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El antimodelo brasileño. Prohibicionismo, encarcelamiento y selectividad penal frente al tráfico de drogas

Pese a que la denominada «guerra contra las drogas» ha dado escasos resultados y a menudo resulta contraproducente, Brasil sigue empeñado en esa vía. Uno de los efectos ha sido el superencarcelamiento, que afecta principalmente a jóvenes de las favelas, muchos de ellos negros y mulatos. Al contrario de Estados Unidos, donde hay señales recientes de cambios, en Brasil se mantiene la opción por la vía represiva incluso bajo gobiernos de izquierda. De ese modo, con el pretexto de proteger la salud pública, se deja de proteger la vida y se ignoran los efectos perversos que alcanzan a la sociedad al aplicar la ley de drogas.

El antimodelo brasileño. Prohibicionismo, encarcelamiento y selectividad penal frente al tráfico de drogas

Sobre drogas y sus mercados ilícitos

Las drogas de uso ilícito son definidas como «mercaderías que circulan en mercados ilegales, que son consumidas por los individuos para alterar su estado de conciencia». Sin embargo, como apuntan David J. Nutt et al., no ha habido ninguna evaluación científica y basada en evidencias sobre los riesgos concretos en esta distinción entre drogas legales e ilegales1. Con todo, por tratarse de una mercancía ilegal, su usuario no es un consumidor cualquiera, sino un individuo sumergido en la ilegalidad, en virtud del carácter singular de la economía ilícita de interacción entre oferta y demanda, y como consecuencia de la intervención pública que prohíbe y reprime el consumo y el comercio de la sustancia de la que hace uso2. Entre las características específicas de la circulación de una mercancía en un mercado ilícito deben evaluarse: la producción, el tráfico internacional y la distribución final; la variación del precio de la droga de acuerdo con la oferta, la disponibilidad y el consumo; y, finalmente, la interferencia de la prohibición en el mercado.

El valor de la sustancia aumenta frente a las dificultades impuestas por la ley para su comercialización3, y el mercado ilícito no prevé ningún tipo de control sobre la calidad de las sustancias consumidas, lo que aumenta más las ganancias, además de incrementar los riesgos para los usuarios, que quedan a merced de la mala calidad del producto vendido. Las estimaciones indican que la producción mundial de drogas es muy superior al consumo4, aunque por tratarse de un mercado criminal ilícito y no registrado, los datos son poco confiables5.

Si consideramos que el modelo de control penal de drogas existe hace más de cien años6, preconizando desde su origen la represión de todas las actividades que involucran el circuito productivo, se verifica que la prohibición no logró impedir que las personas continuaran consumiendo tales sustancias proscriptas, ni mucho menos reducir su disponibilidad en el mercado; el gran consumo de drogas en todo el mundo no se inhibe por la prohibición, ni mucho menos por la amenaza de encarcelamiento.

Así, por una opción político-económica se decidió mantener ese gran y lucrativo mercado en la ilegalidad, lo que significa no reconocer oficialmente la existencia de una industria que mueve miles de millones y que está libre de impuestos. Bajo el pretexto de proteger la salud pública, se insiste en la prohibición como la mejor forma de lidiar con la cuestión, incluso sin haberse verificado resultados positivos.

Desde la perspectiva económica, el régimen de prohibición de las drogas sumerge a los agentes en el mundo de las transacciones ilegales y crea formas de organización particulares7, tanto de usuarios como de comerciantes; esto hace que el mercado de drogas tenga características específicas, como que los agentes de las transacciones ilegales están privados de los medios oficiales de resolución de conflictos, por ejemplo el Poder Judicial. La ausencia de ley y de reglas escritas en las transacciones que involucran mercados ilícitos expone las intervenciones a transacciones de costo muy alto, que incluyen la corrupción de los agentes públicos8.

De hecho, la resolución de conflictos en el comercio de drogas es una de las causas del incremento de la corrupción y de la utilización de la violencia armada, y pueden citarse dos ejemplos: las favelas de Río de Janeiro, controladas por traficantes bien armados, donde la policía tiene una autorización de hecho para matar a personas identificadas como traficantes9; y México, donde la proximidad con el gran mercado consumidor de EEUU vuelve el mercado ilícito mucho más lucrativo, y las disputas por los carteles y la corrupción de las autoridades son circunstancias que generan una violencia absurda, de lo cual es un triste ejemplo la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Para mantener el negocio y garantizar la circulación de su producto, el mercado ilícito de la droga utiliza la violencia, y para garantizar su actuación y lucro, todavía cuenta con protección, apoyo o adhesión de autoridades, dado que no hay comercio ilícito que se sustente sin alguna participación de funcionarios del Estado.

