Tema central

El antimodelo brasileño. Prohibicionismo, encarcelamiento y selectividad penal frente al tráfico de drogas

Pese a que la denominada «guerra contra las drogas» ha dado escasos resultados y a menudo resulta contraproducente, Brasil sigue empeñado en esa vía. Uno de los efectos ha sido el superencarcelamiento, que afecta principalmente a jóvenes de las favelas, muchos de ellos negros y mulatos. Al contrario de Estados Unidos, donde hay señales recientes de cambios, en Brasil se mantiene la opción por la vía represiva incluso bajo gobiernos de izquierda. De ese modo, con el pretexto de proteger la salud pública, se deja de proteger la vida y se ignoran los efectos perversos que alcanzan a la sociedad al aplicar la ley de drogas.

El antimodelo brasileño. Prohibicionismo, encarcelamiento y selectividad penal frente al tráfico de drogas

Sobre drogas y sus mercados ilícitos

Las drogas de uso ilícito son definidas como «mercaderías que circulan en mercados ilegales, que son consumidas por los individuos para alterar su estado de conciencia». Sin embargo, como apuntan David J. Nutt et al., no ha habido ninguna evaluación científica y basada en evidencias sobre los riesgos concretos en esta distinción entre drogas legales e ilegales1. Con todo, por tratarse de una mercancía ilegal, su usuario no es un consumidor cualquiera, sino un individuo sumergido en la ilegalidad, en virtud del carácter singular de la economía ilícita de interacción entre oferta y demanda, y como consecuencia de la intervención pública que prohíbe y reprime el consumo y el comercio de la sustancia de la que hace uso2. Entre las características específicas de la circulación de una mercancía en un mercado ilícito deben evaluarse: la producción, el tráfico internacional y la distribución final; la variación del precio de la droga de acuerdo con la oferta, la disponibilidad y el consumo; y, finalmente, la interferencia de la prohibición en el mercado.

El valor de la sustancia aumenta frente a las dificultades impuestas por la ley para su comercialización3, y el mercado ilícito no prevé ningún tipo de control sobre la calidad de las sustancias consumidas, lo que aumenta más las ganancias, además de incrementar los riesgos para los usuarios, que quedan a merced de la mala calidad del producto vendido. Las estimaciones indican que la producción mundial de drogas es muy superior al consumo4, aunque por tratarse de un mercado criminal ilícito y no registrado, los datos son poco confiables5.

Si consideramos que el modelo de control penal de drogas existe hace más de cien años6, preconizando desde su origen la represión de todas las actividades que involucran el circuito productivo, se verifica que la prohibición no logró impedir que las personas continuaran consumiendo tales sustancias proscriptas, ni mucho menos reducir su disponibilidad en el mercado; el gran consumo de drogas en todo el mundo no se inhibe por la prohibición, ni mucho menos por la amenaza de encarcelamiento.

Así, por una opción político-económica se decidió mantener ese gran y lucrativo mercado en la ilegalidad, lo que significa no reconocer oficialmente la existencia de una industria que mueve miles de millones y que está libre de impuestos. Bajo el pretexto de proteger la salud pública, se insiste en la prohibición como la mejor forma de lidiar con la cuestión, incluso sin haberse verificado resultados positivos.

Desde la perspectiva económica, el régimen de prohibición de las drogas sumerge a los agentes en el mundo de las transacciones ilegales y crea formas de organización particulares7, tanto de usuarios como de comerciantes; esto hace que el mercado de drogas tenga características específicas, como que los agentes de las transacciones ilegales están privados de los medios oficiales de resolución de conflictos, por ejemplo el Poder Judicial. La ausencia de ley y de reglas escritas en las transacciones que involucran mercados ilícitos expone las intervenciones a transacciones de costo muy alto, que incluyen la corrupción de los agentes públicos8.

