Opinión

La crisis brasileña y sus implicancias para los trabajadores

Si el proceso de impeachment se confirma en el tiempo, el resultado seráel mayor retroceso social vivido alguna vez en la historia del país.

La crisis brasileña y sus implicancias para los trabajadores

Brasil vive una profunda crisis política, con desenlace imprevisible. A pesar de los avances sociales de los últimos trece años en los gobiernos liderados por el Partido de los Trabajadores (PT) –destacándose la caída del desempleo, la elevación de los salarios, el retroceso histórico de la pobreza y de la desigualdad social-, principalmente a partir de las elecciones de 2014, se viene imponiendo una tendencia conservadora en el escenario político del país.

La apertura del proceso de impeachment, aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, con la suspensión del mandato de la presidenta Dilma por hasta 180 días hasta que el propio Senado juzgue su mérito, habiendo asumido el vicepresidente Temer interinamente, es hasta el momento el desenlace de este desplazamiento a la derecha en la política brasileña, acompañado de atropellos en el estado de derecho democrático.

En este contexto, nuevos y tradicionales actores disputan la definición de los acontecimientos. Los grandes medios y las organizaciones empresariales están entre los principales patrocinadores del impeachment. Nuevos grupos de extrema derecha han tenido destacada actuación en las redes sociales y en la organización de las protestas. Los tradicionales políticos de perfil clientelista que ahora dominan el Congreso Nacional –principalmente a partir de la articulación entre las bancadas ligadas a las fuerzas de seguridad, las iglesias evangélicas y el agronegocio- están en bloque a favor del impeachment. Jueces, procuradores, policías se han destacado por una postura alineada con la ola conservadora. El Partido Socialdemócrata Brasileño, de principal partido de oposición en la coalición que sustenta el gobierno Temer, se convirtió en fuerza secundaria.

Las centrales sindicales están divididas con relación al impeachment y a la evaluación de la crisis política. Entre las principales, mientras la Fuerza Sindical y la Unión General de Trabajadores (UGT) se posicionan claramente a favor, la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Central de Trabajadores del Brasil (CTB) estiman que el proceso de impeachment es un «golpe de estado» y que el gobierno interino es ilegítimo.

En cuanto al PT, junto con la CUT, la CTB y movimientos sociales, el proceso de resistencia al impeachment ha sido un factor de renovación de su capacidad de movilización. ¿Será esta reacción suficiente para revertir el movimiento conservador? En caso contrario, tendremos un ciclo con claras indicaciones de retrocesos políticos y sociales.


Neoliberalismo en la política económica


Los gobiernos del PT no alteraron sustancialmente los preceptos macroeconómicos que venían orientando los gobiernos anteriores, a ejemplo de los regímenes de metas de inflación y de cambio fluctuante y la generación prioritaria de superávits primarios teniendo en vista el pago de los intereses de la deuda pública. Entretanto, se implementaron medias (muchas veces en contradicción con tales preceptos) que, de un lado, reforzaron el papel del Estado en el fomento al desarrollo económico (con el Programa de Aceleración del Crecimiento, la revitalización de las empresas estatales, la adopción de políticas anticíclicas de estímulo a la economía, el incremento del mercado interno) y, por otro, colocaron en agenda la generación de empleo y la distribución de ingresos. Con esto, a pesar de los avances económicos y sociales, no se realizaron reformas estructurales (capaces de contraponerse a la histórica dinámica de concentración de riqueza), a ejemplo de las reformas agraria, urbana y fiscal.

Después de ser reelecta, bajo la profundización de las crisis política y económica, Dilma rompe con ese arreglo, priorizando el ajuste fiscal y el combate a la inflación y apostando al fin de las políticas anticíclicas, al recorte de las inversiones públicas, a la elevación de la tasa de interés y a la devaluación cambiaria. A pesar de haber conservado las políticas sociales, tales medidas repercutieron drásticamente en la tasa de ocupación y en los salarios, exacerbando la crisis política.

