Opinión

Impeachment: ¿y ahora qué?

El impeachment necesita una sólida justificación jurídica, lo que no ha ocurrido en el caso brasileño. Mientras tanto, la crisis y las maniobras conspirativas continúan.

Impeachment: ¿y ahora qué?

En vista del margen de acción indiscutiblemente escaso del gobierno de Rousseff, son entendibles y legítimos los pedidos para que sea separada del cargo. Sin embargo, en un sistema presidencial como el brasileño, en el que la jefa de Estado obtiene su legitimación por una elección directa, no es posible interrumpir su mandato mediante un mero voto de desconfianza (como en un sistema parlamentario), incluso aunque resulte clara su pérdida de respaldo por parte de la población y del Congreso. Tampoco basta con remitirse a la figura de la destitución (impeachment) prevista por la Constitución brasileña.

El impeachment está pensado solo para el caso de que el jefe o jefa de Estado incumpla gravemente los deberes de su cargo, incurriendo así en los llamados «crímenes de responsabilidad»1. Como se trata de infracciones jurídicas («crímenes») o violaciones de la Constitución y las normas de la administración pública, el impeachment es un proceso jurídico que, no obstante, es llevado adelante por órganos políticos (la Cámara de Diputados y el Senado). Por lo tanto, al estar en manos del Congreso la decisión sobre si se ha dado un caso de «gobierno irresponsable» y, como consecuencia, sobre la destitución de la jefa de Estado, el impeachment es indudablemente un instrumento político que, no obstante, necesita una sólida justificación jurídica. La insatisfacción con el gobierno o la baja aprobación que, según las encuestas de opinión, tiene la presidente, no son razón suficiente para un proceso de destitución.

La fundamentación jurídica del proceso iniciado contra la presidente Rousseff se basa en la acusación de que no cumplió con las leyes de presupuesto cuando en 2014, año de elecciones, supuestamente intentó ocultar la real magnitud del déficit presupuestario mediante manipulaciones fiscales, las llamadas «pedaladas fiscais»2. Esta argumentación es rechazada no solo por el gobierno y las fuerzas políticas cercanas al mismo. Entre los adversarios de Rousseff hay también muchas voces que advierten que la fundamentación jurídica esgrimida para un proceso de destitución presenta deficiencias. Así, The Economist publicó en su edición del 26 de marzo que el proceso de destitución, conforme a la fundamentación aducida, es improcedente y es solo una excusa para quitarse de encima una presidente impopular. Luego, en la votación nominal realizada en la Cámara de Diputados, la aducida violación de las leyes presupuestarias tampoco jugó papel alguno, sino que más bien se usaron como argumentos la mala situación económica o la incriminación general de abuso de autoridad. Sin una sólida justificación jurídica, no queda claro que el proceso de destitución cumpla –según Marco Aurelio Mello, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema de Justicia– con la función que prevé la ley y da la sensación de ser un «golpe de Estado parlamentario». «Golpe» contra un gobierno legítimo es también el grito de guerra de los defensores del gobierno y de quienes se oponen al impeachment. Si bien este término puede no ser adecuado para conducir por sendas de razonabilidad el acalorado y frecuentemente agresivo debate, acierta en dar en el núcleo del actual proceso: el abuso de un importante instrumento democrático para imponer una nueva relación de fuerzas y una nueva agenda política. Este abuso es una quiebra del orden democrático y sienta un peligroso antecedente para la democracia brasileña pues permite que pesen más las encuestas de opinión y las marchas de protesta que los fundamentos constitucionales.

Además, sobre el proceso del impeachment pesa el hecho de que hay investigaciones penales en curso contra una cuarta parte de los miembros de la comisión parlamentaria especial que redactó la recomendación para el pleno. El propio Eduardo Cunha, presidente del Parlamento y artífice del juicio político, fue suspendido poco después por el Tribunal Supremo por las acusaciones de corrupción y lavado de dinero que pesan en su contra. Queda, pues, en entredicho la autoridad moral de los miembros de la comisión para emitir juicios sobre posibles faltas que haya cometido la presidenta en el ejercicio de su cargo. Los reparos contra la fundamentación y realización del proceso de destitución han sido tratados varias veces por el Supremo Tribunal Federal y han dejado expuestas diferencias fundamentales entre los jueces en materia de interpretación jurídica. Ha habido incluso acusaciones mutuas de parcialidad. El proceso de impeachment ha dañado finalmente también la integridad de la máxima instancia jurídica del país.

