Opinión

¿El fin del fujimorismo?

Keiko Fujimori se encuentra en prisión preventiva por una causa que la involucra en el caso Odebrecht. Continuadora de los legados de su padre, el ex-presidente Alberto Fujimori, Keiko parece haber caído en desgracia. Sin embargo, el poder de su espacio político está lejos de haberse desactivado. Las redes de una vieja corporación política siguen activas en Perú.

¿El fin del fujimorismo?

Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, está en prisión preventiva desde fines de octubre en el marco de una investigación fiscal por lavado de activos. La hija del ex-presidente Alberto Fujimori habría recibido 1.200.000 dólares de la contabilidad paralela de Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011. Además, otros seis fujimoristas –sus principales asesores y falsos aportantes– cumplen órdenes de arresto por tres años, pero los abogados las han apelado y un par de ellos ha escapado. Sin embargo, el fujimorismo como agrupación política y como seña de identidad no se ha terminado. Los fujimoristas influyen en diversas esferas del poder en Perú, pero esto podría variar en unos años.

Fuerza Popular es la formación política que, contando con mayoría parlamentaria, en julio de 2016 le declaró la guerra al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y le impidió gobernar. Luego hizo lo mismo con su sucesor Martín Vizcarra, quien asumió en marzo de este año tras la dimisión de Kuczynski .

En el Congreso, el fujimorismo mantiene su poder, tanto en la Mesa Directiva –que decide qué proyectos e informes entran en la agenda– como en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. En ese grupo de trabajo, la oposición ha archivado denuncias por infracción constitucional contra varios congresistas «keikistas», como Héctor Becerril. Pero además bloquea, ya por cinco meses, los informes y debates de acusación constitucional del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry; de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y de otros jueces y fiscales a quienes se les debería retirar el fuero para que fueran investigados penalmente por su pertenencia a la red de corrupción del sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto.

La prensa y un fiscal provincial han revelado nexos entre la lideresa del fujimorismo y miembros de su partido con esa red de corrupción que dirigió un juez supremo recientemente destituido, César Hinostroza. En marzo de este año, la hija mayor de Alberto Fujimori consultó con ese magistrado un pedido de casación (revisión) que él tendría a su cargo en la Corte Suprema: la ex-candidata presidencial quería evitar que la investigación fiscal por los fondos ilícitos de su campaña en 2011 continuara bajo la Ley de Crimen Organizado, que extiende los tiempos de pesquisa.

Sin embargo, la acumulación de las revelaciones de corrupción en el sistema de justicia –basadas en audios de conversaciones entre fiscales, jueces, empresarios, consejeros de la Magistratura y políticos– generó una gran indignación pública, expresada en las calles y en las encuestas, y así el presidente Vizcarra decidió sumarse al mensaje anticorrupción. Convocó al Congreso para que debata la suspensión de los corruptos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que colocaban, removían o ratificaban jueces de acuerdo con la conveniencia de la mafia comandada por Hinostroza.

Luego, también por la presión ciudadana, el Legislativo tuvo que votar por la destitución de ese magistrado y el levantamiento del fuero. Pocos días después, pese a que estaba vigente una orden de impedimento de salida del país, Hinostroza escapó de Perú por la frontera norte gracias a una funcionaria de Migraciones vinculada a un congresista fujimorista. Hoy está detenido en Madrid, donde ha solicitado asilo. Perú ha tramitado su extradición.

Antes de que Keiko Fujimori fuera detenida prisión, el medio IDL-Reporteros reveló sus conversaciones en Telegram con miembros del comité político de su partido, que son además integrantes de la bancada fujimorista en el Congreso. En uno de los mensajes, ordenaba respaldar y blindar al fiscal general Chávarry –pese a los pedidos de las juntas de fiscales, líderes de opinión y la calle de que dejara el cargo por su aparición en los audios de la corrupción–. Una de las parlamentarias fujimoristas añadía que la permanencia de Chávarry era «una cuestión de supervivencia», y así sigue siendo.

Si el fujimorismo no tramita las cuatro denuncias constitucionales contra el fiscal general, este se mantendrá en el puesto. Y el procurador anticorrupción y el presidente del Poder Judicial reclaman que más de una docena de jueces y fiscales vinculados a los Cuellos Blancos del Puerto siguen en sus oficinas: ya sea porque el fiscal general no los suspende o porque el Parlamento no debate las denuncias por infracción constitucional.

Otras esferas de poder

El fujimorismo no solo sigue obstaculizando la lucha anticorrupción en el Parlamento y en la cabeza del Ministerio Público. Dos directores del Banco Central de Reserva del Perú pertenecen a ese sector político: uno de ellos, José Chlimper, fue ministro del Gobierno de Alberto Fujimori y luego jefe de campaña de Keiko Fujimori y, después, secretario general de Fuerza Popular.

