Ensayo

Inapropiadas e inapropiables. Claves para entender el aborto como alteridad

En Argentina, el desarrollo de legislaciones referentes al matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento legal de las identidades trans evidencian importantes cambios jurídicos y sociales. Sin embargo, detrás de estos logros recientes, otro reclamo, quizás más antiguo en su forma y petición, sigue pendiente: el reconocimiento del derecho al aborto. ¿Por qué la reivindicación de las mujeres por el derecho a decidir sobre su historia sexual y reproductiva sigue postergada en la agenda legislativa? ¿Qué estrategias deben ser implementadas para que consigan el gobierno de sus propios cuerpos?

Inapropiadas e inapropiables. Claves para entender el aborto como alteridad

En Argentina, los últimos tres años han sido incuestionablemente históricos en el camino por la reivindicación de los derechos sexuales. La modificación del Código Civil permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, que incluye el acceso a la adopción, y la aprobación de la Ley de Identidad de Género, pionera en el mundo, posibilita el cambio de sexo en el documento de identidad sin intermediación de autoridades médicas o judiciales (es decir, está basada en la autopercepción del género). En toda la región latinoamericana, el desarrollo de legislaciones referentes a las uniones entre personas del mismo sexo, el reconocimiento legal de las identidades trans y las políticas contra la discriminación y la violencia motivadas por la orientación sexual y la identidad de género evidencian importantes transformaciones jurídicas y sociales, gracias al agenciamiento político de las organizaciones feministas y LGBT cuyas agendas de visibilidad lograron posicionar la ciudadanía plena como tema fundamental del debate público.

El derecho a decidir sobre el propio deseo y sobre el propio cuerpo gana fuerza de ley con estas resoluciones, y la histórica frase feminista «Mi cuerpo es mío» comienza a materializarse, a hacerse carne. Sin embargo, detrás de estos logros recientes, otro reclamo, quizás más antiguo en su forma y petición, permanece pendiente: el reconocimiento del derecho al aborto. ¿Cuáles son, entonces, los sujetos cuyos cuerpos adquieren derecho a reclamar esa materialidad? O, dicho de otro modo, ¿cuáles son los cuerpos autorizados a adquirir el estatuto legal –y epistemológico– de sujetos? ¿Qué derechos fundamentan esa posibilidad?

Muchas han sido las estrategias utilizadas por los movimientos de mujeres para reivindicar el derecho a decidir en forma autónoma sobre su vida reproductiva. En el camino fueron quedando posiciones más libertarias, con eslóganes como «No a la maternidad, sí al placer», para enfocarse en el lenguaje de la salud y la necesidad de garantizar el acceso universal e integral a los servicios públicos sanitarios y educativos, algo palpable en la principal consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito: «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».

No es un dato novedoso el viraje fundamental que significó en las estrategias de los movimientos de reivindicación de derechos civiles la formulación, en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995, de la categoría de «derechos sexuales y reproductivos», que llevó el debate desde el reclamo de la autonomía hacia el territorio de la obligación del Estado a legislar en materia de salud sexual y reproductiva. Así, y como explica Josefina Brown, el punto de acuerdo en la definición de este concepto acuñado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se centró en la salud reproductiva, y no en el derecho reproductivo. Este último implicaría el derecho civil básico tan reclamado –el de decidir sobre el propio cuerpo– y no solo el derecho social de acceder a los servicios de salud ginecológica.

Esta misma estrategia fue adoptada con mucho éxito por los movimientos LGBT que, amparados bajo el mismo paraguas conceptual, consiguieron instalar en la arena del debate social y legislativo la reformulación de ciertas instituciones civiles, como el matrimonio, y el doble acceso al reconocimiento legal de la identidad de género y a las condiciones biotecnológicas capaces de expresar corporalmente esa identidad. Entre tanto, lo que funcionó para este colectivo sigue cayendo en saco roto cuando se trata de la reivindicación de las mujeres del derecho a decidir sobre su historia sexual y reproductiva.

¿Cómo explicar esta diferencia? ¿Por qué el aborto continúa siendo apartado de la agenda legislativa? En este mismo sentido cabe aquí la pregunta de Brown:

¿cómo la demanda por el aborto, indisolublemente ligada a la política de la subjetividad y la revolución sexual de los 70 en el marco del Mayo Francés y de la mano de la emergencia de la reivindicación gay, parece hoy una cuestión de mujeres (que siguen el patrón heteronormativo reproductivo) y que poco tiene que ver con los asuntos vinculados con la diversidad sexual o la(s) sexualidades(s) de otros sujetos y sujetas que sostienen reivindicaciones en su nombre?

Sin desmedro de las acciones que desde hace décadas llevan adelante las organizaciones, creo necesario aclarar que, en el caso argentino, la posibilidad de contar con este moderno paquete de leyes que garantizan el acceso a los derechos civiles de la población LGBT responde también a la voluntad política del gobierno nacional, que permitió y respaldó su tratamiento y aprobación, el mismo gobierno que pone trabas a la despenalización del aborto. Esto explicaría tal vez la diferencia con el recorrido que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos ha tenido en otras regiones del mundo, tales como Europa, Canadá o Estados Unidos, donde el aborto fue el primer derecho conquistado hace décadas, seguido luego por el matrimonio igualitario o las uniones civiles. Retomando la pregunta de Brown, el contexto sociopolítico e histórico en el que fue aprobado el aborto en esos países –revolución sexual y emergencia de la reivindicación gay– distaba mucho del latinoamericano de ese momento, cuando la moral imperante –heredada de un colonialismo católico– y los sucesivos gobiernos militares hacían bastante dificultosa la emergencia e instalación de un debate sobre las libertades sexuales.

Los derechos reivindicados por lesbianas, gays y personas trans integran, desde la abyección, un cinturón de tolerancia, palabra tan cara a la cristiandad, que los admite como sujetos en tanto otros. El lugar de esta alteridad monstruosa, paradójicamente, es el comodín para el acceso a determinados derechos que, si bien jaquean ciertos preceptos morales y religiosos, no los convierten en un nosotros sino en ese linde de la subjetividad que, en espejo, continúa configurando la heteronormatividad como subjetividad central. El aborto, por su parte, cuestiona el centro, el núcleo duro del canon de la heteronorma: mujeres que inscriben su deseo de modo heteroafectivo reclaman para sí el derecho a deslindar reproducción de deseo. El derecho reclamado no es de inclusión, como en el caso del colectivo LGBT, sino de exclusión. Superando todos los umbrales de tolerancia del patriarcado, el aborto aparece como la piedra basal a ser denegada, porque aceptarlo es desbaratar el eje medular de ese sistema. En este sentido, no son azarosos hechos como la bochornosa pérdida de validez del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados argentina sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto a fines de 2011, o el traspié que significó en 2010 la marcha atrás en la firma que daba rango de resolución a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles por parte del Ministerio de Salud de la Nación.