La alternativa: un gobierno en el que no se confía

Con la destitución de Rousseff se haría cargo de la presidencia quien fue hasta ahora su vicepresidente, Michel Temer. La dudosa fundamentación jurídica del impeachment y la acusación de «golpe suave» serían una pesada hipoteca para la legitimidad del gobierno al que dará lugar. A esto se suma el hecho de que, si bien desde comienzos de 2015 el Partido del Movimiento democrático Brasileño (PMDB) ha ido independizándose por etapas del gobierno de Rousseff, algunos políticos de sus filas han sido hasta último momento una parte fundamental del gabinete de la ahora sancionada presidenta. Es por ello que al PMDB le corresponde una cuota considerable de responsabilidad en la actual crisis económica. En su calidad de vicepresidente, Temer firmó, al igual que Rousseff, decretos atinentes a las objetadas «pedaladas fiscais». No debe descartarse que por este motivo se inicie un proceso de destitución también contra él. No resulta sorprendente, pues, el nulo entusiasmo que despierta en muchos adversarios del PT el hecho de que, en caso de confirmarse definitivamente la destitución de Rousseff, el gobierno quede en manos del PMDB. En encuestas sobre posibles escenarios electorales para 2018 Temer no pasa del 2% de aprobación; en sondeos referidos directamente a su imagen, solo un 5% da un voto positivo frente al 61% que tiene una imagen negativa de él.

Una pesada carga para el gobierno de Temer es también su correligionario Eduardo Cunha, quien es considerado uno de los políticos más corruptos de Brasil y contra el cual el ministerio público ha presentado cargos por corrupción y lavado de dinero. Mientras en las encuestas aproximadamente el 60% de los encuestados ve con buenos ojos la destitución de Rousseff, el voto contra Cunha, el maestro de ceremonias del proceso de impeachment, es mucho más claro: el 77% exige que sea separado del cargo. Por eso, muchos creen que el fallo judicial contra Cunha, que lo sacaría –por lo menos temporalmente– de juego, es un alivio para Temer aunque le complicará la aprobación de iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, Renan Calheiros, y el senador Romero Jucá, previsto como Ministro de Planeación en el futuro gobierno de Temer, son otros de los renombrados políticos del PMDB sospechados de corrupción. Es por ello que muchos suponen que Temer intentará finalizar la operación Lava Jato (que investiga la red de sobornos de Petrobras) antes de que alcance a algunos de los miembros de su propio partido.

En cualquier caso, observadores independientes esperan una corta luna de miel para el gobierno de Temer. La agenda económica posimpeachment que delineó hace unas pocas semanas, llamada «Ponte para o Futuro», contiene muchos elementos que responden a los intereses de agentes económicos nacionales e internacionales (eliminación del indexación del salario mínimo y de las jubilaciones, primacía de acuerdos laborales negociados sobre las normas legales, apertura económica al mundo, flexibilización de las regulaciones de «contenido local»), de manera de terminar definitivamente con el estancamiento de las inversiones que se observa en los últimos meses. La Bolsa y los mercados financieros han reaccionado con alzas no bien se comenzó a vislumbrar el éxito del impeachment. Sin embargo, resta ver si Temer logrará mantener el delicado equilibrio entre saneamiento presupuestario y reactivación, ya que seguramente tendrá que lidiar con una fuerte resistencia de los sindicatos cuando empiece a implementar su agenda.

También está por verse hasta qué punto Temer contará con un apoyo constructivo del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centroderecha). Hace poco, su presidente, Aécio Neves, había descartado la participación del PSDB en un gobierno de Temer pero no había excluido la posibilidad de que algunas figuras ocupen cargos de forma individual en dicha administración. Para no disminuir sus esperanzas de una victoria en las elecciones presidenciales de 2018, es posible que el PSDB evite involucrarse demasiado en un gobierno que aún debe probar si será capaz de controlar la crisis económica. Las últimas encuestas muestran una preferencia descendente por todos los líderes políticos del PSDB, especialmente en el caso de Neves, a quien se le atribuían hasta ahora las mejores perspectivas como candidato presidencial del PSDB3.

