Entrevista

El comercio digital: ¿una amenaza para los trabajadores? Entrevista a Jorge Witker

La OMC tiene un papel clave en la regulación del comercio digital. La definición de estándares laborales y la lucha contra los monopolios resultan políticas centrales para una economía online que no deja de crecer.

El comercio digital: ¿una amenaza para los trabajadores? / Entrevista a Jorge Witker

En la actualidad, diversas organizaciones están discutiendo la forma de regular el llamado comercio digital. Entre ellas, se destaca la Organización Mundial del Comercio (OMC) que parpara una serie de reglas para ordenar esta actividad. ¿Cuál es su perspectiva sobre estas normativas planteadas por la OMC? ¿Qué características tienen y a qué apuntan exactamente?

El comercio digital es una expresión más de las asimetrías existentes en el comercio internacional pues acentúa la diferencia entre proveedores de las plataformas tecnológicas concentradas en los países industrializados y el mundo emergente que, una vez más, está constituido por los consumidores pasivos de las plataformas que, con perfiles monopólicos y oligopólicos, dominan dicho mercado. El dilema que se plantea en la Organización Mundial del Comercio es el de regular especialmente los datos personales y no dejar la liberación total de dicho mercado a las plataformas que tienen un poder claramente dominante. La política de umbrales o límites es, por ejemplo, lo que se discute hoy en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Entre las principales propuestas que plantean los países desarrollados en relación a la regulación del comercio digital, se encuentran la prohibición de las tarifas aduaneras para productos digitales, la eliminación de toda restricción a los flujos transfronterizos de datos y, sobre todo, la prohibición de generar nuevas regulaciones al comercio digital más allá de las impuestas por la OMC. ¿Qué pasa con estas normas cuando se aplican para todos por igual? ¿Las propuestas liberalizadoras pueden afectar seriamente a los países con menor desarrollo de su capacidad tecnológica?

No cabe duda que parte de este interrogante se responde en la primera pregunta, pues las desventajas de una liberalización total genera perjuicios no solo en la fiscalidad y las tarifas aduaneras de los países emergentes, sino que trae aparejada baja de salarios, pérdida de empleos y la omisión de apoyar los contenidos nacionales de los productos. Resulta evidente que las importaciones son privilegiadas por sobre la producción de las empresas nacionales, lo que afecta especialmente a las pequeñas y medianas compañías.

Uno de los asuntos centrales en esta temática, es el que atañe a los estándares laborales y a la situación de los trabajadores. Muchas de las megas corporaciones que trabajan en el mundo digital pueden operar y obtener ganancias en un Estado sin la obligación ni la necesidad de estar presentes físicamente o jurídicamente en él. ¿Qué pasa entonces con los trabajadores? ¿Cómo se determina su situación laboral y el respeto a sus derechos en un mundo tan difuso como lo es el digital?

En el campo laboral la pérdida de empleo y el deterioro de los salarios, es un aspecto básico que el mundo en desarrollo debe plantear al interior de la OMC, pues, en la propia Unión Europea, que tiene una posición cautelosa al respecto, se ha planteado estructurar un fondo indemnizatorio a nivel comunitario para compensar parcialmente los empleos perdidos por el desarrollo desregulado del comercio digital. Esta esuna manera de mitigar los efectos sociales negativos que produce y producirá cada vez más una innovación tecnológica tan importante como el comercio digital.

¿Existen posibilidades de gravar impositivamente a las empresas que desarrollan prácticas de comercio digital y trasladar lo recaudado a los países de residencia de los trabajadores?

En materia fiscal se están diseñando varias opciones y políticas. A esto hay que sumarle el fondo indemnizatorio mencionado anteriormente. Actualmente, diversos expertos se refieren a la posibilidad de gravar la operación con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el lugar donde se hace la solicitud de compra de productos vía comercio digital. Otros plantean, en cambio, que se debe gravar la operación al momento de recibir el producto adquirido, vía mensajería u otro medio. Hay incluso una propuesta inglesa que sugiere establecer una presunción de ganancias que deben pagar las empresas intervinientes, aunque no tengan domicilio fijo en un país determinado. Se trata de una especie de monto de expectativas de venta y ganancia que estas empresas que operan digitalmente deben pagar anualmente a fin de compensar un tanto, la pérdida fiscal y aduanera que pudiera existir.

Teniendo en cuenta su experiencia en la temática del comercio digital y el seguimiento que hace de la misma. ¿Considera que es posible desarrollar algún tipo de esquema de regulación diferente al planteado hasta el momento por los países desarrollados en la OMC y que no suponga la aceptación del actual marco? ¿Qué tipo de planteos deberían desarrollar, según su perspectiva, los países más desventajados para establecer una política sensata en la materia?

Como le comentaba anteriormente, la liberalización total del comercio electrónico y digital, acentuará aún más las asimetrías y la desigualdad de los países emergentes frente a los nuevos monopolios tecnológicos o plataformas dominantes. Estas empresas superan, en términos de venta y utilidades, al sector petrolero y automotriz. Estos datos evidencian que si la OMC está realmente interesada en la relación entre comercio y desarrollo, deberá considerar políticas que impidan la tendencia a la monopolización. Por ejemplo, debería intentar evitar que la alianza de las empresas estadounidenses con Alibabá de China capturen un mercado mundial ávido de cubrir la demanda y oferta de diversos tipos de productos, como los que hoy día están controlando Amazon, que comenzó vendiendo libros pero que acabó ampliándose a textiles, electrodomésticos, refrigeradores y autopartes. Al parecer, lo viable y práctico, es trabajar umbrales que como en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), van de veinte, cincuenta y ochocientos dólares, como techo de las operaciones en esa región.


Jorge Witker es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es licenciado en Derecho y magíster en Relaciones Económicas Internacionales. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias y autor de numerosos libros de Derecho Económico, Metodología de la Investigación Jurídica y de Comercio Internacional.

Pie de página