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Estados Unidos y América Latina a principios del siglo XXI

Aunque algunas cosas –como la enorme asimetría de poder– no han cambiado, la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe ya no es como antes. Washington ya no despliega una sola «política latinoamericana», sino diferentes estrategias bilaterales o subregionales: México, América Central y el Caribe conforman un área profundamente integrada, a través de la migración y el comercio, a EEUU; la zona andina constituye el foco de mayor preocupación norteamericano, debido a la inestabilidad política y el narcotráfico; mientras que los países del Cono Sur cuentan con un margen de maniobra que no existía en el pasado. En general, la agenda estadounidense para América Latina está menos basada en la geopolítica, la seguridad nacional y la ideología y más centrada en la economía, en el marco de problemas compartidos como el narcotráfico, el ambiente y la migración.

Estados Unidos y América Latina a principios del siglo XXI

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica estuvo determinada por la «presunción hegemónica» de EEUU: es decir, la idea de que este país tenía el derecho de insistir en la solidaridad –por no decir la sumisión– política, ideológica, diplomática y económica de todo el hemisferio occidental. Durante esos años, para asegurarse que partidos y líderes favorables controlaran los gobiernos de la región, Washington utilizó el poderío militar de los Marines y la División Aerotransportada 82, la intervención clandestina de la CIA, el consejo y la tutela de sus agregados militares, la ayuda para el desarrollo y, a veces, las imposiciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). A esto se sumaban las cuotas azucareras, las tarifas preferenciales y otras formas de estímulo del crecimiento económico, además de la activa diplomacia del Departamento de Estado, la financiación y el asesoramiento a los partidos políticos, y el trabajo de la Agencia de Información de EEUU (USIA). En otras palabras, lo que fuera necesario en cada caso.

La estrategia estadounidense durante ese periodo se basó en tres objetivos: un imperativo de seguridad que apuntaba a bloquear a las potencias extrahemisféricas la posibilidad de establecer puntos de apoyo o influencia en América; objetivos ideológicos para contrarrestar el atractivo internacional de la Unión Soviética y el comunismo y fomentar, en cambio, el desarrollo capitalista; y, como rutina, la promoción de los intereses particulares de las corporaciones estadounidenses, un propósito que era dejado de lado siempre que las cuestiones de seguridad resultaban más apremiantes.

Hacia el fin de la Guerra Fría, pese a que la geopolítica y las tecnologías militares cambiaron y a que declinó la importancia del Canal de Panamá, la preferencia estadounidense por esta estrategia hegemónica se mantuvo. Para la década de 1980, se había vuelto difícil entender por qué los líderes estadounidenses consideraban todavía importante ejercer un control férreo sobre Granada, El Salvador y Nicaragua, pero aun así Washington seguía adelante con sus políticas altamente intervencionistas. Lo que motivaba estas políticas no eran tanto consideraciones de «seguridad nacional», como se proclamaba entonces, sino de «inseguridad nacional». En otras palabras, un impulso psicopolítico basado en el temor a perder el control sobre aquello que EEUU había manejado durante mucho tiempo, como las cuestiones internas y los vínculos externos de los países de la región caribeña. Este impulso reflejaba la inercia de actitudes y políticas configuradas en una época anterior y que ya no resultaban apropiadas a los nuevos tiempos (si es que alguna vez lo habían sido).

Desde el fin de la Segunda Guerra hasta mediados de la década del 70, y en algunos aspectos hasta el término de la Guerra Fría, EEUU asumió a la mayoría de los países latinoamericanos como sus seguidores casi automáticos. Esto fue así para una variedad de cuestiones internacionales enmarcadas en la competencia bipolar. El apoyo de Brasil a la ocupación estadounidense de República Dominicana en 1965 ilustra este modelo, como así también el respaldo de Argentina a las intervenciones de la administración Reagan en América Central a principios de los 80. El enfoque estadounidense respecto de Latinoamérica y el Caribe fue muy general y ampliamente regional, sin gran nivel de diferenciación; sin duda, durante muchos años, las políticas aplicadas por EEUU proyectaron sobre la región preocupaciones y actitudes derivadas principalmente de la intensa competencia con Fidel Castro en la Cuenca del Caribe.

Continuidad y cambio

En el siglo XXI, las relaciones entre EEUU y América Latina muestran cierta continuidad con la era de la presunción hegemónica, pero en su mayor parte son bastante diferentes, tanto en el contenido como en el tono.

El punto central en las relaciones interamericanas sigue siendo la enorme asimetría de poder. EEUU sigue siendo mucho más importante para cualquier país latinoamericano de lo que cualquier país latinoamericano es para EEUU. Las políticas cruciales para el futuro de la región se establecen rutinariamente fuera de América Latina, y el impacto que producen es por lo general más residual que intencional. Los países latinoamericanos siguen siendo altamente vulnerables a las tendencias, los acontecimientos y las decisiones exógenas y rara vez ejercen una influencia significativa en asuntos fuera de la región, aunque Brasil, Cuba, Chile y, más recientemente, Venezuela son excepciones importantes.

Es difícil exagerar la cantidad de cuestiones que compiten con América Latina por la atención de los principales responsables de formular políticas en EEUU. No solo las circunstancias especiales de la dificultosa campaña de Iraq, el dilema de Israel y los fantasmas de un Irán o una Corea del Norte nucleares le quitan importancia a la región en los círculos políticos estadounidenses. América Latina rara vez brilla en el centro del radar norteamericano y por eso los llamamientos a los principales funcionarios estadounidenses a que le «presten más atención» están condenados a fracasar. La única esperanza es que, a lo sumo, mejore la calidad –y no la cantidad– de atención. Por otro lado, EEUU nunca ha sido un actor tan coherente, unitario y racional en sus relaciones con América Latina como a menudo se lo ha concebido, pero la diversidad de posiciones se ha vuelto mucho más marcada en los últimos años. Las políticas norteamericanas que afectan a América Latina y el Caribe están determinadas no solo por las relaciones de poder internacionales y los desafíos externos, sino también (y a menudo principalmente) por la interacción entre las influencias de diferentes regiones, sectores y grupos internos: el Rust Belt y el Sun Belt; empresas (incluidos las compañías farmacéuticas, los fabricantes de computadoras, los conglomerados de entretenimiento y muchos otros) y trabajadores; productores de azúcar, cítricos, maníes, arroz, porotos de soja, flores, miel, tomates, uvas y otros cultivos; trabajadores agrícolas y consumidores; organizaciones de la diáspora y lobbies antiinmigración; comunidades confesionales de creencias variadas; fundaciones, think tanks y medios de comunicación; organizaciones criminales, incluidos los carteles de la droga, y la policía; así como grupos organizados para promover los derechos humanos, defender las causas de las mujeres, proteger el ambiente o preservar la salud pública. Muchos actores relevantes gozan de acceso a los responsables de diseñar e implementar medidas en el extraordinariamente difuso y permeable proceso de elaboración de políticas que hoy existe en EEUU. Esto hace que sea relativamente fácil influir sobre las políticas vinculadas a cuestiones que no involucran asuntos centrales de seguridad. Pero, al mismo tiempo, torna muy difícil coordinar o controlar tales políticas, incluso cuando se hacen intentos concertados en ese sentido –algo que no es ni será muy frecuente, dada la cantidad de otros temas y relaciones que EEUU tiene que manejar.