Coyuntura

Guatemala: la corrupción como crisis de gobierno

Guatemala vive una coyuntura crítica que está poniendo a prueba su sistema democrático. El «descubrimiento» de gigantescas redes de corrupción que atraviesan todos los niveles del Estado –sumadas a la violencia que azota al país– ha dado lugar a movilizaciones ciudadanas inéditas en la historia reciente que ya han provocado la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías y han dejado al derechista Otto Pérez Molina como una figura con escasa capacidad de juego a la cabeza del Poder Ejecutivo, a la espera de un final de mandato próximo a llegar.

Guatemala: la corrupción como crisis de gobierno

Una situación de crisis potencial ha acompañado el desempeño del gobierno del Partido Patriota dirigido por el presidente Otto Pérez Molina. Tanto los votantes de la derecha hoy gobernante como mucha gente que no la votó sufren un profundo desencanto. La consigna de gobernar con mano dura no se cumplió y la tasa de homicidios, por ejemplo, ha continuado subiendo. El desorden que provoca entre la población la extendida inseguridad se agrava con las reiteradas muestras de incapacidad gubernamental. Pero los numerosos ejemplos de ineficacia en cualquiera de los espacios administrativos encolerizan especialmente porque son acompañados por diversos delitos.

La denuncia de un extendido sistema de corrupción que funciona en los altos niveles de la elite gobernante se deslizó en los medios políticos e institucionales guatemaltecos a fines de abril pasado. La ola de denuncias comenzó con las acciones fraudulentas en la Superintendencia de la Administración Tributaria (sat), continuó con denuncias de fraudes en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y prosiguió con denuncias de corrupción en la Policía Nacional Civil. Se trata de hechos muy graves por las escandalosas maneras de negociar la riqueza pública y porque en principio esas formas de ejercicio del poder alteran la normalidad establecida. Se consideró con razón que esta información, por los actos que involucra, inflamaría aún más el descontento que expresa la crisis y, en efecto, pari passu provocó el comienzo de las fuertes movilizaciones populares.

El remolino crítico afectó las estructuras institucionales en las que se articula el poder del Estado: la Presidencia de la República, el Ministerio de la Gobernación y la policía. Desde el mes de abril, una ola de manifestaciones populares y los efectos desorganizadores que estas producen debilitaron aún más al Poder Ejecutivo y volvieron incierto su funcionamiento; el ejercicio de la autoridad, en consecuencia, hizo perder legitimidad a los aparatos comprometidos con el uso del poder, mientras que la economía empezó a experimentar desequilibrios que parecen resultado de fenómenos asociados a la crisis.

El sábado 25 de abril se produjo por primera vez en muchísimos años –tal vez unas tres décadas– una irrupción de las masas en la calle, convocada casi de manera espontánea por grupos anónimos de jóvenes descontentos: una silenciosa convocatoria y una explosión de protesta, con música y gritería. Por primera vez en Guatemala se utilizan como instrumento movilizador los medios electrónicos –Facebook, Twitter y otros–, que facilitaron la constitución de un conjunto de redes sociales movilizadoras que se agruparían bajo el lema «#RenunciaYa».

La intensa capacidad de información intergrupal que permite internet, pero sobre todo millares de teléfonos celulares y otros artilugios electrónicos orientados en la misma dirección, facilitó el inicio y luego la multiplicación de contactos informativos y acuerdos que culminaron en la decisión de marchar. ¿Quiénes se comprometerían? ¿Cuántos irían? Allí estaba también el temor íntimo de muchos frente a la posible actuación de la policía, o de las otras fuerzas del orden que en tiempos pasados disparaban, mataban, herían a la sociedad.