Así, con el foco en la represión, que recibe altas inversiones, se deja de lado la prevención. Se estima que solo una de cada seis personas con problemas de dependencia ha tenido acceso a programas de tratamiento, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 201410. En el pasado fue preciso que una pandemia de sida asolara el planeta para que se comenzara a pensar más seriamente en prevención y reducción de daños, pero aun así, poco se hizo en esta línea. Además, el aumento de la represión al tráfico de drogas desde la década de 1990 está acompañado de una caída de la detención media en el caso de otros delitos no ligados a la droga, para concentrarse en la represión al tráfico11.

El hecho es que, como consecuencia de la ideología de la «guerra contra las drogas», se verificó una «epidemia» de encarcelamiento en todo el mundo, lo que llevó recientemente a países como Estados Unidos a adoptar medidas de reducción de penas, frente al absurdo crecimiento del número de presos en sus sistemas penitenciarios, en gran parte consecuencia de la política de drogas represiva que adoptaron.

Como parece obvio, el control penal no inhibe el consumo ni la producción, porque no está en condiciones de impedir el funcionamiento de un potente mercado ilícito que fabrica, provee y distribuye con eficiencia y lucro su producto. Este tipo de control tampoco tiene el efecto de hacer que las personas dejen de consumir. Los resultados de la represión penal y de la estrategia de combate militar contra las drogas no alcanzaron la reducción de la producción o del consumo de estas sustancias. El negocio se desarrolló, los grupos se organizaron, el mercado ilícito incrementó las ventas y los precios bajaron, mientras que el consumo aumentó.

Sin embargo, por más que se reconozca una cierta organización en este mercado, el tráfico de drogas es mucho menos organizado de lo que se imagina. Peter Kopp considera que el comercio de drogas estaría más próximo a un tipo de oligopolio poco cartelizado. Contrariamente a lo que afirma el discurso mediático, «la criminalidad funciona como un oligopolio con un cierto sesgo de competencia, y no como un monopolio». Sus agentes «se agrupan en organizaciones que difieren de empresas clásicas y reaccionan a los cambios de su medio según modalidades (…) sorprendentes»12. Para este autor, las redes constituyen la forma de organización del tráfico y actúan de la siguiente forma: frenan la circulación de información y fraccionan la cadena de producción, compuesta por intermediarios de alta movilidad. Sus procedimientos se reorganizan y redefinen permanentemente, es decir que la especialización es acompañada por una gran inestabilidad, método eficaz de conducir negocios ilegales.De este modo, la capacidad de crear nuevos mercados y la agilidad de sus operadores son lo que provoca el aumento de la oferta; las redes del tráfico no son idénticas y se muestran eficientes pues logran adaptarse a las necesidades locales, por lo que no es posible generalizar sus características. Al mismo tiempo, sea por la corrupción de policías y autoridades o incluso por la infiltración de intereses económicos en las más altas esferas de poder, hay una promiscuidad entre los llamados «traficantes» de drogas y el Estado, sin la cual el mercado de drogas ilícitas no permanecería inmune a las acciones de esas mismas autoridades.

  • 1. Luciana Boiteux: magíster y doctora en Derecho Penal. Es profesora adjunta de Derecho Penal y coordinadora del Grupo de Investigaciones en Política de Drogas y Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro (ufrj).Palabras claves: drogas ilícitas, prohibicionismo, superencarcelamiento, violencia, Brasil.Nota: traducción del portugués de Claudia Solans.. D.J. Nutt, Leslie A. King y Lawrence D. Phillips, en representación del Independent Scientific Committee on Drugs: «Drug Harms in the uk: A Multicriteria Decision Analysis» en Lancet, 1/11/2010, disponible en www.sg.unimaas.nl/_old/oudelezingen/dddsd.pdf.
  • 2. Pierre Kopp: A economia da droga, edusc, Bauru, 1998, p. 8.
  • 3. Ibíd., p. 58.
  • 4. Ibíd., p. 16.
  • 5. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc): World Drug Report 2014, onu, Nueva York, 2014, disponible en www.unodc.org/wdr2014/.
  • 6. François-Xavier Dudouet: «La formation du contrôle international des drogues» en Déviance et Société vol. 23 No 4, 1999, pp. 395-419.
  • 7. P. Kopp: ob. cit., p. 125.
  • 8. Peter Reuter: Rand Corporation: Cross National Comparison, The Rand Corporation, Santa Mónica, 1993, citado en P. Kopp: ob. cit., p. 126.
  • 9. Los llamados «autos de resistencia» son el registro oficial de muertes de personas por la policía, que son archivados por el Ministerio Público y por la Justicia sin ninguna investigación. La indicación de que el «oponente» es un traficante legitima la ejecución practicada por el agente policial.
  • 10. unodc: Informe mundial sobre las drogas 2014. Resumen ejecutivo, p. 1, disponible en www.unodc.org/wdr2014/.
  • 11. P. Kopp: ob. cit., p. 89.
  • 12. Ibíd., p. 128.