Coyuntura

El triunfo de Bachelet y el ascenso político de las mujeres

Aunque puede interpretarse cínicamente como la necesidad de emitir una señal de cambio por parte de una coalición que ya lleva quince años en el poder, el triunfo de Michelle Bachelet también puede leerse como parte del proceso de cambio cultural que atraviesa Chile: la victoria de la líder socialista derriba los estereotipos acerca del lugar de las mujeres en la política pero implica, también, la continuidad con una estrategia económica neoliberal que las discrimina en el mercado laboral. Fruto de las paradojas y tensiones de la modernización chilena, el gobierno de Bachelet producirá auténticas transformaciones en la medida en que los movimientos de mujeres se activen y la fuercen a avanzar en una agenda que permita reducir la desigualdad de género.

El triunfo de Bachelet y el ascenso político de las mujeres

En América Latina se están produciendo grandes cambios. Como parte de una tendencia que seguramente continuará en las próximas elecciones, algunos de los países más importantes están siendo gobernados por líderes políticos de centroizquierda. El giro a la izquierda ha captado la atención internacional, y muchos lo interpretan como un creciente rechazo hacia el neoliberalismo y la hegemonía de Estados Unidos. Una segunda tendencia también notable, que sin embargo ha atraído menos la atención, es el gran número de mujeres que está ingresando en la arena política latinoamericana. En una región históricamente dominada por el machismo, las mujeres han sido figuras destacadas en muchos comicios presidenciales. El 15 de enero de 2006, los chilenos eligieron presidenta a Michelle Bachelet; en Perú, Lourdes Flores tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de abril; algunos de los líderes políticos más importantes de Argentina son mujeres, e incluso se ha especulado con que la senadora Cristina Fernández, esposa del actual presidente Néstor Kirchner, puede ser la próxima candidata presidencial del peronismo.

Las dos tendencias antes señaladas –el giro a la izquierda y el ascenso de las mujeres– son evidentes en Chile. Desde el regreso de la democracia en 1990, los chilenos se han inclinado por la Concertación, la coalición de centroizquierda entre la centrista Democracia Cristiana (de donde provenían los dos primeros presidentes) y el Partido Socialista (de donde proviene Ricardo Lagos). Recientemente elegida, la socialista Bachelet forma parte de la tendencia hacia una mayor participación de las mujeres en política: se trata de la primera mujer que ocupa la Presidencia en la historia chilena y la primera presidenta de un país latinoamericano que ha alcanzado ese cargo sin estar casada con un líder de alto perfil.

Estos sucesos han generado análisis acerca de los enormes cambios políticos y culturales ocurridos en Chile, muchos de los cuales han señalado un progreso sustancial en dirección a una mayor igualdad de las mujeres. Aunque sin restar importancia al triunfo de Bachelet, creo que debemos ser prudentes a la hora de interpretar los recientes episodios como una evidencia contundente de que las mujeres han triunfado en su lucha por la igualdad.

La presencia creciente de las mujeres en la política

América Latina ha estado a la cabecera de una tendencia mundial a la expansión del acceso de las mujeres a la política. Once países de la región han adoptado una legislación de cuotas o cupos de género, algo verdaderamente fenomenal si se lo compara con las tímidas medidas aplicadas en Norteamérica y Europa. Entre las causas que explican estos avances encontramos una combinación compleja de factores nacionales y transnacionales. En muchos países, los movimientos de mujeres estuvieron a la vanguardia de las luchas por la democracia y los derechos humanos, lo que condujo a los gobiernos democráticos a responder positivamente a algunas de las demandas de igualdad. Fue en este contexto que varios países adoptaron la legislación de cuotas de género y que se crearon agencias para promover la igualdad de las mujeres a través de políticas públicas.

Algunos factores internacionales también jugaron un papel importante. Las nuevas democracias estaban ansiosas por mejorar su legitimidad internacional y obtener la confianza de los inversores extranjeros. En consecuencia, los gobiernos adoptaron de buen grado las políticas de promoción de la igualdad de género alentadas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Como resultado, las mujeres latinoamericanas obtuvieron grandes progresos durante los 90: legislación sobre violencia doméstica, planes de igualdad de oportunidades y programas que apuntaban a las fuentes de pobreza específicas de género. Todos los gobiernos proclamaron su compromiso con la ampliación de la presencia femenina en la política, aunque la representación de las mujeres creció de manera más significativa en aquellos países con leyes de cuota efectivas (como Argentina y México) que en los países que carecen de ellas (como Chile).

