Entrevista realizada por Julia Goldenberg

En virtud de la crisis de los gobiernos progresistas ¿considera que se terminó un ciclo político en América Latina y, en tal caso, a qué atribuye este desenlace?

Estamos en un momento de inflexión. El giro a la derecha en Argentina es evidente por el tipo de políticas económicas y sociales que ha adoptado el gobierno de Macri en escasos meses en el ejercicio del poder. Los otros casos, por ahora, presentan procesos políticos abiertos y el desafío central que enfrentan los gobiernos progresistas o nacional-populares es el agotamiento de un ciclo de disponibilidad de excedente económico que le daba centralidad al Estado en la economía. Ese es un primer tema que hay que resolver. En algunos casos, como el boliviano y el ecuatoriano, lo están encarando con cierta flexibilidad y adoptando políticas heterodoxas. Es decir, no manifiestan una postura reduccionista en términos estatales sino que expresan, por el contrario, una búsqueda de acuerdos y cooperación o de convenios con inversión extranjera y poderes económicos locales. En este punto, es posible ver más viabilidad en Bolivia y Ecuador que en Venezuela. Una segunda dimensión es el rol del líder. Todos estos procesos políticos han sido articulados en torno a liderazgos carismáticos muy fuertes. Alcanza, de hecho, con observar y analizar el papel actual de Lula en el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil o lo que sucede en Argentina cuando se buscaba un candidato sustituto de Cristina Kirchner. Esos liderazgos carismáticos fuertes son, justamente, los que permiten articular las fuerzas. En el caso venezolano se ve la debilidad del gobierno de Nicolás Maduro, producto del vacío dejado por Hugo Chávez, mientras que en Bolivia se produjo la apuesta por la modificación constitucional para habilitar a Evo Morales a una nueva gestión, lo cual ha culminado en una derrota del oficialismo. Seguramente el MAS va a optar por un camino al estilo del PT, es decir, buscará un candidato para la siguiente elección con el objetivo de retornar en 2024. Es una forma de rutinización del carisma obligado por una derrota electoral (N. del E.: actualmente en el MAS surgen voces que piden repetir el referéndum y declaraciones de Morales sobre un «segundo tiempo» en el partido por la reelección). Finalmente, en Ecuador, Rafael Correa, que inicialmente optó por el camino de elegir un candidato para la próxima elección y retornar él en una subsiguiente, acabó planteando la posibilidad de un referéndum. Todos estos procesos que menciono exhiben a las claras que los procesos del progresismo y la izquierda nacional-popular latinoamericana han tenido un fuerte grado de dependencia del liderazgo carismático y esto, lógicamente, expresa problemas, ya que estos procesos no se han institucionalizado en movimientos políticos. Si las distintas experiencias no logran resolver esa situación corren el riesgo de debilitarse de manera muy rápida, como ha ocurrido en Venezuela.

¿Qué lugar ocuparon las elites bolivianas en estos últimos años?

En Bolivia, en los últimos diez años, se han producido una serie de transformaciones económicas, políticas y socioculturales. Una de ellas es, justamente, la sustitución de las elites políticas en el manejo del Estado y un mayor protagonismo del Estado en la economía, que se ha traducido en una reducción de la influencia política y económica de las elites tradicionales. En este proceso habría que exceptuar, sin embargo, al sector más poderoso que es el de la agroindustria de la zona oriental de Bolivia, específicamente de Santa Cruz, el cual ha conseguido en los últimos dos años establecer un acuerdo con el Estado para una relación de mutuo beneficio. Cabe destacar, también, que en estos años se han mantenido altas ganancias del sector bancario privado.

Además de un liderazgo carismático que presenta limitaciones, ahora hay una derecha organizada e impulsada por diversos intereses económicos...

Después de una década de repliegue ante un avance político de sectores populares, lo que se observa ahora es una recuperación, por parte de este sector, de la iniciativa política. Ese avance de la derecha se produce aprovechando este debilitamiento de los gobiernos progresistas que no resolvieron el tema de la sucesión o la continuidad política y también, por sus dificultades en la construcción institucional bajo nuevas pautas constitucionales. En el caso boliviano encontramos muchos problemas y limitaciones, lo que provoca una fuerte dependencia del liderazgo de Evo Morales. Ahora hay que ver qué hace el MAS en los próximos años para resolver este tema a partir de una mirada estratégica que implique los tres desafíos fundamentales. El primero es la propia institucionalización del movimiento político. Es decir, cómo esta coalición de actores indígenas campesinos -la coalición nacional-popular- puede permanecer en el tiempo sin que dependa de un liderazgo personalizado. El segundo desafío es mantener la política económica sin que los avatares del mercado internacional afecten de manera decisiva la reproducción de este modelo centrado en el Estado. Y el tercer desafío es construir la nueva institucionalidad del Estado plurinacional que tiene un componente de descentralización a través de autonomías nacionales.

