Opinión

Guatemala: la impunidad como objetivo

Frente a las acusasiones de corrupcion, el presidente guatemalteco ha decidido emprender una batalla contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La sociedad se moviliza para evitar que los delitos que involucran a Jimmy Morales y a su partido queden impunes. Sin embargo, el presidente se atrinchera y, sin ningún modo diplomático, desafía a las instituciones y al Estado de derecho.

Guatemala: la impunidad como objetivo

Cuando el 3 de septiembre de 2015, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina debió renunciar al cargo para enfrentar el juicio que por denuncias de corrupción se le había iniciado, muchos ciudadanos imaginaron que se abrían las puertas de un proceso rápido y pacífico para la construcción de la democracia y el imperio de la ley. Tres años después, la sombra del retorno a los regímenes autoritarios con fachada democrática se cierne sobre el país.

Casi a las puertas de un nuevo proceso electoral, aquel año resultó atípico. Por primera vez en cinco lustros, quien había perdido la segunda vuelta electoral en el evento anterior no resultaba ganador. Los últimos cinco presidentes habían necesitado disputar una elección previa para luego salir triunfadores, estableciéndose cierta lógica de construcción de imagen por casi ocho años. Esta vez, Manuel Baldizón, que en 2011 había competido en el balotaje contra Pérez Molina, no conseguía siquiera pasar al segundo turno, el que fue disputando entre Sandra Torres, candidata del partido que había hecho gobierno de 2008 a 2012, cuando era esposa del presidente, y Jimmy Morales, un cómico bastante conocido a nivel popular pero desconocido en el ámbito político.

La crítica a los políticos de viejo cuño, producto de la escandalosa corrupción desnudada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), unida a que las clases medias urbanas habían introyectado un visceral rechazo a la ex esposa del ex presidente Álvaro Colom (2008-20012), hizo que el cómico ganara con facilidad el segundo turno, a pesar de que no tenía programa de gobierno y no le acompañaban personas minimamente conocedoras de la gestión pública. Su elección fue, en consecuencia, un salto al vacío del electorado, confiado apenas en la promesa (paranada demostrada) de que el candidato no era ni corrupto ni ladrón.

Empresarios y clases medias acomodadas intentaban recuperar el proyecto neoliberal que, clientelarmente, había enarbolado el ahora detenido Pérez Molina, por lo que legal e ilegalmente, financiaron la campaña del cómico recién llegado a la política.

Por su parte, la CICIG establecida por Naciones Unidas en 2006, a pedido del Estado guatemalteco para enfrentar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs) había evolucionado, proporcionando también asesoría y tecnología útil para la persecución penal de la corrupción, consiguiendo que, presentando pruebas fehacientes de actos ilícitos, se enjuiciara y encarcelara al ex presidente Pérez Molina, así como como a la vicepresidenta Roxana Baldetti y a un nutrido número de ex funcionarios y empresarios.

La CICIG, conducida desde septiembre de 2013 por el colombiano Iván Velázquez, mantuvo abiertas una serie de investigaciones que, semana a semana, conducían al encarcelamiento preventivo de una amplia gama de acusados de corrupción y malversación de fondos públicos.

El cómico, ahora presidente, hizo público su apoyo a la permanencia de la CICIG en el país por dos períodos más, es decir, hasta 2021, declarándose el principal enemigo de la corrupción.

Sin embargo, en uno de los tantos casos investigados y denunciados en 2016, el hermano y el hijo del presidente resultaron implicados, lo que condujo a que la Comisión y el Ministerio Público (MP) pidieran su enjuiciamiento, lo que conllevó a su detención. Si públicamente el presidente Morales declaraba que la situación de sus familiares no afectaba su apoyo a la CICIG, en entrevistas televisivas llegó a justificar ese comportamiento ilegal, desatando desde entonces la persecución mediática y política a la Jefa del MP y el responsable de la CICIG, tratando por todos los medios de desacreditarles y conseguir la remoción de Velázquez, campaña en la que todos aquellos que tenían causas pendientes con la justicia por delitos de peculado y corrupción financiaran y participaran activamente.

Para complicar más la situación del presidente y sus allegados, la CICIG constató que en su campaña electoral había recibido financiamiento no declarado, lo que resulta un ilícito según la legislación electoral guatemalteca. La CICIG y el MP no tuvieron más que pedir que el Congreso le retirara la inmunidad y autorizara le juzgara juez competente.

Si ya la acusación y encarcelamiento de su hijo y hermano había colocado al presidente contra el responsable de la Comisión contra la impunidad, el pedido de retiro de la inmunidad hizo que, dos días después de presentado, se le declarara non grato y se le exigiera salir del país. Tuvo que interceder el recién nombrado Procurador de los Derechos Humanos quien, al presentar una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, logró impedir que el exabrupto presidencial se concretase.

