Entrevista

El Grupo de los 77 y la lucha contra las guaridas fiscales

El Grupo de los 77 (G-77) está encabezando la promoción de una agenda fiscal internacional más justa, que ponga fin a las guaridas fiscales y dé lugar a la creación de un organismo tributario intergubernamental en el marco de la ONU. Rosa Cañete, especialista en la materia y directiva de Oxfam, comenta la propuesta en entrevista exclusiva.

El Grupo de los 77 y la lucha contra las guaridas fiscales

¿Cuáles son las principales motivaciones que encuentran los países del Sur global para promover una agenda de justicia fiscal en el nivel internacional?

La principal motivación de los países del Sur global es la necesidad de contar con recursos propios a escala nacional para garantizar derechos a su ciudadanía. Evidentemente, en muchos países del Sur estos recursos no son suficientes. Es decir, los Estados no han sido capaces de recaudar suficientes ingresos para desarrollar las políticas públicas que garanticen el derecho a la salud y a la educación de sus ciudadanos y ciudadanas. La cuestión del financiamiento del desarrollo en los países del Sur resulta vital, dado que les permitiría ser independientes económicamente. Tomemos, por caso, el contexto africano y las donaciones de la ayuda externa. O el marco actual de América Latina, en donde todavía existe un vacío importantísimo en la posibilidad de los Estados en la región de cubrir las brechas de desigualdad de una región que crece y que no es pobre. En América Latina, en 2013, 11 de 18 países no recaudan lo suficiente para cubrir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Estos países recaudan menos de 20% del PIB, número necesario para cubrir las metas que se marcaron en los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y luego en los ODS. Por lo tanto, hay una incapacidad de los Estados en el Sur para financiar las políticas que podrían garantizarle los derechos a la ciudadanía. De hecho, un dato que hemos utilizado mucho en Oxfam es que, en términos globales, cada año la evasión y elusión de las multinacionales a través de los paraísos fiscales les roba a los países 100.000 millones de dólares que podrían, si lo calculamos en servicios de educación, educar a 124 millones de niños que actualmente están fuera del colegio. Ese dinero también podría financiar el cuidado de la salud y podría salvar a alrededor de seis millones de niños. Por lo tanto, esta es la motivación central de los países del Sur a la hora de impulsar esta agenda de justicia fiscal en el nivel internacional: la necesidad de recaudar más y de manera más justa.

En relación con la creación de un organismo tributario intergubernamental en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ¿qué características debiera tener este organismo para hacer efectivo su rol y garantizar el cumplimiento de sus objetivos?

La razón principal para solicitar la creación de este organismo es la necesidad de que haya una gobernanza democrática alrededor de la redefinición de las normas fiscales en el nivel internacional. Porque, si bien hay un consenso entre los países del Norte y del Sur, es necesario frenar la carrera a la baja que se está dando en la tributación de las empresas transnacionales y también de los individuos más ricos, ya que todos están perdiendo recursos; hay diferencias importantes entre los intereses que tienen los países del Norte y los del Sur en esta redefinición de normas. Por lo tanto, mientras no exista un organismo en el marco de la ONU que mantenga un equilibrio y una gobernanza democrática, en el que cada país pueda tener un voto y se puedan generar procesos en los que se avance hacia ciertos acuerdos que garanticen un equilibrio entre los intereses de ambos, no vamos a llegar al resultado final, que sería una mayor justicia fiscal, una participacipación igualitaria de los países del Norte y del Sur. Esta sería la característica principal de este organismo: la capacidad de tener una gobernanza más democrática de las decisiones sobre esta reforma. Por eso, parte de lo que Oxfam ha venido planteando desde hace años es que, si bien la iniciativa sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un avance porque está generando un diálogo y una serie de metas a la hora de ir cerrando estos vacíos en la tributación y los acuerdos, no deja de ser una iniciativa gobernada por el G-20 y la OCDE y, por lo tanto, no cubre varios de los intereses centrales de los países del Sur, como son los incentivos tributarios a las empresas. Estos no se abordan con énfasis, dado que entre las funciones de las cancillerías de los países del Norte se encuentran también las de apoyar al sector privado de su país, y este sector privado de los países del Norte se beneficia en el Sur de los mecanismos para atraer inversión extranjera directa, como la reducción de las tasas que se pagan de impuestos. Por lo tanto, como consecuencia de esta diferencia de intereses, los incentivos tributarios no son una temática abordado por BEPS. Y allí también aparece la cuestión del «reporte en fuente o residencia». Evidentemente, a los países del Norte les interesa que las empresas paguen donde su casa matriz está posicionada, mientras que a los países del Sur les interesa que las empresas paguen donde producen, dado que muchas de ellas se han deslocalizado al Sur para producir. Entonces, una de las características de este organismo multilateral debería ser la participación democrática de todos los países, del Norte o del Sur, y la posibilidad de ir empujando consensos alrededor de ciertas áreas, incluso superando por ejemplo el freno de algunos países que evidentemente pueden ver sus intereses afectados. Ese es un tema importantísimo. Finalmente, otro tema característico de este organismo debería ser que tenga un financiamiento que no dependa solo de los Estados, sino que provenga del presupuesto de la ONU, de manera que no vea limitada su capacidad de acción, en la medida en que cualquier Estado que sienta que sus intereses no están debidamente tomados en cuenta por los otros países pueda frenar la actividad de este organismo. Estas serían dos características claves que deberíamos tener sobre la mesa.

