Opinión

Ecuador: sismo, conmoción y ¿segunda oportunidad? Análisis de la coyuntura posterremoto

Ecuador: sismo, conmoción y ¿segunda oportunidad? / Análisis de la coyuntura posterremoto

Luego de ocho años, la Revolución Ciudadana en Ecuador llegó a una nueva fase en el 2014, signada por fuertes tensiones debido a la pérdida electoral en 20 ciudades en los comicios del 23 de febrero de dicho año. Ese evento expresó una recomposición de la derecha y una nueva disputa por la hegemonía, entre los intelectuales liberales y los jóvenes de clase media que desplegaron diestramente sus mensajes en las redes sociales y la maquinaria mediática gubernamental. En el 2015 sobrevino la crisis económica y se dieron procesos de movilización de la oposición y grupos gremiales. Todo ello incidió en fisuras en el bloque sociopolítico de Alianza País constituido desde hace una década.

En el balance electoral Alianza País sigue siendo la fuerza política nacional mejor posicionada, pero la derecha logró conquistar las ciudades y conformar tres polos dirigidos por lideres que se proyectaron en el escenario político: Mauricio Rodas, líder de SUMA gana la alcaldía de Quito, Jaime Nebot líder del partido Socialcristiano, mantiene la alcaldía de Guayaquil y Guillermo Laso, un banquero que organizó su propio partido, CREO, con incidencia en varias ciudades intermedias.

A esto se agrega el escenario económico negativo que se advierte desde el 2015: el alza del dólar y la baja del precio del petróleo, plantean un límite serio al modelo Estado-céntrico impulsado por la Revolución Ciudadana, orientado a la ampliación del mercado interno y la exportación de minerales (Acosta-Cajas, 2015). La crisis afectó la caja fiscal, con la consiguiente pérdida de la capacidad redistributiva del Estado. Además el modelo de dolarización se puso en riesgo pues la subida del dólar, que hizo perder la competitividad a la economía (Acosta-Cajas, 2015) Ante esa situación el gobierno establece las salvaguardias para 2.000 productos de importación, propone dos proyectos de ley que al final no se aprueban por la oposición de la población catalizada por la movilización de grupos de derecha -la Ley de la Plusvalía y de las Herencias- . Ante ello el Presidente se ha puesto en la ingrata tarea de «limpiar la olla» recogiendo recursos en los presupuestos de las instituciones públicas, lo cual genera conflictos con las Universidades, Sociedad de lucha contra el cáncer, SOLCA, gobiernos locales, Fuerzas Armadas y contratistas del Estado. Mal que bien el gobierno logra capear el temporal buscando afanosamente créditos en China y en el Fondo Monetario Internacional.

Esta situación asumió una dimensión sociopolítica, donde se destaca el desgajamiento del movimiento centrista Avanza del bloque gubernamental, la ampliación de la protesta sindical del Frente Unitario de Trabajadores, FUT y esporádicas acciones de grupos indígenas y anti mineros, a lo que se agrega movilizaciones de grupos de clase media, tal como se dio a propósito de la Ley de Herencias que se apagaron con la llegada del papa Francisco a mediados del 2015,. No hay aún una significativa participación de la población, pero estas demostraciones sí catalizan un malestar que por otro lado se ha expresado en los medios de comunicación y en la disputa que se escenifica en las redes sociales. En estas aparecen un actor joven de clase media, que no tiene referencias de la lucha contra el neoliberalismo, que disfrutó del confort y la bonanza y que se molesta por las medidas económicas del Presidente «que coartan su libertad» de consumo y por un cansancio de las posturas confrontativas de Correa y sus seguidores a los que acusa en sus memes de «borregos». En el fondo los conflictos distributivos que traen la crisis, conllevan fisuras en el «pacto del consumo» que cohesionó a sectores medios y populares con sectores empresariales, en los diez años anteriores de bonanza.

Todo ello se expresa en una inflexión en el plano de la confianza institucional y en la popularidad del presidente. El discurso de Correa en las «sabatinas» fue efectivo en la confrontación con la partidocracia, la bancocracia y los medios privados, pero su programa semanal va perdiendo eficacia. Si antes la tercera parte de la población le escuchaba cada semana, en los últimos meses ha caído a un 10%. Los índices de confianza en las instituciones, en la economía y en el propio Presidente se han mantenido altos durante los ocho años de gobierno, pero en los últimos dos años han bajado del 75% (2013) al 50% en Abril (2016 - Perfiles de opinión) y 39% (Cedatos Gallup).