La ocupación de la Plaza de la Constitución, centro neurálgico de la capital guatemalteca, provocó una intensa conmoción social que fue debilitando al gobierno, no solo en la capital, sino en el conjunto del país. 30.000 personas participaron con pancartas, cartelones, letras móviles, gritos y canciones que exigían las renuncias, debido a las fundadas sospechas de sus niveles de corrupción, del presidente y de la vicepresidenta de la República y de un grupo de altos funcionarios, al tiempo que expresaban demandas en favor de un Estado democrático bien administrado. Finalmente, la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías debió renunciar el 8 de mayo pasado, y varios ministros también están bajo sospecha.En la organización no hubo preparativos previos, ni instructivos que aseguraran que este acto de masas fuera extraordinariamente ordenado y sin actos de violencia, en un país con altísimas tasas de criminalidad y en una localidad –Ciudad de Guatemala– que es uno de los núcleos urbanos más criminógenos de América Latina. No hubo oradores ni tribunas ni distribución de propaganda política. Las consignas convocantes fueron breves y directas: la denuncia contra formas extremas de una corrupción extendida entre las altas autoridades que ha saqueado los recursos públicos, el castigo de los responsables y la reapropiación de los bienes por el Estado. Como puede advertirse, entre las numerosas formas de protesta abundaron las demandas de orden moral y político, que son las que más vienen movilizando a la ciudadanía. Es tanto el hartazgo por el desorden y la ilegalidad social que la crisis ha sensibilizado sobre todo a la juventud, lo que explica en parte su disposición para la movilización social.

La movilización de las masas urbanas continuó en las semanas siguientes. Decenas de miles de ciudadanos marcharon hacia la Plaza de la Constitución el 16 de mayo, haciendo un total de unas 60.000 personas, a las que se suman unos 15.000 manifestantes en el interior del país1; el 30 de mayo desfilaron más de 30.000 personas y el 11 de junio unas 20.000 en la ciudad y otras 10.000 en tres ciudades de departamentos del país. Las movilizaciones parecieron tan organizadas a pesar de su espontaneidad y golpearon tan fuerte, que hubo al inicio la sospecha de un plan subversivo de largo aliento. Pero ¿por qué decimos que la crisis se «deslizó»? La crisis, de hecho, venía condensándose en los pliegues de la sociedad, existía como profundo malestar ciudadano que se rumiaba todos los días, un hartazgo frente al desorden de la conducta de la elite gubernamental y sus socios económicos, políticos y militares. No decimos que la crisis «estalló», porque nadie estaba emocionalmente preparado para ponerse de pie y pelear.

El régimen se encuentra enredado en numerosos escándalos y acumulación de descréditos, por lo cual se deslegitima todos los días. Desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig)2 desarticularon el 14 de abril de este año la red criminal que se dedicaba a la defraudación aduanera, han pasado tres meses y varios escándalos más agudizan la crisis del gobierno. Ese día fueron capturados Carlos Muñoz y Omar Franco, jefe y ex-jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (sat), junto con 12 cómplices. El presunto cabecilla de la banda resultó ser Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, quien por esos días se encontraba de viaje con ella en Corea del Sur, donde la funcionaria recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Católica de Daegu «por su labor social». El 8 de mayo, después de ser responsabilizada de la fuga de Monzón y de mentir sobre la fecha de su regreso a Guatemala, ya en medio de un escándalo mediático, la vicepresidenta finalmente renunció, mientras en el Congreso avanzaba un antejuicio en su contra3.

La maldición del escándalo que persigue a la política en estos días estaba activa trazando un oscuro horizonte: el 20 de mayo, el Ministerio Público y la cicig denunciaron la existencia de un contrato fraudulento firmado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Droguería pisa, que daba servicios médicos al Instituto: las aparentes irregularidades involucran la muerte de unos 17 pacientes renales4. El principal encausado es el presidente de la institución, el teniente coronel Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, estrecho amigo del presidente Pérez. Esta estructura criminal se habría repartido 16% del contrato de 116 millones de quetzales (15,2 millones de dólares estadounidenses). Los directivos del Instituto (incluidos el presidente del Banco de Guatemala, el representante de las Cámaras Empresariales y la delegada de los sindicatos) están procesados y en la cárcel, lo que ha motivado la protesta de los medios empresariales.

Adicionalmente, el 10 de junio la Corte Suprema de Justicia dio paso a la solicitud de antejuicio planteada por el diputado Amílcar Pop, quien acusó al presidente de cometer varios delitos en el manejo de los casos anteriores. El Congreso nombró por sorteo una comisión para investigar a Pérez Molina, encabezada por el diputado Baudilio Hichos, quien a su vez fue acusado de operar una red de nepotismo en una zona oriental del país y contra quien accionó la Fiscalía, por lo que Hichos debió renunciar a la dirección de la Comisión.

