Tema central

El problema de la inseguridad y el castigo desde una visión alternativa

Durante años, la izquierda prestó poca atención al tema de la inseguridad, que consideró un subproducto de problemas más estructurales como la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el aumento de los niveles de criminalidad registrado en las últimas dos décadas en América Latina obliga a las fuerzas progresistas a buscar caminos diferentes del enfoque tradicional que propone más policías, más penas y más cárceles. Para ello es necesaria una estrategia integral que no expanda aún más la red penal y que conciba la cárcel como el último recurso de una cadena de soluciones que incluya la prevención, los mecanismos de mediación, la indemnización a las víctimas y las penas alternativas.

El problema de la inseguridad y el castigo desde una visión alternativa

Después de la Guerra Fría, Latinoamérica comenzó a ser considerada como una de las regiones del mundo con menor conflictividad bélica entre países (Tapia). Pero al mismo tiempo, en una suerte de paradoja, se convirtió en una de las zonas con mayores índices de criminalidad y violencia. En efecto, durante los 80 las tasas de criminalidad en América Latina se duplicaron en comparación a la década anterior. En los 90 se triplicaron, y desde entonces no se han reducido en forma significativa. Hoy, las tasas de criminalidad de la región superan entre tres y cinco veces la tasa promedio mundial (Chinchilla, citado por Cálix). Este aumento de la criminalidad y la violencia coincide con los procesos de transición democrática que ha atravesado la región durante los últimos 25 años. Y aquí es importante lo que analistas como José Nun han venido señalando con insistencia: mientras que las democracias más consolidadas se basan en un pacto social orientado a generar bases tanto para el crecimiento económico como para el aseguramiento de condiciones sociales de bienestar, esta bisagra ha estado ausente en la mayoría de los países latinoamericanos. Por el contrario, en nuestra región las transiciones a la democracia se produjeron junto con un incremento dramático de la pobreza y el desempleo (o el empleo precario) y una profundización de la inequidad social.

El correlato de esos procesos de exclusión social ha sido una tendencia de repliegue y evaporización del Estado, lo cual revela no solo la incapacidad de la autoridad pública para proveer una elemental estructura de oportunidades socioeconómicas, sino también las dificultades para regular la conflictividad social (Sain). En este contexto, la ausencia de regulación estatal ha sido reemplazada por redes informales, incluidas aquellas que desafían la legalidad mediante acciones delictivas o violentas.

Para complicar el panorama, a la incapacidad de los Estados latinoamericanos para generar crecimiento económico y desarrollo social se suma el débil desempeño de los sistemas de justicia (con algunas excepciones importantes en ciertos países). Poderes judiciales, fuerzas policiales, ministerios públicos e instituciones penitenciarias presentan, en general, inocultables falencias, desequilibrios y problemas de coordinación que impiden que los operadores de justicia cumplan el papel que les corresponde en relación con la seguridad ciudadana.

Ante la desesperación por el aumento de la sensación de inseguridad, la sociedad exige mayor «dureza» en la represión al crimen y la violencia. Este reclamo, condicionado por los medios masivos de comunicación, sintoniza con las posiciones políticas demagógicas y simplistas que proyectan los temores de la población en fachadas de «ley y orden» que no resisten un análisis serio, por cuanto ceden a la tentación de ofrecer sin cortapisas más policías, más penas y más cárceles. Estas posturas reaccionarias suelen olvidar la importancia de la integralidad de las acciones orientadas a revertir los niveles de inseguridad, tornan opacos los discursos de prevención, no abordan seriamente el problema de la impunidad del sistema de justicia, exaltan la severidad extrema como panacea y soslayan los problemas de la hipertrofia penal que caracteriza a los países latinoamericanos.Todo esto ha contribuido a que Latinoamérica, a inicios del nuevo siglo, presente una tasa de población penitenciaria de 145 por cada 100.000 habitantes, con aproximadamente 54% de detenidos sin condena y –más grave aún– un nivel de ocupación carcelario cercano a 140% (PNUD).

La alteración de la convivencia causada por la inseguridad refuerza un círculo vicioso que genera una mayor demanda de protagonismo policial y penitenciario. Esta demanda, en las actuales circunstancias, favorece, entre otros aspectos, el aumento de los poderes discrecionales de la policía, el temor de los jueces a aplicar medidas sustitutivas a la prisión y, por ende, la creciente importancia de la cárcel como el instrumento privilegiado para sacar de circulación a los infractores que atemorizan a la ciudadanía. Al respecto, conviene destacar que la evidencia indica que, cuanto más represivos se tornan los mecanismos de control social, más se elevan los indicadores de violencia institucional, arbitrariedad y delito, sin que por ello disminuyan los niveles de inseguridad en general.

Uno de los efectos más adversos de este círculo vicioso es que favorece el congestionamiento de las prisiones y consolida condiciones infrahumanas de detención. Más grave aún es que los centros penales, lejos de adecuarse para la rehabilitación y la reinserción –partiendo de la premisa de que la mayoría de los infractores penales pueden ser readaptados–, tienden a convertirse en áreas propicias para la reproducción del crimen, espacios donde los más inexpertos afinan sus destrezas y los más experimentados construyen y fortalecen redes delictivas, muchas veces con la permisividad negligente o dolosa de las autoridades penitenciarias.

Esta saturación del sistema penal se nutre fundamentalmente de los estratos más pobres de la población. Al decir de los defensores de los derechos humanos, se observa una «criminalización de la pobreza». En 2000, 80% de la población penal latinoamericana estaba compuesta por pobres, desempleados o víctimas directas de la exclusión social (Saavedra).

Esta criminalización de los pobres no es fortuita. Siguiendo a Alessandro Baratta, es indiscutible que se han creado y reforzado estereotipos criminales a los que la población les teme sobremanera. La sociedad se halla así dividida entre los «respetables» (potenciales víctimas) y los marginales «peligrosos» (potenciales agresores). En el segundo grupo, se suele incluir a los adolescentes y jóvenes urbanos con baja escolaridad, a los tóxicodependientes, a los desempleados y las personas sin calificación profesional y, en algunos países, a los extranjeros indocumentados. Bajo este lente binario, las situaciones de riesgo que sufren muchas mujeres y niños en sus casas y las limitaciones a los derechos económicos y sociales que afectan a vastos sectores de la población no constituyen temas centrales para el abordaje de la seguridad ciudadana. De esa manera, no resulta extraño que, como puntualiza Baratta, los «delitos económicos, ecológicos, de corrupción y concusión, desviaciones criminales en órganos civiles y militares del Estado, así como convivencias delictuosas con la mafia, por parte de quienes detentan el poder político y económico, forman parte de la cuestión moral, pero no tanto de la seguridad ciudadana» (1997, p. 84).