De hecho, la resolución de conflictos en el comercio de drogas es una de las causas del incremento de la corrupción y de la utilización de la violencia armada, y pueden citarse dos ejemplos: las favelas de Río de Janeiro, controladas por traficantes bien armados, donde la policía tiene una autorización de hecho para matar a personas identificadas como traficantes9; y México, donde la proximidad con el gran mercado consumidor de EEUU vuelve el mercado ilícito mucho más lucrativo, y las disputas por los carteles y la corrupción de las autoridades son circunstancias que generan una violencia absurda, de lo cual es un triste ejemplo la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Para mantener el negocio y garantizar la circulación de su producto, el mercado ilícito de la droga utiliza la violencia, y para garantizar su actuación y lucro, todavía cuenta con protección, apoyo o adhesión de autoridades, dado que no hay comercio ilícito que se sustente sin alguna participación de funcionarios del Estado.

Así, con el foco en la represión, que recibe altas inversiones, se deja de lado la prevención. Se estima que solo una de cada seis personas con problemas de dependencia ha tenido acceso a programas de tratamiento, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 201410. En el pasado fue preciso que una pandemia de sida asolara el planeta para que se comenzara a pensar más seriamente en prevención y reducción de daños, pero aun así, poco se hizo en esta línea. Además, el aumento de la represión al tráfico de drogas desde la década de 1990 está acompañado de una caída de la detención media en el caso de otros delitos no ligados a la droga, para concentrarse en la represión al tráfico11.

El hecho es que, como consecuencia de la ideología de la «guerra contra las drogas», se verificó una «epidemia» de encarcelamiento en todo el mundo, lo que llevó recientemente a países como Estados Unidos a adoptar medidas de reducción de penas, frente al absurdo crecimiento del número de presos en sus sistemas penitenciarios, en gran parte consecuencia de la política de drogas represiva que adoptaron.

Como parece obvio, el control penal no inhibe el consumo ni la producción, porque no está en condiciones de impedir el funcionamiento de un potente mercado ilícito que fabrica, provee y distribuye con eficiencia y lucro su producto. Este tipo de control tampoco tiene el efecto de hacer que las personas dejen de consumir. Los resultados de la represión penal y de la estrategia de combate militar contra las drogas no alcanzaron la reducción de la producción o del consumo de estas sustancias. El negocio se desarrolló, los grupos se organizaron, el mercado ilícito incrementó las ventas y los precios bajaron, mientras que el consumo aumentó.

Sin embargo, por más que se reconozca una cierta organización en este mercado, el tráfico de drogas es mucho menos organizado de lo que se imagina. Peter Kopp considera que el comercio de drogas estaría más próximo a un tipo de oligopolio poco cartelizado. Contrariamente a lo que afirma el discurso mediático, «la criminalidad funciona como un oligopolio con un cierto sesgo de competencia, y no como un monopolio». Sus agentes «se agrupan en organizaciones que difieren de empresas clásicas y reaccionan a los cambios de su medio según modalidades (…) sorprendentes»12. Para este autor, las redes constituyen la forma de organización del tráfico y actúan de la siguiente forma: frenan la circulación de información y fraccionan la cadena de producción, compuesta por intermediarios de alta movilidad. Sus procedimientos se reorganizan y redefinen permanentemente, es decir que la especialización es acompañada por una gran inestabilidad, método eficaz de conducir negocios ilegales.De este modo, la capacidad de crear nuevos mercados y la agilidad de sus operadores son lo que provoca el aumento de la oferta; las redes del tráfico no son idénticas y se muestran eficientes pues logran adaptarse a las necesidades locales, por lo que no es posible generalizar sus características. Al mismo tiempo, sea por la corrupción de policías y autoridades o incluso por la infiltración de intereses económicos en las más altas esferas de poder, hay una promiscuidad entre los llamados «traficantes» de drogas y el Estado, sin la cual el mercado de drogas ilícitas no permanecería inmune a las acciones de esas mismas autoridades.

Al contrario del modelo prohibicionista uniforme que intenta controlarlo, el tráfico está adaptado a la economía y a la diversidad locales. Sin embargo, en el campo jurídico, la estrategia ha sido la generalización de las conductas y la imposición de altas penas, de manera de ampliar el alcance de la punición, sin casi ninguna distinción. Prosiguiendo con este análisis, hay que destacar la peculiar situación brasileña, por la dimensión diferenciada del fenómeno de la droga y del control social en los países en desarrollo13, así como por la insistencia en la opción punitiva en la política de drogas.