Esta situación tiene un componente adicional: la falta de organicidad del Movimiento Alianza PAÍS. El pecado original del movimiento fue su precipitado triunfo electoral y su temprana dependencia del Estado que crecía de manera vertiginosa y con ingentes recursos del boom petrolero. Progresivamente la escasa vida partidaria cedió a una organización electoral y mediática activa y eficaz en las campañas, mientras se establecía una estructura piramidal coronada por la cúpula del gobierno. El llamado «buró político» tuvo cierta dirección colegiada con intelectuales, líderes políticos y tecnócratas hasta el 2011-2, pero luego se disolvió mientras se afirmaba el fuerte liderazgo de Rafael Correa. Todos estos factores de desgaste se expresaron en las dificultades para la aprobación de enmiendas constitucionales, que habrían facilitado la reelección inmediata del presidente.

El periodo preelectoral para los comicios presidenciales se abrió así con la novedad que Rafael Correa no puede ser candidato en febrero del 2017. En ese marco la fuerza gobernante no atinó a apostar por un candidato y se crearon fricciones entre dos personajes: Jorge Glas, el actual vicepresidente -que cuenta con respaldo de Correa- y Lenin Moreno, su antiguo ex presidente, enviado especial de las Naciones Unidas para temas de discapacidad, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las bases de su movimiento. La ventaja de Moreno es que es un líder conciliador que podría superar la polarización existente y que contaría con el apoyo de amplios sectores. En últimas encuestas (pre terremoto) lograba índices del 50% en intención de voto, mientras Glas era un candidato minoritario. Igualmente Moreno ganaba a los candidatos de la derecha tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta en la intención de voto, tomando en cuenta que hay competencia entre las candidaturas en la derecha, que no se llegan a ponerse de acuerdo.

LA GESTION DE LA EMERGENCIA

Este escenario político se modificó dramáticamente con el terremoto de 7.8° del 16 de abril. El sismo afectó a una población de un millón de habitantes, en una zona con 20.000km.2 de extensión de las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, A dos semanas de la catástrofe se cuentan 660 fallecidos, 15 desaparecidos, 30000 personas alojadas en albergues; 4605 heridos, con miles de viviendas destruidas y afectadas1. Manabí ocupa la tercera o cuarta posición en el Ecuador en términos de desarrollo económico, sin embargo está muy rezagada ante Pichincha (Quito) y Guayas (Guayaquil) pues su aporte PIB nacional apenas alcanza un 6%. Aquella es una provincia poblada, con un polo dinámico en torno a la pesca en Manta, pero con débiles cadenas productivas y comerciales, en medio de un océano de zonas agrícolas y ganaderas de baja productividad; tiene una población con altos niveles de desigualdad y pobreza, con bajo acceso a los servicios públicos, lo que le convierte en una zona extremadamente vulnerable en situaciones de desastre como la que se dio el 16-A.

Ante la catástrofe la reacción del gobierno fue algo tardía. Es decir, en las primeras dos horas, se dio un «apagón informativo»2 que dio lugar al desconcierto ciudadano. Dado que el Presidente Correa estaba en el Vaticano, por invitación del papa Francisco, el vacío de liderazgo fue notorio, pues quien debía asumir la conducción de las operaciones era el Vicepresidente Jorge Glas, quien no estuvo a la altura de las circunstancias por no contar con una Dirección Nacional de Riesgos consistente.

Es decir el gobierno logró implementar operativos eficaces en la seguridad, la rehabilitación de los sectores estratégicos, el rescate de las víctimas y la distribución de alimentos por parte del Ministerio de Inclusión, pero no hubo coordinación institucional, la Dirección mencionada no tuvo capacidad para movilizar al conjunto del aparato gubernamental requerido para esas circunstancias. Mientras tanto se dio una amplia movilización solidaria de la población de todo el país que se volcó para enviar vituallas, alimentos y agua para las víctimas, mientras los gobiernos provinciales y varios alcaldes municipales proporcionaban el transporte y enviaban equipos a la zona de desastre para abrir carreteras y quitar escombros.