En Chile, al no existir una ley de cuotas, la representación femenina en el Parlamento sigue siendo baja. En las últimas elecciones parlamentarias, en diciembre de 2005, apenas 15% de los candidatos eran mujeres. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo las cosas lucen diferentes: tanto el gobierno de Eduardo Frei como el de Ricardo Lagos incluyeron una proporción importante de mujeres en sus gabinetes. Fue justamente Lagos quien designó a Bachelet como ministra de Salud en 2000, y de Defensa en 2002, en el mismo gabinete que incluía a Soledad Alvear como ministra de Relaciones Exteriores. Resulta significativo que estos dos últimos ministerios, los más tradicionalmente masculinos, hayan quedado a cargo de dos mujeres, un desafío importante a las ideas acerca del rol femenino en el ámbito político. Las dos funcionarias pronto se convirtieron en las figuras más populares y apreciadas de la política chilena.

Pese a que el aumento en los niveles de representación política de las mujeres en América Latina debería ser percibido como un gran avance hacia la igualdad, es importante observar que algunos de los progresos en este sentido son el resultado de cálculos cínicos de los líderes políticos. Por ejemplo, se ha especulado con que los líderes partidarios apoyan la legislación de cuotas de género como una estrategia para retener el control centralizado sobre el proceso de nominación de candidatos. Al enfrentar demandas de democratización de las estructuras partidarias, muchos líderes prefieren «parecer» democráticos, por ejemplo instituyendo cuotas de género, que son muy difíciles de conciliar con las elecciones primarias. En Perú, algunos de los avances más importantes, como la legislación de cuotas y las políticas sociales para las mujeres pobres, se produjeron durante la presidencia de Alberto Fujimori, como parte de una estrategia orientada a ganar votos femeninos y profundizar los lazos clientelares con las mujeres de menores recursos.

En el caso de Chile, también se han difundido algunas explicaciones de este tipo sobre la candidatura de Bachelet. Según estos argumentos, como la Concertación se mantuvo en el gobierno durante 15 años, desde el retorno de la democracia en 1990, necesitaba emitir alguna señal de cambio para neutralizar las críticas sobre su permanencia excesiva en el poder. El mismo Lagos pareció admitirlo cuando dijo que «la mayor señal de cambio sería tener por primera vez una mujer en la Presidencia».

En rigor, hay dos razones por las que la Concertación necesitaba subrayar la idea de un cambio con vistas a las elecciones presidenciales. La primera era, en efecto, que ya llevaba 15 años en el gobierno. La segunda se vincula a los escándalos por coimas que involucraron a diputados y ministros y que, a pesar de la popularidad personal de Lagos, habían dañado la reputación de la coalición. La encuestadora Marta Lagos cree que la abrumadora popularidad de Bachelet, al igual que la de Soledad Alvear, se debe a la percepción de que las mujeres están fuera de las redes de corrupción. «Ambas han ascendido no tanto por el hecho de ser mujeres como por el vacío y el desencanto que existen en relación con la política.» En Chile, como en toda América Latina, hay una tendencia a asumir supuestos atravesados por el género acerca del comportamiento diferenciado de los hombres y las mujeres en la política: se considera, por ejemplo, que las mujeres son más honestas y menos corrompibles. En consecuencia, cuando los niveles de desconfianza pública hacia los políticos tradicionales crecen, las mujeres, percibidas tradicionalmente como outsiders, obtienen mejores resultados. Al elegir a Bachelet como candidata, la Concertación deseaba claramente beneficiarse de este tipo de consideraciones.