¿Concertación?: en busca de un nuevo modelo de gobierno

Si las perspectivas de un gobierno posimpeachment con Temer a la cabeza no son buenas, ¿qué otras opciones hay para salir de la crisis política y económica? En el clima de confrontación y acusaciones mutuas de las últimas semanas han aparecido últimamente algunas voces, si bien aún con bajo perfil y reservadas, que propugnan una discusión política más constructiva y han manifestado la idea de una amplia concertación política o pacto de gobernabilidad.

En vista del agotamiento de la actual organización de la política brasileña, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, miembro del PSDB, llamó a «abrir el juego» y aspirar a otra cultura política que ya no esté obligada a construir mayorías mediante dudosas concesiones dentro de un sistema de partidos fragmentado. También Tarso Genro, ex gobernador y ministro de Justicia durante el mandato de Lula, abogó por una «concertación» que debe despegarse de la actual creación de coaliciones «sin principios». Y Cândido Grzybowski, director de Ibase, una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes en Brasil, apuesta a esa concertación, entendida explícitamente como alternativa a la tradición de las coaliciones pragmáticas para crear mayorías que marcó la práctica parlamentaria de las últimas décadas. Según la idea de Grzybowski, la concertación debe tomar el carácter de un pacto para la transición a un sistema político reformado.

Por lo tanto, hay ya algunas primeras manifestaciones de voluntad, pero aún no está claro qué actores podrían tomar la iniciativa de empezar con el proyecto «concertación». Por el contrario, se destacan más claramente las ideas reformistas que podrían diseñar el pacto para la transición. Aquí resulta prioritaria una reforma de la ley electoral que pueda contrarrestar la excesiva fragmentación de los partidos4 y como apuntó recientemente el alcalde de San Pablo, el petista Fernando Haddad, la «coligação proporcional», que permite que la mayoría de los diputados federales entre a la Cámara de Diputados conseguir por sí mismos los votos necesarios para obtener un escaño5. También hay ideas para transformar el sistema presidencial en un «sistema semiparlamentario» a fin de atenuar el hiperpresidencialismo donde una persona acumula poder simbólico y efectivo.

Para un pacto de transformación será decisivo reducir de manera drástica, con una reforma del financiamiento de las campañas electorales, la influencia del dinero en la política. La actual dependencia que los partidos tienen de las donaciones empresariales a la hora de financiar las campañas electorales es la puerta de entrada para distorsiones en la competencia política y un sistema que incentiva la corrupción «a escala industrial», tal como lo expresó el historiador Daniel Aarão Reis6. Las causas sistémicas de la corrupción política radican fundamentalmente en el financiamiento de las campañas electorales con donaciones privadas. En Brasil hay un fondo para partidos políticos del cual estos reciben subsidios públicos, pero dichos recursos financian esencialmente solo la infraestructura partidaria. Por el contrario, las campañas electorales son financiadas, en gran medida, con donaciones privadas7. Así, las elecciones nacionales de 2014, que con gastos de 367 millones de dólares fueron las más costosas de la historia brasileña, fueron financiadas solo en un 5% con dinero del fondo para los partidos, mientras que el 95% del financiamiento provino de fuentes privadas. Lo especialmente problemático es que estas fuentes de financiamiento privadas son sobre todo donaciones de empresas. Según un informe del presidente del Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), José Antonio Dias Toffoli, para la OCDE, la participación de las donaciones empresariales para las campañas electorales durante las elecciones de 2014 cubrió aproximadamente el 75% de los gastos, mientras que los gastos de las campañas de los candidatos presidenciales fueron cubiertos por donaciones empresariales en un 90%8.

En el pasado también ha habido intentos en el Congreso para reformar el financiamiento de las campañas. El único partido cuyos diputados votaron en bloque a favor de un financiamiento de las campañas exclusivamente con fondos públicos fue el PT. Una reciente iniciativa del ahora suspendido presidente del Parlamento, Cunha, tenía por objetivo conservar la legalidad de las donaciones empresariales pero incluyendo la limitación de que en el futuro las empresas solo pudieran donar a un único partido. En septiembre de 2015, la Corte Suprema puso término de modo provisional a las maniobras parlamentarias al declarar inconstitucional las donaciones de empresas para el financiamiento de campañas electorales9. El PT, que a pesar de haber estado en principio a favor de un financiamiento público de las campañas electorales recibió durante años cuantiosas donaciones de empresas, había decidido antes, durante su convención partidaria de junio de 2015, no aceptar más donaciones de empresas.

