Entrevista

«El desafío de la sociedad guatemalteca es canalizar políticamente la energía movilizada en la protesta social.» Entrevista a Ricardo Sáenz de Tejada

Guatemala se debate entre la corrupción y la protesta. La sociedad se moviliza pero todavía no consigue canalizar políticamente su energía.

«El desafío de la sociedad guatemalteca es canalizar políticamente la energía movilizada en la protesta social.» / Entrevista a Ricardo Sáenz de Tejada


Debido a varias medidas para combatir la corrupción e incrementar la transparencia en la utilización de los fondos públicos, Guatemala está hoy en boca de mucha gente. ¿Puedes explicarnos brevemente los procesos y los debates que están produciéndose?

Los eventos ocurridos en Guatemala con relación a la corrupción a partir de abril de 2015, son el resultado de la confluencia de diversos procesos, de las acciones de distintos actores y de la movilización ciudadana, principalmente de los centros urbanos.

En abril de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público develaron la existencia de una estructura criminal que, con la participación de los más altos responsables del ejecutivo, había defraudado las aduanas por millones de quetzales. En las semanas siguientes se denunciaron otras estructuras dedicadas al saqueo de los fondos públicos desde posiciones políticas que involucraron a diputados, funcionarios de gobierno, empresarios y líderes políticos.

La generalización de la corrupción y el involucramiento de buena parte de las elites políticas provocó la respuesta ciudadana. El mismo día que se conocieron las denuncias un grupo de ciudadanos realizó un plantón frente a casa presidencial exigiendo la renuncia de las autoridades, y desde el 25 de abril, todos los sábados durante más de 5 meses decenas de miles de ciudadanos se manifestaron, inicialmente en la ciudad de Guatemala y posteriormente en las principales ciudades del país.

Tanto las protestas como la acción judicial de la CICIG y el MP, condujeron a la renuncia y en encarcelamiento del ex presidente Otto Pérez Molina, la ex vice presidenta Roxana Baldetti, así como a la detención del ex presidente del Congreso, el presidente del Banco de Guatemala, altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, empresarios y particulares.

Este torbellino político se desencadenó en pleno proceso electoral. Las protestas iniciaron cuando ya la campaña electoral estaba bastante avanzada y, las encuestas daban por ganador a Manuel Baldizón del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), seguido por Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota (PP) – partido de gobierno – y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Sinibaldi renunció a su candidatura presidencial, y Baldizón pasó a encarnar el rechazo a las elites políticas corruptas. Su lema de campaña «le toca» (ser presidente) se revirtió en un «no le toca», que irrumpió incluso en sus actos de campaña. En las elecciones de septiembre Baldizón quedó relegado al tercer lugar, por detrás de Jimmy Morales, del pequeño y poco conocido partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) y Sandra Torres de UNE.

¿Cuáles son las fuerzas impulsoras detrás de las protestas contra la corrupción? ¿Cómo se podría describir el papel de la sociedad civil y qué importancia tienen los medios de comunicación en la batalla por transparentar el Estado?

Para responder esta pregunta, debe considerarse que entre abril y septiembre de 2015 se establecieron en Guatemala cuatro arenas interrelacionadas en las que se dirimió el conflicto político y en el que actuaron múltiples actores.

En primer lugar, se configuró una arena judicial. Como se señaló a raíz de los procesos iniciados por la CICIG y el MP, las cortes se convirtieron en un ámbito determinante del proceso político. Aunque la judicialización de la política ha sido una constante en América Latina, en el caso guatemalteco, la mediatización de los procesos judiciales posibilitaron que estos tuvieran un impacto directo en el proceso electoral. El enjuiciamiento de altos funcionarios también contribuyó a devolver parcialmente la confianza en el sistema de justicia.

En segundo lugar, debe destacarse el papel de las redes sociales. Más allá de la influencia de los medios de comunicación tradicionales, especialmente la prensa, que fue clave en la denuncia de los actos de corrupción; la movilización ciudadana estuvo en buena medida motivada por un intenso debate en las redes sociales. Facebook y twitter se convirtieron en espacios de participación ciudadana y de creación de corrientes de opinión y organizaciones virtuales que influyeron el proceso político. A pesar de que tanto funcionarios públicos como candidatos crearon «call centers» (grupos dedicados a la creación de identidades falsas y a la manipulación de las redes sociales), estos fueron ampliamente superados. Ahora bien, la utilización de las redes sociales por parte de algunos de los grupos promotores de la protesta puso en juego toda la experiencia tecnológica y social acumulada en este tipo de procesos.

