Opinión

Impeachment: ¿y ahora qué?

El impeachment necesita una sólida justificación jurídica, lo que no ha ocurrido en el caso brasileño. Mientras tanto, la crisis y las maniobras conspirativas continúan.

Impeachment: ¿y ahora qué?

En vista del margen de acción indiscutiblemente escaso del gobierno de Rousseff, son entendibles y legítimos los pedidos para que sea separada del cargo. Sin embargo, en un sistema presidencial como el brasileño, en el que la jefa de Estado obtiene su legitimación por una elección directa, no es posible interrumpir su mandato mediante un mero voto de desconfianza (como en un sistema parlamentario), incluso aunque resulte clara su pérdida de respaldo por parte de la población y del Congreso. Tampoco basta con remitirse a la figura de la destitución (impeachment) prevista por la Constitución brasileña.

El impeachment está pensado solo para el caso de que el jefe o jefa de Estado incumpla gravemente los deberes de su cargo, incurriendo así en los llamados «crímenes de responsabilidad»1. Como se trata de infracciones jurídicas («crímenes») o violaciones de la Constitución y las normas de la administración pública, el impeachment es un proceso jurídico que, no obstante, es llevado adelante por órganos políticos (la Cámara de Diputados y el Senado). Por lo tanto, al estar en manos del Congreso la decisión sobre si se ha dado un caso de «gobierno irresponsable» y, como consecuencia, sobre la destitución de la jefa de Estado, el impeachment es indudablemente un instrumento político que, no obstante, necesita una sólida justificación jurídica. La insatisfacción con el gobierno o la baja aprobación que, según las encuestas de opinión, tiene la presidente, no son razón suficiente para un proceso de destitución.

La fundamentación jurídica del proceso iniciado contra la presidente Rousseff se basa en la acusación de que no cumplió con las leyes de presupuesto cuando en 2014, año de elecciones, supuestamente intentó ocultar la real magnitud del déficit presupuestario mediante manipulaciones fiscales, las llamadas «pedaladas fiscais»2. Esta argumentación es rechazada no solo por el gobierno y las fuerzas políticas cercanas al mismo. Entre los adversarios de Rousseff hay también muchas voces que advierten que la fundamentación jurídica esgrimida para un proceso de destitución presenta deficiencias. Así, The Economist publicó en su edición del 26 de marzo que el proceso de destitución, conforme a la fundamentación aducida, es improcedente y es solo una excusa para quitarse de encima una presidente impopular. Luego, en la votación nominal realizada en la Cámara de Diputados, la aducida violación de las leyes presupuestarias tampoco jugó papel alguno, sino que más bien se usaron como argumentos la mala situación económica o la incriminación general de abuso de autoridad. Sin una sólida justificación jurídica, no queda claro que el proceso de destitución cumpla –según Marco Aurelio Mello, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema de Justicia– con la función que prevé la ley y da la sensación de ser un «golpe de Estado parlamentario». «Golpe» contra un gobierno legítimo es también el grito de guerra de los defensores del gobierno y de quienes se oponen al impeachment. Si bien este término puede no ser adecuado para conducir por sendas de razonabilidad el acalorado y frecuentemente agresivo debate, acierta en dar en el núcleo del actual proceso: el abuso de un importante instrumento democrático para imponer una nueva relación de fuerzas y una nueva agenda política. Este abuso es una quiebra del orden democrático y sienta un peligroso antecedente para la democracia brasileña pues permite que pesen más las encuestas de opinión y las marchas de protesta que los fundamentos constitucionales.

Además, sobre el proceso del impeachment pesa el hecho de que hay investigaciones penales en curso contra una cuarta parte de los miembros de la comisión parlamentaria especial que redactó la recomendación para el pleno. El propio Eduardo Cunha, presidente del Parlamento y artífice del juicio político, fue suspendido poco después por el Tribunal Supremo por las acusaciones de corrupción y lavado de dinero que pesan en su contra. Queda, pues, en entredicho la autoridad moral de los miembros de la comisión para emitir juicios sobre posibles faltas que haya cometido la presidenta en el ejercicio de su cargo. Los reparos contra la fundamentación y realización del proceso de destitución han sido tratados varias veces por el Supremo Tribunal Federal y han dejado expuestas diferencias fundamentales entre los jueces en materia de interpretación jurídica. Ha habido incluso acusaciones mutuas de parcialidad. El proceso de impeachment ha dañado finalmente también la integridad de la máxima instancia jurídica del país.

La alternativa: un gobierno en el que no se confía

Con la destitución de Rousseff se haría cargo de la presidencia quien fue hasta ahora su vicepresidente, Michel Temer. La dudosa fundamentación jurídica del impeachment y la acusación de «golpe suave» serían una pesada hipoteca para la legitimidad del gobierno al que dará lugar. A esto se suma el hecho de que, si bien desde comienzos de 2015 el Partido del Movimiento democrático Brasileño (PMDB) ha ido independizándose por etapas del gobierno de Rousseff, algunos políticos de sus filas han sido hasta último momento una parte fundamental del gabinete de la ahora sancionada presidenta. Es por ello que al PMDB le corresponde una cuota considerable de responsabilidad en la actual crisis económica. En su calidad de vicepresidente, Temer firmó, al igual que Rousseff, decretos atinentes a las objetadas «pedaladas fiscais». No debe descartarse que por este motivo se inicie un proceso de destitución también contra él. No resulta sorprendente, pues, el nulo entusiasmo que despierta en muchos adversarios del PT el hecho de que, en caso de confirmarse definitivamente la destitución de Rousseff, el gobierno quede en manos del PMDB. En encuestas sobre posibles escenarios electorales para 2018 Temer no pasa del 2% de aprobación; en sondeos referidos directamente a su imagen, solo un 5% da un voto positivo frente al 61% que tiene una imagen negativa de él.

Una pesada carga para el gobierno de Temer es también su correligionario Eduardo Cunha, quien es considerado uno de los políticos más corruptos de Brasil y contra el cual el ministerio público ha presentado cargos por corrupción y lavado de dinero. Mientras en las encuestas aproximadamente el 60% de los encuestados ve con buenos ojos la destitución de Rousseff, el voto contra Cunha, el maestro de ceremonias del proceso de impeachment, es mucho más claro: el 77% exige que sea separado del cargo. Por eso, muchos creen que el fallo judicial contra Cunha, que lo sacaría –por lo menos temporalmente– de juego, es un alivio para Temer aunque le complicará la aprobación de iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, Renan Calheiros, y el senador Romero Jucá, previsto como Ministro de Planeación en el futuro gobierno de Temer, son otros de los renombrados políticos del PMDB sospechados de corrupción. Es por ello que muchos suponen que Temer intentará finalizar la operación Lava Jato (que investiga la red de sobornos de Petrobras) antes de que alcance a algunos de los miembros de su propio partido.

  • 1.

    Los llamados «crímenes de responsabilidad» se basaron en una interpretación muy elástica del artículo 85 de la Constitución brasileña de 1988, ya que estos deben ser precisados por una posterior ley reglamentaria que, sin embargo, no ha sido aprobada hasta ahora.

  • 2.

    Refiere al financiamiento de las prestaciones sociales por medio de créditos en bancos estatales junto con el retraso en el repago de dichos créditos. Es posible que haya buenas razones para criticar este tipo de operaciones fiscales, pero estas no han originado un perjuicio financiero para el Estado brasileño.