Con los éxitos obtenidos por la CICIG en la investigación de un sin número de casos de corrupción, que condujeron al enjuiciamiento y detención de más de una centena de funcionarios de alto y mediano rango, incluidos diputados ex directivos del Congreso, así como de empresarios de la industria de la construcción y de otras actividades, el prestigio de la Comisión ha llegado ha ser casi unánime, mientras el gobernante y sus allegados son, cada vez más rechazados. El rechazo se extendió a los diputados del Congreso, al negarse a retirar la inmunidad al presidente.

Las investigaciones en los distintos asuntos no se detuvieron. En abril de 2018, fue denunciado otro caso de financiamiento electoral ilícito al partido del actual presidente. Siendo él responsable legal de su partido, los delitos le son directamente endilgados. Dueños de las más importantes empresas del país habían financiado ilegalmente la campaña del presidente, simulando transacciones y emitiendo facturaciones falsas.

Los empresarios aceptaron su responsabilidad y están siendo juzgados, gozando sin embargo de libertad condicional. El presidente, por su parte, no asume la suya, procurando por todos los medios expulsar al comisionado e impedir, por todos los medios, que el Congreso de la República le retire la inmunidad.

El último día de agosto, desde tempranas horas, vehículos policiales artillados se apostaron frente a las oficinas de la CICIG, así como radiopatrullas y grupos policiales se apostaron frente a distintos medios de comunicación, en una ostentosa demostración de presión nunca vista en los últimos veinte años. Al mediodía, el presidente Morales, rodeado de altos mandos del Ejército y la Policía Nacional Civil hizo pública su decisión de no prorrogar el mandato de la Cicig, por lo que el 3 de septiembre de 2019 tendría que retirarse. Para tal anuncio el despliegue de fuerzas policiales y la presencia de jefes militares en su conferencia resultaba innecesaria, dejando en el ambiente la sensación de que o había fallado alguna acción policial de mayor envergadura, o era el anuncio de la militarización de la seguridad nacional.

Días después, el Comisionado Iván Velazquez debió salir al extranjero, situación que el gobierno aprovechó para hacer pública su decisión de no permitirle el regreso al país.

En respuesta, distintas organizaciones sociales organizaron marchas y plantones en la ciudad y las carreteras, todas en apoyo a la Cicig y críticas a las decisiones gubernamentales. Pero si los plantones en carreteras apenas contaron con vigilancia policial, las movilizaciones en la ciudad capital fueron vigiladas y limitadas por un inusual dispositivo policial, acompañado de miembros del Ejército fuertemente armados.

De la noche a la mañana, el país y la ciudad capital en particular, se ha visto militarizado, con una clara intensión de atemorizar e inhibir la movilización social. Sin embargo, con mayúscula creatividad, los ciudadanos en distintas ciudades aprovecharon las celebraciones de la Independencia para expresar su crítica y rechazo al gobernante y sus decisiones, obligando al gobierno a parapetarse en dispositivos militares y policiales cada vez más ostentosos y preocupantes.

Ante el pedido a la Corte de Constitucionalidad para que se permitiera el ingreso del Comisionado, el domingo 16 por la noche esta resolvió favorablemente, estableciendo la ilegalidad de la orden que impide su retorno al país. Sin embargo, el gobierno en lugar de acatar tal disposición, en horas de la tarde del lunes hizo pública su decisión de mantener la prohibición, exigiendo al Secretario General de Naciones Unidas que nombre cuanto antes un nuevo comisionado.

La posición altanera y autoritaria del gobierno evidencia que el único interés es impedir que el presidente sea juzgado por sus supuestas faltas y delitos, cerrándose toda posibilidad a la solución negociada de un problema creado por un gobernante que, en los hechos, muestra que se considera por encima de la ley y las disposiciones internacionales.

Mientras los sectores más conservadores, vinculados directa o indirectamente a la corrupción y crímenes de lesa humanidad del pasado cierran filas con el presidente para impedir ser presentados ante los tribunales, distintos actores sociales se movilizan cada vez más organizadamente, para impedir un retorno al pasado tenebroso de sangre y corrupción que muchos aún recuerdan.

Mientras tanto, el gobierno se aleja de los más mínimos modos diplomáticos para solucionar la cuestión, empecinado en impedir el regreso del Comisionado e imaginando que con ello todos los problemas legales del presidente se verán solucionados. Pero afortunadamente, la sociedad avanza cada día más en sus movilizaciones y organización, sin que por ahora se tenga claro cual puede ser el desenlace.

Pie de página