El día 24 de junio, el Ministerio Público y la cicig denunciaron la existencia de una red de jefes de la Policía Nacional Civil que desde esa institución hacían negocios con siete «empresas de cartón». En el periodo denunciado habrían ganado unos 65 millones de quetzales (8,5 millones de dólares). No obstante, la corrupción en la policía constituye un capítulo más en la descomposición del Estado. Noticias similares las hay todas las semanas, a punto tal que la capacidad de escándalo se va reduciendo. La corrupción es solo un síntoma de sociedades como la guatemalteca, movidas por la atracción irrefrenable del dinero fácil. Con las evidencias proporcionadas por la cicig en el Congreso, se ha llegado al límite de la pobreza moral en la búsqueda del dinero. El presidente del Congreso en 2014, Pedro Muadi, un importante empresario, fue acusado de apropiarse de un porcentaje del salario mensual que pagaba a un grupo de trabajadores: los centavos que les robaba eran depositados en su cuenta personal y estos habrían sumado unos 630.000 quetzales (82.000 dólares) en un corto periodo. La cifra es insignificante si se la compara con las acumuladas en otros negocios ilícitos, pero su origen revela la voracidad de estos políticos-empresarios.

La crisis y el Estado

La nota crítica de las protestas guatemaltecas ha sido la exigencia de la renuncia de todos los delincuentes, con el Presidente de la República y su cohorte a la cabeza; y esta capacidad de exigir la defenestración de las más altas autoridades del país ya es en sí misma una situación de conflicto. En el orden previsto constitucionalmente, esa petición altera el ciclo natural de la vida política y, por sus efectos, produciría una ruptura de la legalidad. Nos movemos en un espacio legal y constitucional que nadie quiere que se debilite, lo cual es inevitable que suceda si se produce el acto de renuncia.

El punto de arranque es considerar los sistemas sociales en términos de «equilibrio homeostático»; como tales, se mantienen cuando demandas y respuestas se producen conservando la normalidad, que puede ser la paz o la ausencia de conflictos. Pero toda sociedad está en equilibrio precario cuando sus demandas no tienen correspondencia con las respuestas desde el Estado. Los desequilibrios que se producen son disfunciones que afectan las variables fundamentales del equilibrio, es decir, los valores de la sociedad.

Los numerosos actos de corrupción ocurridos en medio de escándalos han sido parte de un proceso que se planteó en el interior de una sociedad con síntomas de anarquía, con permanente violación de sus valores y principios. A los fenómenos políticos se suman procesos de descomposición social y personal: una agenda de crímenes tales como repugnantes actos de pedofilia intrafamiliar, madres que matan a golpes a sus hijos, hijos que incineran a sus madres, mujeres destrozadas con odio misógino, 5.000 extorsiones denunciadas por mes, un promedio de 15 homicidios diarios, linchamientos y muchísimos actos criminales que se originan desde la sociedad. Todo esto transfigura a esta sociedad contra el Estado. Tómese nota, hablamos de corrupción como acciones contra el Estado, pero en su interior. Y criminalidad desde la sociedad y contra el Estado, pero en su exterior. Lo más siniestro de este rumbo del malvivir en la ilegalidad es la criminalidad de las maras, que se han vuelto decenas de miles. ¿La juventud enemiga del Estado?

La operación intelectual mediante la cual los investigadores de las revoluciones modernas hacen de las crisis objetos de estudio consiste en considerar la realidad social dividida en dos bloques: los factores objetivos y los subjetivos. Los factores objetivos corresponden a lo que parece proceder de determinismos sociales fuertes, lo que escapa al dominio de los actores, mientras que los factores subjetivos, por el contrario, corresponden a la actividad de las organizaciones, a su orientación consciente, a los objetivos que los actores se proponen. Y en el caso guatemalteco, el desequilibrio en el interior de la estructura de poder del gobierno aumentó con la acción de los sectores populares.

El fuerte desequilibrio social que fue volviendo difícil la vida de los guatemaltecos fue la profunda sensación de un malestar peligroso que con el gobierno de Pérez Molina no hizo más que aumentar. Para la población, ha resultado irritante que el régimen encabezado por un general contrainsurgente y un grupo de oficiales con entrenamiento en el exterior fuera incapaz de integrar y ordenar la sociedad; y por el contrario, que fuera tan fácil de corromper y se dejara tentar con el mal uso de los recursos del país.