Crisis del sistema político: la creciente influencia de los poderes no políticos

La corrupción sistemática descubierta por la operación Lava Jato prueba hasta qué punto crítico ha crecido el poder del dinero en la política brasileña. Pero, además del dinero, otros poderes, legitimados no a través de procesos democráticos, han invadido el campo de la formación de la opinión política y la toma de decisiones políticas.

Así, no solo en Brasil sino también en algunos otros países de América Latina, se observa hace ya tiempo un proceso de «judicialización de la política», o sea, intervenciones judiciales para corregir decisiones políticas, que ha llegado –tal como lo ha notado la constitucionalista Flávia Piovesan– a un «hiperfortalecimento» del poder judicial a expensas del legislativo y del ejecutivo, de modo que el sistema institucional democrático amenaza con perder el equilibrio. En Brasil, el accionar de la operación Lava Jato es una prueba muy patente de este fenómeno. La operación, iniciada como cruzada contra la corrupción, se transformó de manera ostensible en una cruzada contra la política. Inspirado en la operación Mani Pulite, que tuvo lugar en Italia durante la década de 1990, el juez que lidera las investigaciones, Sergio Moro, actuó en parte al filo de la legalidad10. No solo irritó el seguimiento (políticamente) selectivo de indicios y acusaciones. También generaron un creciente malestar, a pesar de los innegables éxitos de las pesquisas,11 el uso excesivo de la prisión preventiva extendida y las llamadas «delaçoes premiadas» (confesiones e incriminaciones de terceros a cambio de una reducción de la pena), limitaciones de las posibilidades de defensa y la relativización del principio de inocencia. Resulta especialmente problemática la búsqueda espectacularidad de las investigaciones. Dejando filtrar sistemáticamente a medios «amigos» información sobre las investigaciones que debían hacerse en secreto y con apariciones públicas de los investigadores, organizadas con un masivo acompañamiento mediático y en las que se presentaba como cierta la culpabilidad de los acusados antes de iniciarse el proceso, Moro se ganó a la opinión pública y generó para sí la legitimación para actuar contra políticos conocidos. A tal punto fue exitoso que en las marchas a favor del impeachment se lo entronizaba como héroe nacional y se lo mencionaba en pancartas como «el Señor». La sólida argumentación jurídica fue reemplazada por una vaga argumentación basada en el «sano sentido común» en la que las garantías legales cedían su lugar al moralismo. Así, se traspasó claramente la delgada línea entre una superación de la corrupción que pueda ser realmente catalogada de histórica y un revanchismo político. Un desafío central para una deseable etapa de concertación será corregir estas graves deformaciones del Estado de derecho.

La espectacularidad de la lucha contra la corrupción y su parcial degradación hasta transformarla en revanchismo político están estrechamente relacionadas con otro poder de Brasil: el poder de los medios12. Estos se consideran actores políticos y han tomado una clara posición contra el gobierno. Ya en 2010 María Judith Brito, entonces CEO del diario Folha de S. Paulo, declaró que «no se puede negar que, en los hechos, los medios han tomado el rol de la oposición en este país».

Pero los grandes medios no solo han reclamado para sí el rol de oposición sino que lo ejercen de un modo muy problemático. En lugar de información objetiva han impulsado una campaña de difamación contra el PT y sus representantes que traspasan constantemente los límites de la injuria, con lo que ha colaborado sustancialmente con la creación de un clima de confrontación e intolerancia. En el proceso de impeachment han tomado un rol activo en la organización de las multitudinarias protestas. Se han convertido –tal como resalta el grupo alternativo de medios Intervozes– en un «agente del proceso»13. Una futura agenda de concertación deberá dar, pues, un importante lugar a la reforma de los medios.

El futuro del PT: ¿fin de una era u oportunidad de asentar un nuevo proyecto progresista?

¿Puede esperarse en un plazo no muy lejano una concertación en el enrarecido clima político que ha creado el proceso de impeachment? ¿Y quiénes podrían ser los protagonistas de tal concertación? ¿Qué rol les cabe aquí a los partidos?

