Opinión

Jimmy Morales: la corrupción desata la tormenta

Jimmy Morales es la punta del iceberg de un sistema corrupto que busca derrotar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Jimmy Morales: la corrupción desata la tormenta

El pasado martes 29 de agosto, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala le corrigió la plana al presidente Jimmy Morales, quien dos días antes había ordenado la expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La súbita radicalidad del inexperto gobernante, a quien la opinión pública ha considerado un timorato durante los diecisiete meses que lleva ocupando la Casa Presidencial, dejó perplejos a muchos. En particular, al secretario general de la ONU, António Guterres, que apenas unas horas antes había escuchado las quejas de Morales contra el comisionado de la Cicig, acordando que evaluaría cuidadosamente sus argumentos.

La cita que quedó pendiente

Como era habitual al menos dos veces al mes, el 7 de septiembre de 2016 el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, se reunió con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Conversaron sobre la situación del país, el proyecto de las reformas constitucionales en el campo de la justicia y los desafíos de la lucha contra la corrupción. Pero en cierto momento Velásquez abordó un asunto escabroso: «Hemos recibido dos denuncias y las investigamos» –le indicó. «Implican a su hijo, señor Presidente. Le pido no reaccionar ahora; infórmese con su familia de la situación y, si le parece, conversemos la semana próxima».

El martes 13 de septiembre, Morales difundió a través de las redes sociales un vídeo en el que, acompañado de su esposa, informaba que su hijo, Juan Manuel, y su hermano, Samuel, estaban implicados en un caso de corrupción. Un día antes, ambos habían acudido al Ministerio Público a confesar los hechos. No eran escándalos millonarios y ni siquiera fueron ilícitos cometidos en el gobierno de Morales. Eran asuntos periféricos dentro de un caso muy grande de corrupción que venían investigando Cicig y Ministerio Público (MP) desde 2015, y los cabecillas eran altos mandos del gobierno del general Otto Pérez.

Desde aquel jueves 7, el presidente Morales rehusó volver a reunirse con Velásquez. Entretanto, operó en la dirección contraria. Se alió a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, adversa de la Cicig. Procuró integrar una nueva junta directiva afín en el Congreso, y públicamente boicoteó las reformas constitucionales que él mismo había avalado. El 2 de noviembre, investigando un antiguo caso de lavado de dinero que involucraba a un ex jefe de la Guardia Presidencial, erróneamente fiscales del MP allanaron la Casa Presidencial, vulnerando los protocolos de seguridad. Ese incidente marcó el distanciamiento entre Morales y la fiscal general Thelma Aldana, la principal aliada de la Cicig.

La primera etapa de la operación política de Morales contra el comisionado Velásquez, consistente en voltear la espalda del Congreso y de la Corte Suprema, concluyó en diciembre de 2016. En noviembre había ocurrido la sorpresiva victoria de Trump y los grupos conservadores de Guatemala la celebraron como suya, confiados en el abandono de la política anticorrupción de Washington en Centroamérica. Inmediatamente organizaron visitas encabezadas por connotados líderes empresariales para solicitar el relevo del embajador estadounidense Todd Robinson, un crítico abierto del sistema corrupto guatemalteco.

Diciembre y enero de 2017 no fueron buenos meses para Morales. Desapareció de la vista pública y en la prensa circularon versiones sobre la separación temporal con su esposa y su tendencia a los excesos en fiestas privadas. En los tribunales, su hijo y su hermano matizaron la versión inicial de los hechos, retrayéndose. En febrero de 2017, empezó la segunda etapa de la operación. Morales le manifestó al embajador Robinson su intención de sacar a Velásquez y de inmediato se encendieron las alarmas en Washington y Nueva York. Tras el relevo en la Casa Blanca, altos mandos del Departamento de Estado, congresistas republicanos e incluso el general John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional y, como ex jefe del Comando Sur, viejo conocedor de Centroamérica, visitaron a Morales informándole de su respaldo a Velásquez y la Cicig. Es más, Washington incrementó su asistencia para abrir una oficina de la Cicig en Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala.

La ruptura del consenso anticorrupción

No obstante, Morales no abandonó su idea de deshacerse del comisionado Velásquez, y en privado lo animaron grupos tradicionales de poder (empresarios conservadores y sus abogados, y asesores ex militares); mientras, ciertos formadores de opinión lo alentaban efusivamente a través de las redes sociales. Muchos de ellos aplaudieron los hallazgos de la Cicig en 2015, que dejó al descubierto las extendidas redes de corrupción en el gobierno de su antiguo aliado, Otto Pérez. Ahora, sin embargo, el escenario anticorrupción se había profundizado. A partir de julio de 2016 la Cicig y el MP presentaron el caso Cooptación de Estado, que, por primera vez en la historia, puso en la mira de la justicia a altos ejecutivos de influyentes bancos comerciales, empresas transnacionales y al dueño del monopolio de la TV abierta y de la más extensa cadena de radios comerciales, el mexicano Ángel González.

El financiamiento ilícito de estos empresarios a las campañas electorales era generosamente retribuido mediante millonarios y onerosos contratos públicos. Una treintena de altos empresarios y decenas de políticos fueron encarcelados por diversos casos de corrupción. Aquellos que involucraban a ex presidentes de cámaras empresariales se multiplicaron en 2017 (caso Corrupción y carreteras, julio) y comenzó a observarse otro hecho inédito: varios hombres de negocios admitieron sus delitos ante el juez y desvelaron las tramas detrás de la escena.

