Opinión

El chavismo opositor, la protesta social y la crisis venezolana

El panorama venezolano es cada vez más confuso. Leopoldo López sale de prisión, la oposición vive en el conflicto y en el chavismo ya aparecen opositores claros y directos a Maduro.

El chavismo opositor, la protesta social y la crisis venezolana

Llega a julio la «Rebelión de Abril», como algunos llamaron a la serie de protestas detonadas cuando el Tribunal Supremo de Justicia le quitó sus atribuciones a la Asamblea Nacional en una sentencia el 30 de marzo pasado. Aquella fue la gota que rebasó el vaso en la creciente tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Sin embargo, nadie podía imaginarse la escala de lo que desataría. Como tampoco hubiera sido posible imaginar que, después de noventa días, el gobierno lograría mantenerse en pie, pero mucho menos que la gente seguiría en la calle, e incluso que aumentara el espectro geográfico (ya casi todo el país) y social de quienes participan en las manifestaciones. Con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Maduro, que podría tener poderes absolutos y que según todos los sondeos es rechazada por más del 70% de los venezolanos, la lucha es sentida como un asunto de vida o muerte. El 30 de julio, fecha de su elección, aparece como un apocalipsis que hay que evitar a todo trance y que, a medida que se aproxima, podrá moverlos a decisiones más drásticas. Sin embrago, todavía no hay indicios de que el gobierno se eche atrás la convocatoria, como, y esto es clave, tampoco los hay de que pueda controlar la calle, salvo que apele a algún tipo de fórmula al estilo de Tiananmen o Gwangju. Es decir, que la aplaste con tanques y aplique la ley marcial. Hasta el momento las Fuerzas Armadas se han mostrado fieles a Maduro, al punto de que en esto parece estribar su permanencia en el poder. Aún así, es una incógnita saber qué tan lejos están dispuestos los militares a salir en su defensa.

La reciente salida de Leopoldo López de la cárcel de Ramo Verde por una decisión judicial puede ser un factor importante. López está ahora bajo arresto domiciliario por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia justificada por «razones de salud». Esta decisión podría apuntar a enfriar las protestas sociales y a mostrar una cierta apertura en un contexto en el que aparecen cada vez más voces críticas. Aún no es posible saber cual será el impacto del arresto domiciliario de López pero el panorama hasta el momento sigue siendo crítico.

Nada de esto significa que el país haya cambiado desde el 30 de marzo. Por el contrario, en el panorama han aparecido actores y escenarios que juegan un papel cada vez más relevante y que tal vez lleguen a ser claves en el futuro inmediato. Algunos son tan espectaculares como el agente Óscar Pérez, que robó un helicóptero de la policía judicial, con una pancarta llamando a desobedecer al gobierno. Pérez sobrevoló el centro de la capital y lanzó unos artefactos explosivos sobre el Tribunal Supremo de Justicia para después practicar un escape igual de espectacular y ahora llamar a la rebelión desde las redes sociales. Comprensiblemente, ha alcanzado amplificación en la prensa internacional pero aún es difícil saber cuál será su impacto real. Otros han tenido menos cobertura pero son al menos tanto o incluso más significativos que él. En cualquier caso, si tuviéramos que escoger dos hechos para caracterizar la situación, probablemente optaríamos por la importancia creciente del chavismo disidente (o crítico y democrático también se le conoce) y el carácter cada vez más popular de la protesta. En ambos casos vemos un desplazamiento en el protagonismo de los hechos, así como un cambio que podría tener consecuencias importantes.

El caso de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, es emblemático en lo que respecta al chavismo crítico. Ficha clave del gobierno hasta la víspera, con una participación importante defendiendo al gobierno durante los disturbios de 2014 (fue la que agenció la acusación que llevó a la cárcel a Leopoldo López), su denuncia de la Sentencia 156 del 30 de marzo fue la chispa que encendió las protestas. Desde entonces ha denunciado violaciones de Derechos Humanos por parte de los órganos de seguridad del Estado, pidió el antejuicio de mérito de algunos magistrados del Tribunal Supremo e interpuso un recurso contra la Constituyente. Como era de esperarse, ninguna de estas diligencias ha encontrado acogida en el Tribunal Supremo, sino que por el contrario le devolvió la pelota abriendo un antejuicio en contra suya. Al final, ella ha desconocido al Tribunal y alegado el artículo 333 de la Constitución, que obliga a todos los ciudadanos a luchar por el restablecimiento de la misma si es derogada por un acto de fuerza. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya había invocado a este artículo y el 350, que obliga a desconocer a cualquier gobierno usurpador, pero la fiscal, aunque se ha acercado a ella, subraya que sólo intenta rescatar el «auténtico» chavismo: el democrático. Y no es la única que se expresa así. Marea Socialista, formada por disidentes civiles y de izquierda; así como por ex militares chavistas como el general Miguel Rodríguez Torres, están en la misma línea. Con aproxímadamente un 50% de la población que aún se asume como chavista y que sólo está muy disgustada con la gestión de Maduro y su deriva autoritaria, este «chavismo opositor» puede ser fundamental para establecer los puentes necesarios en una eventual transición. No faltan quienes ya ven a la fiscal Ortega Díaz como una presidenta de consenso.

Esto es especialmente importante de cara al otro fenómeno: la expansión de las protestas en las zonas populares. Aún no puede decirse que sea un asunto masivo, pero tanto en Caracas como en otras ciudades se han escenificado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los pobladores de lo que en Venezuela se conoce como «barrios». La novedad no es que haya protestas entre los más pobres (de hecho todos los estudios demuestran un aumento sostenido de la conflictividad social desde hace unos años). Lo que ha cambiado son tres cuestiones esenciales. La primera es que se pasó de protestar para que un gobierno -en el que esencialmente se confía- resuelva problemas, a protestar contra un gobierno en el que ya no se cree. La segunda es que comenzó a copiarse el modelo de las protestas opositoras, como por ejemplo el establecimiento de «barricadas» y trancones. Finalmente, el tercer punto fundamental es que el Estado responde con una represión inédita para con los más pobres, al menos desde la llegada de Chávez al poder. A eso hay que sumar las tensiones sociales existentes, producto de situaciones límite como la del hambre que ha provocado saqueos así como la actuación del delito común. Las protestas populares no parecen responder a los llamados de la oposición sino a dinámicas (falta de gas, de comida, agua, etc) y probables liderazgos propios. El contexto en el que ocurren, la impopularidad de Maduro y la represión creciente, empuja hacia un cruce de las líneas.

Así, con un «chavismo opositor» cada vez más activo y una protesta social cada vez más amplia, tanto el gobierno en su empeño de llevarse la baza con la Constituyente como la oposición de hallar una desembocadura democrática a la crisis, tienen frente a sí a nuevos protagonistas y nuevos desafíos que, con seguridad, jugarán un papel muy importante en lo que ocurra en las próximas semanas.

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