Fue una deslegitimación de la autoridad del Estado, pero ha sido también la suma de los factores de inseguridad, de una violencia que penetra en el fuero personal de manera creciente, de la pobreza y las desigualdades, y aún peor, el saqueo de los recursos públicos por parte de las altas autoridades políticas, policíacas y militares del país. Hay fenómenos o procesos sociales que conducen o pueden conducir a rupturas en el funcionamiento de las instituciones políticas, no necesariamente legítimas, propias de un sistema social, y que parecen amenazar la persistencia de estas instituciones. Los desequilibrios políticos, si son de largo plazo, constituyen síntomas críticos mayores.

La muerte en la calle

El pasado reciente de la vida política guatemalteca quedó ferozmente surcado por lo que se llamó con razonada hipocresía el «conflicto armado interno», una modalidad desequilibrada de guerra civil entre una minúscula fuerza guerrillera y un ejército nacional bien entrenado para el juego de la contrainsurgencia. El conflicto armado fue más bien una política de represión antipopular que en el transcurso de dos décadas provocó más de 100.000 muertos y desaparecidos, una cifra similar de refugiados y desplazados y otras expresiones de destrucción humana y material. En esa época, las luchas por la democracia fueron consideradas por las autoridades anticomunistas formas extremistas de organización, y el uso de la fuerza aumentó. Esos recuerdos están presentes en las movilizaciones entre las personas de mayor edad. La cultura política guatemalteca quedó marcada por las dificultades para el diálogo y la pronta escalada del conflicto para resolver diferencias. La implantación de la democracia electoral en 1986 y la Constitución correspondiente permitieron pasos sucesivos en la búsqueda de la convivencia ciudadana; otro paso decisivo fue la aprobación de los Acuerdos de Paz, que pese a las dificultades que tuvieron en su divulgación y apropiación por parte del gran público, estimularon la cultura democrática en el país.

Pero las marchas de protesta trajeron el recuerdo obligado del conflicto armado, porque las relaciones sociales de la población quedaron lastimadas por la violencia, y las redes de solidaridad y de confianza todavía no alcanzan a restañar las heridas de la vida social. En el marco de estos antecedentes históricos, las convocatorias a la movilización popular que se vienen haciendo entre abril y junio de este año inicialmente despertaron temor. Con toda razón, la gente recuerda que ninguna manifestación popular, independientemente de su tamaño, fue permitida en el pasado. La relativa libertad con que hoy en día se demanda al gobierno aparece como una novedosa prueba del respeto a los derechos políticos de la ciudadanía.

Durante mucho tiempo, con o sin permiso policial, no hubo desfile, manifestación o movimiento de masas que no terminara con violencia o hasta con la muerte de uno o muchos de los asistentes. Tampoco hubo reconocimiento oficial de los atropellos homicidas, y jamás se supo de algún castigo o sentencia para los numerosos victimarios. Desde entonces se practica la impunidad. Es este un capítulo olvidado de la historia del desenfreno militar, del abuso permanente del monopolio de la violencia, legítima o no; es difícil que la injusticia se realice como un hecho legítimo, o que la justicia sea compatible con la violencia. Los rasgos delictuales guardan fiel relación con lo que la ley prescribe como tal.

Entonces, las protestas populares con finalidades políticas fueron dejadas de lado por un tiempo porque no eran compatibles en el clima del conflicto armado interno. Las muertes en la calle fueron sustituidas en el país de los 100.000 muertos por luchas en la montaña o por las matanzas en el medio rural con intenciones genocidas. Pero la juventud que en este 2015 libra su propia batalla ya no tiene en su memoria lo que ocurrió en los años 80 del siglo pasado; hay una cierta ignorancia de ello entre la generación de los Acuerdos de Paz. Como se plantea en la parte final del texto, las diferencias se explican no solo por la edad, sino también por los estratos sociales de pertenencia.

