Tema central

La experiencia chilena 1990-2005

La cada vez más confusa división entre izquierda y derecha está siendo reemplazada por la defensa de distintos modelos de Estado. En Chile, país que pasó de la violencia y los vaivenes ideológicos a una situación de consenso promisorio, las fuerzas políticas y las empresas se encuentran alineadas, a grandes rasgos, en dos grandes posiciones: el modelo de Estado americanista al estilo Reagan y Thatcher (defendido por los partidos de derecha y las grandes corporaciones), y el modelo europeo o asiático (impulsado por los sectores de centroizquierda, junto con las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las modernas e innovadoras). Por eso, aunque una vieja ley hidráulica diría que el capital fluye siempre hacia la derecha, aquí se sostiene que la armonía entre empresarios y gobiernos progresistas es perfectamente posible.

La experiencia chilena 1990-2005

Introducción

Chile es un país anómalo en el concierto latinoamericano. El «chico nerd» del barrio ha logrado una de las tasas de crecimiento promedio más altas del mundo en los últimos 15 años, lo que lo acerca a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la mayoría de sus indicadores económico-sociales sobresalen: índices de desarrollo humano, gobernabilidad, porcentaje de personas bajo las líneas de pobreza e indigencia, control de corrupción, riesgo país, relación deuda pública/PIB, etc. Su gran «asignatura pendiente» continúa siendo la tríada maligna y convergente: inequidad en los ingresos, exclusión social y educación, cuyos indicadores son tan deficientes como los del resto de la región.

También es un país anómalo en cuanto a su trayectoria político-ideológica, lo que incluye la formación de un Estado fuerte en el siglo XIX, más tempranamente que en el resto del continente. Desde los años 60 hasta hoy, Chile ha experimentado un «vaivén ideológico psicótico», pasando del Estado capitalista, con un modelo de sustitución de importaciones en las décadas de los 50 y 60, al malogrado experimento socialista de Salvador Allende del periodo 1970-73, y de allí a una sangrienta dictadura de corte inicialmente militar-planificadora, pero que ensayó el experimento de un capitalismo neoliberal –tal vez el más extremo del mundo hacia 1989–, que después desembocó en 15 años de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centroizquierda (calificativo confuso, como propondremos más adelante). La Concertación mantuvo esencialmente intactos los principios básicos del modelo económico militar, los profundizó y perfeccionó en muchos aspectos, pero a la vez logró mejorar en algo los indicadores de equidad mediante una política social muy focalizada que no se salió de los límites de un constreñido gasto público, heredado del gobierno militar, situado en alrededor de 21% del PIB. Así, se pasó del concepto de «mercado fuerte-Estado débil» al de «mercado fuerte-Estado fuerte»... pero austero.

En este contexto, las relaciones entre empresariado, izquierda, progresismo y socialdemocracia se transformaron radicalmente, pasando del periodo que hemos denominado como el «balance del terror» en la década de los 90, al del «consenso promisorio» en 2005. El vaivén y la transición ideológica, así como la confusión reinante en el ambiente quedan cabalmente expresados en las seis citas iniciales de este trabajo. En los siguientes párrafos procuraremos describir este itinerario transicional y, si es posible, generalizar algunas reflexiones al resto de la región, siempre que se acepten de antemano las singularidades del caso chileno.

Una aclaración previa. Las ciencias sociales no son ideológicamente asépticas, por lo cual es prudente explicitar la trayectoria de uno de los autores de este texto (Mario Waissbluth), 23 años mayor que el otro. Waissbluth ha transitado por los mismos caminos de la confusión que su país: izquierdista vociferante del 68, exiliado durante 14 años en México, a su retorno a Chile, en 1989, simpatizante de la actual coalición de gobierno, miembro del directorio de empresas públicas y privadas y socio de una empresa mediana –lo que le ha permitido conocer el riesgo financiero y sus noches de insomnio–, ha vivido siempre en la frontera entre los «upelientos» y los «empresarios momios», términos despectivos utilizados respectiva y mutuamente por ambos extremos de la derecha y la izquierda del espectro político. Por ende, la visión de estas páginas tiene todo el peso de la noche y no es necesariamente científica ni representativa.

Para revisar algunos conceptos

Ya que el meollo de este texto es la relación entre empresarios e izquierda, intentaremos precisar éstas y otras categorías de análisis debatibles pero necesarias para unificar el lenguaje. Por cierto, a inicios del siglo XXI, todas las categorías se hacen más borrosas en materia de preferencias sexuales, familiares, ideológicas, institucionales o económicas. Las universidades parecen empresas... hay nubes conceptuales difusas, no categorías nítidas ni afiliaciones rigurosas.