La economía de la droga y las redes de tráfico en el Brasil

En términos socioeconómicos, se debe destacar que «el Brasil es hoy una economía de mercado donde los controles morales son débiles, la ética no se enraizó en el comportamiento cotidiano, especialmente de políticos y empresarios, y la ley no es vista por la población como justa y ecuánime»14. Se trata de un país donde la informalidad y los mercados ilícitos, así como la evasión fiscal y la corrupción, son muy significativos, lo que refuerza esta cultura de la ilegalidad en la cual está inserto el tráfico de drogas.

Brasil no figura como un destacado productor de estupefacientes en la geopolítica internacional, pero dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un gran país consumidor de drogas ilícitas, siguiendo al pie de la letra la cartilla prohibicionista de la represión. Más recientemente, se verificó un importante aumento del consumo de crack, sobre todo entre la población marginada que vive en las calles, debido a su alta potencia y bajo precio15.En relación con la oferta, no se puede negar que el mercado brasileño de la droga está plenamente operativo, aunque las autoridades de vez en cuando consigan capturar parte de la carga circulante. En los grandes centros urbanos, el negocio más lucrativo es la distribución de drogas a los consumidores, actividad que absorbe a gran parte de los excluidos del sistema económico, o sea, trabajadores informales al margen de la actividad lícita. Para ejemplificar, analizaremos la situación de la ciudad de Río de Janeiro.

Los jóvenes pertenecientes a las clases bajas que residen en las favelas son hoy la mano de obra más utilizada por el tráfico para hacer llegar al consumidor la mercadería y, como veremos después, son ellos los que están llenando las penitenciarías. El salario pagado a los «soldados del tráfico», que ejercen funciones que van desde ser «lanzadores de cohetes»16 a gerentes de la «boca», pasando por las «mulas», son los más altos del mercado para quienes no tienen estudio o profesión, a pesar de los riesgos inherentes a la actividad ilícita y la violencia17. Para Túlio Kahn, en el tráfico de drogas la situación está ligada al desempleo estructural, es decir, a una masa de excluidos, en su mayoría jóvenes, que constituyen un contingente de reserva que jamás entró o entrará en el mercado de trabajo, lo que tenderá a acentuar la relación entre desempleo y criminalidad18.

De esta forma, la actividad económica ligada al tráfico de drogas se alimenta de la pobreza y de la exclusión social, pues da oportunidades de ganancia, e incluso se fortaleció bastante en los últimos años con la venta del crack, al ofrecer un producto de bajo precio y gran potencia a aquellos que no estaban en condiciones de consumir sustancias psicoactivas de más pureza (por su mayor costo).

En el análisis de las ganancias de los traficantes de droga en Brasil, hay que diferenciar entre los diversos sectores del tráfico, pues es obvio que cuanto más alta es la posición, mayores son las ganancias que se obtienen. El hecho es que las redes se organizan de acuerdo con el medio donde actúan y reaccionan de forma flexible a los cambios19. Guaracy Mingardi señala que en Río de Janeiro existe un modelo organizacional en gran escala, como el punto más sobresaliente del tráfico carioca20, o sea, de un mercado verticalizado de venta de drogas.

En Río, el mercado es fragmentado y violento21. La reducida edad de los traficantes22, las disputas sangrientas por los «territorios comerciales», además de la inestable organización interna de las facciones, sin acuerdos por la división del mercado, sumados a la represiva y corrupta intervención policial, son factores que contribuyeron al aumento de la violencia ligada al tráfico de drogas en Río de Janeiro en las últimas décadas. Hay un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía carioca y un alto índice de letalidad de las acciones represivas23.

Aun cuando el ejemplo de Río de Janeiro no configure un modelo único de tráfico de drogas en Brasil, la situación de la ciudad es emblemática por la mayor visibilidad del problema. A diferencia de otros lugares donde las áreas más pobres se concentran en periferias apartadas del centro, la ubicación de la concentración urbana desfavorecida carioca refuerza el contraste entre la exclusión social y la riqueza.

