Coyuntura

El fracaso de una estrategia: una crítica a la guerra contra el narcotráfico en México, sus justificaciones y efectos

Se cumplen cuatro años de la «guerra frontal contra el narcotráfico» lanzada por el gobierno de Felipe Calderón. El artículo analiza sus efectos: aumento del consumo, más violencia y una mayor penetración del crimen en las instituciones estatales, además de violaciones a los derechos humanos y el nacimiento de un nuevo paramilitarismo. El fracaso de la estrategia punitiva es claro, y detrás de él se esconde la crónica debilidad del Estado mexicano. Por ello es necesario lanzar un plan integral enfocado en la reducción de daños, que no se limite al costado policial y contemple la prevención y los aspectos sociales del problema.

El fracaso de una estrategia: una crítica a la guerra contra el narcotráfico en México, sus justificaciones y efectos

Un aniversario y dos hechos para abrir el debate

En diciembre de 2010 se cumplieron cuatro años del inicio de la particular estrategia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico del actual gobierno mexicano. Un hecho inédito en México ya que, si bien ni el narcotráfico ni la lucha de los gobiernos mexicanos para erradicarlo o contenerlo son nuevos, ningún presidente había apostado a un ataque frontal (centrado en medios policíacos y militares) en todo el territorio, durante todo el tiempo, como lo hizo Felipe Calderón.

Dos meses antes, en octubre, el pequeño municipio fronterizo de Praxedis G. Guerrero ocupó un espacio estelar en los medios de comunicación por un hecho poco habitual: el nombramiento de una joven de 20 años, estudiante de Criminología, llamada Marisol Valles, como jefa de Policía. Lo interesante es que la joven estableció que el eje de su labor contra la inseguridad y el delito sería la prevención: el «rescate social», la recuperación de espacios públicos, la impartición de valores y el contacto directo con los ciudadanos. Poco después, al otro lado de la frontera, en California, se votaba la Propuesta 19, cuyo objetivo era legalizar el cultivo, la venta y el consumo de marihuana; es decir, un paso más allá de la comercialización de esta droga para usos «medicinales», un negocio multimillonario que ha hecho que se lleguen a reducir las penas a los consumidores casi al nivel de las multas de tránsito.

En otras palabras, en las semanas anteriores al aniversario del lanzamiento de la política de seguridad del gobierno federal, ocupan primeras planas noticias que ilustran estrategias alternativas para afrontar el problema del narco: la prevención y la despenalización o legalización. Y no debe extrañar, pues el debate sobre este tema es urgente.

A cuatro años de iniciada, es difícil defender la estrategia del gobierno, que entiende al «narco» más como un problema de seguridad que hay que atajar por medios eminentemente policíacos y militares que como un tema de salud pública. No solo porque la información disponible demuestra que los argumentos que en su momento se manejaron como justificaciones de esta estrategia son cuestionables, sino porque las medidas adoptadas, además de no haber cumplido los objetivos señalados, han generado una serie de consecuencias funestas y unos costos materiales y humanos que difícilmente se compensan con sus triunfos. Se trata, como se titula un reciente libro sobre el tema, de una «guerra fallida». Este artículo intenta desmontar las justificaciones de esta guerra, analizar sus consecuencias negativas y proponer la idea de la debilidad del Estado mexicano (en particular de lo que Michael Mann llama «poder infraestructural») como el nexo explicativo entre la estrategia centrada en el uso de la fuerza, sus previsibles consecuencias negativas y su necesario término y cambio.

Cuestionando las justificaciones de la guerra

El consumo. La primera justificación del gobierno para declarar la «guerra contra el narco» fue la advertencia de que México ya no era solo un país de tránsito sino que se había convertido en un país consumidor de drogas, en donde el narcomenudeo afectaba a niños y jóvenes de manera creciente y alarmante. La consigna de comunicación oficial fue: «Que la droga no llegue a tus hijos». Sin embargo, a partir de las estadísticas del propio gobierno, la conclusión a la que se llega es que el consumo de drogas sigue siendo mínimo en relación con la población, con unas tasas de prevalencia e incidencia muy bajas, en términos comparativos tanto mundiales como regionales. Ha habido en los últimos diez años un crecimiento del consumo (en adultos, no en niños ni adolescentes), pero este ha sido pequeño y a partir de una base absoluta insignificante. Se trata en realidad de un crecimiento correlativo al crecimiento de la población, pero que muy difícilmente justifique medidas tan drásticas como las adoptadas. De hecho, la idea de que México se transformó de pronto en un país de consumo resulta contraintuitiva desde la propia lógica de los traficantes: la diferencia de ganancia entre vender la droga en México y hacerlo en Estados Unidos es tan inmensa y la demanda nacional mexicana tan pequeña que, por más trabas que existan para introducir la droga en EEUU, este siempre será un negocio mil veces mejor.

La violencia. La segunda justificación fue que el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y el sentimiento de inseguridad que esta causaba en la población habían alcanzado ya niveles intolerables. Esta justificación también resulta cuestionable. En primer lugar, el aumento de la violencia anterior a 2006 es falso. Como demuestra Fernando Escalante en un ya célebre ensayo, la tendencia (antes de la «guerra») de la violencia (en especial del homicidio) en México era el descenso. Tomando en cuenta el aumento de población, se calcula que los homicidios han caído en una proporción de 20% en la década anterior a 2007. Es decir, una tendencia claramente decreciente en términos nacionales, en la que las tasas mexicanas son, otra vez, relativamente bajas en términos regionales. Una vez más, los números del gobierno refutan la idea que justificó su guerra.

En segundo lugar, aunque la inseguridad sentida por la población era real, lo que ocurrió fue que el gobierno la interpretó de forma equivocada y definió mal sus causas: la espectacularidad de ciertas escenas violentas y su repetición en los medios de comunicación durante 2006 crearon la ficción de que la inseguridad padecida por la población general estaba imbricada principalmente con el narcotráfico, cuando esto no era así. La inseguridad era causada esencialmente por el auge de delitos menores, de carácter económico, cuyos principales exponentes eran el robo, el asalto y el secuestro; no por las ejecuciones entre traficantes.

En tercer lugar, si el sustento de la guerra consistía en abatir la inseguridad y la violencia (supuestamente procedentes del crimen organizado), los resultados son indefendibles, ya que la violencia procedente del narco y provocada por la propia estrategia de guerra no ha hecho más que aumentar. Hay una suma mayor de ejecuciones (una por hora en 2009) y más temor en la población que nunca, debido al clima de enfrentamiento permanente.