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La ambigua relación de los políticos con el dinero

La relación de los políticos con el dinero es ambigua. Sin embargo, el problema no es esta relación sino su lado oscuro: los recursos obtenidos de manera ilegal a través de múltiples vías. El artículo analiza las lógicas que guían esta dinámica –desde la lógica del político que recibe dinero hasta la del donante– y sus efectos sobre la democracia: la pérdida general de confianza y la sensación de que no es la sociedad, sino una minoría privilegiada, la que decide los asuntos públicos. Finalmente, propone una serie de estrategias para enfrentar el problema, desde el fortalecimiento del Poder Judicial hasta el control de los paraísos fiscales.

La ambigua relación de los políticos con el dinero

A pesar del aparente desapego de los políticos por el dinero, en la vida real no se puede hacer política sin dinero… ajeno. En efecto, sin recursos financieros no existirían los partidos o las agrupaciones políticas y los políticos no tendrían posibilidades de convertirse en opciones de poder a través de las vías electorales. Para atender estas necesidades económicas, la democracia ha venido afinando en las últimas décadas una serie de mecanismos legales de captación, utilización de recursos y rendición de cuentas.

Sin embargo, en América Latina el grueso de los recursos que se destinan a la intermediación política se canaliza a través de un sinnúmero de instituciones informales que se utilizan con frecuencia para violar la legalidad. Esto genera efectos devastadores para la democracia, al vaciar de sentido dos de sus principios fundamentales: el de la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y el de la pluralidad de ideas y alternativas para los electores. El efecto sobre los políticos también es grave cuando estos traicionan la confianza de sus votantes, convirtiéndose en «vividores de la política», como paradójicamente los calificó José María Aznar1.

Pero ¿qué es lo que está en el fondo de todo esto? El eterno problema de cómo controlar al poder, que con frecuencia considera que la misión superior de gobernar, la pervivencia de la democracia y la llamada «razón de Estado» están por encima de todo, incluso de la moral y de los controles.

Como si esto fuera poco, una característica particular de América Latina hace aún más confusa la relación entre los políticos y el dinero: se trata de la marcada tendencia de algunos líderes a apropiarse del poder político, deformación que les hace creer y actuar como propietarios del Estado y de sus bienes, en lugar de conducirse como delegatarios enmarcados en la temporalidad del poder, que los obliga a cumplir con un mandato específico. Es allí donde nacen esas «indelicadezas financieras» que hacen que el relacionamiento entre los políticos y el dinero genere discordia popular, alimentando de razones la desafección ciudadana por la democracia y sus operadores.

A favor de esa ilegalidad actúan, además, la preocupante laxitud moral de algunos políticos, jueces y muchos ciudadanos ávidos de dineros fáciles, los costos cada vez más altos de las campañas electorales y el importante rol que desempeña el Estado en la actividad económica de muchos países. Todo esto ha agudizado la dependencia de los políticos con respecto al dinero de los donantes, y de los donantes respecto del dinero que manejan los políticos2.

Este artículo, que busca colocar en perspectiva el costado ilegal de la relación entre los políticos y el dinero en América Latina, sostiene que la actual prevaricación continuará mientras no se produzcan cambios radicales, sobre todo en la complacencia de los paraísos bancarios y fiscales y en la actitud permisiva de las autoridades financieras de los países desarrollados hacia los dineros políticamente contaminados, dineros que encuentran cobijo y fácilmente se insertan en los torrentes financieros de esos países y se diluyen, hallando, de esta manera, un refugio seguro que garantiza a los infractores el disfrute de esos beneficios.

El punto de encuentro entre los políticos y el dinero no es ilegal per se. Hay numerosos casos de políticos intachables e incluso hay algunos que se autofinancian3. Sin embargo, son demasiados los escándalos originados en esta relación, escándalos incentivados por una serie de facilidades (en su sentido más amplio4) que, mal interpretadas y peor aplicadas, los llevan a transgredir la línea de la legalidad normativa –que no la ética–, la mayoría de las veces sin remordimientos ni sanciones reales que los disuadan. Pero, reconociendo lo nefasto de esas irregularidades, sería un error, con negativas consecuencias para la democracia, criminalizar ab initio las relaciones entre los políticos y el dinero. Hacerlo implica arrastrarlas a la ilegalidad, estigmatizarlas y prohibirlas, condicionándolas y pervirtiéndolas sin remedio.