Las experiencias mortales en las protestas fueron muchas. Recordemos algunas. Una manifestación pacífica de gente variada encabezada por un grupo de estudiantes universitarios, el 25 de junio de 1956, fue detenida por un destacamento militar en pleno centro urbano, en la popular esquina del Teatro Lux y la calle 11. Fueron ametrallados, con un saldo de cinco muertos y 37 heridos y más de un centenar de detenidos. A su turno, las llamadas Jornadas de Marzo y Abril (1962) fueron la materialización del rencor y del resentimiento de una generación reprimida con la caída de Jacobo Arbenz5. El régimen de Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) también reaccionó con violencia frente a manifestaciones de estudiantes de secundaria y de la universidad. La movilización popular, con paros del transporte público, del sistema escolar y de algunos servicios sociales, se prolongó por varias semanas entre marzo y abril de 1962 y contó más de 40 jóvenes muertos, una centena de heridos y de detenidos. Por esos años se vivían los prolegómenos de lo que sería la guerra civil. En efecto, entre 1965 y 1967 se desarrolló en el país lo que se conoce como el primer foco guerrillero. El desfile tradicional del 1o de mayo, que reunía a organizaciones de obreros y campesinos, fue siempre reprimido, pero nunca como en el año 1980. Ese año, la concentración de los trabajadores fue salvajemente atacada, como si se tratara de una acción de guerra; nunca se supo el número exacto de muertos y heridos, pero se dice que fueron más de 30 personas que manifestaban y también del público.

Las últimas expresiones de descontento de masas reprimidas con violencia ocurrieron en el momento más represivo de la dictadura del general Romeo Lucas García (1978-1982). Casi todas ellas fueron desfiles fúnebres, en la Alameda que conduce al cementerio general, con ocasión del entierro de figuras políticas asesinadas, como Oliverio Castañeda, Alberto Fuentes Mohr, Manuel Colom Argueta y varios más. Era un pueblo que protestaba por la muerte de personalidades nacionales, ya sin objetivos políticos precisos; gente que desfilaba como expresión de dolor y de repudio, paralizada con balazos indiscriminados. Esa fue la manera contrainsurgente de poner orden en la calle, en la plaza, en el foro.

Corrupción y crisis versión 2015

Los actos de corrupción son variados, múltiples, estremecedores: médicos que venden el servicio de camas en hospitales públicos, venta de tesis académicas, contrabando de toda mercancía imaginable, venta de niños, de derechos de exploración de tierra, funcionarios que venden servicios o pagan sobrevalores para dejarse la diferencia... Como puede verse, la corrupción no solo la practican las altas autoridades, sino también las medianas, las pequeñas, casi todos. Esta es una sociedad que viene enferma después de tanta violencia de guerra. Es un síntoma de lo que le sucede a una sociedad cuando se han debilitado los recursos socializadores del orden, la moralidad, el respeto y la lealtad. Una razón anómica explica que muchos cometan actos de corrupción porque saben que es una fuente de ingresos o beneficios.

Un recuento incompleto de actores corruptos se ofreció páginas atrás; ahora agreguemos otros. A mediados de 2012, el reo acusado por la muerte de monseñor Juan Gerardi en 1998, capitán Byron Lima, condenado a 20 años de prisión, se convirtió con la ayuda de los altos funcionarios del sistema penitenciario en jefe de una estructura ilegal en las cárceles, que vendía los mejores sitios, comodidades, salidas ilegales, visitas, traslados y varios tipos de favores apreciados por los presos con recursos para pagarlos. En la red, supuestamente estaba involucrado el titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo. Según la investigación, la principal actividad delictiva del grupo era la transferencia de presos de un penal a otro, y por cada uno de los traslados Camargo cobraba unos 6.000 dólares6.

Byron Lima ganó así muchísimo dinero durante varios años, hasta que la cadena criminal se volvió tan pública y onerosa que sus miembros fueron denunciados, los más importantes fueron destituidos, Lima perdonado y puesto en su lugar; el escándalo tuvo conexiones con el ministro de Gobernación, jueces, empresarios y la propia Presidencia de la República. ¿Fingimos sorpresa? Con tantos y tan desproporcionados delitos, a nadie pasa desapercibido que los negocios ilegales realizados a la sombra del gobierno terminan haciéndose evidentes.

Ya mencionamos la cadena criminal que existía en la sat y el sistema de aduanas, donde hubo fraude fiscal y robo de los impuestos que los importadores pagaban, además de permitirse el paso de toneladas de estupefacientes. En este y otros actos ilegales habría estado vinculada la vicepresidenta de la República. Contra ella fue también la manifestación del 25 de abril, que reclamó su renuncia y la de su equipo, e incluso la del presidente Pérez y buena parte de su gabinete, además de que el gobierno «devuelva todo lo que se robó». Y el movimiento #RenunciaYa continuó movilizándose. Aún no se ha podido capturar a dos de los supuestos responsables de estas mencionadas corruptelas, el capitán retirado Monzón y Luis Mendizábal, un supuesto intermediario en la red de corrupción.