El éxito de la izquierda

La elección de gobiernos de izquierda tiene importantes consecuencias para las mujeres. En América Latina, los partidos de izquierda han adoptado cuotas internas por género y han apoyado políticas contra la marginalización económica de las mujeres. Tomando el caso de la Concertación, dos de las agrupaciones de izquierda que la integran –el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS)– han establecido mecanismos de «discriminación positiva» para incrementar el número de candidatas en sus listas. En consecuencia, en las elecciones parlamentarias del 11 de diciembre de 2005, las mujeres representaron el 26,7% de las candidaturas del PPD y el 27,3% de las del PS. En contraste, la Democracia Cristiana –que integra la misma coalición, pero con una orientación de centro– incluyó apenas un 11,7% de mujeres en sus listas. Esto implica que las mujeres se benefician del éxito de los partidos de izquierda, entre otras cosas, porque es más probable que amplíen con ello su acceso a la política.

Es significativo que se diga con frecuencia que Bachelet representa simultáneamente «la continuidad y el cambio», ya que esto podría tener consecuencias ambiguas para las metas de igualdad de las mujeres en Chile. Por un lado, el «cambio» que representa la nueva presidenta desafía la visión dominante de la política como un «mundo de hombres», y derriba los estereotipos acerca de la falta de capacidad femenina para gobernar. De hecho, uno de los elementos más interesantes de la personalidad política de Bachelet es el hecho de que no recurre excesivamente a una imagen maternal, como la ex-presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro, ni minimiza sus características femeninas en favor de un estilo agresivo, como la ex-primera ministra británica Margaret Thatcher. En una entrevista en El Mercurio, Bachelet admitió que ser mujer la ayudó a obtener más votos entre las mujeres, pero le costó también el voto de muchos hombres. No obstante, cuando su adversario en las elecciones, Sebastián Piñera, apeló al género de Bachelet de manera despectiva, insistiendo en que no tenía la capacidad para gobernar, que era indecisa y mostraba debilidad emocional, algunos analistas aseguraron que la estrategia se le volvió en contra. Al parecer, el estilo de liderazgo de Bachelet, percibido como más abierto y franco, está desafiando las ideas previas acerca de cómo deberían comportarse las mujeres en la política.Si el cambio que expresa Bachelet es, básicamente, un cambio de estilo y un ataque a los estereotipos, que sin dudas beneficiarán a las mujeres, la continuidad que representa tiene consecuencias más ambiguas. Esto se debe a que muchas de las fuentes de la desigualdad femenina derivan del orden económico chileno y de un modelo de desarrollo que Bachelet –quien durante la campaña subrayó su decisión de continuar la política económica de Lagos– probablemente no desafiará. Los problemas que hoy enfrentan las chilenas incluyen altos niveles de discriminación por género en la mano de obra, una brecha salarial obstinadamente persistente entre hombres y mujeres, y prejuicios sociales muy arraigados, que ubican a las mujeres en el papel de madres y amas de casa. En el sector privado, las mujeres ganan el 75% de lo que reciben los varones por el mismo trabajo. En la última década, las tasas de desempleo han permanecido significativamente más altas entre las mujeres, especialmente en periodos de elevada desocupación. El sector privado las continúa discriminando durante la crianza de sus hijos, los avisos de empleo preguntan rutinariamente la edad y el estado marital de las postulantes, y los empleadores también discriminan al requerir con frecuencia fotografías, remarcando que buscan postulantes «de buena presencia», lo que básicamente significa de piel clara, jóvenes y atractivas. Se trata, en definitiva, de una economía neoliberal orientada a la exportación, que creó también una fuerza de trabajo más segregada en términos de género, en la que las mujeres integran la mayor parte del grupo de trabajadores temporarios en el sector agrícola y el servicio doméstico. A menudo carecen de contrato y, por lo tanto, gozan de menos derechos y beneficios sociales que los trabajadores permanentes, mayoritariamente hombres.

¿Qué tipo de cambios podría generar Bachelet para resolver esos problemas? Durante la campaña, se comprometió a mejorar la situación de aquellos sectores que no se beneficiaron durante las dos últimas décadas de crecimiento económico. Ha prometido becas de capacitación para los jóvenes, la ampliación de los servicios públicos de salud y educación en la niñez temprana para los pobres, el cuidado garantizado para los hijos de las mujeres que trabajan y la creación de un código contra la discriminación laboral. Sin embargo, estas políticas continúan el tipo de programas sociales promovidos por el gobierno de Lagos, que son elogiables en tanto lograron elevar ligeramente el estándar de vida de los sectores más vulnerables, pero que no alteraron un orden económico que reproduce la desigualdad social y un modelo de desarrollo que beneficia a la elite acaudalada, al tiempo que solo provee medidas paliativas para quienes se encuentran en la base de la pirámide social. Bachelet enfrentará las mismas limitaciones a la hora de convertir su discurso en realidad. En ese sentido, representa la continuidad con un conjunto de políticas que no han logrado enfrentar las fuentes económicas de la desigualdad social.