Los residentes de las favelas viven en áreas de riesgo y sufren en los enfrentamientos entre policías y traficantes. En este aspecto, el movimiento (término que designa en Río de Janeiro el mercado informal ilegal de drogas –principalmente marihuana y cocaína– que se esparce, al por menor, en las aglomeraciones urbanas de baja renta, como favelas, conjuntos habitacionales y barrios de la periferia24) es facilitado por la ubicación estratégica en los morros, que por constituir un espacio social donde el Estado no llega, de urbanización precaria y sin asistencia social, albergan las redes de distribución y la residencia de los traficantes de la venta al por menor, protegidos de la acción policial; además de situarse próximas a las zonas de consumo, donde viven los usuarios de poder adquisitivo más alto. Otro incentivo es la amplia disponibilidad de reclutamiento de mano de obra de jóvenes excluidos del mercado de trabajo formal, realizado en la propia favela.Por otro lado, es importante desmitificar la relación entre pobreza y criminalidad, pues tal consideración, además de prejuiciosa, no corresponde a la realidad, ya que solo una pequeña minoría de los pobres comete crímenes, a pesar de su alta representatividad en las estadísticas penitenciarias25.

En la red de tráfico, en el límite entre la simple cuadrilla y una forma más organizada de crimen, actuarían los pequeños traficantes, vendedores al por menor, que trabajan con cantidades inferiores a 10 kilos, que pueden ser autónomos o gerentes de «boca», los cuales muchas veces tienen antecedentes criminales por tráfico o crímenes contra el patrimonio. Los traficantes medios trabajan tanto al por mayor como al por menor, comercializando hasta 250 kilos, y por lo general compran directamente a los traficantes internacionales. Poco se sabe sobre los grandes traficantes, excepto que la mayoría de ellos se dedica al tráfico internacional, en calidad de mayoristas26.

En este sentido, el mercado ilícito de la droga fortalece el tráfico, y los traficantes solo aumentan sus ganancias, beneficiados por varios factores derivados de esa ilegalidad: ausencia de control sobre la mercadería, inexistencia de burocracia, «exención» de impuestos y facilidad de contratación de empleados, que son sometidos a condiciones arriesgadas de trabajo, pero que están mucho mejor remunerados que en el mercado de trabajo formal.

Además de esos efectos ya señalados, Luiz Eduardo Soares agrega otras dinámicas delictivas perversas, que deben ser consideradas en el estudio del modelo prohibicionista, y que son las siguientes: la desorganización de la vida asociativa y política de las comunidades y de las estructuras familiares; la imposición de un régimen despótico en las favelas y los barrios populares; el reclutamiento de fuerza de trabajo infantil y adolescente, que luego es descartada por la muerte prematura; la diseminación de valores belicistas contrarios al universalismo democrático; y, finalmente, el estímulo a la estigmatización de la pobreza y de los pobres27.

De esta forma, se percibe el estrecho vínculo entre la situación socioeconómica de Brasil y la creación de condiciones que favorecen el mantenimiento de los mercados ilícitos. El círculo vicioso se cierra: los consumidores compran drogas, los traficantes venden, los excluidos del sistema se emplean en la industria ilícita con ingresos más altos; los traficantes necesitan comprar armas, el comercio ilegal quiere vender armas; las ganancias de los tráficos (de drogas y de armas) son exorbitantes; las altas esferas del poder tienen su representación en la industria y absorben parte de la ganancia; el dinero sucio circula y necesita ser lavado; las instituciones financieras lavan el dinero; la industria del control del crimen quiere vender seguridad, la población aterrorizada quiere comprar seguridad; la «guerra contra las drogas» es cara, pero las ganancias son enormes.

Todos lucran de alguna forma con la criminalización de ese mercado, menos la salud pública, que sale todavía más perjudicada, no por muertes derivadas de sobredosis de drogas –aparente justificación de la punición–, sino por la violencia y por las muertes que implica el ejercicio de la actividad ilegal del narcotráfico.

A partir de esta realidad, veremos a continuación cómo se estructura la represión penal sobre ese mercado en Brasil.

