Opinión

¿Efectividad policial o «gatillo fácil»?

El gobierno argentino respaldó el accionar de un policía que acabó con la vida de un ladrón de dieciocho años. Pero el policía le había disparado por la espalda salteándose el protocolo. Mientras los organismos de derechos humanos piden la condena del policía, el gobierno presiona a la justicia para que suceda lo contrario. Las historias del policía y el chico asesinado tienen coincidencias asombrosas.

¿Efectividad policial o «gatillo fácil»?

Un chico corre. Cae. Se da vuelta. Se retuerce en el piso. Aparece un hombre – de remera celeste y mochila— con la mano extendida. Rodea al muchacho. Se para al costado y agarra un objeto que parece ser un teléfono celular. Un agente de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, también, hace su entrada. Todo sucede en cuestión de segundos. Con el pasar de las horas, se sabrá que el hombre de remera celeste es Luis Oscar Chocobar, policía de Avellaneda, y el chico tendido, Juan Pablo Kukoc, que acababa de robarle a un turista estadounidense en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes podrían tratarse de una ejecución policial más, esta vez captada por las cámaras, si no fuera porque el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri decidió tomar a Chocobar como héroe y promover un «cambio de doctrina» en la intervención policial.

El fotógrafo estadounidense Joe Wolek caminaba el pasado 8 de diciembre por La Boca cuando dos chicos quisieron robarle la cámara. Forcejeó. Los dos asaltantes salieron corriendo por la misma calle, pero por distintas veredas. Wolek quedó tendido en la avenida por las diez puñaladas que había recibido. A Kukoc, que llevaba la cámara, lo corrieron unos vecinos y lograron sacársela. El otro chico se perdió. Chocobar, que había visto al turista estadounidense desmoronarse, declaró que le gritó al asaltante que se detuviera, que era su vida o la de ellos y que tiró.Todo esto sucedió a dos cuadras de donde había sido atacado el turista, lo suficientemente lejos para defenderse o defenderlo de la agresión. Kukoc murió a los cuatro días por las heridas – todas recibidas por la espalda.

El 30 de enero, el juez de menores Enrique Velázquez entendió que la versión de Chocobar no era fidedigna. Lo procesó por exceso en la legítima defensa y ordenó embargarlo por 400 mil pesos. Dijo que respondió una «agresión ilegítima, utilizando un medio racional, de una manera irracional y desproporcionada». El procesamiento está siendo revisado por la instancia superior del juez Velázquez, la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires, que en los próximos días debe resolver si confirma lo sostenido por su colega o inclina la balanza hacia el policía de quien el presidente Macri dijo sentirse orgulloso.

Cruces

Chocobar vive en el barrio porteño de La Boca. La madre de Juan Pablo y sus hijos, también. Juan Pablo dio sus últimos pasos tratando de escapar hacia su casa – piensan – antes de que el policía le disparara. Chocobar es oriundo de Salta. Cuando llegó a Buenos Aires se ganó la vida como jardinero y trabajando en un taller textil. Hace unos años se integró a la policía municipal – creada durante la gobernación de Daniel Scioli. Juan Pablo también llegó de Salta con su madre y sus hermanos, huyendo de una historia familiar de violencia. Estuvieron en situación de calle hasta que su mamá, Ivonne, consiguió un trabajo y una casa. La madre pidió ayuda a un juez para tratar a Juan Pablo por sus adicciones. Los meses que pasó en el instituto fueron un cúmulo de violencia. Cuando salió, ella le pidió disculpas por haber autorizado su internación.

Las historias del policía y del chico asesinado se atraviesan como se cruzan en cada uno de los barrios los jóvenes pobres con las fuerzas policiales. Y seguirán cruzándose, por eso los mensajes que el poder político envía son fundamentales – apuntó el titular de Human Rights Watch, José Vivanco, desde su cuenta de Twitter – para evitar que el accionar de Chocobar sea la regla y que las fuerzas de seguridad sientan que tienen carta blanca para cometer abusos en la persecución de delitos.

Un día después de ser procesado, Chocobar abrió una cuenta en la red social Twitter para protestar contra el juez Velázquez. Escribió su primer tuit, el 31 de enero. Al día siguiente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo escoltó a la Casa Rosada para encontrarse con el presidente. «Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente», lo felicitó el mandatario y, es más, le pidió que se quedara tranquilo porque lo iban a ayudar a resolver el tema. El policía no fue separado de su cargo – como las reglas de actuación indicarían para estos casos --, y el Ministerio de Seguridad le proveyó dos abogados para representarlo.

La madre de Juan Pablo salió corriendo para la Casa de Gobierno cuando se enteró que Chocobar iba a ser recibido con Macri. No tuvo la misma suerte. Un policía le sugirió que pidiera audiencia a través de una carta. El viernes último, en una conferencia de prensa que brindó acompañada de vecinos de La Boca y de organismos de derechos humanos, informó que recibió una invitación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, para el 21 de febrero, pero informó que iba a rechazarla.

