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El falso dilema de los partidos políticos venezolanos

El financiamiento de los partidos políticos es uno de los grandes temas del debate político actual. En Venezuela, la constitución prohíbe expresamente cualquier forma de financiamiento público a las organizaciones políticas, lo cual, como demuestra la investigación en la que se basa este artículo, genera rechazos entre los dirigentes partidarios. Pero el problema no es el origen público o privado de los fondos, sino los mecanismos de control que se apliquen. El tema adquiere especial relevancia en un momento como el actual, marcado por el debate en torno de una nueva reforma constitucional y la decisión de Hugo Chávez de unificar en una sola fuerza a todos los partidos y grupos políticos que lo apoyan.

El falso dilema de los partidos políticos venezolanos

Financiamiento público o privado: el falso dilema de los partidos políticos venezolanos

Luis Ordóñez Sambrano / Luis A. Ordóñez

El financiamiento de los partidos políticos es uno de los grandes temas del debate político actual. En Venezuela, la Constitución prohíbe expresamente cualquier forma de financiamiento público a las organizaciones políticas, lo cual, como demuestra la investigación en la que se basa este artículo, genera rechazos entre los dirigentes partidarios. Pero el problema no es el origen público o privado de los fondos, sino los mecanismos de control que se apliquen. El tema adquiere especial relevancia en un momento como el actual, marcado por el debate en torno de una nueva reforma constitucional y la decisión de Hugo Chávez de unificar en una sola fuerzaa todos los partidos y grupos políticos que lo apoyan.

El debate sobre el funcionamiento de las democracias sin duda incluye el papel de los partidos políticos, un tema que ha cobrado especial interés en la medida en que la figura del partido parece haber entrado en crisis. Uno de los aspectos más delicados y controversiales es el de las finanzas, la forma en que los partidos obtienen, administran y reportan sus recursos. Ya Robert Michels señalaba el efecto que el manejo de las finanzas partidarias genera en la vida interna, con la paradójica conclusión de que, si bien el aumento de las potencialidades financieras de un partido incrementa el apetito autoritario de su burocracia, la falta de pago o la remuneración modesta a los funcionarios partidarios no garantiza la democracia interna. El debate más intenso sobre el tema, sin embargo, no ha seguido los derroteros trazados por Michels, sino que se ha centrado en el origen de los recursos que manejan los partidos, respecto de si la fuente debe ser privada o pública, y, en caso de que se opte por una combinación, cuál debería ser el peso de cada una. En principio, los modelos de financiamiento deben responder al papel que la figura del partido político cumple en cada legislación nacional. En aquellos países en que los partidos tienen rango constitucional, el papel del Estado en su financiamiento es fundamental. En Latinoamérica se observa un reconocimiento generalizado a la figura de los partidos políticos, aunque con matices, lo que implica diferentes exigencias constitucionales en cuanto a su financiamiento. En ese contexto, el caso que más destaca es el de Venezuela, el único país que incluye una prohibición constitucional, introducida en la reforma de 1999 impulsada por Hugo Chávez, al financiamiento por parte del Estado de las «asociaciones con fines políticos» (la Constitución prefiere no mencionar a los partidos y utiliza esta categoría más amplia). Allí se estableció, además, que una ley debía regular el financiamiento y las contribuciones privadas, los mecanismos de control y el límite en los gastos y la duración de las campañas electorales. Sin embargo, a casi ocho años de la aprobación del texto constitucional, y ya de cara a un nuevo proceso de reforma, la ley todavía no fue sancionada.

A pesar de esta mora legislativa y de que el tema no forma parte, al menos públicamente, de las materias sujetas a debate en el nuevo proceso de reforma constitucional, se observa entre los dirigentes partidarios un rechazo a esta prohibición, expresada en el artículo 67 de la Constitución. Las entrevistas en profundidad que hemos realizado a diversos dirigentes de partidos políticos venezolanos así lo demuestran, a punto tal que incluso los pocos que expresaron su acuerdo con la norma constitucional mencionaron la conveniencia de introducir ciertas formas de financiamiento público. A continuación, entonces, mostraremos los argumentos esgrimidos por los líderes partidarios entrevistados y los comentaremos, con la idea de que el debate no debería centrarse en el origen de los recursos, como ocurre hoy, sino en el control de éstos.

Los argumentos

«Por el cese del financiamiento público, los partidos venezolanos corren el riesgo de recurrir a cualquier forma de financiamiento.» Creemos que ningún mecanismo de financiamiento exime a los partidos de un manejo responsable y ético. Pero, además, la evidencia acumulada indica que los fondos de origen dudoso no desaparecen con el financiamiento público, sino que el financiamiento público simplemente se suma a ellos. Así lo señalaba Gianfranco Pasquino, quien, al comentar la ley italiana de 1974, consideraba que la financiación estatal no incide en las causas estructurales del problema, lógica argumentativa que le permite a Roberto L. Blanco Valdés llegar a la conclusión de que la financiación pública de los partidos políticos españoles terminará por ser aditiva a las fuentes clientelares, legales o ilegales. En América Latina, Humberto de la Calle señala que aquellos que buscan fondos ilegales no se detendrán por el mero hecho de que determinada conducta esté prohibida por la ley y que, al brindarles financiamiento público, lo más probable es que se incrementen los recursos, en lugar de sustituirse.

«El cese de financiamiento público ha potenciado el financiamiento internacional de los partidos venezolanos.» Este argumento no puede ser sacado del contexto actual de Venezuela, donde se han iniciado procesos judiciales a líderes políticos acusados de recibir donaciones de agencias de cooperación internacional. Algunos dirigentes y académicos ya empiezan a preguntarse por el significado de la expresión «fondos provenientes del exterior», mientras que otros, como el secretario general de la Internacional Socialista, Luis Ayala, sostienen directamente que los partidos políticos deben ser sujetos legítimos de la cooperación internacional. Estas diferencias permiten observar las posiciones y visiones encontradas que coexisten en Venezuela. Para algunos, el financiamiento internacional es difícil de controlar y puede ser utilizado con fines perversos; para otros, es transparente y fácilmente controlable.

«El cese de financiamiento público ha hecho depender a los partidos de intereses particulares.» En un país como Venezuela, donde el clientelismo acompaña la política desde hace muchos años, supeditar el cese de estas prácticas al fin del financiamiento público constituye un argumento muy débil. El tema no es nuevo. Siempre se sospechó que los dineros privados en la política buscan prebendas y tratos favorables en asuntos de interés particular, además de generar influencias que, aunque no son del todo ilegales, tampoco resultan totalmente limpias, como señalaba Michels en relación con la peculiar autoridad financiera que ostentan aquellos miembros partidarios que cuentan con más recursos. El problema es que, aunque en general se recelan los recursos privados volcados a la política, tampoco se percibe que los partidos desarrollen funciones de interés público y, por lo tanto, deban tener financiamiento estatal. Más adelante nos ocupamos de esta contradicción.