«La situación era difícil. Las antiguas mafias te mandaban a quebrar las rodillas; las modernas mafias te quiebran las empresas» –admitió el principal accionista de un consorcio de la construcción. Entre las conexiones ilícitas que salieron a luz, estuvo el Movimiento Cívico Nacional (MCN), un centro de jóvenes activistas políticos del empresariado tradicional, que resultó ser un mecanismo de lavado de sobornos, disfrazados de donativos para el financiamiento ilícito electoral, según las primeras revelaciones judiciales.

Era un hecho que se había roto el consenso anticorrupción de 2015, reflejado en las multitudinarias marchas ciudadanas que provocaron la caída del gobierno de Otto Pérez. Pero la ruptura no era explícita. Salvo algunos diputados radicales de derecha que intentaron declarar non grato al embajador Robinson, la mayoría de grupos conservadores guardó silencio oficial mientras financiaban bajo la mesa 32 nets centers que prolija y sistemáticamente atacaban a Velásquez, Robinson y a la fiscal Aldana, acusándolos de «querer convertir a Guatemala en otra Venezuela».

En julio el esfuerzo de la Cicig y el MP llegó al punto de inflexión. Los altos funcionarios habían perdido la altanería y actitud burlesca en los tribunales, e importantes empresarios comenzaron a admitir sus responsabilidades. Los procesos judiciales, detenidos durante meses por los abogados de la defensa, que así pretendían ganar tiempo «hasta que se vaya la Cicig» (septiembre 2019), se aceleraron. Pero, insospechadamente, se incubaba el punto de desequilibrio.

De la inflexión al desequilibrio

En las últimas reuniones de su gabinete de gobierno, el presidente Morales comenzó a deslizar mensajes crípticos como «sé que me van a pegar un golpe judicial en las próximas semanas». Por esos mismos días, su representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, le gestionó una audiencia con el secretario general, António Guterres, para el viernes 25 de agosto. El encuentro le sirvió a Morales para hacer catarsis, como acostumbra en Guatemala. Se quejó de la prensa, del Congreso, de las Cortes de justicia y, por supuesto, de Iván Velásquez. Pero no solicitó su remoción, solo entregó un expediente que contiene las supuestas transgresiones al mandato de la Cicig.

Guterres ofreció analizar cuidadosamente el archivo. Al entregar los documentos, Morales inició, quizá sin saberlo, un proceso de indagación interna en la ONU. Sin embargo, a su regreso a Guatemala grabó un vídeo que hizo circular en las redes sociales el domingo 27 a partir de las 6:00 a.m. Declaró non grato a Iván Velásquez y las horas que sobrevinieron fueron de mucha tensión. Esa madrugada, Morales descabezó la Cancillería, pues el canciller y su equipo de viceministros se negaron a firmar el acuerdo de expulsión de Velásquez, y prácticamente la mitad del gabinete de gobierno estaba dispuesto a renunciar. La crispación continuó después de que al mediodía la Corte de Constitucionalidad dio un amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos, congelando la decisión del presidente. En el amparo definitivo del día 29, la Corte señaló vicios de forma y sobre todo de fondo: Morales violó el acuerdo de la Cicig (que refiere a garantías reconocidas en la Constitución) y sus motivos son espurios.

Aparentemente, lo que exacerbó a Morales fue que mientras se reunía con Guterres, en Guatemala la fiscal Aldana e Iván Velásquez hicieron públicos los hallazgos de financiamiento ilícito de campaña de 2015 y la solicitud de antejuicio (autorización para investigar penalmente) del presidente, responsable legal de la recepción y reporte de esos dineros, pues fungía, además de candidato, como secretario general de su partido. Un día antes, otros dos secretarios generales de partidos, ambos diputados, fueron señalados por los fiscales de actos ilícitos similares. El Tribunal Supremo Electoral ya había sancionado al partido oficial por ocultar su contabilidad, y una versión confidencial indica que meses atrás dos magistrados le solicitaron a Morales completar el expediente de financiamiento antes del cierre de la auditoría, y él se negó.

Morales decidió ir a la guerra contra Velásquez. Pero no fue solo. Durante la última semana de agosto se dedicó a juntar aliados. Lo acompañan un tercio de los alcaldes municipales (la mitad con hallazgos de la Contraloría y muchos implicados en supuestos vínculos con el narcotráfico), dos tercios de su bloque de tránsfugas en el Congreso, dos viejos dirigentes de sindicatos públicos clientelares, y algunos influyentes empresarios muy radicales. Las cámaras empresariales no se animaron a suscribirle un apoyo explícito. Dicen apoyar la lucha contra la corrupción pero la mayoría quiere fuera a Velásquez. El ex presidente Álvaro Arzú, alcalde de la capital, aún sin procesos judiciales por corrupción, apoyó a Morales con esta frase: «Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra». Otro pilar de Morales es Ángel González, radicado en Miami, que ya hace la guerra desde sus canales y radiofusoras.

Guterres ha expresado respaldo total a Velásquez. Washington habló alto y fuerte en la ONU, a través de la embajadora Nikki Haley, y aunque ha buscado intermediar para que las aguas no salgan de cauce, rechaza las condiciones de Morales y de los empresarios. Nacional e internacionalmente, Morales está sumamente desgastado (30% de aceptación, mientras la Cicig tiene un 75%, según encuestas locales), pero su exposición radical es muy funcional al sistema. Quienes medran del sistema le procuran apoyos indirectos, mientras ganan tiempo. Quisieran, en el corto plazo, neutralizar la acción de Velásquez, a fin de que no siga exponiendo públicamente los hallazgos de sus investigaciones anticorrupción, ni que vuelva a arremeter contra quienes financiaron ilícitamente campañas políticas. A mediano plazo las cosas juegan a favor del status quo. En mayo de 2018 el presidente de la República deberá elegir nuevo fiscal general, y de su disposición de cooperación con la Cicig dependerá en definitiva el éxito de la cruzada anticorrupción en Guatemala.

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