Una nueva doctrina

La ministra de Seguridad anunció la semana pasada que, a raíz del caso Chocobar, el gobierno iba a impulsar una nueva doctrina para la actuación policial, que involucraría una nueva modalidad de rendición de cuentas hacia el interior de la institución y ante la justicia.

Entre otros elementos, la doctrina incluye un apoyo explícito del gobierno a las fuerzas de seguridad y una inversión de la carga de la prueba. La ministra de Seguridad sostuvo que es inviable investigar cada acción de un policía en un enfrentamiento, a menos que haya una excepcionalidad. A priori, se presume que el policía hace lo que tiene que hacer.

Según Bullrich, una mayor rendición de cuentas de los agentes de fuerzas de seguridad derivó en una parálisis de sus accionar, que es lo que ella se propone combatir. «El policía sabía que si llegaba y tenía un enfrentamiento y se encontraba con el delincuente terminaba preso», dijo durante un viaje en Estados Unidos, donde acordó que la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, desembarcará en Misiones para combatir el narcotráfico y que el FBI capacitará a agentes de la Policía Federal. Las cámaras mostraron que en el caso Chocobar no hubo enfrentamiento. Hubo una corrida y balas que ingresaron por la zona lumbar y por el muslo izquierdo. Juan Pablo estaba de espaldas y huyendo.

Como remarcó en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), existe al interior de las fuerzas un discurso tendiente a mostrarse como el chivo expiatorio. El problema es cuando la autoridad política se hace eco de ese discurso y lo lleva a la práctica, lo que redunda en una renuncia a controlar a las fuerzas en casos de violencia institucional y en su defensa en otros ámbitos, como es el judicial.

El último eje de la nueva «doctrina Bullrich» incorpora la idea de que el policía tiene que saber que el «trabajo no va a ser su tumba». Según las estadísticas del CELS, más el 74 por ciento de los policías muertos entre 1996 y 2017 en el área metropolitana – que totalizan 1098 efectivos – estaba fuera de servicio.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) – una organización nacida en los años ’90 --, la doctrina de Bullrich puede resumirse en dos ejes: el policía tiene orden de matar y el gobierno asume su defensa. Para la coordinadora, el nuevo paradigma se condice con la escalada en el número de personas muertas por las fuerzas estatales registrado desde que Macri asumió la presidencia. «Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, tenemos registrados 26 casos. Si los sumamos a los 441 de 2016 y 258 de 2017, tenemos que, en los 722 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 725 personas», dice en su informe.

Un mensaje para la justicia

Al despedir a Chocobar en la Casa Rosa, Macri tuiteó una foto con el uniformado y escribió: «Confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo reconociendo su valentía». El mensaje del presidente estaba directamente orientado a la Sala IV de la Cámara del Crimen, que debe resolver si confirma el procesamiento dictado por Velázquez o lo revoca con un sobreseimiento o con una falta de mérito. La tercera opción sería una opción casi salomónica, que daría un espaldarazo a Chocobar y al gobierno, y permitiría al juez que siga reuniendo pruebas o que, al menos, deje la causa abierta para cuando soplen vientos más afines. En la audiencia del último viernes, el fiscal ante la Cámara, Ricardo Saénz, defendió sin más a Chocobar. Sáenz es un funcionario judicial de reconocida afinidad con el gobierno de Cambiemos y que tuvo especial impacto público al ser el primer jurista en afirmar en un expediente que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntamente encubrir el atentado a la AMIA.

El de Macri no fue la única señal orientada a los jueces que se emitió a partir del caso Chocobar. Bullrich, también, anunció que esta nueva impronta en lo que respecta a la legítima defensa tendrá que ser recogida por la comisión que trabaja para la reforma del Código Penal y que es liderada por Mariano Borinsky, juez del máximo tribunal penal del país.

A esto debe sumarse la política agresiva que viene desarrollando el Ministerio de Seguridad en los tribunales y que tiene a la causa por la muerte de Santiago Maldonado – ocurrida en el marco de un desalojo violento e ilegal de la Gendarmería en Chubut – como su globo de ensayo. La cartera que lidera Bullrich denunció a la comunidad Pu Lof Cushamen y a los organismos de derechos humanos que denunciaron la desaparición del joven por asociación ilícita.

Bullrich, a quien se señala como una de las ministras favoritas de Macri, está dispuesta a demostrar que el cambio de época no es una cuestión retórica: que la defensa de las fuerzas y el ataque a quien las denuncia se dirime en la justicia, un terreno que – hasta ahora – ha estado inclinado en favor del gobierno.

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