Tema central

¿Es posible aplicar políticas de reducción de riesgos y daños bajo las convenciones de la ONU?

Las políticas prohibicionistas integran una normatividad internacional avalada por la onu y aceptada por todos los Estados nacionales. El artículo sostiene que esta estrategia ha generado una discriminación en contra de las sustancias de uso tradicional, una agudización de los conflictos sociales y del deterioro ambiental y una manipulación de la represión antidroga para fines de control político. En este marco, se propone la búsqueda de un nuevo paradigma dentro del cual las políticas de reducción de riesgos y evitación de daños pueden desempeñar un papel crucial. Se trata, en definitiva, de dejar de lado las prohibiciones basadas en elementos externos (una lista de drogas prohibidas) para focalizarse en la responsabilidad de cada usuario: si se puede enseñar a un adolescente a tomar vino, ¿por qué no se le puede enseñar a experimentar con cocaína?

¿Es posible aplicar políticas de reducción de riesgos y daños bajo las convenciones de la ONU?

Aunque la normatividad internacional sobre drogas tiene sus orígenes en la Comisión sobre el Opio convocada en 1909 por Estados Unidos, ha ido evolucionando hasta la Convención Única sobre Estupefacientes firmada en 1961 en Nueva York, el tratado internacional contra la manufactura y el tráfico ilícito de drogas estupefacientes que conforma el fundamento del régimen global de control de drogas. Esta convención –aumentada con posteriores convenciones en 1972 y 1988– incluye una serie de definiciones acerca de sustancias, órganos, medios y tipos de estupefacientes y establece un sistema de fiscalización a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (en particular, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes –JIFE– y la Comisión de Estupefacientes).

¿Cuál es el objetivo declarado de las políticas sostenidas por las principales convenciones de la ONU sobre sustancias psicotrópicas? ¿La salud pública? ¿La estabilidad política? ¿La protección del medio ambiente? ¿La defensa de los derechos humanos? ¿El «progreso» económico y social? ¿La manutención de la moral y las buenas costumbres?

La forma en que las justificaciones de las políticas actuales se deslizan de un campo a otro cuando son cuestionadas pone en evidencia su falta de definición en términos de alcance concreto. Y demuestra además que la única meta real de estas políticas es sostener la vigencia de las convenciones, es decir, el régimen internacional de prohibición; el mismo que, aunque tiene menos de medio siglo de existencia, parece mantenerse como una especie de «mandamiento de Dios», una fórmula no susceptible de un sereno análisis crítico.

Ahora bien, si los objetivos declarados de tales políticas se revelan un tanto nebulosos, los resultados son más que claros: una amplia banalización de los productos de la industria ilícita, una activa discriminación en contra de las sustancias de uso tradicional, una alarmante agudización de los conflictos sociales y del deterioro ambiental, y una oscura manipulación de la represión «antidroga» para fines de control político. En tal contexto, no deja de ser positiva la introducción de perspectivas como la de la reducción de riesgos y evitación de daños, que remiten a la meta original y explícita de las convenciones: la defensa de la salud pública. Cuando se despliegan acciones de este tipo, el pragmatismo y la práctica cotidiana parecen generar avances que, a la larga, podrían servir para redefinir las políticas actuales.

Si los planteamientos y exigencias resultantes de estas nuevas iniciativas no logran generar un cambio radical de enfoque, tendremos que concluir –con un realismo que bordea el auténtico cinismo– que los verdaderos objetivos de la prohibición no son los declarados, y que la ONU y los Estados nacionales mantienen vigentes las convenciones actuales como recurso estratégico para socavar el ordenamiento de las sociedades democráticas. A continuación analizaremos brevemente cómo se traduce el conflicto entre las propuestas de reducción de riesgos y daños, por un lado, y las políticas de reducción de la oferta y la demanda preconizadas por las principales autoridades públicas, por otro. Luego indagaremos por qué no se discuten los efectos de la prohibición para, finalmente, debatir un posible cambio de paradigmas.

Efectos de la prohibición

Con relación a los usuarios. Las políticas públicas suelen proclamar la necesidad de la participación de los usuarios en el diseño de estrategias de prevención, su movilización como interlocutores del Estado e incluso su expresión como actores políticos. Pero al mismo tiempo se mantiene su criminalización como consumidores de sustancias ilegales. El resultado es que los ex-usuarios, o los usuarios de larga data, se convierten en los portavoces de sus pares, mientras que los usuarios más nuevos –inestables, caóticos y marginales, justamente los que son prioritarios en términos de prevención y tratamiento– quedan de lado.

A veces, se llega a involucrar a redes de usuarios que en un determinado momento rechazan los mensajes de los agentes del Estado o proponen políticas inaceptables para los actores oficiales, como las demandas de programas de suministro legal de heroína, de uso médico y autoabastecimiento personal de cannabis, opio u hoja de coca, o de exámenes de calidad gratuitos para los derivados anfetamínicos como el éxtasis.

Estas propuestas no son necesariamente «extremistas» y a veces cuentan con un sólido respaldo histórico y científico, como en el caso de los programas dirigidos a los usuarios de heroína (heroin maintenance programmes) aplicados en Gran Bretaña. Incluso en Perú y Bolivia, donde el uso de la hoja de coca sigue teniendo una clara legitimidad cultural, no se ha logrado su inserción como elemento preventivo en las campañas dirigidas a controlar el uso de pasta base y clorhidrato de cocaína. La Convención Única de 1961, en una posición reafirmada en el informe anual de la JIFE en 2008, continúa exigiendo la criminalización de esta costumbre ancestral, compartida por al menos ocho millones de ciudadanos andinos y amazónicos. De esta manera, la JIFE desconoce sus propias normas: «los usos tradicionales lícitos» que llegaron a ser legitimados, aunque de forma ambigua, en el famoso artículo 14 de la Convención de 1988, como resultado de una intervención histórica de la diplomacia boliviana.Con relación al tratamiento. En el discurso oficial, pareciera imposible concebir alternativas a los modelos de la abstención o del tratamiento por fármacos, a pesar de la abundante evidencia acerca de la efectividad de intervenciones ligadas a la medicina tradicional. Reconocer este tipo de prácticas implicaría llamar la atención sobre el uso de la coca, la marihuana y varios alucinógenos que, en la interpretación estricta de las convenciones, también deberían ser prohibidos. Así, la normativa internacional llega al absurdo de que el callahuaya, el médico indígena de Bolivia, ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio cultural, mientras que sus plantas maestras, las mismas que le dan el poder de curar, son condenadas por otro organismo de la misma ONU.