Entrevista

«El progresismo tiene que hacer suya la bandera de la lucha contra la corrupción» Entrevista a Manuel Aris

El financiamiento de los partidos políticos es uno de los temas cruciales para América Latina. Chile empezó a modificar su esquema con una nueva legislación que apunta a cambiar la cultura política.

«El progresismo tiene que hacer suya la bandera de la lucha contra la corrupción» / Entrevista a Manuel Aris

El año pasado se realizó una importante reforma de la Ley de Partidos y de financiamiento de las campañas electorales en Chile. ¿Cuáles fueron los principales puntos de la reforma y cuáles eran los problemas que se intentaban dejar atrás con la misma?

Las situaciones de corrupción que mayor escándalo público han generado en Chile en el último tiempo han estado relacionadas con el financiamiento irregular de la política. En este tema en específico, existía una regulación deficiente, que no establecía una separación razonable entre el dinero y la política, dejaba espacios de opacidad que fomentaban la sospecha pública sobre la actividad política y no generaba condiciones de equidad para la competencia electoral. Con las reformas del 2016 se fortaleció la calidad de la democracia chilena, en varios ámbitos relacionados con el financiamiento de partidos y de las campañas electorales. En relación a los partidos políticos, se elevaron los estándares de transparencia de las colectividades y se establecieron ciertos mecanismos para dotarlos de mayor democracia interna, sumado a un importante financiamiento público que los vuelve más independientes de caudillos y de la influencia del sector privado. Y en relación a las campañas electorales, se precisó el concepto de propaganda electoral, disminuyó el límite de gasto y se elevaron significativamente los estándares de transparencia de los aportantes a campañas. Además, se prohibió la donación de empresas privadas a la actividad política, reforma clave en el camino de separar los intereses corporativos de la actividad política de representación popular. Las modificaciones que han sido introducidas en el sistema de financiamiento de la política tendrán repercusiones en la cultura política, en la forma de hacer campañas y de cómo se concibe esta actividad, en el largo plazo, pero ya es posible constatar avances en la elección del 2016, en la que la campaña tuvo menos elementos de marketing y más de terreno y debate de ideas.

La reforma desarrolló un nuevo marco para el financiamiento de las campañas electorales. ¿Qué situación se vive ahora frente a una nueva elección presidencial y con un breve tiempo desde la adopción de la última reforma? ¿Los partidos han asumido claramente las nuevas reglas del juego?

Formalmente todavía hay partidos que no se adecúan a las nuevas normas de transparencia, por lo que si pudiéramos ahondar con mayor profundidad en su funcionamiento puede que encontremos todavía algunas prácticas sobre financiamiento que no cumplan con los propósitos que la ley estableció. En este sentido, el trabajo de control social que hagan los propios militantes, la sociedad civil organizada y la prensa será de vital importancia para develar la brecha entre la forma en que deben funcionar las colectividades y candidatos a cargos de representación popular y lo que realmente está sucediendo. Y, por otra parte, la labor que realicen las entidades de control es también fundamental. Esta campaña será para probar las nuevas reglas, su aplicación y la calidad con la que quedaron estipulados sus procedimientos. Sin duda la severidad con la que actúen los órganos de control para sancionar ante incumplimientos determinará en buena parte el nivel de coacción de las normas, y en los próximos años deberemos revisar con atención si los procedimientos de las nuevas leyes se aplicaron en concordancia con los principios que las motivaron -mayor transparencia, mayor probidad y mayor equidad en la competencia electoral- y si los órganos de control cuentan con los instrumentos necesarios para disuadir incumplimientos o sancionar a quienes hayan incumplido.

Recientemente, en América Latina se ha producido un fenómeno que ha hecho saltar las alarmas en la mayor parte de los países de la región. Es el caso de la constructora Odebrecht, que se vio involucrada en sobornos a centenares de políticos de América Latina. Esta situación ha hecho que vuelva a ponerse la lupa en la relación entre este tipo de empresas y el sector político. ¿Qué tipo de medidas deberían tomarse desde los Estados latinoamericanos para evitar la intromisión, no ya de los empresarios nacionales, sino de estos grandes poderes transnacionales en la arena política?