Comencemos con la categoría «empresario». Suele atribuirse a los dueños de una organización cuyo propósito central es el lucro, quienes tienen en sus venas una imprescindible tolerancia al riesgo. Se la confunde con frecuencia con la categoría «gerente». Algunos de los más grandes empresarios del mundo y de América Latina no tienen estudios universitarios, sino un olfato intrínseco para identificar y evaluar riesgos, comprar barato y vender caro. Luego, si les va bien, crecen y contratan gerentes.

Sin embargo, es necesario distinguir ciertas subcategorías cuya relación con la izquierda no es igual: a) el «empresario arcaico-rentista» de los siglos XIX y XX, que consiguió alguna prebenda (entitlement) como una hacienda, una propiedad minera, un monopolio o una protección arancelaria especial, y se dedicó a disfrutarla, hasta que llegó la globalización; b) el pequeño empresario obsoleto y de escasa formación, que emplea a la mayor parte de los trabajadores de nuestros países en razón de su baja productividad, que vive angustias al borde del precipicio globalizador, que clama por perdonazos bancarios y que es excelente material para el uso y las promesas de los populistas de izquierda y de derecha; c) la pequeña y mediana empresa innovadora y tecnificada, de minúsculas proporciones porcentuales y escasa voz política; d) la gran empresa de capital nacional, no siempre heredera de los antiguos rentistas, con productividades similares a las internacionales, pero que mantiene todavía ciertas afinidades ideológicas con sus predecesores históricos; y e) los inversionistas extranjeros, cuyo stock de capital representa hoy 31% del PIB en los países en vías de desarrollo, y cuyas prácticas laborales, ambientales y democráticas son bastante más refinadas que las de sus pares latinoamericanos, herederos en muchos casos de la cultura colonial. Poner a todos los empresarios en el mismo saco conduce a errores.

Pasemos ahora a las categorías de «izquierda» y «derecha». Según Norberto Bobbio, dado que es natural considerar el universo político como un lugar donde se expresan los antagonismos, esta dualidad es central. Los conceptos de izquierda y derecha se resisten a morir, pese a muchos augurios. Este autor sugiere que lo que permite trazar la línea divisoria es la díada igualdad-desigualdad. Apropiadamente, asocia el extremismo de izquierda o de derecha con el desprecio por los criterios democráticos para defender los propios principios. Claudio Fuentes y Mireya Dávila, al estudiar el caso chileno, agregan otra perspectiva: la derecha quiere menos Estado y la izquierda quiere un Estado más fuerte, que regule la economía, sea más activo en las políticas sociales y tenga una actitud más respetuosa de la diversidad.

Sin embargo, a inicios del siglo XXI, surge una duda: ¿Japón es de «izquierda» o de «derecha»? Es tal vez el país más igualitario del mundo, pero su gasto público es de los más bajos; practica un disciplinado capitalismo con enormes transnacionales, pero el gobierno protege a sus empresas con cuanta medida paraarancelaria sea posible... ¿Dónde queda ubicado en este eje? Noruega tiene uno de los ingresos per cápita más elevados del planeta, es un país tremendamente igualitario, con un altísimo gasto público. ¿Es igualable el «izquierdismo» de Cuba a la realidad de Japón o Noruega, ambos envidiablemente igualitarios y con un Estado fuerte, pero muy diferente?

Por su parte, Anthony Giddens–el ideólogo del nuevo laborismo británico– propone la debatida noción de «tercera vía» o «socialdemocracia modernizadora». Se trata de un intento por mantener los ideales igualitarios, pero reconociendo los nuevos desafíos de la globalización y la sociedad del conocimiento. Contra la intuición más común y apelando a ideas «políticamente incorrectas», señala que la desigualdad puede generarse también desde el Estado y que la igualdad puede lograrse desde el mercado. Promueve una regulación activa e inteligente frente a las corporaciones, especialmente ante la concentración excesiva. No obstante, la actitud general ante el empresariado es de valoración, como fuente de energía y riqueza necesaria para la sociedad. De igual manera, Giddens anima a las empresas a repartir acciones entre los empleados, promueve su responsabilidad social y busca la coordinación entre empresas y trabajadores para absorber el impacto del cambio tecnológico.