¿Cómo se organiza este panorama en relación con las bases sociales?

En una mirada comparativa con los gobiernos de izquierda de los últimos diez años, el caso boliviano es el único en el que se produce un liderazgo que emerge de la base sindical. Nace a partir de una trayectoria dirigencial de Evo Morales durante más de veinte años. El MAS es una coalición de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas. Esto lo distingue de Ecuador, donde Correa organiza Alianza País desde el Estado, o con la revolución bolivariana, donde el movimiento político de apoyo a Chávez se articula también desde el aparato estatal y desde las Fuerzas Armadas. Son, para decirlo figurativamente, experiencias de construcción desde arriba de legitimidad del poder. En el caso boliviano esa construcción se produce desde abajo. A esto se suma el componente identitario, puesto que el liderazgo de Evo Morales tiene un elemento adicional y es que no solo representa intereses objetivos, materiales e instrumentales, sino que también presenta y refuerza las pautas identitarias que en el caso boliviano tuvieron consecuencias en términos de una reinterpretación de la historia. Hay, además, otro grado de democratización social, no solo por la movilidad socioeconómica y por la inclusión política sino también por los aspectos de discriminación y racismo: hoy se perciben mayores grados de tolerancia, de aceptación e inclusión. Esto se vincula directamente con la presencia de Evo Morales y la dirigencia campesina indígena en el ejercicio del poder.

¿Considera que existen configuraciones institucionales más consistentes que en otros países?

La propia noción de Estado plurinacional tiene, en el corazón de su visión, el reconocimiento de derechos colectivos de aquel sujeto que la Constitución boliviana define como naciones y pueblos indígenas originarios. Es decir, hay un sistema de derechos que no se limita a los derechos individuales, a los convencionales, sino que integra derechos colectivos. Son básicamente derechos territoriales e implican una relación distinta entre ciertos grupos sociales con rasgos identitarios y el Estado. Ese es un primer elemento. El segundo se vincula con la democracia intercultural, que es el término que pretende dar cuenta de la combinación de tres formas de democracia: la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia comunitaria. Esta última es la novedad. Si uno compara los regímenes políticos, o los modelos democráticos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, encontramos que solo en el caso boliviano se reconocen formas de participación y formas de elección de autoridades y representantes mediante usos y costumbres y mediante normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas.

¿Cómo se expresa?

Hay un 5% de diputados elegidos por los pueblos indígenas (N. del E. además de los indígenas elegidos en las listas partidarias), bajo la lógica de la democracia representativa, pero a partir de este factor identitario específico. A esto se suma la existencia normativa, escasamente implementada, del reconocimiento de las autonomías indígenas. Es decir, los 339 municipios, que constituyen la unidad básica de gobierno subnacional, pueden acceder a través de un referéndum a la posibilidad de convertirse en autonomías indígenas. Desde 2010 a la fecha, de quince municipios que hicieron ese intento, solamente dos llegaron hace meses a concluir la redacción de sus estatutos autonómicos que son, para decirlo con claridad, una suerte de pequeñas constituciones que recuperan las modalidades, costumbres y prácticas indígenas. Estos dos proyectos de autonomía indígena tuvieron desenlaces distintos: solamente uno aprobó su estatuto y en el otro caso el estatuto fue rechazado.

¿Esto qué quiere decir?

Que por ahora, en Bolivia, solo hay una autonomía indígena: en el departamento de Santa Cruz. Se trata de la autonomía indígena de Charagua que numéricamente es irrelevante pero vale la pena destacar que se trata del municipio más grande de Bolivia: 20% del territorio de Santa Cruz está comprendido en esa autonomía. El hecho de que sea sólo una autonomía indígena hasta la fecha se vincula directamente al aspecto central de la pregunta. Una reconfiguración institucional requiere un periodo de tiempo extenso para que vaya asentándose, materializándose, adoptando formas específicas de gestión de lo público, de organización del poder político para que incida en las prácticas políticas. La participación política campesina provocó esta reconfiguración institucional, pero el diseño y la construcción del nuevo Estado es un proceso lento.