En tercer lugar, la plaza central se convirtió en un sitio simbólico de referencia ciudadana. Por primera vez en décadas se encontraron personas provenientes de las clases medias altas y de las elites con organizaciones campesinas y etudiantiles de más larga tradición de protesta que posibilitaron establecer puntos de encuentro y convergencia. El caso más representativo probablemente sea el de la confluencia entre estudiantes de la universidad pública con universidades privadas que ya ha producido la irrupción de una nueva generación de líderes y lideresas que con un nuevo discurso influyen ya en la política.

Finalmente, la cuarta arena que se configuró fue la propiamente electoral. Analizar los resultados electorales es problemático. Se ha llegado a caricaturizar el proceso guatemalteco señalando cosas como «encarcelaron a un presidente militar y eligieron a un payaso». Lo cierto es que la protesta coincidió con el proceso electoral, y mientras un grupo de organizaciones planteó la posposición de las elecciones, no se encontró el mecanismo institucional democrático y legal que posibilitaran dicha salida. Frente a esta situación, una cuarta parte del electorado, en primera vuelta optó, en una decisión política, apoyar al candidato que no provenía de la elite política tradicional y cuyo sencillo discurso de rechazo a la corrupción coincidió con la demanda ciudadana. Esta preferencia ciudadana modificó al sistema de partidos políticos y abre la posibilidad de construir otro tipo de proyectos políticos.

¿Los partidos políticos y el Parlamento cumplen su tarea democrática? ¿Cómo se posicionan frente a las protestas?

Inicialmente los partidos y el parlamento reaccionaron con temor a la protesta ciudadana. Temían una «depuración» como la ocurrida entre 1993 y 1994. Para evitar esto, asumieron a finales de 2015 y principios de 2016 una agenda de reformas que incluyó la Ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, la ley de compras y contrataciones, y otras. En algunos casos se dieron cambios importantes para limitar la corrupción, sin embargo, las reformas de fondo para modificar el sistema político siguen siendo bloqueadas por las elites políticas que se niegan a perder poder.

Por otro lado, el movimiento ciudadano carece de una fuerza política real en el parlamento que haga la diferencia. Solo entre enero y marzo de 2016, más del 40% de los diputados han cambiado de partidos políticos para formar coaliciones que les permitan mantener sus privilegios y bloquear eventuales reformas.

¿Cómo evalúas el futuro desarrollo? ¿Podrá la sociedad guatemalteca continuar con su camino de reformas?

El desafío que enfrenta la sociedad guatemalteca es canalizar en un proyecto político – en el sentido amplio del término – toda la energía social y política que se movilizó alrededor de la protesta social. El obstáculo en este momento es la rigidez de la institucionalidad electoral que favorece a los partidos antes que a los ciudadanos y la persistencia de las elites por mantener el statu quo.

La evolución de Guatemala ¿Dejaría lecciones para otros países la región?

Considero que hay aprendizajes que pueden ser útiles pero que no pueden aplicarse mecánicamente a otros países.

Un ejemplo de esto lo constituye la experiencia de la CICIG, esta es una entidad de Naciones Unidas que fue creada a solicitud de la sociedad civil y el gobierno de Guatemala para enfrentar a las estructuras de contrainsurgencia que mutaron para convertirse en grupos criminales que sobre la base del control de posiciones de gobierno y políticas han saqueado el erario público. Respondió a una demanda concreta y los resultados los vemos casi una década después de su instalación. Además del trabajo de la CICIG debe considerarse que el Ministerio Público se profesionalizó también a partir de las gestiones de los fiscales Velazquez Zarate y Claudia Paz, aplicando métodos especiales de investigación y con una legislación actualizada. Es decir, la CICIG no da por si misma resultados, sino necesita condiciones institucionales y contrapartes en el sistema de investigación criminal y de justicia que respondan a la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, considero que esta experiencia no puede extrapolarse ni mucho menos imponerse a otros países.

En cuanto a la participación y la movilización ciudadana, creo que debe considerarse que en las clases medias se han acumulado una serie de agravios que llegaron al límite con los escándalos de corrupción. El desafío, como señalé antes es convertir esta indignación en un proyecto político que incluya las demandas de los grupos más excluidos y que impulse un programa de transformaciones que no se restrinjan a lo político, sino que aborden el régimen de acumulación.

Asimismo, me parece problemático el papel que han jugado los Estados Unidos de América. En Guatemala, existen interpretaciones que postulan que todos los acontecimientos ocurridos desde abril de 2015 fueron promovidos por los Estados Unidos, y que incluso la CICIG es un instrumento estadounidense. Esto no es así. Existe una coincidencia con los Estados Unidos en cuanto a combatir la corrupción y desarticular a las estructuras criminales que se han hecho del control del Estado. Sin embargo, esa coincidencia ha llevado a una suerte de «sometimiento» de las elites políticas y empresariales a la estrategia estadounidense que, no necesariamente expresa las prioridades del país.


Ricardo Sáenz de Tejada es analista político. Forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad San Carlos de Guatemala.