En octubre, el fiscal que investiga a Keiko Fujimori por blanqueo de capitales reveló en una audiencia que Chlimper entregó, en la campaña electoral de 2011, 210.000 dólares en efectivo a la principal radio noticiosa de Perú –con la que existía una deuda por publicidad– para que volviera a emitir los spots de Fuerza 2011. La hipótesis del fiscal de lavado de activos es que esos fondos podrían ser parte de la suma de 1.200.000 dólares de la contabilidad paralela de Odebrecht o caja dos entregada en 2011.

Luego de la revelación, Chlimper renunció al cargo de secretario general del partido. Cabe recordar que asumió esa función en 2016, en reemplazo del financista fujimorista Joaquín Ramírez, debido a que un reportaje reveló que este era investigado por la DEA. El presidente del Banco Central, sin embargo, no se ha incomodado con el hecho de que el director del ente que fija la política monetaria del país haya hecho una transacción irregular por ese monto en efectivo. Solo a mediados de noviembre sugirió que Chlimper tendrá que esclarecer lo ocurrido.

Por otro lado, el presidente del principal gremio empresarial, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), cuestionó las órdenes de detención preliminar en el marco de la investigación por lavado de activos. «Por supuesto que me pronuncio en contra de la prisión preventiva de Keiko y de todos los señores que están siendo enjuiciados», comentó en una entrevista en televisión a inicios de noviembre.

Roque Benavides dijo que hay otras medidas, como los grilletes electrónicos, para evitar un riesgo de fuga, pero no tomó en cuenta que el fiscal solicitó la prisión preventiva para evitar el riesgo procesal, es decir, la desaparición de más pruebas, la intimidación de más testigos o la coordinación de versiones entre los imputados. Benavides fue también el presidente de ese gremio en la década de 1990 y tuvo una excelente relación con el autócrata Fujimori.

Aunque esta columna no agota todos los espacios donde el fujimorismo aún despliega su poder, otros actores importantes están en los medios de comunicación y en sectores conservadores del catolicismo y de los evangélicos.

El principal diario capitalino, El Comercio, es dirigido por un economista que simpatiza abiertamente con Fuerza Popular y con Keiko Fujimori. En la principal radio de noticias, la que recibió los miles de dólares en efectivo en 2011, varios de los principales conductores de programas periodísticos critican a los fiscales que investigan a Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos y suelen desinformar acerca de los hechos relacionados con la pesquisa. Es común que, cuando piden al público llamar por teléfono para que opine sobre los hechos del día, corten más rápidamente la comunicación con un antifujimorista. En televisión abierta y de cable, ATV opera como el espacio más leal a los fujimoristas y a sus abogados, aunque en Frecuencia Latina también hay periodistas que privilegian los intereses del «keikismo» o del «albertismo», según la coyuntura.

Fuerza Popular vive un momento de emergencia, con la lideresa en prisión, mientras sus decenas de congresistas transitan entre el ejercicio autoritario del poder que les queda y el pedido de diálogo con el Ejecutivo. En diciembre, un referéndum propuesto por Vizcarra puede acabar con la reelección de congresistas y es posible entonces que tales rostros del fujimorismo no reaparezcan en la Plaza Bolívar de Lima, pero quizá se reinventen en otras funciones o vientres de alquiler en los próximos años.

El que no se podrá reinventar es el ex-presidente aprista Alan García, de quien hay pruebas de pagos que recibió de la contabilidad paralela de Odebrecht tan pronto dejó el cargo en 2012. El político era investigado por tráfico de influencias, pero a raíz de nueva documentación entregada por la constructora brasileña, el fiscal Pérez amplió la pesquisa a cohecho y lavado de activos y por ello pidió una orden de arraigo en Perú, ya que el líder del Partido Aprista vive en Madrid. El juez la otorgó; García dijo que no era un castigo quedarse en su país para aportar «contrapruebas», pero cinco horas después pidió asilo en la Embajada de Uruguay en Lima. Desde el domingo 18 de noviembre, ciudadanos van cada día a manifestarse contra el otorgamiento del asilo. García pidió en 1992 asilo en Colombia, cuando enfrentó cargos por corrupción durante su primer gobierno. Volvió a Perú cuando estos prescribieron en 2001. Uno de los libros más vendidos en el país se llama Historia de la corrupción, de Alfonso Quiroz; no solo lo citan los jueces en sus resoluciones, sino que los manifestantes lo muestran afuera de la residencia diplomática uruguaya.

Keiko Fujimori y García se suman así a otros políticos investigados por sus tratos ilegales con Odebrecht: Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Pedro Pablo Kuczynski.