Control penal sobre las drogas ilícitas en Brasil

Brasil siempre siguió todas las estrategias punitivas establecidas en los tratados internacionales de control de drogas y es signatario de todos ellos28. En ese sentido, la cultura represiva del país incorporó los compromisos punitivos por la criminalización de las drogas liderados por EEUU. La norma actualmente en vigor, ley 11.343/06, representa en su parte penal la reafirmación de la opción legislativa por la intensificación de la represión penal en relación con el tráfico, aunque de cierta forma haya avanzado respecto de la ley anterior al despenalizar la conducta de la posesión de drogas para uso personal en su artículo 28, delito que hoy está sujeto solo a medidas alternativas. Por otro lado, hubo un aumento significativo de la pena mínima para el delito de tráfico, que pasó de tres a cinco años, según el artículo 33, sin que la ley prevea criterios objetivos de distinción entre estas categorías.

Por tal razón, la ley de 2006 marca el refuerzo del endurecimiento intencional de la respuesta penal al comercio de drogas, lo que constituye uno de los principales factores del aumento de la población carcelaria brasileña en los últimos años. El contingente de presos por tráfico es el que más crece: según datos oficiales de 2013, alcanzaría cerca de 30% del total29. La mayoría de los presos son jóvenes pobres, negros o mulatos. 60% de las mujeres encarceladas en Brasil están acusadas de delito de tráfico30.

Frente al cuadro trazado de la realidad del tráfico en Brasil, ¿cómo actúa la represión? Se podría pensar que el aumento de la punición tendría su reflejo en la desarticulación de las redes criminales debido al encarcelamiento de los grandes traficantes, pero lo que se verifica en la práctica es un refuerzo de la selectividad penal, con intensificación de la criminalización de la pobreza.

A partir del estudio de caso de Río de Janeiro, se sabe que el perfil de los condenados por tráfico de drogas en esta ciudad es de personas sin antecedentes delictivos previos (66,4%); detenidos in fraganti (91,9%); detenidos que actuaban de manera individual (60,8%). Por su parte, 65,4% responde solamente por tráfico (art. 33, sin asociación o cuadrilla), y 15,8%, en concurso con asociación. De estos, 14,1% fue condenado en concurso con posesión de armas, 83,9% fueron de sexo masculino y en 71,1% de los casos fueron apresados con cocaína. Entre ellos, 36,9% recibió penas por encima de los cinco años de prisión31. Un perfil semejante se encontró en las condenas por tráfico en Brasilia e investigaciones recientes realizadas en San Pablo identificaron el mismo destinatario de las condenas judiciales por tráfico de drogas.

Otra característica de la aplicación de la pena por tráfico en Río de Janeiro es la ausencia de control judicial efectivo sobre la tipificación, pues la policía, en el momento de la aprehensión, es la que define quién es traficante, y son raros los casos en que hay desclasificación para el delito de posesión de drogas. Es decir, tanto el Ministerio Público como los jueces rubrican la actuación policial, a pesar de que por las características encontradas en los procesos se pueda afirmar que muchos de los condenados como traficantes son, en realidad, usuarios pobres residentes en favelas a los que se confunde con traficantes, como fue el caso de un preso entrevistado que era consumidor y quedó más de cuatro años en la cárcel, acusado de tráfico por portar cerca de 26 gramos de marihuana y que, finalmente, terminó absuelto32.

En este sentido, el sistema penal, que ya es selectivo en general, se muestra todavía más selectivo en el caso del narcotráfico. Nótese que, incluso en los países centrales, es siempre más fácil para los policías capturar a los revendedores de las calles, al por menor, más numerosos y fáciles de ser alcanzados, que a los traficantes (mayoristas); sin embargo, la actuación concreta de la justicia criminal en Brasil y en los países periféricos se muestra aún más represiva y selectiva en lo que se refiere a la criminalización de la pobreza.

De acuerdo con el análisis cualitativo de sentencias, los policías son los responsables del montaje de las pruebas que se presentan en los procesos pero casi nunca sus testimonios son puestos en cuestión en los juicios. Son ellos los únicos testigos de los hechos delictivos citados en las denuncias. Por otro lado, los jueces, de forma repetitiva, se basan solo en las palabras del policía para condenar al acusado. El bajo número de absoluciones en primera instancia también comprueba esta tesis.