El gobierno interino, a su vez, se viene guiando por el documento «Puente para el Futuro», lanzado por el partido de Temer (PMDB) a fines de 2015, cuando ya buscaba diferenciarse del gobierno de Dilma. Entre lo anunciado y lo ya implementado se indican cuatro prioridades: profundizar el ajuste fiscal sobre la base de recortes de gastos (principalmente sociales y en las inversiones públicas) y eventual aumento de tributos, de modo de priorizar los servicios de la deuda pública; disminuir el tamaño del Estado y avanzar en una agenda radical de privatizaciones; atender las demandas corporativas de los segmentos que constituyen la base de apoyo político, esta última en flagrante contradicción con el discurso de austeridad fiscal. Esto porque, inmediatamente después de anunciar el primer paquete de medidas de ajuste fiscal, el gobierno obtuvo autorización de la Cámara para reajustar el salario de empleados del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo y para crear 14.000 cargos públicos, con impacto en el presupuesto calculado en decenas de miles de millones de reales.

En el capítulo privatizaciones, un objetivo prioritario apunta a Petrobrás (empresa estatal de petróleo) y a las inmensas reservas de petróleo recién descubiertas, situadas bajo una capa de sal de cerca de dos mil metros de profundidad, denominadas por eso reservas de Presal. Hasta 2010 rigió un régimen de concesión en la explotación del petróeleo en el país (previendo que el producto extraído es de propiedad del concesionario, pagando por eso participaciones al estado). A partir de entonces, con los descubrimientos del Presal, el gobierno obtuvo autorización del Congreso para instaurar el régimen de repartición para las reservas descubiertas a partir de allí (siendo el Estado el propietario del petróleo extraído y cabiendo a la empresa responsable un porcentual de los resultados obtenidos). El gobierno interino defiende la adopción del régimen de concesión también para el Presal. En esa línea, el Senado terminó de aprobar la propuesta retirando de Petrobrás la exclusividad de la explotación de tales reservas y la obligación de tener que participar de por lo menos el 30% de las inversiones. El proyecto será analizado ahora por la Cámara.


Retroceso en la política social


En el área social, entre los objetivos prioritarios del gobierno interino están los derechos sociales inscriptos en la Constitución de 1988, los derechos laborales previstos en la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT) y los programas sociales implementados por los gobiernos del PT.

Una de las medidas más contundentes se refiere a la desvinculación presupuestaria de los recursos destinados por la Constitución de 1988 para la salud y la educación. En la salud, podrá inviabilizar el Sistema Único de Salud, de acceso universal. En la educación, favorecerá su privatización. A eso se asocia una nueva reforma de la previsión, apuntando a la desindexación de los beneficios previsionales con relación a los rejustes del salario mínimo y la ampliación de la edad mínima para acceder al beneficio.

En otro frente, se anhela el fin de la política de valorización del salario mínimo, nacida en 2004 de un acuerdo entre el gobierno y las centrales sindicales. El valor del salario mínimo empezó a ser reajustado anualmente por encima de la inflación, implicando ganancias reales. En cuanto al Programa Bolsa Familia, con 14 millones de familias beneficiadas, que cubre el 97% de los ciudadanos considerados por debajo de la línea de pobreza, un estudio de la Fundación Perseu Abramo («Los impactos del Plan Temer en las políticas sociales») calcula que la cobertura caerá hacia cerca del 24%. ¡Una reducción drástica!

En el ítem legislación laboral, el santo y seña es «flexibilización». Los principales cambios tramitan en forma de proyectos de ley. Se destacan: la liberalización de la tercerización en toda la economía, minando los efectos protectores de la CLT (ya aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley se encuentra en trámite en el Senado); la prevalencia de las negociaciones colectivas (convenciones o acuerdos) sobre las garantías legales; la reducción de la edad para el inicio de la actividad laboral de los 16 a los 14 años; negociaciones directas entre trabajadores y empleadores sin la intermediación de los sindicatos; la reducción de la jornada de trabajo con reducción de salarios; la alteración de la definición de «trabajo esclavo», que ya no considera en esa categoría a la jornada agotadora y al trabajo degradante.

Todavía circulan propuestas de reducción de la mayoría de edad penal, aumento del tiempo de internación de adolescentes en el sistema socioeducativo, retrocesos en el tema del aborto, del control de armas y de los derechos de ciudadanía de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales (LGBT).

Si el impeachment se sostiene en el tiempo, esto que ya se consubstancia con un retroceso político, dará como resultado el mayor retroceso social vivido alguna vez en la historia del país.

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