Opinión

El próximo presidente frente a la Ley de Seguridad Interior de México

La nueva Ley de Seguridad Interior autoriza al ejército –bajo determinadas circunstancias- a tomar el mando del gobierno, y a situarse por encima de las autoridades civiles. ¿Qué hará el próximo presidente?

El próximo presidente frente a la Ley de Seguridad Interior de México

Este artículo forma parte del especial «Elecciones México 2018: despolarización y desinformación» producido en alianza con democraciaAbierta en el marco del proyecto #EleccionesAbiertas2018.

Durante los últimos días del 2017, cuando las y los mexicanos pensaban más en los regalos de Navidad y las fiestas de fin de año, el gobierno mexicano aprobó una controvertida ley que presuntamente regula a las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública. Se trata de la llamada Ley de Seguridad Interior (LSI), una ley que, según sus simpatizantes, proporciona seguridad jurídica y un marco normativo al Ejército que ampare sus labores en las calles.

Pero desde diversos sectores de la sociedad civil, encabezados por organizaciones de derechos humanos, los opositores a esta regulación afirman se trata de una ley que militariza al país y que otorga facultades extraordinarias a los soldados. Extraordinarias hasta tal punto que esta ley, bajo determinadas circunstancias, autoriza al ejército a tomar el mando del gobierno, y a situarse incluso por encima de las autoridades civiles.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por un Congreso dividido, bajo la presión de las Fuerzas Armadas, y promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de que él mismo prometió que no emitiría ninguna “declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se definiera sobre la cuestionada constitucionalidad de la Ley, cosa que no ha hecho.

Esta norma es la más impugnada de la historia mexicana. Se interpusieron 11 controversias constitucionales desde varios municipios, una controversia constitucional del Estado de Chihuahua, una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otra por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información, una por parte del Senado de la República y otra también por una minoría de la Cámara de Diputados.

Además, se interpusieron al menos 8 mil recursos de amparo. A este músculo legal se suma el apoyo a la impugnación de la LSI que dieron otros sectores de la sociedad civil mediante peticiones en línea, posicionamientos de celebridades, de universidades, de algunos sectores empresariales y de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manifestaron abiertamente su rechazo y/o críticas.


Los principales argumentos que esgrimen las organizaciones defensoras de derechos humanos consisten en que la LSI contiene varias disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal, haciéndola incompatible con la Constitución Mexicana y con los tratados internacionales de los que México forma parte.

Algunas de las disposiciones que suscitan mayor controversia giran en torno al hecho de que la ley no establece una definición clara de qué es seguridad interior y ni distingue claramente entre lo que es la seguridad pública y la seguridad nacional. Además, atribuye a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civile

Sus detractores afirman que no establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales y que estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolle la intervención. En la LSI no se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley. Asimismo, se señala que la ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.

Quienes se oponen a esta ley obtuvieron una primera victoria en mayo de 2018, cuando dos jueces federales declararon inconstitucional la ley, entre otras razones, por su efecto “inhibidor” en los ciudadanos, al poner sus derechos bajo la subordinación de una autoridad militar, y porque, según las resoluciones, la ley cuenta con demasiadas fallas.

Aunque el gobierno mexicano puede apelar esta resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según señalan algunas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la declaración de inconstitucionalidad sí que ha dado un respiro a quienes rechazan la LSI. Todo esto ocurre además ante la presión del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien en reiteradas ocasiones ha dicho públicamente que el Ejército mexicano “necesita un marco legal para operar”.

El rechazo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de distintos sectores de la sociedad civil a que los militares realicen labores de seguridad pública no es trivial.

Desde el año 2006, cuando el gobierno mexicano puso en marcha una estrategia militar contra el crimen organizado en lo que se conoce coloquialmente como la “guerra contra las drogas”, la violencia se incrementó en todo el país. Desde ese año han desaparecido al menos 35 mil personas, se ha registrado un promedio diario de casi 46 asesinatos, y los índices de impunidad rozan el 98 por ciento.

En este contexto, varias organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación han documentado una significativa cantidad de delitos y abusos perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas y que van desde el secuestro, la tortura, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Entre 2007 y 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 10.000 denuncias por abusos cometidos por militares.

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la impunidad en los casos graves de violaciones a derechos humanos cometidos por Fuerzas Armadas es del 97 por ciento. No obstante, pese a estas cifras y señalamientos, el ejército mexicano continúa teniendo niveles altos de aceptación por parte de importantes sectores de la sociedad, según diversos estudios de confianza en las instituciones del país.

Y es en este marco de posturas encontradas entre quienes defienden la ley y quienes exigen a la SCJN su abrogación, las y los mexicanos irán a las urnas este 1 de julio para elegir a su próximo presidente, quien deberá estar atento a la resolución del máximo tribunal de justicia del país.

Hasta el momento ninguno de los cuatro candidatos, Ricardo Anaya, de la coalición Por México Al Frente (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano), José Antonio Meade Kubireña, de la coalición Todos por México (PRI, PVEM, PANAL), el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, ni tampoco Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES) se ha pronunciado en contra de la citada ley.

Tres de los cuatro candidatos, que fueron cuestionados directamente al respecto durante una cumbre ciudadana con representantes de organizaciones no gubernamentales, coincidieron en que se trata de una ley necesaria, mientras que López Obrador dijo que hay que esperar a que resuelva la SCJN, la cual no tiene un plazo fijo para ello.

Esta última posición adquiere cierta complejidad si se toma en cuenta que López Obrador, claramente por delante en las encuestas, ha protagonizado diversos choques verbales con las Fuerzas Armadas al sugerir que podrían haber estado implicadas en casos de desaparición forzada.

Sea cual sea el resultado de las elecciones del primero de julio, el próximo jefe de Estado y a su vez comandante supremo de las Fuerzas Armadas, será el presidente de todas y todos los mexicanos. Esto implica que tendrá que encontrar la forma de gobernar un país malherido por la violencia y la impunidad, pero que quiere vivir sin miedo, con justicia y en paz. Unas metas que, con o sin Ley de Seguridad Interior, en México se vislumbran aún muy lejanas.