El cambio cultural en Chile: la decadencia del conservadurismo

Chile suele ser percibido como uno de los países más conservadores de América Latina. No existía divorcio legal hasta 2004, la Iglesia Católica goza de una legitimidad extendida y la cantidad de mujeres que realizan trabajos remunerados es inferior a la de la mayoría de los países de la región. Las mujeres culpan a la cultura machista por limitar su acceso al poder, y aquéllas políticamente activas responsabilizan a los partidos por su fracaso en la apertura de espacios. El ex-presidente Eduardo Frei desató una controversia a principios de 2004, cuando sostuvo que era muy difícil que la Concertación tuviera una candidata a la Presidencia: «somos muy machistas en Chile (...) y las mujeres son más machistas que los hombres», afirmó.Sin embargo, la percepción de que Chile es uno de los países más conservadores de la región ya no parece tan certera. Una encuesta reciente de Latinobarómetro indica que las actitudes de los chilenos hacia las mujeres son mucho más modernas que las de la mayoría de los latinoamericanos, con excepción de los mexicanos, argentinos y uruguayos. Solo 26% de los chilenos estuvo de acuerdo con la afirmación de que «los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres», comparado con 50% que coincidió con esta idea en República Dominicana, y 35% en Venezuela. Además, solo 29% de los chilenos opinó que las mujeres deberían concentrarse en el hogar y que los hombres deberían salir a trabajar, en contraste con 67% de los hondureños y 48% de los colombianos. La difundida popularidad de líderes como Bachelet es, entonces, parte de un proceso más amplio de cambio cultural.

Esto no debería llamar la atención. Muchos comentaristas han observado la profunda transformación cultural que atraviesa la sociedad chilena. Pedro E. Güell, por ejemplo, explica que el país se encuentra en transición entre «una cultura autoritaria y conservadora, y una sociedad culturalmente moderna». Como evidencia de este cambio, señala dos fenómenos recientes. El primero se manifiesta claramente en el modo activo en que los medios de comunicación han informado sobre los escándalos recientes de corrupción y coimas. El segundo, en el apoyo público a la ley de divorcio, a pesar de las reiteradas advertencias de la Iglesia acerca del daño que produciría en la sociedad.

Aunque hay muchas otras señales de este cambio, quizás una de las más significativas sea la decreciente performance electoral de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido ultraconservador que ha tomado menos distancia del legado de Pinochet. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1999, el entonces candidato de la Concertación, Ricardo Lagos, y el de Alianza por Chile(cuyo eje era la UDI), Joaquín Lavín, llegaron a un virtual empate: Lagos obtuvo 47,9% y Lavín 47,5. En la primera ronda de las últimas elecciones presidenciales, se presentaron dos candidatos de derecha: Lavín, por la UDI, y Sebastián Piñera, de Renovación Nacional (RN). Economista graduado en Harvard y millonario dueño de empresas, Piñera representa a un sector más moderado del conservadurismo chileno. Lo significativo es que obtuvo más votos que Lavín, llegando así a la segunda ronda, en la que enfrentó a Bachelet. Al mismo tiempo, en el seno mismo de la Concertación, la Democracia Cristiana perdió cuatro bancas en la Cámara de Diputados, mientras que el Partido Socialista ganó cuatro, convirtiéndose en la fuerza mayoritaria y desplazando el balance de poder dentro de la coalición.

Estas tendencias son claramente significativas, y el ascenso de Bachelet es en gran medida parte de ellas. Por un lado, la flamante presidenta se benefició de los cambios sociales y culturales ocurridos desde 1990 y del hecho de que la Concertación profesara públicamente su compromiso con la igualdad de género y llevara a cabo acciones concretas, como la creación del Servicio Nacional de la Mujer y la implementación de planes para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Su gobierno contribuirá aún más a una cultura de modernización y, en particular, a un debilitamiento de las actitudes regresivas respecto de la capacidad femenina para gobernar. Pero, por otra parte, es necesario advertir los grandes obstáculos que enfrentará Bachelet, y es importante reconocer que, a pesar del cambio cultural, aún se mantienen muchas ambigüedades, especialmente aquéllas relacionadas con el rol de las mujeres como madres.