Esta falta de liderazgo y la descoordinación en el nivel gubernamental se pudo superar parcialmente cuando llegó Rafael Correa de Europa. Se articuló la presencia de las Fuerzas Armadas, que cuenta con los equipos de comunicación y transporte adecuados para tiempos de guerra, y la organización indispensable para una emergencia como ésta.

Pero ese desfase inicial fue la oportunidad para que la derecha y los medios privados aprovechen de las circunstancias y planteen que la participación de la sociedad civil es la solución ante la ineficacia del Estado, en medio de un delirio ultra liberal que niega la importancia de la institucionalidad. Sin embargo los resultados de la acción gubernamental, sustentada en la infraestructura y logística de carreteras, sistemas de agua, electricidad, comunicaciones, servicios de salud y educación –construidos por el gobierno de la Revolución Ciudadana con una gran inversión pública en la última década- acalló momentáneamente el discurso de la oposición.

El gobierno decidió varias medidas económicas para financiar la reconstrucción. Las medidas buscan recoger dos mil millones de dólares con el incremento de 2 puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), una contribución especial del 3% a las utilidades junto al pago del 0,9% para los dueños de fortunas, el cobro de días de sueldo para los trabajadores públicos y privados. Junto a ello se plantea tener una política de endeudamiento con los organismos internacionales como el FMI y Banco Mundial.3 Los voceros de la derecha y los de la izquierda radical, por supuesto, han buscado argumentos para oponerse a estas medidas, pero lo cierto es que el trauma post-terremoto estrecha el margen para la recepción de un discurso de irresponsabilidad impositiva.

Lo cierto es que la unidad de los ecuatorianos ante la catástrofe duró apenas una semana y desde los escombros del terremoto surgió nuevamente la polarización política y discursiva. Hay que señalar que el terremoto se produce en un escenario complejo tanto al interior del Estado como de la fuerza gobernante. Por una parte las Fuerzas Armadas estaban molestas desde hace varios meses por la decisión gubernamental de canalizar recursos del Instituto de Seguridad social de los militares, ISSFA, al presupuesto estatal. Esas tensiones se expresaron en querellas y desacuerdos en el mismo operativo de emergencia entre funcionarios civiles y militares.

Por otra parte, Alianza País tuvo un desacuerdo interno en torno a las candidaturas presidenciales, entre los partidarios de Lenin Moreno y de Jorge Glas, desacuerdo que se expresó en la falta de coordinación entre varias instituciones en los operativos y que el 3 de mayo parece haberse zanjado con la separación de Betty Tola del Ministerio de Inclusión Económico y Social, una de las pocas funcionarios progresistas que aun quedaban en el gobierno. Esto en medio de un cambio de gabinete que privilegia el nombramiento de funcionarios que vienen de las redes clientelares del gobierno en la costa ecuatoriana al frente de la Secretaria de Riesgos, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Cultura y el mencionado Ministerio de Inclusión mencionado.

Hay otro aspecto relevante en la catástrofe. Voceros gubernamentales han expresado que el significativo número de muertos y heridos tiene que ver con la baja capacidad de los gobiernos locales de regular las construcciones, cuyo precario estado fue la que produjo su desplome y es responsable de esas víctimas. El técnico del instituto Geofísico Hugo Yapes señaló que el sismo era un «fiscal implacable» que derrumbó las construcciones mal hechas. Pero lo cierto es que este boom inmobiliario no solo es responsabilidad de los municipios: Pedernales, localizado cerca del epicentro, fue el cantón que sufrió mayores daños, cuando fue este uno de los tres cantones pilotos de la desconcentración del Estado; no solamente las viviendas y hoteles construidas por la población se cayeron, sino también las modernas edificaciones construidas por el Estado central como las famosas «escuelas del milenio», hospitales y viviendas financiadas con subsidios, que se cayeron como castillos de naipes. También hubo obras del gobierno que resistieron al duro embate de la naturaleza como el puente de 2km. de Bahía, uno de los más grandes del país.

