Opinión

El Senado argentino y el aborto ¿Una institución conservadora?

El imaginario social indica que, en Argentina al igual que en otros países, el Senado es una institución más conservadora que la Cámara de Diputados. La llegada de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a la Cámara Alta reanuda el debate. ¿Cuánto queda de ese Senado original pensado como baluarte de las oligarquías provinciales y garante del orden establecido? ¿Sigue siendo un órgano retrógrado o es, en cambio, una institución política moderna?

El Senado argentino y el aborto / ¿Una institución conservadora?

La llegada al Senado de Argentina del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo actualiza una serie de imágenes ampliamente difundidas acerca de la Cámara Alta como un cuerpo «conservador» y «tradicional». Parte del sentido común político atribuye a los senadores un perfil favorable al mantenimiento del orden y reacio a los grandes cambios sociales y culturales. Así, quienes apoyan el proyecto de ley de despenalización del aborto (que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados) siguen con prudencia y escepticismo las variaciones en el conteo de los votos, mientras que los opositores a la iniciativa se ilusionan con un rechazo o una dilación estratégica.

¿Pero qué significaría ser más conservador? ¿El Senado se considera de esa manera porque sus miembros tienen más poder y privilegios que los diputados o porque se encuentran sobrerrepresentadas las provincias a menudo consideradas más social y culturalmente tradicionales? A nivel institucional, el Senado posee más prerrogativas que la Cámara Baja: debe prestar acuerdo al Ejecutivo sobre la promoción y ascenso de jueces, embajadores y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. También posee la potestad de autorizar al presidente la declaración del estado de sitio y, en caso de juicio político, le corresponde ser la cámara juzgadora. Pero además, al estar compuesta por menos miembros (72 contra 257) cada voto tiene más peso proporcional sobre el resultado final y al durar más sus mandatos (seis años contra cuatro), tienen una mayor estabilidad en el cargo y no precisan competir electoralmente tan seguido como los diputados.

Si a esto le sumamos que los requisitos para ser senador son, desde lo formal, ligeramente más restrictivos que para ser diputado y que los primeros ganan más dinero que los segundos y tienen, en promedio, más empleados a cargo, la imagen de los senadores como miembros de un cuerpo más selecto y exclusivo se fortalece.

Además, por su propia naturaleza federal, se trata de un cuerpo que sobrerrepresenta a las provincias con menor población y subrepresenta a las que tienen mayor peso demográfico, especialmente las de la región central del país. Esta desigualdad refuerza la imagen de que es un espacio conservador, puesto que la asociación entre provincias pequeñas y tradicionalismo está también muy arraigada en el imaginario colectivo.

Sin embargo, en los últimos años, otras leyes que supusieron la ampliación de derechos en cuestiones ligadas a salud y sexualidad, como el matrimonio igualitario, la identidad de género o la fertilización asistida, pasaron por el Senado y fueron aprobadas en todos los casos con un porcentaje de votos incluso mayor al que habían recibido al obtener la media sanción de Diputados. ¿En qué sentido entonces podemos seguir afirmando sin más que el Senado es una cámara conservadora?

El Senado argentino en la historia: continuidades y rupturas

La Constitución de 1853 preveía una Cámara de Senadores compuesta por dos representantes por cada provincia y dos por la Capital, todos ellos elegidos por las legislaturas de sus distritos (a excepción de la Capital Federal), que lo hacía por medio de un colegio electoral, con mandatos de nueve años renovados por tercios cada tres. El historiador y politólogo Natalio Botana señala que el Senado fue concebido como una «institución bisagra» entre el poder nacional y los poderes provinciales y distingue tres características constitutivas. En primer lugar, preservaba la igualdad de los Estados parte del pacto federal, independientemente de su importancia geográfica o demográfica. En segundo término, era un puente entre las provincias y el Estado central que permitía nacionalizar a los gobiernos locales. En tercer lugar, la cámara alta era un organismo de control en manos de una élite que se erigía frente a la cambiante voluntad popular como un baluarte de intereses más permanentes.

Estos senadores eran verdaderos notables: hombres pertenecientes a círculos sociales de élite, anclados en grandes linajes familiares de raigambre local que detentaban posiciones de prestigio y privilegio en lo político, pero también en lo económico. Sus cargos políticos eran una prolongación «natural» de su estatus social. Para Botana, sus bancas eran como lugares de «hibernación» en las que los gobernadores y presidentes pasaban alternativamente entre uno y otro mandato o a modo de retiro de la actividad ejecutiva.

La irrupción del radicalismo en la vida política del país y su llegada al poder en 1916 marcan, como afirmó Marcela Ferrari en su libro Los políticos en la república radical, un proceso de creciente profesionalización de la política en el marco de una mayor autonomización del campo político. Es decir que, junto a los notables de antaño, emergen nuevas figuras que deben su posición en la arena política a los capitales acumulados en las luchas partidarias y ya no únicamente a los recursos familiares heredados de la actividad económica o de las sociabilidades de élite.

La etapa abierta con el derrocamiento del presidente radical Hipolito Yrigoyen en 1930 estuvo signada por recurrentes crisis políticas, proscripciones y golpes de Estado cívico-militares que truncaron la mayoría de los gobiernos constitucionales y disolvieron al poder legislativo en reiteradas oportunidades. De estos 53 años, solo durante 33 funcionó el Congreso Nacional. El diseño original del Senado se mantuvo con excepción de los períodos 1952-1955 (en el que estuvo vigente la reforma constitucional de 1949) y 1973-1976 (regido por la reforma de 1972).