Este discurso de la tercera vía está bajo sospecha. Se lo acusa de sostener una retórica que ocultaría tres dilemas básicos: el tema de la desigualdad, el problema de la comunidad versus la libertad y el conflicto entre elitismo y democracia. Se trataría, para algunos, de políticas indiferenciadas que intentan complacer a todo el mundo.

Diferentes modelo de Estado

Tal vez una clave para entender la creciente confusión es la que aporta el halcón estadounidense Philip Bobbitt, quien sostiene que, desde la caída del Muro de Berlín, los conceptos de Estado-nación capitalista y Estado-nación socialista han colapsado (salvo algunas «islas» de excepción). El Estado socialista virtualmente desapareció, y el Estado-nación capitalista del siglo XX, que proveía protección aduanera, educación pública, salud pública, pensiones públicas, electricidad pública, correo público, ferrocarriles públicos y una verdad oficial en materia de valores, se desmoronó casi por completo. Se pasó, entonces, de un Estado-nación que buscaba garantizar el bienestar de las personas, a un Estado-mercado que no pretende garantizar ese bienestar, sino maximizar y garantizar la oportunidad de las personas para lograr su bienestar. Este Estado-mercado, a su vez, se perfilaría en tres bloques cuyas fronteras son difusas. El primero, el modelo fundacional, defendido e ideado por los halcones de la Casa Blanca y los think tanks mal llamados «conservadores», es el Estado-mercado emprendedor (entrepreneurial market state), cuyo exponente más nítido sería EEUU al estilo Reagan o Bush, la Gran Bretaña thatcherista y el Chile de la década de los 80 como caso extremo, el alumno ejemplar de la escuela de Chicago. En este modelo, la creación de empleos es más importante que la seguridad en el trabajo, y bajar el nivel de la pobreza vía crecimiento es más importante que las grandes disparidades de ingreso; se procura privatizar la educación y la salud, y se bajan los impuestos. En suma, el Estado benefactor se reduce al mínimo indispensable, bajo el supuesto de que eso detonará el crecimiento. Lo llamaremos «modelo americanista».

El segundo modelo es el Estado-mercado mercantil (mercantile market state), que postula un gobierno fuerte, subsidia importantes investigaciones para las empresas, ayuda a determinados sectores industriales y mantiene una moneda devaluada artificialmente para fomentar las exportaciones, aun a costa de sacrificar el consumo interno. A la vez, procura proteger su producción local con medidas arancelarias o paraarancelarias, hasta donde sus competidores se lo permitan. Hay elaborados modelos de welfare, las disparidades violentas de ingreso son mal vistas, casi inaceptables, y prevalece una ética de trabajo y ahorro. Los grandes conglomerados locales controlan la mayor parte de la economía, en franco contubernio con el gobierno. Este modelo será referido como «asiático».

Finalmente, tenemos el modelo de Estado-mercado gerencial (managerial market state, en alemán soziale Marktwirtschaft). Se trata de una sociedad cohesionada y con elevados niveles de beneficio y protección social. La empresa privada es valorada, siempre que contribuya al bienestar social. Los sindicatos se sientan en los directorios y hay contratos colectivos en el ámbito nacional. Éste es el estilo «europeo», con nítidos exponentes como Alemania, Francia y Suecia, cuyos principios fundacionales horrorizan a los economistas del modelo «americano». Con este grupo europeo conversa Giddens.En ese sentido, cabe destacar el caso alemán en épocas recientes. La crítica «americanista» (fundada) al modelo «europeo» estriba en que la excesiva carga tributaria y el gasto social ahogan el crecimiento y provocan desempleo. Sin embargo, Alemania ha evolucionado hacia una cierta reducción del «welfarismo extremo», mediante una negociación entre los sindicatos y las empresas, con lo cual, en los últimos seis años, el costo de la hora hombre ha caído 20% y las exportaciones han aumentado 48% en el mismo periodo. Con todo, en Alemania no hay indigentes y en EEUU, sí. Al parecer, todo extremo es malo.

Hay que abordar inevitablemente otra categoría, que se mueve en un plano distinto: el populismo, sobreabundante en nuestra región. Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards evaluaron un gran número de «episodios populistas» latinoamericanos de todos los sabores, caracterizados por un intento de resolver la insatisfacción social por la «ruta corta»: políticas macroeconómicas abierta e irresponsablemente expansivas, déficit fiscal, controles de precios y desprecio por los equilibrios económicos básicos, que han culminado inevitablemente en crisis y dañado a los sectores más pobres, los que han terminado siempre peor que antes. Su frase premonitoria, escrita hace 15 años, fue: «Una de las más impactantes regularidades de estos episodios es la insistencia con la que los diseñadores de estos programas populistas argumentan que sus circunstancias son únicas y por tanto inmunes a las lecciones históricas de otras naciones». Lo más triste, agregaríamos nosotros, es que los ideólogos del populismo suelen bañarse en un barniz de «izquierdismo», «progresismo» u otras virtudes, mientras terminan aumentando con pasmosa regularidad la inequidad de sus países.

