Opinión

La difícil construcción de un nuevo orden mundial

Tarde o temprano, y del modo que sea, las instituciones terminan por reflejar los cambios en el paralelogramo del poder real. Es lo que sucede hoy en los organismos internacionales: el debate y las transformaciones en curso reconocen el ascenso de nuevas potencias económicas y políticas, y este reconocimiento se ha hecho explícito durante la cumbre del G-20 realizada en Pittsburgh el 24 y 25 de septiembre pasados.

La difícil construcción de un nuevo orden mundial

Tarde o temprano, y del modo que sea, las instituciones terminan por reflejar los cambios en el paralelogramo del poder real. Es lo que sucede hoy en los organismos internacionales: el debate y las transformaciones en curso reconocen el ascenso de nuevas potencias económicas y políticas, y este reconocimiento se ha hecho explícito durante la cumbre del G-20 realizada en Pittsburgh el 24 y 25 de septiembre pasados. Entre las decisiones más importantes tomadas en esta reunión aparece la de constituir al G-20 en el foro principal para la cooperación económica. De este modo, el viejo G-8 (conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) es reemplazado por un grupo que además admite a Australia, China, la India, Indonesia, Corea, Sudáfrica, Turquía y, de nuestra región, a Brasil, México y Argentina. También se suma un representante de la Unión Europea en su conjunto. El G-20 nació por impulso de los países del G-7 el 25 de septiembre de 1999 “como un grupo integrado por los ministros de Finanzas de sus países integrantes para el diálogo informal que lleve a un crecimiento global estable”. Sin embargo, su crecimiento en importancia relativa como foro se iniciaría en noviembre de 2008, cuando fue convocado en Washington como una reunión de jefes de Estado para coordinar las decisiones tendientes a enfrentar la gravísima crisis económica global desatada meses antes, por iniciativa de los primeros mandatarios de Francia y Reino Unido, Nicolas Sarkozy y Gordon Brown. El estallido de la burbuja de los créditos subprime, la caída de gigantes financieros en Estados Unidos y la sombra de una recesión en avance sobre la economía mundial presagiaban el advenimiento de una nueva reestructuración del sistema financiero internacional, similar a la que tuvo lugar en Bretton Woods. Lo que parecía quedar en duda era el mantenimiento de una economía mundial con un crecimiento alimentado por los cada vez mayores déficits de Estados Unidos, cubiertos por las compras de dólares y activos en dólares realizadas especialmente mediante el ahorro de los países asiáticos. Así, se tambaleaba toda la arquitectura de la globalización neoliberal basada en el enorme impulso a la inversión que fomentó el gran salto productivo de la revolución de las comunicaciones. Ese turbocapitalismo generó en los países centrales, y especialmente en Estados Unidos, una demanda cada vez mayor de productos provistos por los países asiáticos a precios bajos –que ayudarían a mantener a raya la inflación de las economías centrales–. El salto en la producción resultó también en una creciente sed de energía y commodities alimenticios. El crecimiento de una clase media en gigantes demográficos como China y la India estuvo acompañado de un aumento en el consumo de proteínas animales y, proporcionalmente, de la necesidad de alimento para el ganado, en especial soja, con la consecuente expansión de ese cultivo en países como Brasil y Argentina. En esos años, se pensaba que el peligro de crisis sistémicas como la de 1930 se había alejado para siempre, gracias a los incrementos de productividad y a la muñeca sabia y prudente de la Reserva Federal. El hecho clave de la crisis ha sido, en palabras de Daniel Heymann y Adrián Ramos, que no fue disparada por una reticencia del resto del mundo a seguir financiando a Estados Unidos (por el contrario, la demanda de deuda pública estadounidense siguió sostenida), sino que, más bien, “el proceso estuvo asociado a la revisión de expectativas sobre rendimiento de activos reales” (1) . En otras palabras, la crisis tuvo como resultado paradójico que, pese a haberse originado en una exuberante irracionalidad en el otorgamiento de créditos sin garantías de repago, especialmente en Estados Unidos, y haberse expandido de allí a todos los dispositivos de crédito y de inversión en los que ellos se apalancaban, los agentes económicos mundiales, públicos y privados siguieron considerando que los bonos del Tesoro estadounidense constituían el mejor refugio. Solo a medida que la crisis hizo su camino se fueron decidiendo los instrumentos monetarios y concretos para enfrentarla y se tomó conciencia de su fisonomía y probable alcance. Que la primera reunión del G-20 se haya realizado en Washington, con el presidente George W. Bush como anfitrión, cuando ya había sido elegido su sucesor Barack Obama, conspiró seguramente contra su alcance. Así, se limitó a dar una señal de que los líderes del mundo tomaban nota de la gravedad de la crisis y se comprometían a no caer en el proteccionismo y a coordinar políticas financieras. La reunión del G-20 del 2 de abril de 2009 en Londres corroboró lo que el presidente Obama había decidido en el plano interno al nombrar como los gerenciadores de la economía estadounidense a Tim Gersthein y a Larry Summer –dos activos funcionarios en el diseño e instauración de la globalización financiera–: que la salida de la crisis se haría por medio de un service a la economía global pero sin redefinir los fundamentos de su funcionamiento. En Londres, pese a los enfrentamientos previos en los que Francia y Alemania rechazaban la implementación de paquetes de estímulo y abogaban por una regulación estricta del sistema financiero, los países del G-20 decidieron que el FMI manejara la mayor parte de los 1,1 billones de dólares con que se amplió el presupuesto de los organismos internacionales. Se alejó así la posibilidad de un Bretton Woods II que había entusiasmado a Sarkozy y Brown en Washington, y terminaría de desecharse en la reunión del G-20 de Pittsburgh, ya con Barack Obama en uso pleno de su liderazgo. Estados Unidos avaló allí la solicitud de los BRIC (Brasil, Rusia, la India y China), que en una reunión previa habían acordado solicitar mayores cuotas de participación en los organismos internacionales, para reflejar la importancia de la participación de sus economías en el PIB mundial, y como condición para su contribución monetaria a los planes de estímulo. Además de acordar que el G-20 reemplazara al G-8 como foro económico global, los países miembros se comprometieron en Pittsburgh a elevar al menos a 5% la cuota de participación de los países emergentes en el directorio del FMI. La discusión sobre las reformas específicas quedaron para la reunión del FMI, pero los medios de comunicación se hicieron eco de las protestas de Francia, Alemania y Gran Bretaña por la intención adicional de Washington de reducir los directores de ese organismo de 24 a 20. Los países de Europa apoyaban la reforma del FMI, pero no a expensas de sus votos, e incluso habían considerado que Estados Unidos resignaría el poder de veto que tiene de hecho (ya que posee 17% de los votos y muchas de las decisiones del organismo necesitan de una supermayoría de más de 85%) (2). Sin embargo, el gobierno de Obama consideró que el mantenimiento de esa participación representaba ya una concesión importante, dado que el porcentaje se encuentra muy por debajo de la participación estadounidense en el PIB global. De este modo, los reacomodamientos en el tablero del poder mundial ganaron protagonismo a expensas de la relevancia y la necesidad de una nueva regulación financiera mundial, del control de los paraísos fiscales y de los auspicios de fundar las bases de una economía global sustentable y ecológica. La crisis representó una oportunidad para el sinceramiento institucional de los cambios en el nuevo tablero del poder mundial, pero esto no significa que los países emergentes pretendieran redefinir en profundidad el sistema que ha permitido su ascenso económico. Estos han demostrado la fortaleza de sus economías para resistir la recesión global e inclusive su capacidad para seguir creciendo, en fuerte contraste con la situación en la mayoría de los países desarrollados. Pero el colapso de las exportaciones, tanto de productos elaborados como de commodities, los ha golpeado con dureza y ha resultado un incentivo adicional para lanzarlos a jugar su papel de actores globales. Lo sucedido en la cumbre del G-20 de Pittsburgh brinda entonces algunas claves de lo que podría ser un nuevo orden mundial, cimentado sobre la base de un renovado “realismo estadounidense” y un cauteloso multilateralismo de los BRIC (especialmente China), que promete eclipsar el papel que ha tenido hasta el momento Europa. La redefinición del tablero mundial supone asimismo una redefinición de las alianzas dentro de América Latina. Brasil, como potencia dominante de la región y actor global por derecho propio, ha dado muestras de reconocer que su eventual liderazgo deberá ser construido sobre la base del apoyo de sus vecinos más importantes. De allí que haya rechazado la sustitución del G-20 por un G-14 conformado por los países del G-8 más Brasil, Sudáfrica, China, la India y México, a los que se sumaría Egipto. Por otra parte, a pocos días de finalizada la cumbre de Pittsburgh, el gobierno brasileño hizo saber que pediría en la próxima reunión del G-20 una silla en representación de los países que integran el G-24, entre ellos Venezuela, Irán, Pakistán, Perú, Filipinas y países africanos como Costa de Marfil, Gabón o Ghana, en abierta exploración de los límites del “nuevo realismo” de Estados Unidos –que Brasilia también ha puesto a prueba en su rechazo a la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia–. Se da entonces a escala global una situación que avala alianzas y conflictos diferentes según sean las cuestiones en pugna, lo que significa tanto una ampliación del menú de opciones para los países latinoamericanos como una etapa marcada por los vaivenes en política exterior. En definitiva, el futuro inmediato de las relaciones mundiales no parece darse en los términos de un mundo unipolar, dominado por una potencia hegemónica, o un mundo multipolar, con varias regiones en equilibrio mutuo; la dicotomía entre un universo o un pluriverso, como lo prefiguró Carl Schmitt (3) . Lo que enfrentamos, en cambio, es una creciente multidimensionalidad global, en donde conviven caóticamente diferentes situaciones sumamente fluidas. Situaciones que, más allá de la autoimpuesta retórica de la cooperación que demanda la tranquilidad de los mercados, implican esencialmente conflictividad. Aunque es imposible hablar de un renacer de la geopolítica, ya que bajo su reinado los Estados eran los protagonistas privilegiados –y hasta la guerra entre ellos se atenía a una juridicidad efectiva–, hoy se nos presenta el espectáculo de una globo-política, resultado inestable de interacciones complejas en las que participan Estados nacionales, organizaciones subestatales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y corporaciones globales. Sin embargo, es necesario tener muy en cuenta que el ingreso de la globalización en esta nueva fase opera en un mundo subdividido políticamente en territorios –fenómenos que todavía se denominan Estados– donde las ciudadanías nacionales hacen responsable de todo lo que les acontece a sus respectivos gobiernos, especialmente de las cuestiones negativas. En esta globo-política se vuelve clave el control de los recursos energéticos, de la producción de alimentos y del agua, lo que permite avisorar tanto la oportunidad de Latinoamérica para crecer y desarrollarse en la economía global, como los desafíos de toda índole que deberán enfrentar sus países.

(1) D. Heyman y A. Ramos: “Macroeconomía de la crisis internacional” en Leonardo Bleger et al.: Crisis global: una mirada desde el Sur. Origenes y enseñanzas del crac financiero, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009.

(2) V. por ejemplo Edward Luce: “Tensions over IMF threaten to mar G20” en Financial Times, 25/9/2009.

(3) El nomos de la tierra en el derecho de gentes del jus publicum europaeum, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979.

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