El caso Odebrecht ha sido una importante fuente de conocimiento sobre la forma en la que opera la corrupción a gran escala en nuestro continente. La magnitud del caso, en términos de sus consecuencias políticas, los montos implicados y el alcance geográfico en el que operaba la red de corrupción, dan cuenta de los aprendizajes que los países de la región debemos asimilar para evitar su repetición. En primer lugar, los Estados deben resguardar que los bienes públicos provistos por empresas privadas cumplan con los más rigurosos estándares de transparencia, competencia y orientación al bien común. El modelo de desarrollo que hemos adoptado en nuestros países le ha otorgado al sector privado un rol preponderante en la provisión de algunos servicios, como la construcción de infraestructura pública, la generación y distribución de energía, la explotación de recursos naturales, en algunos países el acceso a la salud, educación, agua potable, etc., por lo que los Estados deben contar con los mecanismos necesarios para garantizar que los recursos que son gestionados por el sector privado son los adecuados, y que quienes los gestionan lo hacen porque han ofrecido las mejores condiciones para hacerlo. En el caso de Odebrecht, las instituciones públicas no fueron capaces de garantizar que estas condiciones se cumplieran, y los privados abusaron de esa vulnerabilidad en beneficio propio y en detrimento del interés general. Luego, tampoco la institucionalidad fue capaz de advertir estas irregularidades, y de reaccionar a tiempo. Sumado a mayores controles al funcionamiento del sector privado en la provisión de bienes públicos, se requieren mayores atribuciones y capacidades de los entes reguladores de las instituciones públicas que lidian con grandes empresas. Esto implica el fortalecimiento de las contralorías públicas, pero también de mejores herramientas para que el trabajo de la justicia sea más eficaz, independiente y oportuno. Por último, la actividad política debe trazar una línea divisoria clara con los negocios. Por mucho tiempo algunas empresas transnacionales han sido la fuente de financiamiento no sólo de las derechas nacionales, también de las izquierdas. Y eso es signo de una debilidad institucional que debe abordarse con mayor financiamiento público, transparencia y capacidad de control.

Durante más de una década, diferentes gobiernos latinoamericanos de características progresistas manifestaron su voluntad de realizar transformaciones en cuanto a los esquemas de financiamiento de política. A pesar de ello, parece evidente que los logros han sido magros en varios de esos países. ¿Piensa que los sistemas políticos son demasiado difíciles de reformar en un sentido profundo o, por el contrario, cree que faltaron reformas realmente sustanciales y que se careció de audacia política para adoptar medidas al respecto?

Cada vez son más lamentables y difíciles de revertir las consecuencias que la corrupción tiene en el interés de la ciudadanía por las cuestiones públicas, y en la creencia del potencial transformador de la democracia. Si los pueblos abandonan la esperanza de transformación de la que es portadora por excelencia la democracia, el progresismo no tiene futuro. Existe la creencia que las reformas de financiamiento de la política son impopulares, que parece injustificable proponer financiamiento público a la política en contextos en los que programas sociales no pueden crecer por falta de presupuesto. Me parece que esta creencia tiene poco asidero en la realidad. La corrupción se ha transformado en una fuente de preocupación generalizada, y los crecientes niveles de transparencia, de calidad del periodismo de investigación y del desarrollo de las capacidades técnicas de las organizaciones de la sociedad civil continuarán fomentando que la corrupción sea un problema que a la ciudadanía le importa. Para hacer reformas en los sistemas de financiamiento de la política se requiere ímpetu, liderazgo, y una profunda convicción, pues en general se trata de reformas profundamente democratizadoras, que implican ceder poder por parte de quienes lo detentan.

Actualmente la situación en América Latina continúa siendo la misma que años atrás: el financiamiento de la política es opaco y no son pocos quienes aprovechan esas fisuras. Teniendo en cuenta la experiencia chilena, y salvando las distancias con el resto de países, ¿qué lineamientos básicos de reforma cree que serían útiles y viables para los países de la región?

Cada país tiene sus particularidades y necesidades más urgentes en el combate a la corrupción. Más que medidas que debieran ser adoptadas por los países de la región, es deseable que primara una aproximación a este fenómeno que la concibiera como una ventana de oportunidad para el cambio del diseño institucional. No existen países sin corrupción, por lo que la dicotomía entre países corruptos y países no corruptos es falsa. Lo que sí existe es la diferencia entre países que reaccionan bien ante la aparición de casos de corrupción y los países en los que no hay reacción. Por eso los Estados deben aprovechar la aparición de escándalos para perfeccionar su diseño institucional, dotando de mejores herramientas a sus sistemas de justicia para la persecución y sanción, los controles y dispositivos para fomentar la rendición de cuentas de las autoridades y generar las condiciones que propicien un mayor clima de integridad que impidan la naturalización de la corrupción como si fuera un mal endémico. Por último, para los sectores políticos de corte progresista, el combate a la corrupción debiera tornarse en un aspecto central. La corrupción reproduce la desigualdad y cercena el principal capital de las centro-izquierdas latinoamericanas, desprestigiando a las instituciones públicas y la solución de problemas a través de proyectos colectivos. Esto requiere la adhesión a una agenda de políticas anticorrupción que se asuma con convicción, y a la definición de una identidad política en el que la ética en la acción política tenga un rol predominante.


Manuel Aris es sociólogo y magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado (Chile) Se desempeñó como Coordinador de la Comisión de Probidad y Transparencia, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Anteriormente fue Director del área de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, desarrollando estudios sobre corrupción, transparencia y participación ciudadana. Además, coordinó la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, de la que son miembro 20 organizaciones de 10 países de la región. Fue Director de la Oficina de Un Techo para Chile en la Provincia de Arauco y Coordinador de Investigación en el Centro de Investigación Social de la misma Fundación.

Pie de página