras revelarse que poseía acciones de empresas offshore con su esposa. También salpica a parientes de altos funcionarios chinos (incluido el presidente Xi Jinping) y miembros del círculo íntimo del presidente ruso Vladímir Putin.

Xi y Putin no tienen mucho de qué preocuparse. Pero semejante hipocresía de parte de funcionarios públicos que proclaman la necesidad de medidas de austeridad y piden a la gente hacer sacrificios en aras de la prosperidad futura, mientras ellos en secreto evitan el esfuerzo, es una total falta de respeto a la confianza de la ciudadanía en los países democráticos. Si esas empresas fantasma y cuentas bancarias offshore eran legales, ¿por qué tomarse tantos recaudos para ocultarlas? Y si el secreto es legal, ¿por qué está mal?

Entretanto, el secretismo corporativo puso a ExxonMobil en la mira de las fiscalías de Nueva York, Massachusetts y las Islas Vírgenes; y hay muchas otras jurisdicciones en lista de espera. El núcleo de la investigación es determinar si la empresa viene mintiendo deliberadamente en relación con el cambio climático desde los años ochenta.

Hay documentos internos que indican que Exxon, y luego ExxonMobil, conocían los efectos dañinos del cambio climático, pero no dijeron nada ni a los inversores ni a la opinión pública. En sus declaraciones públicas (incluso el año pasado), la empresa negó una y otra vez el riesgo del cambio climático. Cuando pudo admitir la verdad y empezar a actuar con transparencia, ExxonMobil eligió seguir sembrando confusión.

En Canadá, Hudbay Minerals está implicada en un juicio que puede ser el fin de la impunidad para las empresas que descargan en subsidiarias toda la responsabilidad por sus actividades en el extranjero. En vez de aplicar a los países donde operan las normas éticas y legales de sus países de origen, muchas empresas occidentales arman una red de subsidiarias, subcontratistas y cadenas de suministro para ocultar de los consumidores e inversores conductas que estos considerarían reprochables. Hudbay Minerals fue llevada a juicio por un caso de violaciones en masa y daños en Guatemala, ocurrido cuando un grupo de soldados y personas que se presentaron como agentes de seguridad de la empresa propietaria de una mina local llegaron a una pequeña aldea con orden de desalojar a sus habitantes.

El caso parece complejo, ya que involucra diversos propietarios, numerosas subsidiarias y una variedad de jurisdicciones. Pero el principio en juego es simple: las empresas matrices deben hacerse responsables de supervisar las acciones de quienes las representan. El ocultamiento tras capas y capas de propiedad jurídica no puede continuar. Y no lo hará si adoptamos una estrategia con tres componentes, a los que podríamos llamar «zanahoria», «palo» y «ventilación».

La zanahoria (incentivos a la conducta ética) consiste en reconocer y premiar a los que admitan errores pasados y muestren voluntad y una estrategia efectiva para enmendarlos. El palo (sancionar a los transgresores) demanda una mayor fiscalización de las normas legales y éticas, tanto para evitar la evasión y la elusión fiscal cuanto el ocultamiento tras subsidiarias. Y la ventilación consiste en señalar las actividades de los transgresores, sea en el nivel de las comunidades locales o mediante investigaciones a gran escala como el extraordinario esfuerzo global de los cientos de periodistas que cooperaron para sacar a la luz los Panama papers.

Pero esta estrategia no debe convertirse en una campaña de relaciones públicas para corporaciones, funcionarios o empresas de medios. El repudio al secretismo debe parecerse a un proceso de verdad y reconciliación, en el que los transgresores ofrezcan una exposición pública completa de su conducta, tal vez acompañada por el testimonio de las víctimas.

Lo más importante es que para que las juntas directivas (y los abogados, banqueros y contadores que asesoran a personas y empresas) respeten las normas legales y éticas, deben saberse responsables por sus acciones. En cuanto todos entiendan que el secretismo supone riesgos inaceptablemente altos, tratarán de minimizarlos. Les guste o no, es hora de que nuestros líderes hagan lo mejor para ellos y para nosotros.



Traducción: Esteban Flamini

Fuente: Project Syndicate

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