No es el objeto de este artículo formular comparaciones entre países, porque solo conducen a generalizaciones, ni ofrecer métodos para cuantificar montos o porcentajes de dineros legales e ilegales. Es un cálculo imposible y, por lo aventurado, irresponsable. Pero hay que reconocer que, con peligros como los dineros oportunistas y fáciles de la droga, su volumen puede ser muy significativo.

El dinero, la política y los políticos

El dinero relacionado con los operadores políticos tiene dos orígenes fundamentales: el proveniente del Estado y el que proviene de las donaciones políticas –para el funcionamiento de partidos, para campañas electorales y para think tanks–.

En el caso de las donaciones políticas legales, tanto públicas como privadas, que comprenden el financiamiento de los partidos políticos y el de las campañas electorales, hay una abultada legislación y doctrina5 que las regula. Como en principio están exentas de ambigüedad, solo serán tratadas de manera referencial en este texto6. En adelante nos ocuparemos fundamentalmente del dinero ilegal de los políticos o dinero políticamente contaminado, al que podríamos definir como todo beneficio7 indebido obtenido por los políticos a través de su intermediación o gestión pública8. Es evidente que en el origen del problema que nos ocupa se encuentra el constante encuentro entre los políticos y el dinero. Hay momentos particularmente críticos para la legalidad. En primer lugar las campañas electorales, durante las cuales la urgencia por recursos de toda índole desafortunadamente deja relegada a una posición subalterna cualquier otra consideración. Las segundas vueltas o balotajes abren mayores oportunidades para la ilegalidad ya que, para ese momento, los candidatos y su maquinaria generalmente han agotado sus finanzas; ante la perspectiva de un acceso pronto al poder no hay dinero o apoyo que rechacen.

Posteriormente, bien sea en funciones de gobierno, de oposición o desde un cargo partidario permanente, los políticos se encuentran inmersos en la complicada dinámica de asignación de recursos y aprobación de políticas públicas, caracterizada por enmarañadas negociaciones que requieren del manejo de una serie de incentivos, en las que el dinero y los beneficios funcionan como ejes articuladores. Durante este periodo, algunos políticos buscan también hacer algunos «ahorros especiales» que les sirvan de «piso» para su futuro.

  • 1. Aznar utilizó esta expresión en una clase inaugural como catedrático de Ética Pública en la Universidad de Murcia, una designación que levantó no pocas críticas en medio del escándalo por dudosos manejos en su propio partido. «Aznar exige a los políticos más que presunción de inocencia» en diariovasco.com, 10/11/2009, www.diariovasco.com/20091110/politica/aznar-exige-politicos-presuncion-20091110.html.
  • 2. Vale la pena aclarar que la solución del adelgazamiento forzado del Estado mediante terapias intensivas de privatizaciones ha sido contraproducente para enfrentar las incorrecciones en la administración pública.
  • 3. Son muy contados casos, como el del actual alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien, según la cnn (4/11/2009), ha gastado más de us$ 100 millones en su reciente campaña.
  • 4. Esto quiere decir prácticas, ambiciones, lagunas legislativas, etc.
  • 5. Para mayor información, v. Daniel Zovatto: Dinero y política en América Latina: una visión comparada, idea Internacional, Lima, 2003.
  • 6. Entendemos por legales aquellos dineros que ingresan en el torrente político por vía legítima, donaciones para ser utilizadas para los fines legalmente establecidos, así como aquellos que administran los políticos en función de gobierno respetando la normativa y siguiendo el criterio del bien público. De ambos deben rendirse cuentas. Salvo el que les corresponde por salarios oficiales, ese dinero no queda en manos de actores políticos o terceros.
  • 7. Entendemos por beneficio la donación, obsequio, cesión, pago de tiempo en medios de comunicación, servicios sin costo, ventajas, acciones, opciones y demás títulos financieros, condonación de deuda, tarjetas de crédito pagadas, préstamos sin retorno, préstamos-acciones, facilidades bien inmueble, deferencias para halagar la satisfacción de gustos o caprichos más o menos extravagantes de los servidores públicos, efectivo, asignaciones, estipendios, ventajas crediticias, anulación de compromisos financieros. En general, entendemos por beneficio todo aquello que reciben o se les entrega a los políticos o a sus intermediarios por su condición o funciones políticas o públicas, salvo su remuneración oficial y pública (para evitar incluir algunas «compensaciones» que son ilegales pero que provienen de partidas secretas).
  • 8. Se incluye en este grupo a una serie de políticos que, habiendo llegado a los más altos cargos partidarios, nunca han ejercido ningún cargo público, pero tienen de hecho una influencia que los hace más poderosos que los más altos cargos del aparato estatal.