Por cierto, el impeachment contra la presidenta Rousseff implica también una sanción contra el PT. Llega a su fin una década y media casi completa en la que el PT ejerció la hegemonía política y cambió profundamente el rostro del país con su proyecto de inclusión social. En vista de la caldeada situación de azuzado antipetismo es de esperar que el partido quede a la defensiva por un buen tiempo. De todos modos, la buena performance de Lula en las encuestas14 muestra que el PT sigue teniendo apoyo en la población brasileña. Obviamente, queda claro que el PT tiene ahora por delante el desafío de sacar enseñanzas de la dura derrota política y de rearmarse tanto programática como estratégicamente.

Ante todo debe recuperar, en tanto fuerza política que actúa en consonancia con sus principios éticos, credibilidad. Esto significa que el PT debe renunciar de forma clara y perceptible a las prácticas de financiamiento reñidas con la transparencia y a aquellas que lo pueden hacer presa de la extorsión. Con la decisión de no aceptar más donaciones de empresas ha dado un primer paso importante en esa dirección.

En lo estratégico, de lo que se tratará será de ampliar la capacidad de diálogo y cooperación más allá de su base de sustentación tradicional: los sindicatos y los viejos movimientos sociales. Debe hallar especialmente un nivel de diálogo con los nuevos movimientos sociales que han hecho su presentación en el escenario político durante las protestas sociales de 2013. Con el proceso de impeachment, el modelo de generación de mayorías mediante amplias coaliciones parlamentarias de fuerzas política e ideológicamente muy heterogéneas ha llegado definitivamente a su fin. Casi todos los partidos sin afinidad programática con el PT pero que formaban parte de la coalición de gobierno «desertaron» antes o, a más tardar, durante la votación por la destitución. En el futuro, el PT deberá proponerse evitar depender de partidos programáticamente difusos u oportunistas y buscar, por el contrario, más diálogo con fuerzas políticas con las que al menos comparta en alguna medida una base programática sólida. En este aspecto, el proceso de impeachment ha generado una cierta depuración política al haberse vuelto a trazar con coherencia ideológica las líneas del frente en el Congreso. Pero esto muestra también que los impulsores de un nuevo proyecto progresista no solo son una minoría sino que, en primer lugar, deben reencontrarse en un nuevo bloque parlamentario. En este sentido, el PT debe recuperar mucho del trabajo de diálogo que descuidó en los años pasados. Hay que hacer prevalecer nuevamente en el comportamiento partidario la idea de que en una sociedad compleja y pluralista el pacto y no la imposición es el procedimiento más adecuado. Habida cuenta de que en la defensa que tuvo lugar los últimos meses dentro del partido han ganado más influencia en el discurso partidario algunas voces más radicales, la tarea de ganar socios para una nueva alianza no será sencilla.

Finalmente, el PT también debe renovarse en lo programático. El modelo de desarrollo e inclusión social que tuvo éxito especialmente en la era Lula y que se basaba en la ampliación de programas sociales, del consumo privado y de grandes proyectos públicos de infraestructura, se ha agotado. Además, la caída de los precios de las materias primas ha reducido los necesarios márgenes de acción para la distribución. Tal como lo habían señalado las protestas de junio de 2013, de lo que se trata es de poner más el acento en las dimensiones cualitativas en el desarrollo de la infraestructura pública (por ejemplo, para salud, educación o el transporte público de corta distancia) o en la creación de nuevos puestos de trabajo. También debería insistirse más en la promoción de la innovación tecnológica y de una política sustentable que cuide los recursos.

