Coyuntura

Guatemala: la corrupción como crisis de gobierno

Guatemala vive una coyuntura crítica que está poniendo a prueba su sistema democrático. El «descubrimiento» de gigantescas redes de corrupción que atraviesan todos los niveles del Estado –sumadas a la violencia que azota al país– ha dado lugar a movilizaciones ciudadanas inéditas en la historia reciente que ya han provocado la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías y han dejado al derechista Otto Pérez Molina como una figura con escasa capacidad de juego a la cabeza del Poder Ejecutivo, a la espera de un final de mandato próximo a llegar.

Guatemala: la corrupción como crisis de gobierno

Una situación de crisis potencial ha acompañado el desempeño del gobierno del Partido Patriota dirigido por el presidente Otto Pérez Molina. Tanto los votantes de la derecha hoy gobernante como mucha gente que no la votó sufren un profundo desencanto. La consigna de gobernar con mano dura no se cumplió y la tasa de homicidios, por ejemplo, ha continuado subiendo. El desorden que provoca entre la población la extendida inseguridad se agrava con las reiteradas muestras de incapacidad gubernamental. Pero los numerosos ejemplos de ineficacia en cualquiera de los espacios administrativos encolerizan especialmente porque son acompañados por diversos delitos.

La denuncia de un extendido sistema de corrupción que funciona en los altos niveles de la elite gobernante se deslizó en los medios políticos e institucionales guatemaltecos a fines de abril pasado. La ola de denuncias comenzó con las acciones fraudulentas en la Superintendencia de la Administración Tributaria (sat), continuó con denuncias de fraudes en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y prosiguió con denuncias de corrupción en la Policía Nacional Civil. Se trata de hechos muy graves por las escandalosas maneras de negociar la riqueza pública y porque en principio esas formas de ejercicio del poder alteran la normalidad establecida. Se consideró con razón que esta información, por los actos que involucra, inflamaría aún más el descontento que expresa la crisis y, en efecto, pari passu provocó el comienzo de las fuertes movilizaciones populares.

El remolino crítico afectó las estructuras institucionales en las que se articula el poder del Estado: la Presidencia de la República, el Ministerio de la Gobernación y la policía. Desde el mes de abril, una ola de manifestaciones populares y los efectos desorganizadores que estas producen debilitaron aún más al Poder Ejecutivo y volvieron incierto su funcionamiento; el ejercicio de la autoridad, en consecuencia, hizo perder legitimidad a los aparatos comprometidos con el uso del poder, mientras que la economía empezó a experimentar desequilibrios que parecen resultado de fenómenos asociados a la crisis.

El sábado 25 de abril se produjo por primera vez en muchísimos años –tal vez unas tres décadas– una irrupción de las masas en la calle, convocada casi de manera espontánea por grupos anónimos de jóvenes descontentos: una silenciosa convocatoria y una explosión de protesta, con música y gritería. Por primera vez en Guatemala se utilizan como instrumento movilizador los medios electrónicos –Facebook, Twitter y otros–, que facilitaron la constitución de un conjunto de redes sociales movilizadoras que se agruparían bajo el lema «#RenunciaYa».

La intensa capacidad de información intergrupal que permite internet, pero sobre todo millares de teléfonos celulares y otros artilugios electrónicos orientados en la misma dirección, facilitó el inicio y luego la multiplicación de contactos informativos y acuerdos que culminaron en la decisión de marchar. ¿Quiénes se comprometerían? ¿Cuántos irían? Allí estaba también el temor íntimo de muchos frente a la posible actuación de la policía, o de las otras fuerzas del orden que en tiempos pasados disparaban, mataban, herían a la sociedad.