En la Cámara Alta del retorno a la democracia en 1983, la socióloga Paula Canelo ve una tendencia a la estabilidad de las carreras políticas y a una mayor profesionalización. Muestra que los senadores continúan manteniendo atributos considerados «tradicionales», pero, al mismo tiempo, se combinan con otros más novedosos. Pluralización de las carreras universitarias, declive de los grandes propietarios rurales y aumento del peso de los empresarios del sector terciario. Además, el peso de las familias políticas se mantiene, pero ya no tanto apoyadas en la herencia paterna, sino en las relaciones entre hermanos.

Pero esos cambios paulatinos y graduales en la composición del Senado dieron un salto cualitativo en 2001, más allá de la demanda de renovación de los elencos políticos sintetizada en la consigna «Que se vayan todos». Dicho año supuso la culminación de un conjunto de cambios institucionales iniciados siete años antes a partir de la reforma constitucional de 1994. Se dispuso que el Senado estaría compuesto por 72 miembros: tres senadores por cada una de las veintitrés provincias y tres por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando antes había solo dos representantes por distrito. Los senadores serían elegidos todos de manera directa y conjunta por el voto popular, sin límite de reelección, correspondiendo dos bancas al partido político que obtuviese la mayor cantidad de votos y la restante para el que le siguiera en número de sufragios. Además, los mandatos pasarían de nueve a seis años de duración y la Cámara se renovaría por tercios cada dos años. En diciembre de ese año vencieron todos los mandatos y se eligieron senadores de modo abierto y, por única vez, simultáneo, en todos los distritos, renovándose el cuerpo por completo. Otra innovación en esos comicios fue la aplicación plena de la ley de cupo femenino que garantizaba un mínimo de 30% de mujeres en posiciones elegibles en las listas.

Las elecciones de 2001 estuvieron signadas por altas tasas de voto nulo y en blanco –el entonces llamado «voto bronca»- en el marco de un creciente desprestigio de la política partidaria a caballo de la crisis económica que se intensificaba por esos meses. Además, un escándalo de corrupción que había estallado en la Cámara el año anterior a causa del presunto pago de sobornos a senadores en ocasión del debate sobre la ley de flexibilización laboral, minó aún más el prestigio del cuerpo y, muy probablemente, mermó las chances de varios senadores de ser reelegidos. Del total que ocupaba sus bancas antes de 2001, solo seis fueron reelectos y apenas otros siete volverían años más tarde a la Cámara. En otras palabras, ese año nueve de cada diez bancas fueron ocupadas por políticos que nunca antes habían llegado al Senado. Los senadores dejaron de ser elegidos por las legislaturas de sus provincias. Ahora debían ser políticos electoralmente exitosos.

Estas transformaciones abrieron el Senado a los mismos procesos de cambios y continuidades en las élites políticas que afectaban a otras instituciones, dando como resultado una composición de la Cámara sociológicamente más diversa, encarnada en políticos con perfiles y carreras más heterogéneas. Luego de la implementación de los cambios reseñados, las puertas de ese recinto otrora tan selecto ya no resultaron infranqueables. Si habitualmente las cámaras altas poseen rasgos más tradicionales y de mayor cierre social respecto a las cámaras bajas, la serie de cambios que se terminó de aplicar en 2001 hizo que los senadores argentinos se parecieran mucho más a los diputados en comparación a otros países de la región.

Recapitulaciones

¿Cuánto queda de ese Senado original pensado como baluarte de las oligarquías provinciales y garante del orden establecido? Mientras que en la imagen de sentido común parecen haber quedado anclados algunos de estos rasgos que caracterizaron históricamente a la Cámara Alta, la actualidad es más compleja y menos lineal. Sigue siendo un espacio privilegiado de negociación con los gobernadores y las élites políticas provinciales pero ahora a través de políticos que deben interpelar a sus electorados para ganar elecciones. Las reformas señaladas junto con las transformaciones en las élites políticas argentinas hacen que ya no sean tan diferentes a los diputados en cuanto a sus perfiles y modos de acceso.

También es cierto que determinadas provincias con un mayor nivel de religiosidad y menos proclives a la ampliación de derechos para las mujeres y las minorías, como las del Noroeste, se encuentran sobrerrepresentadas respecto a las de, por ejemplo, la región central. Sin embargo, la Patagonia, con una población más «nueva» y un mayor pluralismo religioso, se encuentra tan o más sobrerrepresentada que el noroeste. A su vez, si observamos voto a voto, encontraremos oposiciones provenientes de las provincias más grandes, ricas, urbanas y, supuestamente por ello, más «modernas». En todo caso, las creencias e imaginarios imperantes en cada provincia explican cómo los políticos justifican sus decisiones en sus discursos, pero no siempre qué decisiones tomarán a la hora de votar.

El Senado actual, con sus particularidades y las transformaciones que sufrió en los últimos años, no constituye necesariamente un obstáculo para la sanción de leyes que sumen y amplíen derechos a las minorías o a las poblaciones más vulnerables, como lo demuestra la experiencia reciente. Otros factores coyunturales, ya sea provenientes desde la arena político partidaria, como desde fuera de ella, incidirán en el desarrollo y el resultado del debate por el aborto, más allá de las arquitecturas institucionales y de las imágenes que aún perduran en el sentido común.

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