Esas raras mutaciones chilenas

Una vez precisadas estas categorías, aun con cierta heterodoxia, es necesario describir brevemente lo ocurrido en Chile en los últimos 30 años. De otro modo, no podríamos abordar el interrogante planteado en el título, es decir, las relaciones entre la izquierda y las empresas.El 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de estado pinochetista, comenzaron a operar los equivalentes añejos de las fotocopiadoras, para entregarles al día siguiente a los cuatro miembros de la Junta Militar un documento denominado «El Ladrillo» debido a su grosor. Fue elaborado por un grupo de antiguos alumnos de la Universidad de Chicago, afines a la derecha y a la democracia cristiana, apoyados por la Sociedad de Fomento Fabril. Este «Ladrillo» fue el «mapa rutero» de lo que fue tal vez la revolución liberal más profunda del mundo. Su relectura hoy es impactante, pues proporciona un retrato escrito, no solo del Chile de 1990, sino también, en buena medida, del Chile de 2005.

Aunque su aplicación no estuvo exenta de fricciones dentro del gobierno militar, «El Ladrillo» se terminó imponiendo. Sin entrar en temas éticos ni en las violaciones a los derechos humanos, ni en la estúpida guerra que estuvo a horas de desatarse con Argentina, las políticas del gobierno militar tuvieron como resultado un crecimiento mucho menor a lo esperado y que solo despegó entre 1984 y 1989, y una alta volatilidad económica como fruto de dos megacrisis. Dejaron sumidos en la pobreza a 39% de los chilenos y a 13%, en la indigencia. Al mismo tiempo, produjeron un cambio radical de apertura económica y desregulación que desató hasta hoy muchos nudos del crecimiento chileno.

En los 80 se desarrolló, tanto en la izquierda como en la democracia cristiana, una obligada reflexión, derivada del fracaso del proyecto socialista de Allende, la caída del Muro, las pésimas actuaciones populistas latinoamericanas, el conocimiento empírico de los socialismos reales y el enorme desafío intelectual impuesto por el experimento neoliberal de los «Chicago boys». Para la coalición que se avecinaba entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano (la Concertación), esto estuvo enmarcado en la necesidad de asumir los nuevos destinos nacionales con la responsabilidad que impone lograr un proyecto sustentable en el tiempo y, tema no menor, en democracia: no había –ni hay– ánimos para más discontinuidades, crisis ni muertos.

Así, en el periodo 1990-94, bajo la presidencia de Patricio Aylwin, se desarrolló un ambiente que hemos llamado el «balance del terror». Todos los bandos tenían sus misiles nucleares apuntados: los militares, constitucionalmente inamovibles, hacían «ejercicios de facto» para mostrar su presencia; los gremios empresariales podían retirar sus capitales fuera del país y suspender las inversiones; los gremios laborales, fuertemente reprimidos y postergados durante la dictadura, podían salir a la calle, al igual que aquellos cuyos derechos humanos habían sido violados durante el régimen militar.

La Concertación era y es un amplio abanico: abarca desde los izquierdistas nostálgicos del siglo XX, a los socialistas «renovados» cuya tendencia neoliberal es a veces extrema (los «alcohólicos reformados»). Incluye también a los demócratacristianos, algunos de los cuales fueron incluso redactores de «El Ladrillo», y a alguno que otro populista (como componente minoritario). El enorme mérito de esta variada coalición fue haber logrado transitar por estos 15 años sin desbarrancarse, recuperando la democracia sin que se disparara un tiro y con una tasa de crecimiento promedio que casi duplicó a la del gobierno militar. Gracias a ello, y en menor medida a la focalización del gasto público, los pobres y los indigentes se redujeron a menos de la mitad.

