Opinión

Guatemala: los dilemas de un gobierno que no quiere ser (¿o sí?) ni corrupto ni ladrón

El gobierno de Jimmy Morales parece sumido en el estupor, la frustración, el estancamiento. La corrupción, mientras tanto, sigue afectando a Guatemala.

Guatemala: los dilemas de un gobierno que no quiere ser (¿o sí?) ni corrupto ni ladrón

Apenas cumplido un año de haber arribado a la presidencia de Guatemala, el comediante y novel político Jimmy Morales, parece sumido en el estupor y la frustración. En medio del conflicto entre restauración conservadora y reforma democrática del viejo sistema político guatemalteco, el presidente pareciera limitarse al papel de espectador.

El pulso entre restauradores reaccionarios y reformistas

Desde 2015 la sociedad guatemalteca experimenta un proceso de transformaciones que ha removido los cimientos de su sistema político, a su clase política y las prácticas –ilícitas- dominantes en la política, en medio de fuertes resistencias de los actores beneficiarios del viejo modelo. Ese el conflicto político de fondo, en la coyuntura y a mediano plazo.

Por un lado, está el bloque de los reformistas democráticos que han impulsado –o respaldado- la transformación del sistema político encabezados por la Fiscal General Thelma Aldana y por el jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- Iván Velásquez, además de actores de la sociedad civil, la academia, medios escritos y digitales, partidos menores de la izquierda y la ciudadanía como actor «pasivo». Este bloque reformista apunta a propuestas y reformas sustantivas a la legislación ordinaria y constitucional, y en particular la continuación del procesamiento judicial de los implicados en casos de corrupción.

Por otro lado, se encuentra el bloque de la restauración cuya estrategia busca bloquear las reformas legales, la restitución de privilegios y revertir las medidas contra los procesados en los distintos casos judiciales.

Este lo conforman diputados de las bancadas mayoritarias en el Congreso aliados al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido oficial fundado por militares activos en la guerra interna y amigos cercanos del mandatario Morales. También la agrupación de extrema derecha Fundación contra el Terrorismo y la televisión abierta aliada de la clase política más tradicional e implicada en casos de corrupción.

Un breve recuento del trabajo de CICIG y el Ministerio Público, muestra que la marea contra la corrupción y la transformación sigue en curso.

En unos de sus casos más emblemáticos, a principios de 2016, la Comisión y el MP llevaron a tribunales el caso conocido como «Cooptación del Estado» que vincula a la cúpula del gobierno de Pérez entre quienes destacan la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y su ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ambos señalados en 2017 de cargos de narcotráfico por el gobierno de EEUU, y que vincula además a empresarios, directivos de medios y altos funcionarios de la banca privada. También al momento se encuentran acusados 29 diputados, cifra que podría a corto plazo triplicarse, si los señalamientos asociados a otros casos prosperan, entre ellos el vinculado a la constructora brasileña Odebrecht que habría dado sobornos a la clase política de diversos países latinoamericanos, entre ellos Guatemala y que aún no llega a conocerse en los tribunales nacionales.

Más allá del combate a la corrupción o como «descooptar» un Estado de las mafias

Hasta 2016, la CICIG y la Fiscalía guatemalteca habían promovido 21 investigaciones judiciales contra lo que la CICIG ha clasificado como «redes político económicas ilícitas» que articulan a políticos, actores civiles privados y crimen organizado.

Casi 200 personas han sido procesadas, la mayoría guardando prisión preventiva. El 90 por ciento de la cúpula del gobierno anterior, además de diputados, jueces y magistrados, altos ejecutivos bancarios y empresarios han sido vinculados. Los delitos imputados: peculado, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, fraude, financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero.

Sobre la relación entre política y corrupción, un Informe de la Cicig en 2015, señala que, «la mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción. Este hecho está asociado con una tendencia creciente […]: el autofinanciamiento por parte de los candidatos que buscan la elección o la reelección».

De acuerdo con los datos de las pesquisas, aunque existen otras fuentes, el financiamiento ilegal procede de los mismos políticos en por lo menos el 50 por ciento de casos. Por otro lado, los procesos judiciales derivados de las investigaciones han revelado detalladamente el proceso de captura del Estado por parte de estructuras criminales con métodos delictivos cada vez más sofisticados.