¿Cómo analiza los dichos del nuevo ministro de relaciones exteriores de Brasil, José Serra, quien ya ha anunciado que pretende refundar el Mercado Común del Sur (Mercosur)?

Considero que una reconfiguración en este sentido afectaría de forma leve a Bolivia porque el principal intercambio comercial está basado en la venta del gas y eso difícilmente sea motivo de revisión. Por ejemplo, los presidentes de Argentina y Bolivia se han encontrado y pronto tendrán otro encuentro motivado por un interés mutuo en el gas. Hace muchos años, Serra hizo comentarios muy desaprensivos sobre el gobierno de Evo Morales, vinculando la historia del MAS a denuncias sobre el narcotráfico. Pero eso fue en el marco de la campaña que hacía Serra contra Lula. Por lo tanto, puede considerarse como un hecho anecdótico. Además, hasta el momento, no ha habido una declaración oficial sobre la relación con Bolivia. Independientemente de las orientaciones ideológicas que predominan en Brasil y en Argentina, es necesario no apresurarse y dejarlo como un tema abierto hasta tanto haya una declaración oficial al respecto.

¿Cómo se configuró la oposición que se enfrenta al MAS tras el referéndum de febrero pasado y cómo piensa el oficialismo boliviano su continuidad para disputar la presidencia en 2019?

El balance que yo hago del referéndum es que hubo ganadores y perdedores relativos. Se abren oportunidades tanto para el oficialismo como para la oposición. El desafío del MAS es que no se instale una rutinización del carisma de su líder, es decir que continúe su proyecto sin la presencia de Evo Morales. Esto implica un debate interno y una definición de nuevas figuras con miras a las elecciones presidenciales de fines del 2019. Paralelamente, esto exige una modificación en el estilo de gestión que le de un mayor peso a la transparencia de actos gubernamentales y a la exigencia de la gestión pública. Es claro que Evo Morales, si sale del poder, seguirá siendo el conductor del partido, al estilo de Lula en Brasil, como una especie de garante político. En el caso de la oposición también hay oportunidades interesantes, puesto que el referéndum del 23 de febrero muestra una diversificación del campo opositor. El campo opositor estaba circunscripto al ámbito parlamentario con la presencia de tres partidos de centroderecha, enraizados en los partidos históricos. Durante el referéndum se organizaron plataformas ciudadanas y se movilizaron fuerzas regionales en el caso específico del departamento de La Paz que, desde posiciones de izquierda, criticaron al gobierno. El único acto de cierre de campaña lo realizaron colectivos ciudadanos que tenían un discurso de crítica al MAS desde posiciones más bien programáticas. Tanto el gobernador, como el alcalde de La Paz, que son los distritos más importantes en términos electorales, son de un partido político de oposición que no tiene presencia parlamentaria. Con esto quiero decir que lo que surgió el 21 de febrero fue una oposición extraparlamentaria, que tiene hacia 2019 posibilidades de forjar una candidatura opositora al MAS pero sin vínculo con los partidos parlamentarios. En los dos casos, sobre todo en el caso de la oposición parlamentaria, el problema es el siguiente: ante la ausencia de Evo Morales como rival electoral todos los partidos creen que pueden ser vencedores en 2019. Entonces, es muy improbable que existan acciones para forjar un frente único al estilo venezolano. Esa fragmentación, que lleva diez años, puede ser favorable al MAS incluso si Morales no es el candidato.

¿Cree que el MAS podrá superar el liderazgo de Evo Morales?

Hay una amenaza externa, que durante diez años no enfrentó el MAS, que es la de la desaceleración económica. Esto, sin dudas, puede provocar descontento y el retorno de una fase de conflictividad. Un proceso así podría minar parte de las bases sociales de apoyo al MAS. Uno de los desafíos es, justamente, cambiar el estilo de gestión y buscar mayor eficiencia para que el riesgo de inestabilidad económica no provoque inestabilidad política. Lo que ocurra en los próximos tres años va a depender mucho de los movimientos del MAS. Puede optar por dos vías: refugiarse en una postura meramente de rechazo a sus detractores, apelando al pasado, acusándolos de neoliberales y alertando sobre conspiraciones norteamericanas o apelar a una renovación. Lo mismo vale para la oposición. Las condiciones político institucionales están dadas, se abre un mayor margen de acción para los nuevos actores políticos. Hay que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto.

Fernando Mayorga es sociólogo. Forma parte del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).