Al final de este periodo, como lo muestran las citas del comienzo de la nota, cristaliza en el país la situación del «consenso promisorio». En la recién concluida campaña presidencial que dio el triunfo a la postulante de la Concertación, Michelle Bachelet, todas las candidaturas hablaban de la solución de la desigualdad como su principal desafío; y ni siquiera los populistas de corazón se atrevían a cuestionar, al menos en público, la necesidad de respetar los equilibrios macroeconómicos. Tanto es así, que un miembro del Partido Comunista llegó a afirmar que «hay que convertir a Chile en Noruega». El Partido Socialista, por su parte, había ingresado en 1993 a la Internacional Socialdemócrata. En suma, el aroma a socialdemocracia permea el espectro político chileno.

Para resumir estas migraciones ideológicas de izquierdistas y derechistas en Chile, podría afirmarse que, en 1970, el país estaba fuertemente fracturado entre los defensores del viejo Estado-nación capitalista y aquellos que buscaban el viejo-Estado-nación socialista. En 1990, si bien persistían algunos admiradores de esos modelos, la derecha migró casi completamente hacia el «nuevo capitalismo americano», mientras que la izquierda se inclinó por el «nuevo capitalismo europeo». En 2005, ser admirador del viejo-Estado-nación (socialista o capitalista) es casi un descrédito. Los miembros de la actual coalición de oposición son una nube difusa, mayoritariamente inclinada por el capitalismo americano. La Concertación es una nube aún más difusa, partidaria del nuevo capitalismo europeo, aunque con algunos partidarios del capitalismo americano y otros del asiático.

Empresarios, izquierda, socialdemocracia y populismo

En los 90, los gremios empresariales jugaron un rol vital en la agenda pública chilena. Propusieron la importante Ley de Concesiones de Obras Públicas, participaron proactivamente en la Reforma Procesal Penal, colaboraron en el desarrollo de la «agenda digital», propusieron al gobierno una «agenda pro-crecimiento», lo acompañaron en la negociación de los inéditos Tratados de Libre Comercio (TLC) y propusieron importantes reformas del Estado, que fueron aprobadas.

Por otra parte, cabe destacar que Chile se encuentra a la vanguardia de la incorporación de inversión extranjera, que representa ya un stock de activos superior a 65% del PIB, el doble del promedio de países en desarrollo. La influencia que han tenido los empresarios extranjeros para «limpiar» las viejas actitudes oligárquicas de amplios sectores del empresariado chileno ha sido una clave importante para lograr el «consenso promisorio». A guisa de ejemplo, en Chile se aplica la encuesta internacional «Great Place to Work» (el mejor lugar para trabajar) a los empleados de muchas empresas: seis de las diez primeras del ránking son empresas de capital extranjero…

A partir de lo dicho, afirmaremos, con cierta heterodoxia, que la dicotomía izquierda-derecha parece algo anticuada, más propia del siglo XX, en su concepción tradicional: «pro-igualdad + pro-Estado» versus «pro-crecimiento + pro-mercado + desprecio por la igualdad». Esto no significa, desde luego, que las palabras «izquierda» y «derecha» no se vayan a seguir usando, pero creemos que irán mutando difusamente en sus sentidos, mientras que las políticas tipo capitalismo europeo socialdemocrático o asiático serán consideradas como de «izquierda» y las más afines al modelo americanista, de «derecha». Seguramente habrá por mucho tiempo izquierdistas marxistas y derechistas oligárquicos a la antigua: aunque por cierto respetables, sospechamos que irán desapareciendo con el correr de los años. Los populistas, en cambio, seguirán existiendo, bajo confusos camuflajes «izquierdistas» o «progresistas».

El discurso político pro-igualdad y la necesidad de un Estado que, si no grande, al menos sea sólido, estarán presentes probablemente en todas las corrientes, con bastante marketing de por medio y con mayores o menores grados de convicción y exigencia, según nos acerquemos a uno u otro lado de la borrosa línea divisoria entre «nueva izquierda» y «nueva derecha».

Otro eje, ortogonal al primero y que causará confusiones, es el de la «derecha valórica», asociada a conservadurismos religiosos, versus la «izquierda liberal». Seguramente veremos «izquierdistas en lo socioeconómico y conservadores en lo valórico» y «derechistas en lo socioeconómico y liberales en lo valórico». Así es la vida en el espacio de lo difuso y lo múltiple. Probablemente en este plano las disputas crecerán, especialmente en la católica, pero cada vez más protestante, Latinoamérica.

