La captura de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz acusado de importantes casos de corrupción, creación de empresas fantasma, y asociado directamente al crimen organizado y al asesinato de periodistas durante su mandato, ha causado conmoción en el mundo político latinoamericano. ¿Representa esta captura una primera medida que permitiría avazar en la lucha contra la corrupción en México? ¿Se ha vuelto a poner la lupa en la corrupción institucional y, particularmente, en la de los partidos más asentados del poder como el Partido Revolucionario Institucional (PRI)?

La captura en Guatemala de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, no significa un giro en la política de tolerancia a la corrupción institucional que ha caracterizado al gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trata más bien de la continuidad de una política de simulación de castigo a gobernadores que han sido demasiado expuestos al escarnio nacional e internacional. Hoy en día, hay tres gobernadores detenidos y cinco más bajo algún tipo de proceso judicial, pero ninguno ha sido condenado en firme por delitos asociados a la corrupción. Puede decirse, sin lugar a dudas, que la política del gobierno federal ha sido proteger a los gobernadores corruptos por todos los medios y hasta la última instancia. La detención de Duarte ha sido apenas un pequeño manto de simulación dentro de la gigantesca operación de impunidad que ha caracterizado al gobierno actual.

Hace un par de días, la organización civil Ahora, que postula a un candidato independiente a la presidencia de la República en 2018, ha dado a conocer una investigación sobre la corrupción sistémica en los últimos tres gobiernos del Estado de México, incluyendo el del propio Peña Nieto antes de ser presidente (2005-2011). El estudio demuestra la colusión entre políticos y empresarios de la constructora española OHL para aumentar artificialmente el costo de construcción de dos pequeñas carreteras de peaje y, mediante la extensión de la concesión de las mismas hasta cinco veces, aumentar las ganancias de la empresa trasnacional de forma abusiva e ilegal, a cambio de generosos pagos a los políticos locales, que les han permitido financiar ilegalmente sus campañas electorales. El caso de OHL en el Estado de México ha servido para establecer un modelo, diseminado nacionalmente, a través del cual los gobiernos priístas han financiado sus campañas electorales locales y nacionales, un modelo que involucra pagos ficticios, sobreprecios, creación de empresas fantasma, pagos en especie y otros mecanismos de corrupción sistémica.

Precisamente porque todos los gobiernos priístas están involucrados en las mismas prácticas de corrupción, el gobierno federal no puede ni quiere combatir frontalmente el fenómeno, puesto que hacerlo significaría dispararse un tiro en el pie. Sin embargo, las investigaciones periodísticas y de organizaciones civiles en esta materia han vuelto imposible ocultar la dimensión dantesca de la corrupción institucional.

¿Cómo caracterizaría la situación actual de México, en la que el crimen organizado, la corrupción y el enrocamiento de una clase política que parece mantener connivencias con el delito, parecen estar absolutamente combinadas? ¿Estamos en presencia de una política dominada por el mundo del delito?

Una parte importante de esta corrupción en el nivel municipal y estatal se intersecta con el crimen organizado. Varios gobernadores del norte del país aceptaron el financiamiento de grupos criminales para poder triunfar en las elecciones, al menos en los casos de Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. En cientos de municipios de todo el país esta historia se repite. La debilidad de las instituciones del Estado, que es una característica histórica del viejo régimen, se magnifica en los niveles locales de gobierno, en los cuales no hay equilibrio de poderes ni vigilancia ciudadana organizada.

Paradójicamente, la democracia electoral duramente ganada a lo largo de una década y media de luchas, dio paso a la formación de un régimen electoral competitivo, formalmente democrático, pero en el que el Estado de derecho está ausente, lo cual lo torna semiautoritario. La fragmentación del poder político derivada de la desaparición de la presidencia de la república como el centro único de autoridad en el viejo régimen trajo consigo la creación de regímenes semiautoritarios en los estados de la República, en los cuales las prácticas de corrupción se generalizaron, y donde, en muchos casos, se abrieron las puertas al crimen organizado a través de la colonización de los gobiernos locales y del financiamiento de campañas.