La ocupación de la Plaza de la Constitución, centro neurálgico de la capital guatemalteca, provocó una intensa conmoción social que fue debilitando al gobierno, no solo en la capital, sino en el conjunto del país. 30.000 personas participaron con pancartas, cartelones, letras móviles, gritos y canciones que exigían las renuncias, debido a las fundadas sospechas de sus niveles de corrupción, del presidente y de la vicepresidenta de la República y de un grupo de altos funcionarios, al tiempo que expresaban demandas en favor de un Estado democrático bien administrado. Finalmente, la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías debió renunciar el 8 de mayo pasado, y varios ministros también están bajo sospecha.En la organización no hubo preparativos previos, ni instructivos que aseguraran que este acto de masas fuera extraordinariamente ordenado y sin actos de violencia, en un país con altísimas tasas de criminalidad y en una localidad –Ciudad de Guatemala– que es uno de los núcleos urbanos más criminógenos de América Latina. No hubo oradores ni tribunas ni distribución de propaganda política. Las consignas convocantes fueron breves y directas: la denuncia contra formas extremas de una corrupción extendida entre las altas autoridades que ha saqueado los recursos públicos, el castigo de los responsables y la reapropiación de los bienes por el Estado. Como puede advertirse, entre las numerosas formas de protesta abundaron las demandas de orden moral y político, que son las que más vienen movilizando a la ciudadanía. Es tanto el hartazgo por el desorden y la ilegalidad social que la crisis ha sensibilizado sobre todo a la juventud, lo que explica en parte su disposición para la movilización social.

La movilización de las masas urbanas continuó en las semanas siguientes. Decenas de miles de ciudadanos marcharon hacia la Plaza de la Constitución el 16 de mayo, haciendo un total de unas 60.000 personas, a las que se suman unos 15.000 manifestantes en el interior del país1; el 30 de mayo desfilaron más de 30.000 personas y el 11 de junio unas 20.000 en la ciudad y otras 10.000 en tres ciudades de departamentos del país. Las movilizaciones parecieron tan organizadas a pesar de su espontaneidad y golpearon tan fuerte, que hubo al inicio la sospecha de un plan subversivo de largo aliento. Pero ¿por qué decimos que la crisis se «deslizó»? La crisis, de hecho, venía condensándose en los pliegues de la sociedad, existía como profundo malestar ciudadano que se rumiaba todos los días, un hartazgo frente al desorden de la conducta de la elite gubernamental y sus socios económicos, políticos y militares. No decimos que la crisis «estalló», porque nadie estaba emocionalmente preparado para ponerse de pie y pelear.

El régimen se encuentra enredado en numerosos escándalos y acumulación de descréditos, por lo cual se deslegitima todos los días. Desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig)2 desarticularon el 14 de abril de este año la red criminal que se dedicaba a la defraudación aduanera, han pasado tres meses y varios escándalos más agudizan la crisis del gobierno. Ese día fueron capturados Carlos Muñoz y Omar Franco, jefe y ex-jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (sat), junto con 12 cómplices. El presunto cabecilla de la banda resultó ser Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, quien por esos días se encontraba de viaje con ella en Corea del Sur, donde la funcionaria recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Católica de Daegu «por su labor social». El 8 de mayo, después de ser responsabilizada de la fuga de Monzón y de mentir sobre la fecha de su regreso a Guatemala, ya en medio de un escándalo mediático, la vicepresidenta finalmente renunció, mientras en el Congreso avanzaba un antejuicio en su contra3.

  • 1.

    Se pueden ver imágenes de las movilizaciones en YouTube, <www.youtube.com watch?v="qb10asyu4eo">.

  • 2.

    Este organismo fue creado a fines de 2006 por medio del acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas (onu) y el gobierno de Guatemala. Tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad, fue ratificado por el Congreso. Se trata, tal como se lo ha definido, de «un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos». «Acuerdo de creación de la cicig», 12 de diciembre de 2006, disponible en .

  • 3.

    V. Ximena Enríquez: «5 verdades ocultas sobre el viaje de Baldetti a Corea» en Contrapoder, 11/5/2015, disponible en .