Es en este punto en donde las tensiones y las paradojas de la modernización chilena son más evidentes. Al tiempo que la economía es una de las más abiertas del mundo y el ethos del individualismo se difunde, los valores sociales que asignan a las mujeres la responsabilidad primordial en el cuidado de los niños siguen constriñendo su autonomía. Una encuesta de 2002 reveló que 83% de los chilenos cree que los niños en edad preescolar «sufren si su madre trabaja». La misma investigación demostró que 66,7% de los chilenos pensaba que, aunque es correcto que las mujeres tengan un empleo, la mayoría de ellas «desea un hogar e hijos». La fusión entre la condición de mujer y la maternidad, combinada con la persistente autoridad moral de la Iglesia, ha hecho que la cuestión de los derechos reproductivos sea extremadamente polémica. En Chile, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, pese a lo cual el país tiene una de las tasas de aborto más altas de América Latina: uno de cada tres embarazos es interrumpido. La prohibición es una carga particularmente pesada para las mujeres pobres que, a diferencia de las de clase media y alta, no pueden pagar intervenciones seguras en clínicas privadas. Por desgracia, los derechos reproductivos sencillamente no forman parte de la agenda política, y no parece que la presidencia de Bachelet vaya a cambiar esta circunstancia. Ella ha afirmado públicamente que no apoyará un cambio en la legislación sobre el aborto y ha remarcado que antes preferiría tratar de resolver el problema de cómo evitar embarazos no deseados.

Hay otras señales de la persistencia del machismo, especialmente en la manera en que los medios tratan a las mujeres precandidatas. Antes de que Soledad Alvear se retirara de la competencia, durante un debate en televisión, le preguntaron por el significado de la ausencia de su marido, sugiriendo quizás que éste no aprobaba su postulación. Alvear respondió que la pregunta le parecía «un poco machista». Como parte de este enfoque, tanto la oposición como los medios se concentraron en cuestiones relativas a la vida personal de Bachelet, especialmente en su agnosticismo declarado y su antiguo romance con un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el grupo armado responsable de un atentado contra Pinochet. Hay que destacar, sin embargo, que durante la campaña no se utilizó su condición de madre soltera como arma contra Bachelet.

Conclusión

Dadas las evidentes tensiones desatadas en el proceso de cambio cultural y el énfasis de Bachelet en la continuidad de las políticas económicas de Lagos, no es realista esperar que su presidencia produzca automáticamente una situación de igualdad total para las mujeres chilenas. Aunque en mayo de 2005 afirmó públicamente que impulsará la ley de cuotas de género utilizando la prerrogativa del Poder Ejecutivo para forzar un debate parlamentario, el tema no fue mencionado cuando anunció la agenda política que promovería en sus primeros cien días de gobierno. A la luz de los obstáculos potenciales que enfrenta, lo importante seguramente será la presión que puedan ejercer las mujeres organizadas para obligarla a mantener sus promesas.

El futuro es incierto en este punto. La investigación sobre los movimientos de mujeres y el feminismo en Chile no ofrece muchas esperanzas. Si bien durante la década de 1980 emergió un movimiento de mujeres muy dinámico, que jugó un papel importante en la lucha por la democracia, los años siguientes estuvieron marcados por la declinación del activismo social. Esto plantea un problema potencial, porque los logros más importantes obtenidos por las mujeres, tanto en Chile como en el resto del mundo, han provenido de una combinación entre la movilización social y los líderes políticos iluminados. Parece, entonces, que el cambio social progresista requiere de una estrategia dual: la presión de los movimientos sociales «desde abajo», sumada a la elección de líderes que apoyen esa transformación «desde arriba». A través de su masivo respaldo a Bachelet en el ballotage, las mujeres chilenas han expresado su demanda de mayor igualdad. Ahora, deberán hacerse escuchar también de otras maneras si quieren generar una gran presión para que la nueva presidenta cumpla sus promesas de construir un Chile más igualitario.