La forma concreta del control penal represivo en Brasil, fortalecido en los últimos años por la aplicación de la Ley de Drogas, constituye un retrato del superencarcelamiento en condiciones absolutamente inhumanas de los presos, en el que la gran mayoría de los pequeños traficantes encarcelados sirve como chivo expiatorio para el discurso simbólico y autoritario de la represión a las drogas, sin que se haya verificado ningún resultado efectivo en términos de protección de la salud pública, base de la legitimación de la intervención punitiva.

Al contrario de EEUU, donde hay señales recientes de cambios, en Brasil, pese a que se reconoce el superencarcelamiento, se sigue manteniendo la opción por la vía represiva incluso bajo gobiernos de izquierda (como el de Luiz Inácio Lula da Silva o Dilma Rousseff), sin que se haya logrado reducción alguna del consumo o de la venta de drogas por medio de la represión a los traficantes.

Consideraciones finales

Se entiende que no hay modo de reflexionar acerca de la opción por una política criminal de drogas sin tener en cuenta datos reales, pues es justamente este distanciamiento entre el discurso punitivo y la realidad lo que permite el mantenimiento del modelo actual. Bajo el pretexto de proteger la salud pública, se deja de proteger la vida y se ignoran los efectos perversos que alcanzan a la sociedad en la aplicación de la Ley de Drogas. De esta forma, la intervención del Estado en la cuestión de las drogas es casi nula pero al mismo tiempo es intensa, si se consideran los crecientes conflictos armados y el alto nivel de encarcelamiento por drogas. Se percibe con claridad el estrecho vínculo entre la situación socioeconómica y la creación de condiciones favorables para el mantenimiento de los mercados ilícitos que se sustentan en el control penal de la pobreza en Brasil.

El resultado de la actual política criminal brasileña de drogas es el aumento del consumo y el mantenimiento de la amplia oferta de sustancias ilícitas en el mercado, de calidad cada vez peor, como es el caso del crack, al mismo tiempo que el tradicional encarcelamiento de pobres, negros y mulatos se potencia por la amplia criminalización de conductas, fortalecido por la ausencia de control judicial y por los amplios poderes concedidos a la Policía en la represión y en el uso de la violencia.

La respuesta oficial prohibicionista no solo ha sido incapaz de detener la producción y el consumo, sino que terminó fortaleciendo el mercado de las drogas ilícitas, que se beneficia de la ilegalidad. Como afirma Rosa del Olmo, se dio prioridad a una concepción moralista y criminalizante en las representaciones construidas sobre el fenómeno de la droga, pero se dejó de lado la cuestión sociopolítica y la importante dimensión económica de la droga33.

