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El partido peronista y los gobiernos kirchneristas

El peronismo y su expresión gubernamental actual, el kirchnerismo, concitan una diversidad de miradas a menudo fuertemente polarizadas. Fuera de Argentina, la larga persistencia del peronismo como partido de poder se ha transformado en un verdadero enigma. Este artículo vincula la crisis de la política, las particulares formas que desde hace un tiempo asume el partido fundado por Juan Perón en los años 40 y las coyunturas recientes para caracterizar el actual «peronismo kirchnerista», que parece haber construido una particular épica política tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010.

El partido peronista y los gobiernos kirchneristas

Las vinculaciones entre el partido peronista y los gobiernos kirchneristas presentan la suficiente complejidad como para desconcertar a no pocos observadores de la realidad argentina. En este breve texto nos proponemos analizar desde una perspectiva sociológica las relaciones entre estos actores sin ignorar los riesgos que entrañan las indagaciones sobre situaciones en curso cuyos participantes ofrecen permanentemente interpretaciones sobre sí mismos. El partido peronista (o Partido Justicialista), en lo que atañe a su accidentada historia y sus formas organizativas, ha sido un tema de discusión en las ciencias sociales y existe un cierto número de estudios sobre el tema. En cambio, los análisis de los aspectos políticos de las dos experiencias de gobierno kirchnerista parecieron haber encontrado dificultades quizás no tanto en virtud de la falta de distancia temporal sino –y sobre todo– en la variedad e intensidad de las opiniones enfrentadas que suscitan.

Con independencia de las consideraciones sobre cada uno de los mencionados actores, el foco de nuestra atención se colocará en las relaciones que establecieron, sus variaciones y conformaciones, para intentar comprender el sentido de sus acciones. Las referencias conceptuales y empíricas que formularemos sobre la desarticulación del campo político nacional apuntan no solo a contextualizar a los actores sino, también, a proporcionar claves de inteligibilidad de sus relaciones.

La desarticulación del campo político

Cuando estalló la crisis de 2001, el peronismo y la Unión Cívica Radical (UCR), las dos grandes fuerzas políticas con mayor presencia electoral desde el retorno a la democracia en 1983, eran pálidos reflejos de lo que habían sido en sus mejores momentos. Ambas tenían en común haber encabezado experiencias gubernamentales de corte neoliberal con el consiguiente abandono de sus programas históricos, y tanto los radicales como los peronistas registraron divisiones que se plasmaron en las elecciones de 2003. El uso del poder gubernamental le permitió al entonces presidente Eduardo Duhalde establecer las reglas que abrieron la arena electoral nacional para las tres fracciones peronistas que competían entre sí1. El partido-Estado creado por Juan D. Perón a mediados de la década de 1940, transformado en los años 60 en un poderoso movimiento sociopolítico en el que coexistían distintos proyectos voluntaristas, se había convertido hacia fin de los 90 en una sociedad de partidos provinciales peronistas sin horizontes ideológicos nacionales.

El radicalismo, por su parte, padeció las consecuencias de articular un electorado más exigente y, luego de alcanzar el cenit con el alfonsinismo (1983-1989), entró en declinación al no poder responder a las demandas institucionales, sociales y económicas acumuladas durante la dictadura militar (1976-1983); al no modernizar sus estructuras y dirigencias también vio crecer la influencia de sus aparatos provinciales. En efecto, peronistas y radicales fueron perdiendo los vínculos de representación social, dejaron de producir debates e ideas acordes con los contextos en que debían actuar y, como expresión extrema, cuando manejaron el gobierno nacional implementaron políticas económicas elaboradas por think tanks ajenos a sus tradiciones ideológicas. Los sucesos de finales de 2001 expresaron la sobredeterminación de las crisis superpuestas, entre las cuales la del sistema de partidos reveló ser la de efectos más persistentes, ya que la economía nacional se recompuso en un año, los salarios y los niveles de ocupación formales en alrededor de tres años volvieron a sus situaciones anteriores a la crisis, y los paliativos aplicados a la desestructuración social absorbieron sus efectos más disruptivos.

Así, en la década iniciada con la crisis de 2001, en el campo político –definido en la perspectiva conceptual de Pierre Bourdieu– se profundizaron las tendencias a la descomposición de los partidos de alcance nacional, mientras que en la sociedad se expresaban elevados porcentajes de falta de confianza en sus dirigentes. Si en los regímenes políticos democráticos contemporáneos es normal un cierto nivel de autonomía de los actores de un campo político con respecto a los sectores que integran la sociedad, distan de ser comunes, en cambio, las virulentas movilizaciones sociales en reacción contra las clases políticas –a las que se percibe como encerradas en sus propios intereses– como las registradas en el caso argentino entre 2001 y 2002.

La accidentada vida de las instituciones representativas no auguraba sin duda un futuro fácil para la reconstrucción democrática iniciada en 1983. Tanto los dirigentes políticos como la ciudadanía carecían de experiencias democráticas mínimamente prolongadas. En los actores centrales del recién restablecido campo político no se podían borrar como por arte de magia los habitus o sistemas de predisposiciones consolidados durante tantos años de participación en pequeños cenáculos desconectados de la representación real de la sociedad. Muy pocos dirigentes de partidos habían recorrido los cursus honorum que los socializan en la convivencia democrática, y la idea de que un solo partido podía aspirar a representar a toda la sociedad distaba de haber desaparecido. En la sociedad predominaban, a su vez, visiones de la democracia como lo opuesto a la dictadura, mientras que los reclamos de participación política eran escasos. Probablemente, el rechazo a la amenaza de un nuevo golpe militar era lo único que creaba una cierta comunidad de metas en el seno de la clase política, y entre esta y amplios sectores de la sociedad2.El debilitamiento de las capacidades estatales (políticas, burocráticas, técnicas y económicas) generaba condiciones negativas para el adecuado gobierno de los múltiples problemas que conocía el país, y ese deterioro estatal se agravó con la implementación de las políticas neoliberales. Se combinaron entonces, contradictoriamente, los efectos del aumento de las exigencias de una parte considerable de la ciudadanía, los de la profundización de la dualización territorial entre las regiones modernas y las atrasadas en lo económico y lo educativo, los efectos de la fragmentación generada por los procesos de globalización, la frustración de expectativas de mejora del bienestar social, las consecuencias del desplazamiento de sectores del empresariado nacional por los nuevos intereses internacionales, etc. Así, a menos de dos décadas de reinstaurada la democracia, y en medio de un clima de creciente ilegitimidad de los poderes públicos, estalló una verdadera rebelión de los individuos que resumió su rechazo a la clase política en la iracundia de la fórmula «que se vayan todos».

  • 1. Estas fueron encabezadas por Néstor Kirchner, hasta entonces gobernador de la austral provincia de Santa Cruz; por el ex-presidente Carlos Menem; y por el gobernador de San Luis –y presidente durante unos pocos días en medio de la crisis de 2001– Adolfo Rodríguez Saá.
  • 2. Al respecto, v. particularmente P. Bourdieu: «Conférence: Le champ politique» en P. Bourdieu: Propos sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2000.