Coyuntura

La candidatura de Rigoberta Menchú y los desafíos del próximo gobierno

La decisión de la líder indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú de lanzar su candidatura presidencial para las elecciones del 9 de septiembre en Guatemala sacudió el panorama político. Aunque las encuestas la ubican en cuarto lugar, su postulación tiene posibilidades de ascender, quitándole votos al favorito, el centrista Álvaro Colom. Cualquiera sea el resultado, el próximo presidente deberá enfrentar los desafíos de reducir la pobreza, combatir el crimen organizado y el narcotráfico y avanzar en políticas de inclusión de los pueblos indígenas, todo esto en el contexto de un Estado débil y un sistema político fragmentado.

La candidatura de Rigoberta Menchú y los desafíos del próximo gobierno

Partidos débiles en un contexto de alta fragmentación

El 9 de septiembre de 2007 se realizarán los comicios generales en Guatemala, en los que se elegirá, además de presidente y vicepresidente, 158 diputados nacionales, 20 diputados del Parlamento Centroamericano y 332 gobernantes municipales. Con sus trece millones de habitantes y sus profundos problemas sin respuesta, Guatemala espera con expectativa a las nuevas autoridades. Según el Tribunal Supremo Electoral, están habilitados a competir 19 partidos que cumplieron el requisito legal de obtener al menos 4% de los votos en las últimas elecciones presidenciales o que cuentan con una banca en el Congreso, a los que se suman dos partidos de reciente inscripción. En este amplio espectro político, las principales fuerzas se ubican de la siguiente manera:

La izquierda ofrece cuatro alternativas: la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la Alianza Nueva Nación (ANN), la coalición entre Encuentro por Guatemala y el Grupo Winaq, y el Partido Transparencia. Como se ve, la izquierda sufre una profunda división, resultado de las disputas por el liderazgo y los diferentes enfoques del pasado acerca de la lucha revolucionaria. Aunque en las elecciones presidenciales de 2003 la izquierda solo obtuvo 2,6% de los votos, hoy existe una importante expectativa como consecuencia de la alianza entre el partido Encuentro por Guatemala, encabezado por la luchadora social y actual diputada Nineth Montenegro, y el Grupo Winaq, que dirige Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992.

En el centro político, además de algunas fuerzas menores, se sitúa la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que hoy aparece primera en las encuestas. Aunque se considera afín a la corriente socialdemócrata, no es un partido ideológicamente coherente e incluye en su seno diversas expresiones de pensamiento político.

En la derecha se ubica el Partido Patriota (PP), una organización articulada alrededor de la figura de su máximo líder, el general retirado Otto Pérez Molina, quien construyó una sólida carrera militar durante la guerra interna que vivió el país. En este sector se sitúan también el Frente Republicano Guatemalteco, liderado por el octogenario general retirado Efraín Ríos Montt, y el actual partido en el gobierno, la Gran Alianza Nacional (GANA). Salvo el PP, estas fuerzas políticas representan a distintos sectores del poder económico y revelan, al igual que la izquierda, un enorme fraccionamiento.

Más allá de sus diferencias, todos los partidos tienen en común una debilidad orgánica y programática. En el primer aspecto, lo más notable es que ninguno ha logrado dejar de funcionar alrededor de un caudillo, y que todos se han visto afectados, en un momento u otro, por el hecho de que uno o más de sus diputados lo han abandonado para incorporarse a otro partido o declararse independientes. Desde enero de 2004 hasta hoy, al menos la mitad de los 158 diputados ha protagonizado algún caso de transfuguismo.

En lo programático, ningún partido político parece contar con la capacidad suficiente ni el apoyo necesario para encarar la compleja realidad del país. Los discursos electorales se centran en la necesidad de mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana, además de combatir la pobreza. Sin embargo, los candidatos no dicen cómo lograrán mejorar la capacidad financiera e institucional del Estado, condición necesaria para avanzar en estos temas pendientes, ni aclaran cómo harán para mejorar la recaudación tributaria sin sensibilizar a los empresarios que los financian. En concreto, la influencia de los poderes fácticos, incluido el crimen organizado, genera una agenda política clientelar y poco relacionada con las necesidades más urgentes del desarrollo.

Los desafíos del futuro gobierno

La debilidad del Estado de Guatemala pone al futuro gobierno frente a una serie de desafíos difíciles. En primer lugar, el presupuesto no alcanza para atender las necesidades de las regiones y los sectores sociales más castigados debido a un gasto público muy reducido, que entre 2001 y 2006 fue de apenas 13,2% del PIB. De igual forma, en el mismo periodo el gasto social ampliado –que incluye salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, trabajo y previsión social, cultura y deportes, ciencia y tecnología, desarrollo urbano y rural, medio ambiente y otros servicios sociales– solo alcanzó un promedio de 6,5% del PIB. El gasto social prioritario –aquel destinado a salud, educación, vivienda y agua y saneamiento– fue de apenas 3,7%.

Estos insuficientes niveles de gasto público se explican por la baja carga tributaria, que en los últimos seis años solo alcanzó entre 10% y 11% del PIB. El deterioro impositivo es consecuencia, en parte, de la alta evasión fiscal. Un estudio de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, denominado «Evaluación del desempeño del sistema tributario de Guatemala», reveló que la tasa de cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasó de 46% en 2000 a 41,7% en 2003. En este último año, 58,3% del IVA potencial no llegó a las arcas del Estado. En el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), su recaudación en 2001 fue más baja que en cualquier otro país de América Latina.

Con este pobre desempeño fiscal, el Estado enfrenta graves dificultades para resolver los déficits sociales y de infraestructura. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, hacia finales de 2006 Guatemala tenía 13 millones de habitantes, de los cuales, según la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, 56% se encontraba en estado de pobreza y 16% en situación de pobreza extrema. Uno de los grandes desafíos del futuro gobierno consistirá, por lo tanto, en incrementar el gasto público para mejorar esta situación de marcada precariedad social. Las capacidades del Estado se encuentran muy disminuidas. Desde mediados de los 90, las privatizaciones, la liberación del mercado con una frágil regulación y la apertura económica, inducidas tanto por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como por el poder económico local, definieron un Estado incapaz de enfrentar con éxito los desafíos actuales. Así, el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional –donde 0 representa alta corrupción y 10 ausencia de corrupción– se situó en 2,6 en 2006. Asimismo, un estudio promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «Diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil: resultados del análisis por subsistemas», realizado en marzo de 2005, calificó al servicio civil guatemalteco con 1 en una escala de 1 a 5.