Los grupos criminales están también fragmentados y cada uno controla porciones del territorio nacional en franca competencia con otros grupos y con el propio gobierno federal. El crimen organizado no tiene capacidad para controlar al Estado nacional, ni siquiera a los gobiernos estatales, pero sí a gobiernos municipales, y, al menos parcialmente, áreas de algunos gobiernos estatales.

Es tal la imbricación de la clase política mexicana con las empresas privadas que medran con la corrupción institucional y, a nivel de los estados, con grupos criminales específicos, que es imposible pensar que el actual régimen pueda, por sí mismo, poner fin a esta situación. Es necesario un cambio de régimen, pero no está a la vista una salida a la crisis que actualmente se vive.

¿Qué sucede con la ciudadanía? Este año hay elecciones y el marco actual parece ofrecer buenos motivos para la desafección. ¿Hay una ciudadanía movilizada detrás de proyectos alternativos o el escepticismo con respecto a las situaciones de corrupción, delito, y desmanejo y control de los poderes fácticos es tan imponente que produce una parálisis ciudadana?

Hay un creciente activismo civil que lucha contra la impunidad de los delincuentes y de la clase política, cuya bandera principal es la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Por ahora los movimientos de protesta son fundamentalmente locales y sectoriales, y su dispersión disminuye su capacidad política para influir en la implantación de nuevas políticas públicas e impulsar el cambio de la clase política. Los colectivos de familiares de desaparecidos son la forma más visible de esta protesta, y recientemente se han formado también movimientos contra la corrupción formados principalmente por ONGs y grupos de intelectuales. Sin embargo, queda aún un largo trecho para forjar la unidad política necesaria para cambiar la correlación de fuerzas entre una clase política unificada y una sociedad civil aún dispersa.

Tras la captura de Duarte se ha vuelto a poner la lupa no solo en la percepción de la democracia en México sino en los desafíos para superar la situación de captura del Estado por parte de las mafias y los poderes asociados a las mismas. ¿Hay algún tipo de desarrollo de polítcas en ese sentido? ¿Qué puede hacerse desde la política para trabajar sobre ello?

Para frenar la degradación de la vida pública es necesario que se forme un movimiento social contra la impunidad de dimensiones nacionales, que a su vez logre encontrar una vía de representación política que permita la derrota electoral del PRI y del sistema de partidos que ha colonizado por completo las instituciones del Estado. Morena, el partido personal de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente histórico de la peculiar izquierda nacionalista mexicana, podría ser ese vehículo siempre y cuando el sempiterno líder sea capaz de reconocer y representar las causas de una sociedad civil que desconfía de todos los políticos, incluido él mismo. Por ahora no está claro que esta confluencia se pueda producir, pues ni López Obrador cree en la sociedad organizada ni está cree que el líder resolverá los problemas con su sola llegada a la silla presidencial.

Sin embargo, la oportunidad de las elecciones presidenciales en 2018 es única y debe ser aprovechada para iniciar un cambio de régimen. Lamentablemente, oportunidad no es destino. Todo dependerá de las decisiones estratégicas de López Obrador y de la capacidad política de los emergentes liderazgos civiles que hoy día se perfilan en casi toda la república.

Alberto Olvera es una de las personalidades más destacadas del mundo académico mexicano. Es Licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana, maestro en filosofía y doctor en sociología por la Graduate Faculty of Political and Social Science de la New School for Social Research, de Nueva York. Fundador y miembro de la dirección nacional de la Alianza Cívica, el movimiento social prodemocrático nacional, entre 1995 y 2000, ha sido editorialista para diversos periódicos nacionales y autor de distintos libros que han hecho eje en las problemáticas de la ciudadanía contemporánea.