A este clima de efervescencia y malestar ciudadano, especialmente en las universidades, se sumaba el ánimo combativo generalizado de grupos sociales que, como los campesinos, nunca vieron satisfechas sus demandas. La complejidad de la coyuntura que vive el país queda completa si se recuerda que 2015 es un año electoral y que el 5 de mayo se abrió la campaña para los comicios presidenciales del 6 de septiembre, con todo lo que ello significa: la modalidad guatemalteca de campaña, especialmente dispendiosa, ruidosa y reiterativa, que está llegando al uso de la violencia armada para ganar espacios, resolver diferencias y, a veces, hasta para ganar votos.

Los hechos derivados del affaire Baldetti –conocido como el caso «La Línea»– profundizaron la ya aguda crisis del régimen con la renuncia de varios ministros, incluido el de Gobernación, coronel Mauricio Lima Bonilla. Cabe destacar también la dimisión del ministro de Energía y Minas, Érick Archila, quien, como Baldetti, era investigado por una comisión del Congreso tras un supuesto caso de corrupción por la sobrevaloración de adjudicaciones hidroeléctricas. Adicionalmente, tras la denuncia de la cicig de los hechos de corrupción ocasionados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, fue detenida la Junta Directiva del Instituto, acusada de manejo criminal de medicinas destinadas a enfermedades renales.

De este modo, el mandatario derechista vio debilitarse su poder, a lo que se agrega una solicitud de antejuicio que, pospuesta por un amparo, se reactivará en los próximos días, lo que podría colocarlo en la condición de perseguido penal. De hecho, Pérez Molina es un presidente que ya no gobierna y mantiene una condición de aislamiento a la espera de que termine su periodo constitucional.

Estamos viviendo una profunda crisis de gobierno en paralelo a la falta de democracia. El Poder Ejecutivo ha perdido autoridad. Uno de los problemas de la crisis está vinculado a la inestabilidad, que tiene muchas fases, de las cuales la más importante son los desequilibrios que presentan los partidos políticos y el sistema electoral. El régimen de Pérez Molina se apoyó en un partido artificial –el Partido Patriota–, minoritario y obligado a transar con pequeños grupos. En el Congreso aceptó legislar con el principal partido de la oposición. La vacancia de la Vicepresidencia tuvo un remedio falaz: fue nombrado para el cargo el abogado Alejandro Maldonado Aguirre, magistrado de la Corte de Constitucionalidad y ex-adherente del Movimiento de Liberación Nacional, un partido violentamente anticomunista y de extrema derecha.

Por todo esto, el régimen ha perdido toda legitimidad. En el caso de una democracia, la creencia en su legitimidad por parte de una mayoría de la población o una mayoría del electorado es insuficiente para su estabilidad. El apoyo popular al oficialismo ha desaparecido, el Partido Patriota sobrevive en un medio electoral que le es adverso, la simpatía por Pérez ha caído en las encuestas. La legitimidad se erosiona pero resulta difícil comprobarlo.

Un gobierno legítimo es el que se considera menos malo que otras formas de gobierno7. La corrupción produce mal gobierno, ya sea porque aumenta las trabas burocráticas o porque dificulta el funcionamiento estatal. La experiencia de Guatemala está a la vista: el colapso del sistema de salud y especialmente el drama de los hospitales, el retraso en la educación, el deplorable estado de las escuelas, el descuido frente a los problemas de la naturaleza, el rezago vergonzoso de la cultura. Y como sucede siempre, si el Estado funciona mal, no perjudica precisamente a los poderosos.

