Coyuntura

Entre nacionalismo e indigenismo

En medio de crecientes dificultades, el gobierno de Evo Morales lidera un proceso de cambio caracterizado por la fuerza política de su partido y la indefinición de su proyecto de reforma estatal, que mezcla nacionalismo e indigenismo. Combinando una retórica radical con decisiones moderadas, el Movimiento al Socialismo decretó la nacionalización de los hidrocarburos, pero no estableció una ruptura total con las empresas extranjeras. Del mismo modo, aún no ha resuelto cómo definirá en la Asamblea Constituyente el conflicto entre las demandas de autonomías departamentales y las reivindicaciones de los sectores campesinos e indígenas. Para no sucumbir ante la polarización, el gobierno debe articular lo nacional-popular, lo cívico-regional y lo étnico-cultural en un nuevo proyecto hegemónico.

Entre nacionalismo e indigenismo

Introducción

En la primera semana de octubre de 2006, a las críticas por la ineficiencia en el manejo del aparato gubernamental y por los intentos de controlar la Asamblea Constituyente se sumaron los cuestionamientos a la capacidad de gestión política del Movimiento al Socialismo (MAS). Un enfrentamiento entre mineros asalariados de la empresa estatal y cooperativistas en torno de la explotación de un yacimiento de estaño arrojó una escalofriante cifra de 16 muertos y una centena de heridos. El gobierno, que en las semanas previas había conducido las negociaciones entre ambos sectores, no atinó a dar respuestas inmediatas para controlar la situación. Finalmente, los enfrentamientos en el poblado de Huanuni concluyeron con una tregua merced a la mediación de la Iglesia católica. El conflicto, además de poner en evidencia los límites del apoyo popular a Evo Morales, reveló las dificultades del gobierno para actuar de manera eficaz en los distintos ámbitos de un complejo proceso de cambio que plantea enormes desafíos, y subrayó la necesidad de una concertación nacional para alejar los fantasmas de la ingobernabilidad.

En un contexto de cambio, el MAS ocupa el lugar de principal actor estratégico como resultado de la inédita mayoría obtenida por Evo Morales en los comicios de diciembre de 2005. El apoyo fue ratificado, siete meses después, con la victoria oficialista en la elección para la Asamblea Constituyente y con el respaldo mayoritario al «No» en el referéndum nacional sobre autonomías departamentales. Pero estas cifras –y sus efectos políticos– no expresan solo una nueva correlación de fuerzas entre los actores políticos, sino también la posibilidad de establecer un nuevo principio hegemónico, capaz de articular de otra manera las relaciones entre Estado, economía, política y sociedad en torno de un proyecto de reforma estatal que cuenta con un innegable protagonismo del movimiento campesino e indígena.

Luego de varias décadas de predominio neoliberal, con un sistema de partidos centrado en el establecimiento de coaliciones de gobierno, la sociedad boliviana asiste hoy a una transición estatal conducida por un proyecto político que combina elementos de nacionalismo e indigenismo. Y que propone, además, formas alternativas de descentralización estatal y participación política, cuyos contornos definitivos serán esbozados en el nuevo texto constitucional.

La democracia en tiempos de cambio

Las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 tuvieron como principal resultado la victoria de Evo Morales por una mayoría absoluta que le permitió acceder a la Presidencia sin negociaciones parlamentarias. Como consecuencia, se han producido cambios sustantivos en la política boliviana, que no se limitan al ascenso de un nuevo gobierno, ni al regreso de la izquierda al poder después de un cuarto de siglo, ni al retorno del fantasma del populismo. ¿Qué se puede señalar además de lo obvio, además de que se ha producido una recomposición profunda del sistema de partidos, una importante renovación generacional en el liderazgo político y una ruptura definitiva de códigos de exclusión social de raigambre étnica con la presencia del «primer presidente indígena»?

En primer lugar, se ha resuelto la crisis política de ingobernabilidad extrema que provocó la renuncia de dos presidentes y el adelantamiento de las elecciones. Esta crisis se manifestó en una polarización ideológica entre neoliberalismo y nacionalismo en torno de la propiedad y la gestión de los recursos naturales y en una confrontación social entre las regiones de Oriente y Occidente, con demandas contrapuestas y pugnas entre actores con identidades étnicas y regionales. Se vivió también como una tensión creciente entre la política institucional, centrada en el sistema de partidos, y la «política en las calles», la acción directa de los movimientos sociales mediante protestas callejeras, bloqueos de carreteras, paros cívicos y el trabajo extraparlamentario de la oposición. Aunque estas antinomias siguen vigentes, desde diciembre de 2005 se han modificado de manera evidente los parámetros de gobernabilidad. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la gobernabilidad exige hoy capacidad de gestión política en varios escenarios y no solamente en el ámbito parlamentario.

La relación entre oficialismo y oposición incide, sin duda, en el tema de los recursos naturales, ya que se precisan modificaciones legales en relación, por ejemplo, con la tierra y los recursos minerales. Sin embargo, la resolución de los problemas derivados del clivaje regional y las demandas de profundización de la democracia se definirán en la Asamblea Constituyente bajo la presión de los movimientos cívico-regionales, por un lado, y los campesinos e indígenas, por otro. Estos últimos exigen una peculiar capacidad de mediación y negociación por parte del partido de gobierno, puesto que no se trata de actores contestatarios al régimen, sino de sectores organizados que forman parte de su base electoral y operan como sus socios. Este cuadro complejo de relaciones incide en la adopción de un estilo de gobernar que combina retórica radical y decisiones moderadas.

Es necesario señalar que algunos cambios en las pautas de gobernabilidad democrática son anteriores a la presencia del MAS en el gobierno. Entre ellos, hay que destacar la modificación del proceso político de toma de decisiones posibilitada por la incorporación –a través de la reforma constitucional parcial de febrero de 2004– de instituciones de democracia semidirecta como el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana y la Asamblea Constituyente, además de la inclusión de nuevos actores en la competencia electoral –las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas–, que elimina la exclusividad partidista en la representación política.

Otra consecuencia de la victoria del MAS es que marcó el fin del ciclo de la «democracia pactada», caracterizado por la conformación de gobiernos de coalición mediante acuerdos entre partidos con el predominio electoral de las tres fuerzas tradicionales –MNR, ADN y MIR–, que se alternaron en el gobierno desde 1985 hasta octubre de 2003. Las elecciones de diciembre de 2005 modificaron la composición y el rol del sistema de partidos, con la emergencia de una fuerza dominante –el MAS– y el desplazamiento de los partidos tradicionales por agrupaciones ciudadanas –Podemos– y partidos de nuevo cuño –Unidad Nacional–. Además, estos comicios permitieron la emergencia de nuevos códigos, demandas e identidades sociales en el discurso político, donde hoy sobresalen reivindicaciones cívico-regionales y campesino-indígenas que no son procesadas por el sistema de partidos sino en diversos escenarios, formales e informales, que soportan la presión de estos nuevos actores sociales.