Los desafíos para el PT son enormes y no hay por qué esperar una recuperación de la hegemonía política en el corto plazo. Sin embargo, las convulsiones políticas de los últimos meses han debilitado no solamente al PT. Si bien las movilizaciones masivas que llevaron al impeachment se habían dirigido en primer lugar contra la presidente Dilma Rousseff, Lula y el PT, también se evidenciaba en ellas una creciente tendencia antipolítica. Los políticos de la oposición que se mezclaban entre los manifestantes pro impeachment fueron víctimas, en algunos casos, de un agresivo rechazo. Esto concuerda con el hecho de que en las encuestas de opinión ninguno de los políticos de la oposición logra realmente perfilarse sino que, por el contrario, los más conocidos pierden aprobación. El filósofo José Giannotti divisa en las marchas la exigencia de una «limpieza» (higienização) de la política brasileña. Es una mirada similar a la del director del Centro para Análisis Políticos de la Fundación Getulio Vargas, Marco Aurelio Ruediger, quien ve en las protestas multitudinarias una tendencia a rechazar a toda la clase política y a todo el sistema político en Brasil15. Por el contrario, ganan relevancia las referencias a valores como la verdad, la legalidad y la transparencia, los cuales muchos ven encarnados en personas como el juez Sergio Moro. En algunas encuestas este logra, al igual que el diputado Jair Bolsonaro, partidario de políticas autoritarias, mejores guarismos que algunos políticos opositores en ascenso. Ante tal contexto, Sergio Fausto, ex director ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso, ve un renacer de ideologías y «soluciones» antidemocráticas y habla de revalorizar urgentemente la democracia16. Por lo tanto, el PT, ahora sancionado, no será el único partido que deberá preguntarse cómo podrá sobrevivir a la crisis propia y a la del sistema político.


Traducción: Carlos Díaz Rocca


  • 1.

    Los llamados «crímenes de responsabilidad» se basaron en una interpretación muy elástica del artículo 85 de la Constitución brasileña de 1988, ya que estos deben ser precisados por una posterior ley reglamentaria que, sin embargo, no ha sido aprobada hasta ahora.

  • 2.

    Refiere al financiamiento de las prestaciones sociales por medio de créditos en bancos estatales junto con el retraso en el repago de dichos créditos. Es posible que haya buenas razones para criticar este tipo de operaciones fiscales, pero estas no han originado un perjuicio financiero para el Estado brasileño.

  • 3.

    Neves cayó 10 puntos en las encuestas entre diciembre de 2015 y abril de 2016, hasta ubicarse en 17%; sus correligionarios Geraldo Alckmin y José Serra retrocedieron respectivamente del 14% al 9% y del 6% al 5%.

  • 4.

    Desde principios de la década de 1990 está planteada una reforma del sistema electoral en Brasil. Entretanto ha habido varias iniciativas de reforma que fracasaron al toparse con la inercia del Congreso.

  • 5.

    Véase: Afonso Benites: « Dos 513 deputados na Câmara do Brasil, só 36 foram eleitos com votos próprios. Por quê?», en El País, ed. en portugués, 20/4/2016.

  • 6.

    Una lista de la firma Odebrecht, una de las constructoras más grandes de América Latina, encontrada en el marco de la Operación Lava Jato, contiene los nombres de más de 300 políticos (pertenecientes a un total de 24 partidos) a los que les llegó el dinero. Solo considerando las últimas elecciones nacionales de 2014, la empresa suministró – conforme a su declaración oficial– 46 millones de reales (más de 13 millones de dólares) a las campañas electorales de 15 partidos políticos de muy diversos orígenes ideológicos.

  • 7.

    Según la ley electoral vigente, las personas físicas pueden donar a partidos políticos hasta el 10% de sus ingresos, mientras que las personas jurídicas pueden hacerlo por montos no superiores al 2% de su facturación.

  • 8.

    OECD: Financing Democracy. Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, París, 2016 (véase capítulo 13, disponible en http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oe... en#page1).

  • 9.

    La prohibición de financiar las campañas electorales por medio de donaciones de empresas ya rige para las próximas elecciones comunales que se celebrarán en todo el país en octubre de 2016.

  • 10.

    Con las escuchas y la divulgación de conversaciones telefónicas de la presidenta, el juez violó claramente los límites de la legalidad, lo cual, no obstante, no ha tenido aún consecuencias para él.

  • 11.

    En dos años fueron condenadas 93 personas y fueron devueltos a las arcas del Estado poco menos de 3.000 millones de reales (más de 850 millones de dólares).

  • 12.

    En Brasil hay una elevada concentración de los medios. Aproximadamente el 70% de la información es producida por medios controlados por solo seis familias.

  • 13.

    Bia Barbosa y Helena Martins: «Os atos pró-democracia e a narrativa do golpe na grande mídia», en Carta capital, 21/3/2016.

  • 14.

    En distintos escenarios electorales, Lula se alzaría, según las últimas encuestas, con un 20% de los votos, con una tendencia creciente.

  • 15.

    Según una encuesta de Datafolha, casi seis de cada diez jóvenes de entre 16 y 24 años está convencido que la democracia brasileña funcionaría mejor sin partidos políticos.