Si bien ha existido una fuerte inversión pública en la provincia de Manabí que asciende a 1500 millones de dólares, no es menos cierto que hay un desfase entre la modernización de la infraestructura del Estado y las condiciones de una región con un débil de bajo desarrollo económico y desigualdad social. La Secretaria de Planificación conjuntamente con la CEPAL están realizando la evaluación final del impacto del terremoto, pero la verdad es que el sismo del 16-A destapó los vacíos y fallas típicas del subdesarrollo y de políticas públicas nacionales y locales, en una región sumamente extensa.

En la última fase 2014-2016 se notaron límites a la hegemonía de proyecto ciudadano, a partir de la aparición de cuatro factores: el avance de la derecha, la crisis de la economía, el desgaste de la legitimidad del gobierno y del Presidente y el desgajamiento del «pacto del consumo». En esta situación compleja se produce el terremoto del 16 de Abril en una región caracterizada por amplias desigualdades y vulnerabilidades, que hicieron más destructivo el sismo. «Los desastres solo evidencian las vulnerabilidades previas que no fueron eficientemente atacadas» (Velasco, Margarita, Alerta: la erupción del Tungurahua, 2010)

En sismo complica la situación económica del país y constituye la vara significativa para medir la gestión gubernamental, donde Jorge Glas como coordinador de la reconstrucción, tiene una segunda oportunidad para colocarse como candidato, mientras queda bajo interrogante el liderazgo de Moreno, que si bien es un hombre conciliador, no se sabe si podrá liderar el proceso que se viene y los grupos más progresistas al interior de AP pierden su influencia en la conducción del gobierno. La derecha en cambio aun no se pone de acuerdo, ni ha planteado un programa de gobierno para el Ecuador y no se pone de acuerdo en un liderazgo único que lidere el país en esta crisis; lo más posible es que apueste a desprestigiar al gobierno con la intención de sepultar a Correa y sus ministros en los escombros de la «corrupción» y la «ineficiencia».

En términos sociales el sismo provoca una gran movilización solidaria que rompe los diques del confort consumista a los que nos acostumbró el boom económico del periodo. Pero al mismo tiempo provoca un trauma nacional, distinto pero similar en su envergadura, al que generó el feriado bancario del año 2000. Fue de aquella gran herida que surgieron los Forajidos contra los gobiernos neoliberales y sobre la que actuó la Revolución Ciudadana para suturarla con su discurso nacionalista, critico a la partidocracia y anti neoliberal.

La placa de Nazca que hizo temblar el territorio ecuatoriano, también movió el piso del escenario político ecuatoriano, tanto al interior de AP cuanto de la oposición. Se ha producido una catástrofe ante el cual los actores deben reposicionarse, mientras el país espera un proceso de reconstrucción y probablemente un liderazgo fuerte5. Alianza País arrastra como se indicó tensiones políticas e institucionales previas que se expresaron de manera dramática en este nuevo escenario, notándose niveles de descoordinación institucional y política, si bien la postre el fuerte aparato gubernamental permitió enfrentar el acontecimiento.

Sin embargo, la población espera propuestas claras frente a un futuro que se tornó aún más incierto. Quien logre plantear salidas reales, confiables y creíbles probablemente tendrá más oportunidad de ser electo. Una última acotación que ejemplifica esta situación: para el 2017, la generación que en el 2010 era de un millón y medio de adolescentes, estarán en el grupo de 19 a 25 años que vota. Este es el grupo más joven que ha pasado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha logrado un acceso casi universal a la educación básica, ha llegado a la educación secundaria, es mayoritariamente urbana y un grupo de ellos llego a la universidad; es la generación de la expansión del mercado interno, del acceso a bienes baratos, la vivió la etapa consumista y es o sueña con ser de clase media; son los jóvenes ecuatorianos que constituyen la generación de las redes sociales. Esa generación no sabe qué es la partidocracia, ni la larga noche neoliberal, pero vivió la conmoción del desastre natural más fuerte de los últimos 70 años, y se volcó a las calles a ayudar a los damnificados. Esa es la que quedo impactada por el sismo, quieren participar para reconstruir Manabí. Creen que su país merece una nueva oportunidad. Ojalá los políticos estén a la altura en la disputa democrática que se avecina.