A modo de cierre

Todos los hechos descritos anteriormente sugieren la sospecha de que Guatemala puede estar dejando de ser una democracia. La crisis política afecta las estructuras de autoridad, por lo que esta es ya una crisis de Estado: el rasgo más importante son las fracturas sucesivas que erosionan el poder. Entre la gente común se viven situaciones anómicas. El presidente de la República está penalmente acusado y pendiente del antejuicio que permita el proceso. De hecho, la presidencia de Pérez es solo el ejercicio de rasgos formales suyos y de varios funcionarios; el nivel de ilegitimidad que ha acumulado le impide gobernar, salvo las firmas protocolares. El vicepresidente decidió mantener un bajo perfil, todo lo contrario de Baldetti, cuya actuación pública superlativa le ganó también envidias. El Poder Legislativo no funciona desde hace dos años; en 2014 un partido de oposición interpeló a dos ministros durante 11 meses; en 2015 solo hubo dos reuniones, una para aprobar a las carreras el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos. Las finanzas colapsaron hace cuatro meses y no se conoce la capacidad de recaudación en los últimos meses de este año (2015). El sistema judicial funciona contradictoriamente, y los aciertos de investigación penal son el resultado de la actividad de cicig, cuya función se relata líneas arriba. El ejército se mantiene inmóvil, leal, pero con su poder de veto activo.

La campaña electoral puede estar probando los síntomas adversos de una democracia. Se desarrolla una campaña maniatada por parte de la principal fuerza política del país: el Partido Libertad Democrática Renovada (lider), que dirige Manuel Baldizón. Es el virtual ganador. En Guatemala gana el que tiene más dinero. El segundo lugar lo tiene Unidad Nacional de la Esperanza (une), partido que vive una extraña paradoja: se dice que no puede ganar porque tiene 12% de votos a su favor y 25% de personas que no votarían nunca por la candidata Sandra Torres. Si se mantiene ese número de «antivotos», se podría tener una singular experiencia.

Pero hoy la oposición política adquirió algunos rasgos novedosos: no la encarnan los partidos políticos sino las movilizaciones populares que exigen la renuncia de los responsables a sus cargos de gobierno y el castigo a los corruptos. La demanda mayor es la reconstitución del Estado democrático y de sus instituciones. No se han planteado demandas antisistémicas, rupturistas; es decir, la oposición se mueve en el marco del orden «democrático burgués» y lo que unifica a los diferentes grupos es la demanda de modernización y reforma del Estado. El conjunto de reclamos sociales y políticos apunta a posiciones de clase media, conservadora o reformista. Hay moderación en la visión de lo que se combate y lo que se pide, y no se escuchan demandas antioligárquicas en la defensa de la justicia social, por la tierra, en favor de los pobres. Esa izquierda que hablaba un lenguaje radical hoy no existe en Guatemala.

El bagaje teórico o ideológico de clase, que otrora servía para elaborar las demandas revolucionarias, ha sido sustituido por demandas reformistas provenientes de sectores medios urbanos moderados, que articulan una prosa controlada. A esta clase media modosa no le gusta la corrupción; a veces se tiene la sospecha de que vive un moralismo de oportunidad; ha habido momentos en que no es con los valores éticos sino con los políticos con los que se debe combatir al gobierno. La lucha no es contra los malos sino contra fracciones de la burguesía que siempre corrompieron a la sociedad. La caída del general Pérez ocurrirá pronto. Solo buscamos que las clases medias se mantengan de pie para poder reconstruir la democracia; eso no es cuestión de moral pública sino de intereses de clase.

  • 1.

    Se pueden ver imágenes de las movilizaciones en YouTube, <www.youtube.com watch?v="qb10asyu4eo">.

  • 2.

    Este organismo fue creado a fines de 2006 por medio del acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas (onu) y el gobierno de Guatemala. Tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad, fue ratificado por el Congreso. Se trata, tal como se lo ha definido, de «un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos». «Acuerdo de creación de la cicig», 12 de diciembre de 2006, disponible en .

  • 3.

    V. Ximena Enríquez: «5 verdades ocultas sobre el viaje de Baldetti a Corea» en Contrapoder, 11/5/2015, disponible en .

  • 4.

    V. «Los detalles del caso igss-Pisa» en Siglo 21, 20/5/2005.

  • 5.

    Presidente entre 1951 y 1954. Fue acusado de comunista por sus políticas de reformas y derrocado en un golpe apoyado por Estados Unidos y la United Fruit Company.

  • 6.

    V. Leire Ventas: «Byron Lima, el preso más poderoso de Guatemala» en bbc Mundo, 17/9/2014.

  • 7.

    Juan J. Linz: La quiebra de las democracias, Alianza, Madrid, 1993, p. 41 y ss.