En suma, nuestra respuesta a la pregunta planteada en el título es que, si por «izquierda» entendemos a los admiradores del viejo Estado-nación socialista, entonces la convivencia con el empresario es evidentemente una quimera que va a morir en el intento. Si, en cambio, entendemos por «izquierda» cualquier sabor o mezcla de sabores de capitalismo europeo asiático o «liberalismo valórico», la convivencia es perfectamente posible. Así lo ha demostrado la experiencia chilena, aun cuando quede muchísimo camino por recorrer hacia mayores grados de equidad. Los empresarios de todos los sabores, especialmente los más grandes, en todos los países de la región, clamarán siempre por una reducción de impuestos y una migración hacia el sabor «americano» del capitalismo. La vieja ley hidráulica diría que el capital siempre fluye hacia la derecha, y eso se aplica tanto al concepto de derecha del viejo Estado-nación capitalista del siglo XX, como a los diferentes sabores de Estado-mercado del siglo XXI.

En Chile, los inversionistas extranjeros también defenderán el «americanismo», aun cuando en silencio mediten que la tasa tributaria es un paraíso comparada con la de sus países de origen. Sin embargo, el gran empresariado nacional y el extranjero comienzan a comprender que para sus propios intereses de largo plazo, un país cohesionado y equitativo es una oportunidad para todos.

Es una oportunidad para estas empresas, en primer lugar porque muchas de las que participan del proceso exportador deben seguir estándares mundiales, no solo técnicos sino sociales y medioambientales. El cliente extranjero o los potenciales socios visitan las plantas chilenas y traen las exigentes normas y culturas de sus países de origen. Si no se aplican dichos estándares, estas empresas pueden quedar literalmente fuera del mercado, aun cuando produzcan commodities.

En segundo lugar, las grandes empresas orientadas al mercado interno, como las de servicios públicos y grandes tiendas comerciales, entre otras, requieren, para seguir creciendo, la demanda masiva del ciudadano promedio. Son empresas orientadas preponderantemente a las clases medias y medias bajas. Por ese motivo, este tipo de empresas no verían con malos ojos una mejor distribución en favor del «factor trabajo» de la economía.

Las dos razones anteriores son más bien técnicas y económicas: los intereses de las empresas están alineados en el largo plazo, aunque sea parcialmente y en promedio, con los intereses de los trabajadores chilenos. Pero existe una tercera razón de carácter sociopolítico: las grandes empresas requieren que el modelo de economía de mercado sea social y políticamente legitimado, y están crecientemente disponibles para hacer su aporte. Requieren que el país funcione normalmente, sin protestas sociales, huelgas y disturbios, y que los representantes políticos sean convergentes con el modelo. Requieren «paz social» y gobernabilidad sustentable, condiciones que han estado especialmente presentes en Chile desde 1990. Las grandes inversiones ya realizadas y los negocios del futuro requieren un país que no sea «una bomba de tiempo», como dice el dirigente empresarial citado al principio de este artículo.

En conclusión, creemos que en América Latina las grandes empresas de capital nacional o extranjero se inclinarán naturalmente hacia el capitalismo «americanista», mientras que las pequeñas y medianas, en particular las innovadoras y modernas, aceptarán y aspirarán a un capitalismo más «europeo/asiático». Las PyMES atrasadas, sufriendo siempre, no se van a sentir incómodas en modelos «europeo/asiáticos», ni tampoco en experimentos populistas que en el corto plazo pueden rendir utilidades: a río revuelto, ganancia de pescadores. Aunque ojalá no se dé en Chile, ni se continúe dando en otros países de América Latina, la convivencia empresarios-populismo es factible en plazos cortos. Pero, a la larga, un modelo así termina por sucumbir y la armonía se acaba para todos: empresarios, trabajadores, desempleados y gobierno.

En el corto plazo, los desafíos, tanto para Chile como para América Latina, de combatir la inequidad, la exclusión y la mala calidad de la educación no podrán sino pasar por un aumento del volumen y la eficiencia del gasto público. En el largo plazo, la clave es mejorar la productividad de todos los sectores, privados y públicos. Para lograr esto, la convivencia, la armonía, la «conspiración» conjunta y el diálogo creativo de todos los sabores de empresariado con el gobierno, de la orientación que fuere, serán un factor crítico.

Esto último pasa de manera inevitable por la lenta, tediosa y aún incompleta transición ideológica de los distintos tipos de empresariado hacia el concepto de crecimiento con equidad y sin exclusión social. El día en que, independientemente del modelo económico, se considere inaceptable que el gerente general de una empresa gane en promedio 70 veces más que el encargado de limpieza, se habrá ganado en verdad la batalla por la equidad y el desarrollo.