Como resultado, se observan tres efectos derivados de la cooptación criminal del aparato estatal: la sustitución de la clase política histórica por una nueva clase política rentista neopatrimonial; la cooptación mafiosa del financiamiento electoral y del Estado con acumulación de capital ilícito; y el lavado de dinero como actividad central de las redes que controlan la política que transforma al Estado en una «máquina para lavar dinero» (acumulación política originaria).

Desde la lectura en clave geopolítica son entendibles los riesgos de estados convertidos en maquinarias lavadoras de dinero de las estructuras criminales y el interés estratégico que el tema tiene para la agenda securitista del gobierno estadounidense en Centroamérica, y el apoyo al funcionamiento de la CICIG en Guatemala, de la cual es su principal financista.

Esta medida se enmarca en el otro mecanismo de intervención preventiva creado durante la administración Obama: el llamado Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte que busca influir en las causas de la migración masiva de centroamericanos hacia Estados Unidos. Las acciones recientes de los nuevos funcionarios del gobierno de Trump, como la visita del secretario John Kelly a Guatemala, las declaraciones del secretario Brownfield y la resolución bipartidista aprobada en marzo pasado por el Congreso en Washington respaldando a la Comisión y la Fiscal Aldana deben leerse en la misma óptica.

En la coyuntura cabe destacar que existe una convergencia central básica e inédita –aunque por razones diferentes- entre los intereses de los reformistas democráticos nacionales y la política norteamericana: el desmantelamiento de las estructuras políticas criminales que tienen cooptado el Estado –y la política- en Guatemala.

El gobierno de Jimmy Morales y las inercias del viejo sistema

Cuando a mediados de 2016, una coalición conformada por CICIG, el MP y la Procuraduría de Derechos Humanos inició un proceso de diálogo abierto con todos los sectores sociales para la elaboración de un proyecto de reformas constitucionales del Sector Justicia, el gobierno manifestó su apoyo a la coalición. En su presentación pública en Palacio Nacional el presidente junto a sus pares del Legislativo y Judicial firmó un compromiso de apoyo a las reformas. No obstante, en noviembre cuando las reformas llegaron al Congreso, la bancada oficial se convirtió en su principal opositora aduciendo que deberían ser rediscutidas, pese al apoyo previo y la legitimidad del proceso de elaboración en el cual los diputados habían participado.

Luego de cinco meses en el parlamento, la aprobación de las reformas se encuentra estancada. Los puntos más críticos de los opositores son la creación del Consejo Nacional de Justicia, que asumiría la función de selección de magistrados actualmente a cargo del Legislativo, además de supervisar la actuación de los jueces y el retiro parcial del derecho de antejuicio a los funcionarios públicos.

Al escenario anterior, se suma la acusación en enero, por parte de CICIG y el MP contra el hermano e hijo de Jimmy por su vinculación a una red ilícita que operaba en el Registro General de la Propiedad; también la posible cancelación del partido oficial por no declarar en tiempo el financiamiento de campaña en 2015, fondos que habría recibido según la prensa, el propio mandatario. Además, el jefe de su bancada fue desaforado por una acusación de la Fiscalía y actualmente se encuentra prófugo.

En ese contexto, el presidente al ser cuestionado por los medios, por no pronunciarse frente a una campaña de desprestigio organizada por los adversarios de CICIG y que pretendía la destitución del jefe de la Comisión, respondió: «No estoy pidiendo la destitución del comisionado (Velásquez) pero puedo hacerlo». Este traspié político revela las limitaciones de Jimmy además de su desconocimiento del tema, puesto que el Comisionado es nombrado por Naciones Unidas, no por el gobierno guatemalteco.

En este escenario, el epicentro de las decisiones se sitúa en el Legislativo donde la bancada oficialista responde a la camarilla de militares que fundaron FCN y manejan una agenda donde el presidente no tiene control. Mientras tanto el Congreso continúa siendo la principal trinchera de la resistencia contra la trasformación política y los diputados encabezados por el oficialismo sus principales conspiradores.

En su tragicomedia el gobierno de Morales se ve lejos del que fuera su mantra electoral –ni corrupto, ni ladrón-; y a diferencia del personaje central de la novela El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, Jimmy Morales se asemeja una figura de guiñol en el «monstruoso bosque de hilos invisibles» que para el gran escritor, es el teatro del poder en Guatemala.

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