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Fuerzas Armadas y gobiernos de izquierda en América Latina

Tradicionalmente influidas por Estados Unidos, las Fuerzas Armadas latinoamericanas han jugado un rol político crucial. Hoy han vuelto a los cuarteles, y el hecho de que acepten sin mayores traumas subordinarse a gobiernos de izquierda demuestra que han alcanzado cierto grado de profesionalidad. Pero esto no significa que no haya problemas pendientes, como la injerencia de los militares en asuntos de seguridad interna en algunos países, y tampoco implica que los gobiernos de izquierda tengan una línea de acción común. Así lo demuestran las diferentes políticas militares de Venezuela, Bolivia y Argentina, así como las dificultades para avanzar en la creación de unas Fuerzas Armadas Sudamericanas.

Fuerzas Armadas y gobiernos de izquierda en América Latina

Introducción

El Estado moderno se caracteriza fundamentalmente por cumplir las funciones de integración y mantenimiento del orden en una sociedad, para lo cual debe monopolizar el control de la violencia física (tener el monopolio de la fuerza). Pero este monopolio de la capacidad coercitiva debe tener tres atributos fundamentales: contar con legitimidad, es decir, con aceptación social, lo que diferencia a un Estado de un grupo ilegal con capacidad coercitiva; operar bajo los límites del Estado de derecho; y limitar su acción a un espacio territorial determinado.

Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones fundamentales para ejercer la función de coerción y control del Estado y para darle credibilidad al ordenamiento jurídico, dotándolo de eficacia. Como señala el general en retiro Paco Moncayo, «las Fuerzas Armadas son una institución básica de todo Estado, no importa su forma de organización, su nivel de desarrollo, su modo de gobierno o su tradición histórica y cultura. (...) El derecho interno es respaldado por una capacidad de coacción indispensable, la existencia de una administración monopólica de la violencia legítima (...). La propia creación de los Estados se produjo gracias a la obra libertadora de sus ejércitos».

Por otro lado, la democracia implica gobiernos elegidos periódicamente por la mayoría de los ciudadanos dentro de un sistema de pluralidad política y en un marco jurídico preestablecido, el Estado de derecho. En un régimen democrático, la función de coerción del Estado, a cargo de diferentes instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, está supeditada a los gobernantes civiles legalmente elegidos. En una democracia, la supremacía del poder civil sobre el poder militar se entiende como «la capacidad que tiene un gobierno democráticamente elegido para definir la defensa nacional y supervisar la aplicación de la política militar, sin intromisión de los militares (...). La supremacía civil lleva a eliminar la incertidumbre respecto de la lealtad de largo plazo de las fuerzas armadas a las autoridades civiles».

En síntesis, el poder del Estado se fundamenta en una mezcla de consenso y coerción, pero debe ser ejercido dentro de un marco legal y con un nivel aceptable de eficacia, para lo cual las Fuerzas Armadas son una institución fundamental. En un régimen democrático, estas deben estar subordinadas al poder político civil, que las orienta y conduce políticamente.

La influencia estadounidense en las Fuerzas Armadas de la región

Desde comienzos del siglo XX, América Latina quedó bajo la influencia de Estados Unidos en materia de seguridad. Fue así como, entre la Primera Guerra Mundial y el fin de la Segunda, se produjo un realineamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, que cambiaron de paradigma: el modelo prusiano fue sustituido por el estadounidense, gran triunfador en las dos confrontaciones mundiales. Adicionalmente, EEUU se consolidó por esos mismos años como la potencia económica, militar y política de la región.

Para entender la incidencia de EEUU en las Fuerzas Armadas latinoamericanas es necesario tener en cuenta algunos elementos básicos. En primer lugar, desde fines del siglo XIX América Latina ha estado expuesta solo a la influencia norteamericana en temas de seguridad y defensa. Esta influencia, obviamente, ha estado condicionada por las concepciones estadounidenses y por la definición de amenazas formulada por Washington en cada momento histórico. Finalmente, esta influencia se ha ejercido de dos formas: directa, para lo cual se ha intentado estandarizar a los ejércitos de los países latinoamericanos según el modelo del de EEUU mediante la adopción de una doctrina similar; e indirecta, a través de la publicación de textos –manuales y revistas– para los militares.

Durante la Guerra Fría, la noción de seguridad impuesta por EEUU en América Latina estuvo asociada a las hipótesis de guerra. «Abarcaban la guerra mundial, la guerra convencional entre países latinoamericanos y la guerra revolucionaria en el seno de cada uno de esos países. (...) La hipótesis de guerra revolucionaria era considerada como una posibilidad real inmediata.»

En este panorama, y como respuesta a las amenazas definidas por EEUU, surgió la Doctrina de Seguridad Nacional, que partía de la idea de un enemigo global único, el comunismo, y su expresión dentro de cada país a través del denominado «enemigo interno». En este contexto, dos instrumentos fueron importantes para el ejercicio de la hegemonía norteamericana y para el alineamiento estratégico de los países latinoamericanos con EEUU: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y los acuerdos bilaterales de asistencia militar.

Fue así como, influidos por la Doctrina de Seguridad Nacional, los militares dieron una serie de golpes en América Latina. La secuencia, que se inicia con el golpe de Estado de Brasil en 1964 bajo el mando del general Humberto Castello Branco, se fue extendiendo, como una mancha de aceite, por toda la región. Las transiciones a la democracia y el fin de la Guerra Fría

Desde los 80, los regímenes autoritarios comenzaron a mostrar signos de agotamiento. Fue el inicio de los procesos de transición a la democracia, que tuvieron un énfasis político-institucional, centrado en la necesidad de construir democracias electorales. Para ello se descuidó la dimensión económica y social de la democracia y se privilegió la dimensión política.

Esto generó tensiones diversas, como parte del reacomodo institucional cívico-militar. Volver al modelo de subordinación militar al poder civil democráticamente elegido no fue un trámite sencillo y generó conflictos en tres campos diferentes: en primer lugar, el «arreglo de cuentas con el pasado», especialmente en relación con las violaciones a los derechos humanos; en segundo término, el tema pretoriano, es decir la subordinación militar al poder civil, que implicaba el retorno de los militares a los cuarteles y la adopción del marco constitucional y legal; y, finalmente, el margen de autonomía de las Fuerzas Armadas en varios campos, como la educación militar, el gasto y la definición de nuevas misiones.