Entrevista

¿Justicia para represores y genocidas?

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de otorgar beneficios judiciales a genocidas y represores de la última dictadura militar generó una respuesta social sin precedentes. Luciana Bertoia, periodista especializada en derechos humanos, explica las claves de la decisión judicial y la posición política del gobierno argentino.

¿Justicia para represores y genocidas?

La decisión de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de otorgar el llamado beneficio de «2x1» (es decir, de computar el doble los años de prisión preventiva) a genocidas y represores de la última dictadura militar generó una importante polémica que tiene repercusiones en los debates sobre derechos humanos de la región. ¿Cuál es exactamente la situación judicial actual de los represores y que podría suceder en el futuro si se sostiene la decisión judicial?

En caso de mantenerse la decisión, muchos otros represores estarían en condiciones de obtener una libertad anticipada. Desde una lectura restrictiva del fallo Muiña, el Ministerio de Justicia de la Nación estima que unos 40 represores podrían correr la misma suerte que el represor del Hospital Posadas. La Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal estira ese número hasta 278. Actualmente hay poco más de 300 represores alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y unos 520 en prisión domiciliaria, que es muchas veces violada por los propios beneficiarios por las dificultades que tiene el propio Poder Judicial para controlarla. Por otro lado, no es un dato menor que el 2x1 es posible por la extensión de la prisión preventiva. En otras palabras, existe este beneficio por la demora en la que incurren los tribunales a la hora de juzgar los crímenes y de confirmar las sentencias. Los tribunales aparecen como el generador del problema y a la hora de buscar una solución lo hacen dañando el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas. La revisión y confirmación de sentencias es un reclamo de larga data de los organismos de derechos humanos, desoído por la propia Corte Suprema y por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. A esto hay que sumarle que los juicios se han ralentizado: no hay audiencias o son espaciadas. Por ejemplo, el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) lleva ya casi cinco años: se mueren las víctimas y los familiares sin obtener justicia, y también se mueren los imputados. Hay otros juicios que se aplazan casi eternamente, como el de los directivos de la automotriz Ford. El nombramiento de jueces y la búsqueda de lugares para la realización de las audiencias es también responsabilidad de órganos mixtos, como el Consejo de la Magistratura, de mayoría oficialista.

Entre los represores y genocidas que pueden gozar de ese beneficio, ¿cuáles son los casos más polémicos y los que causan más alarma social? ¿Por qué delitos han sido condenados?

El gobierno deslizó que uno de los posibles beneficiados en Julio Simón, conocido como el «Turco Julián», un represor que operó en lo que fue el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Fue justamente en el caso de Simón cuando la Corte Suprema declaró en 2005 la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían el juzgamiento de crímenes de la dictadura. El «Turco Julián» desfilaba por programas televisivos en los años 90 haciendo gala de sus crímenes. Lo recuerdan por su antisemitismo y en el juicio de 2006 se probó su ensañamiento contra José Poblete, un joven militante que había sufrido un accidente y había perdido sus piernas.

Simón no es el único. Entre los posibles beneficiados aparecen los integrantes de la patota de la ESMA. Alfredo Astiz –conocido por infiltrarse entre los grupos de familiares de desaparecidos para desaparecer a tres Madres y a las monjas francesas, por secuestrar a la adolescente sueca Dagmar Hagelin, entre otros crímenes– podría recibir el 2x1. Lo mismo que Jorge «Tigre» Acosta, el jefe del grupo de tareas de la ESMA, por donde pasaron alrededor de 5.000 prisioneros. Dentro de una lista que confeccionó el Servicio Penitenciario también aparece Miguel Osvaldo Etchecolatz, el número dos en la represión en la provincia de Buenos Aires. No es un dato menor que mientras se lo juzgaba a Etchecolatz, desapareciera el testigo y querellante Jorge Julio López. Su ausencia es investigada como una desaparición forzada. En varias oportunidades se lo vio a Etchecolatz amenazando a jueces y abogados. En 2014, su cinismo llegó a extremos inconcebibles: exhibía en la sentencia por los crímenes cometidos en La Cacha un papelito en el que se podía leer «Jorge Julio López».

¿Existen grietas en la justicia? ¿Hay tribunales que se hayan opuesto a la aplicación de esta medida?

En realidad, el fallo dejó a la Corte en una situación de falta de legitimidad frente a los tribunales inferiores. Hasta ahora no hubo tribunal que liberara a represores invocando el fallo Muiña. De hecho, en sus rechazos los tribunales dijeron que se trataba de un fallo en contradicción con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. Informalmente, los jueces hicieron saber que no estaban dispuestos a volver efectivo ese fallo y cargar con el mismo repudio social que los ministros del máximo tribunal.

Distintas voces señalaron que el gobierno de Mauricio Macri fue modificando paulatinamente su posición, luego de las manifestaciones populares de repudio a la decisión judicial. ¿Cuál es la perspectiva del actual gobierno argentino en materia de derechos humanos, específicamente en lo concerniente a los juicios por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura argentina? ¿Existen diferencias dentro del gobierno argentino?

Las diferencias son claras: el anterior gobierno promovió una reforma de la Corte Suprema que permitiera declarar la nulidad de las leyes que impedían el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura y también dio pelea ante las resistencias judiciales a llevar a cabo estos procesos, como sucedió en 2007 con la Cámara Federal de Casación. La postura de Mauricio Macri, en cambio, fue decir que no iba a interferir con la acción de la Justicia. Lo que sí hizo fue desmantelar áreas que contribuían a los juicios, como la de relevamiento documental del Ministerio de Seguridad, que había sido creada a pedido de los propios jueces que intervienen en casos de lesa humanidad.

Sobre la movilización del 10 de mayo, en la que miles de ciudadanos argentinos salieron a las calles a repudiar el fallo de la Corte Suprema acompañando a los organismos de Derechos Humanos y argumentando que no desean ver en las calles a quienes torturaron y mataron durante la dictadura, ¿qué valoración hace usted como periodista especializada en la materia?

No tengo registro de otra movilización que haya generado tal cimbronazo en el máximo tribunal de justicia. A dos días de la manifestación de medio millón de personas, la Corte emitió un comunicado que informaba que iba a evaluar los casos en los que se pedía la aplicación del 2x1 a la luz de una nueva ley aclaratoria, que también se votó antes de la marcha y se promulgó inmediatamente después. La movilización hizo carne el «Nunca Más», mostró que –más allá de las diferencias y los vaivenes políticos– la sociedad argentina no consiente la impunidad de los responsables de miles de desapariciones.

No es un dato menor que distintos voceros del gobierno de Macri hubieran atizado una discusión en torno del rol de los organismos de derechos humanos después de la movilización del 24 de marzo, ligándolos a una reivindicación del accionar de los grupos armados de izquierda de los años 70. Se intentó deslegitimar el rol de los organismos en los casi 34 años de democracia, pero esas críticas se terminaron silenciando después de la movilización por el 2x1. A la actual administración –que tuvo una reacción oportunista frente al fallo de la Corte Suprema– le quedó claro que el «Nunca Más» también es un límite infranqueable para los votantes de la propia alianza gobernante.



Luciana Bertoia es periodista y politóloga. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Ha escrito en los periódicos Página/12, Buenos Aires Herald, Miradas al Sur, Ámbito Financiero y La Vanguardia Digital.

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