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Estado, medios y censura soft. Una comparación transnacional y transideológica

En tiempos de WikiLeaks, de Edward Snowden y de los laberintos del big data, ¿qué pasa con la libertad de prensa y de información, y en particular, con el periodismo de investigación en su función de vigilancia contra las prácticas más oscuras de los poderes públicos y privados? ¿Hasta dónde figuras como el desacato o el «linchamiento mediático» limitan el poder de denuncia ciudadano frente a los gobernantes? Una comparación entre dos países lejanos y con gobiernos de signo ideológico opuesto –Hungría y Ecuador– ofrece elementos de reflexión que permiten ampliar el debate sobre medios, gobiernos y democracia.

Estado, medios y censura soft. Una comparación transnacional y transideológica

Las nuevas regulaciones sobre medios de comunicación adoptadas en varios países de Sudamérica suscitan mucho debate y muchas preocupaciones. A menudo, los medios privados y los mismos periodistas son objeto de críticas virulentas, a veces incluso de persecuciones judiciales, desde las más altas cumbres del Estado. Por su lado, los organismos patronales denuncian una erosión sistemática de la libertad de expresión en ciertos países con gobiernos supuestamente «progresistas». El problema es que estas denuncias tendrían más credibilidad si algunos de estos organismos hubiesen hecho escuchar su voz con la misma valentía crítica en los tiempos oscuros de las dictaduras militares.

Por supuesto, los medios privados tal como existen no solo en América Latina sino en el mundo entero no están exentos de defectos contingentes y pecados estructurales: entre otros, podemos citar aspectos como la concentración excesiva, conflictos de intereses, agendas ideológicas abiertas o solapadas, silencios oportunos, invisibilización de ciertos temas, sin hablar de la colonización creciente de los espacios mediáticos por las expresiones de la farándula, del sensacionalismo amarillista y del consumo ostentoso.

Sin embargo, si bien la idea de que las regulaciones propuestas o implementadas por ciertos gobiernos «progresistas» responden a una agenda democratizadora puede seducir en principio a los ciudadanos y a los propios profesionales de la prensa que deploran los sesgos, las deficiencias y la trivialización del sistema mediático imperante, un examen detallado de las medidas legislativas y administrativas concretas aplicadas en ciertos países, así como de las relaciones de fuerza reales entre Estado y medios, muestra que esta agenda «progresista» deja mucho que desear. Incluso, lejos de fomentar una mayor apertura del espacio mediático, tiende a veces a crear nuevos monopolios y nuevas censuras más temibles que los que caracterizaban la situación anterior. Para demostrar que no se puede encasillar este debate en fáciles estereotipos ideológicos, propongo una comparación entre la situación imperante en dos países que parecerían a primera vista no tener nada en común: Hungría y Ecuador.

El Ecuador de la «Revolución Ciudadana» está gobernado por un economista católico y keynesiano que pretende promover una transformación de inspiración nacional-popular y desarrollista, inspirada tanto por las grandes páginas del progresismo y del antiimperialismo latinoamericano como por el dinamismo innovador de las economías del este de Asia. En Hungría, bajo la guía del primer ministro Viktor Orbán, el partido ultraconservador Fidesz quiere proteger la identidad magiar de las influencias perversas del liberalismo y de la izquierda occidentales, flirteando a veces con las tendencias más espurias del nacionalismo húngaro (autoritarismo, antisemitismo, racismo antigitano, etc.). Sin embargo, una comparación detallada de las políticas implementadas en materia de regulación de los medios en estos dos países reserva singulares sorpresas.

Extrañas semejanzas

En julio pasado, una entidad supranacional criticó la Ley de Comunicación aprobada por la amplia mayoría oficialista de un país de un poco más de 10 millones de habitantes. Este organismo avaló un informe que reprochaba que dicha ley contuviera requisitos sobre la «cobertura equilibrada» y otras disposiciones de contenido, normas imprecisas que podrían propiciar una aplicación arbitraria, restricciones preventivas de la libertad de prensa y excepciones a la protección de las fuentes de los periodistas. Objetaba, además, la estructura sumamente jerárquica de los organismos de supervisión a los medios de comunicación, su extenso poder sancionador y su falta de independencia. También criticaba su potestad para imponer elevadas multas eliminando cualquier recurso judicial de defensa.

El mismo organismo instó al gobierno de ese país a abstenerse de fomentar mecanismos que amenacen la independencia periodística y editorial de los medios. Sugirió con fuerza la instauración de mecanismos y procesos objetivos y jurídicamente vinculantes para la selección y el nombramiento de los dirigentes no solo de los medios públicos, sino de los organismos reguladores, eso en consonancia con los principios siguientes: independencia, integridad, experiencia y profesionalidad, representación de todo el espectro político y social, seguridad jurídica y continuidad. También le recordó a ese país que los derechos fundamentales comprenden la libertad de opinión y la de recibir o comunicar información sin controles, injerencias ni presiones de las autoridades públicas.

Un periodista ecuatoriano que leyera los dos párrafos que acabo de redactar se preguntaría de qué organismo latinoamericano o panamericano estoy hablando. Sin dudas pensaría que se trata de algún informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo al que Rafael Correa denuncia sistemáticamente como lacayo del imperialismo por las observaciones que hizo a varios abusos y violaciones cometidos en los últimos años por su gobierno –acusación más bien extraña si uno recuerda el papel que la CIDH jugó durante las dictaduras militares de los años 70 en el continente–.

Pero el caso que estoy describiendo no ocurrió bajo volcanes andinos y palmeras tropicales, sino del otro lado del Atlántico, a miles de kilómetros de distancia. Para redactar estos párrafos me apoyé en un informe del Parlamento Europeo aprobado en julio de 2013 que describía la situación en Hungría, uno de los primeros Estados de Europa Central en adherirse a la Unión Europea1.

El debate y la aprobación de este informe fueron acalorados. Orbán acusó incluso al Parlamento Europeo de comportarse como la Unión Soviética: «Estuve en contra del comunismo y no quiero volver a experimentarlo. No quiero una Europa donde se pone a los países bajo vigilancia, donde hay dobles varas de medir»2. La derecha europea cerró filas con Fidesz. Los eurodiputados populares y el grupo conservador de euroescépticos (británicos y polacos) rechazaron el informe sobre Hungría que, de todos modos, fue aprobado gracias a una mayoría compuesta por liberales, socialdemócratas, verdes e izquierdistas.