Teniendo en cuenta las relaciones de fuerza que se despliegan en el escenario internacional, ¿cuáles son las reales perspectivas de alcanzar la creación de un organismo tributario intergubernamental?

Considero que todavía no existe una correlación de fuerzas suficiente como para alcanzar la creación de un organismo tributario intergubernamental. Ahora bien, si ha habido un momento en la historia con mayor capacidad de oportunidad para poder lograr este objetivo, yo diría que es precisamente este. Primero, por la relevancia que ha tomado el tema. En la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Adis Abeba se logró, con mucho esfuerzo, poner en la agenda la necesidad de una reforma del sistema tributario internacional y la creación de un organismo que permitiera promover esta reforma. Finalmente, el proyecto fue fuertemente frenado por Estados Unidos y Reino Unido y no se consiguió la correlación de fuerzas necesaria. La relevancia que tienen estos dos países en las donaciones que reciben los gobiernos africanos terminó arrastrando a muchos de ellos a no suscribir la posibilidad de llevar adelante este objetivo. Por otra parte, a raíz de una serie de escándalos y del rol que han jugado los medios de comunicación en casos como los «Panama Papers», los «SwissLeaks» o los «LuxLeaks», se ha elevado muchísimo el debate sobre el tema y esto ha hecho que los Estados tengan que dar respuestas a su ciudadanía. Asimismo, la presidencia del G-77 por parte del gobierno de Ecuador, que ha empujado en los planos nacional e internacional este asunto como un tema central de su agenda y como una de las líneas que está promoviendo su presidencia del G-77, hace que exista un marco de oportunidad –el mayor que hemos tenido hasta ahora– para poder promover y conseguir este objetivo o, al menos durante este año de presidencia, dar pasos de avance concretos que permitan alcanzarlo.

Considerando que los países latinoamericanos enfrentan altos niveles de evasión y elusión tributaria por parte de empresas transnacionales e individuos de alta renta, ¿existen propuestas similares de actuación en el ámbito latinoamericano?

Debemos decir que en el ámbito regional ha costado más colocar esta agenda en los espacios de articulación intergubernamental. Promover esta agenda es parte del trabajo de organizaciones como Oxfam, en alianza con la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y otros organismos. Observamos también que con la presidencia actual de El Salvador en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se abre una ventana de oportunidad, ya que sabemos que la justicia fiscal es parte de su agenda. Todavía queda por delante un trabajo importante de articulación regional. Por otro lado, existe un contexto regional que debería ayudar a que este empiece a ser un tema más de peso. Muchos países de la región están viendo afectados sus ingresos fiscales. Sobre todo, los países que dependen fuertemente de los ingresos que obtienen de los recursos no renovables, por ejemplo, Perú y México, que están viendo sus recursos reducidos y afectados por la baja en los precios internacionales. Esto naturalmente los conduce a tener que redefinir sus políticas fiscales en el ámbito nacional. Asimismo, una gran traba que tienen los países en América Latina es la competencia a la baja para atraer la inversión extranjera directa. Por lo tanto, poder promover una agenda que reduzca esta competencia es clave para que los países de la región puedan fortalecer su capacidad de acción a la hora de garantizar los derechos a su ciudadanía. En la actualidad, según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se evade alrededor de 6% del PIB regional en materia de impuestos a la renta corporativa y personal y el IVA. De este 6%, 4% está vinculado al impuesto sobre la renta corporativa y de personas. De este modo, empujar una agenda en la región que ayude a todos los países a limitar la capacidad de evasión y elusión que tienen las empresas y personas debería ser central en un contexto de decrecimiento –sobre todo en América Latina– y, por lo tanto, de reducción de ingresos fiscales, para poder asimismo proteger los logros alcanzados durante la década de 2000 en la región y poder profundizarlos. Estamos hablando de una agenda central si se quiere realmente proteger los avances previamente alcanzados y profundizarlos, dado que no han sido suficientes aún. Esta cuestión debe estar en la agenda de todos los organismos regionales. Muchas organizaciones lo estamos trabajando desde la sociedad civil. Existen experiencias regionales muy interesantes, como la de la Comunidad del África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés), que ya ha desarrollado convenios en los que los países deciden armonizar sus políticas fiscales con el fin de eliminar las distorsiones que reducen su capacidad de recaudación. Entre sus integrantes, por ejemplo, se ha armonizado una tasa mínima (de 30%) para el impuesto sobre la renta corporativa. Esta iniciativa es un éxito que debemos estudiar y analizar cómo podría adaptarse a la región latinoamericana y caribeña. Sin una articulación regional y mundial, las acciones de la actual administración Trump –no firmar la Convención multilateral de París de la OCDE, frenar la implementación de la Ley Dodd-Frank o intentar bajar la tasa del impuesto a las corporaciones de 35% a 15%– pueden ocasionar un efecto dominó. Es decir, debemos ponernos de acuerdo para frenar la carrera a la baja en la tributación directa y el bajo nivel de recursos que tienen los Estados para garantizar derechos.


Rosa Cañete es coordinadora de la campaña «Iguales» contra la desigualdad en América Latina y el Caribe de Oxfam.