  • 1. Luciana Boiteux: magíster y doctora en Derecho Penal. Es profesora adjunta de Derecho Penal y coordinadora del Grupo de Investigaciones en Política de Drogas y Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro (ufrj).Palabras claves: drogas ilícitas, prohibicionismo, superencarcelamiento, violencia, Brasil.Nota: traducción del portugués de Claudia Solans.. D.J. Nutt, Leslie A. King y Lawrence D. Phillips, en representación del Independent Scientific Committee on Drugs: «Drug Harms in the uk: A Multicriteria Decision Analysis» en Lancet, 1/11/2010, disponible en www.sg.unimaas.nl/_old/oudelezingen/dddsd.pdf.
  • 2. Pierre Kopp: A economia da droga, edusc, Bauru, 1998, p. 8.
  • 3. Ibíd., p. 58.
  • 4. Ibíd., p. 16.
  • 5. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc): World Drug Report 2014, onu, Nueva York, 2014, disponible en www.unodc.org/wdr2014/.
  • 6. François-Xavier Dudouet: «La formation du contrôle international des drogues» en Déviance et Société vol. 23 No 4, 1999, pp. 395-419.
  • 7. P. Kopp: ob. cit., p. 125.
  • 8. Peter Reuter: Rand Corporation: Cross National Comparison, The Rand Corporation, Santa Mónica, 1993, citado en P. Kopp: ob. cit., p. 126.
  • 9. Los llamados «autos de resistencia» son el registro oficial de muertes de personas por la policía, que son archivados por el Ministerio Público y por la Justicia sin ninguna investigación. La indicación de que el «oponente» es un traficante legitima la ejecución practicada por el agente policial.
  • 10. unodc: Informe mundial sobre las drogas 2014. Resumen ejecutivo, p. 1, disponible en www.unodc.org/wdr2014/.
  • 11. P. Kopp: ob. cit., p. 89.
  • 12. Ibíd., p. 128.
  • 13. Eugenio Raúl Zaffaroni y José Henrique Pierangeli: Manual de direito penal brasileiro, San Pablo, rt, 1997, p. 63.
  • 14. Alba Zaluar: Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas, Río de Janeiro, fgv, 2004, p. 49.
  • 15. Fundação Oswaldo Cruz e icict: Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares nas capitais do país, icict / fiocruz, 2014, disponible en www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/Pesquisa%20Nacional%20sobre%20o%20Uso%20de%20Crack.pdf.
  • 16. Niños que sueltan cohetes para alertar que está llegando la policía.
  • 17. A. Zaluar: ob. cit., p. 30.
  • 18. T. Kahn: Cidades blindadas. Ensaios de criminologia, Sicurezza, San Pablo, 2002, p. 13.
  • 19. P. Kopp: ob. cit., p. 128.
  • 20. G. Mingardi: O Estado e o crime organizado, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (ibccrim), San Pablo, 1998, p. 132.
  • 21. Luiz Eduardo Soarez: Meu casaco de general: 500 dias no front da Segurança Pública do Rio de Janeiro, Companhia das Letras, San Pablo, 2000, p. 267.
  • 22. Helio de Araújo Evangelista: Rio de Janeiro: violência, jogo do bicho e narcotráfico segundo uma interpretação, Revan, Río de Janeiro, p. 58.
  • 23. Ignácio Cano: The Use of Lethal Force by Police in Rio de Janeiro, iser, Río de Janeiro, 1997, pp. 79-81.
  • 24. Michel Misse: «Malandros, marginais e vagabundos: a acumulação social da violência no Rio de Janeiro», tesis de doctorado, iuperj, 1999.
  • 25. A. Zaluar: ob. cit., p. 30.
  • 26. G. Mingardi y Sandra Goulart: As drogas ilícitas em São Paulo: o caso da cracolândia, ilanud, San Pablo, 2001, p. 17.
  • 27. L.E. Soares: ob. cit., pp. 267-269.
  • 28. L. Boiteux de Figueiredo Rodrigues: «Drogas y prisión: la represión contra las drogas y el aumento de la población penitenciaria en Brasil» en Pien Metaal y Coletta Youngers (eds): Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina, Transnational Institute / Washington Office on Latin America, Ámsterdam-Washington, dc, 2010, pp. 30-39.
  • 29. Departamento Penitenciario Nacional (depen), 2013.
  • 30. L. Boiteux y João Pedro Padua: «La desproporción de la Ley de Drogas: los costes humanos y económicos de la actual política en Brasil» en Catalina Pérez Correa (coord.): Justicia desmedida, Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, Fontamara / Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, México, df, 2012, pp. 71-101.
  • 31. L. Boiteux, Ela Wiecko Volkmer et al. (coord.): Tráfico de drogas e Constituição, Ministerio de Justicia, Brasilia, 2009; Maria Gorete Marques de Jesus, Amanda Hildebrando Oi, Thiago Thadeu da Rocha y Pedro Lagatta: Prisão provisória e lei de drogas: um estudo sobre os flagrantes de tráfico de drogas na cidade de São Paulo, nev / fusp, San Pablo, 2011, disponible en www.nevusp.org/downloads/down254.pdf; Instituto Sou da Paz: «Relatório da pesquisa: prisões em flagrante na cidade de São Paulo», San Pablo, 2012, disponible en: www.soudapaz.org/upload/pdf/justica_prisoesflagrante_pesquisa_web.pdf
  • 32. L. Boiteux y J.P. Padua: ob. cit.
  • 33. R. del Olmo: «A legislação no contexto das intervenções globais sobre drogas» en Discursos Sediciosos. Crime, Direito e Sociedade vol. 7 No 12, 2002, p. 70.