Al día siguiente de los acontecimientos, en una larga entrevista a la televisión pública, Rafael Correa expuso con claridad meridiana la tesis oficial: el problema salarial que públicamente adujeron los policías amotinados para justificar su insubordinación fue una vulgar excusa. Hubo un intento de golpe de Estado urdido por conspiradores ligados al Partido Sociedad Patriótica del ex-presidente Lucio Gutiérrez y, al fallar el designio de sublevar a las Fuerzas Armadas, optaron por el «plan B»: matar al Presidente de la República. El descontento por los cambios en el régimen de remuneraciones de la Policía no podía ser la causa del alzamiento porque la Ley de Servicio Público, aunque eliminaba las bonificaciones por condecoraciones y ascensos, aumentaba los salarios totales al incluir el pago por horas extras. Sobre todo, recalcaba el presidente, el apoyo gubernamental a la institución habría sido inmenso: sensible aumento de los salarios entre 2007 y 2010, mejora en el equipo operativo, inversiones en la infraestructura física. Por eso, dados sus titánicos esfuerzos públicos pronto olvidados, se sintió hondamente traicionado. La tesis del motín, por el contrario, afirma que no hubo intento de golpe. Jamás se hizo ninguna proclama golpista y prácticamente todos los altos oficiales policiales buscaron el apaciguamiento. El secuestro o retención del Presidente de la República, el peligro que corrió su vida y la violencia de los sucesos ligados al rescate de la noche del jueves se explican por el caldeamiento de los ánimos conforme se fueron encadenando acontecimientos improvisados provocados por la furia del momento. El aspecto decisivo de ese desencadenamiento de la violencia y del plagio que puso en riesgo la estabilidad institucional del país habría sido la imprudente actuación del presidente en las primeras horas de la mañana, cuando acudió personalmente al Regimiento Quito Nº 1 con el fin de resolver el problema. Allí terminó perdiendo la compostura y desafiando abiertamente a los sublevados: «Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: mátenme. Si les da la gana, mátenme, si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos (...). Si quieren tomarse los cuarteles, (...) si quieren traicionar su deber (...), si quieren destruir la patria, destrúyanla, (...) [yo no daré] ni un paso atrás». Esta intervención caldeó los ánimos y desencadenó la secuencia de acontecimientos que llevó a convertir el motín gremial en un secuestro que pudo costarle la vida1. ¿Qué pensar de estas interpretaciones contradictorias? Basado en la información parcial todavía disponible, propongo la siguiente interpretación: fue ante todo un motín policial pero no solo salarial, sino expresión de un malestar que puede ser calificado como reaccionario mucho más amplio dentro de la Policía y sus mandos. La razón es un conjunto de reestructuraciones institucionales: suprimir la autonomía de sus aparatos de inteligencia, la investigación de abusos policiales en los últimos 25 años vinculada a la «Comisión de la Verdad» y los juicios ligados a su informe presentado recientemente, el proyecto de trasladar las direcciones de tránsito a los municipios, con todos sus ingresos «propios» y sus fuentes de financiación, entre otros. En suma, el cambio salarial ocurrió en un marco de una profunda intranquilidadpor el avance de las reformas dentro de la Policía. Ese es el caldo de cultivo de la agitación interna de los sectores más reaccionarios de la oficialidad y la tropa. Grupos que no necesariamente son seguidores del ex-presidente y dirigente de la oposición Lucio Gutiérrez, pero que fácilmente pueden coaligarse con él. Simplificando las cosas, la política global del gobierno con la Policía puede interpretarse como un intento de compensar los apoyos que se pierden por el proceso de restructuración interna con importantes concesiones salariales, de equipamiento y de dotación de infraestructura. Pero la compra de la lealtad no es tan duradera y estable como la lealtad verdadera. Hubo, sin duda, grupos que buscaron el golpe (o quizás prepararlo mediante un «ensayo» para establecer escenarios y medir reacciones), pero eran minoritarios, desorganizados y mal preparados. Sobre todo, si hubo intento de golpe, se hizo lejos de las más mínimas condiciones de viabilidad. La tesis de un motín de orígenes más amplios que los solamente salariales explica mejor algunas características básicas del movimiento: su masividad en la Policía (la huelga fue acatada en todas las provincias, salvo alguna excepción local), el hecho de que no involucrara decisivamente al Ejército o las Fuerzas Armadas2 y el hecho de que nunca apareciera un mando unificado ni una consigna clara de sacar al presidente. Al mismo tiempo, evita poner todo el peso de la explicación de una sublevación tan amplia en las solas manos de las torpezas o errores del presidente (su intransigencia en un aspecto menor de la Ley de Servicio Público o su actitud desafiante en el Regimiento Quito). Esos factores agravaron el problema, pero no lo explican. Finalmente, es una hipótesis que justifica plenamente la oposición que la izquierda (los correístas y los que no lo somos) debía tener frente a este movimiento policial. La izquierda no correísta, sin embargo, estuvo (y sigue) claramente dividida en cuanto a la interpretación del movimiento, en cuanto a la actitud política que hubiera debido adoptar y en cuanto a sus saldos. Esto debe interpretarse como la cosecha de tres años de alejamientos, de diferencias políticas importantes respecto a las políticas desarrollistas y «estatistas» del gobierno3 y de negativa oficial a reconocer la legitimidad de las movilizaciones populares independientes, normalmente descalificadas y judicializadas con la desproporcionada acusación de «terrorismo y sabotaje». 1. Los más radicales llegan a decir que ni siquiera hubo secuestro porque el presidente mantuvo comunicación con sus allegados, con el resto del mundo, y conservó su guardia personal. Esto olvida, sin embargo, que los amotinados afirmaron muchas veces, como recuerda la prensa, que no dejarían salir al presidente a menos que firmara un compromiso. 2. La actitud militar, sin embargo, fue claramente más complaciente con la Policía que la del gobierno. El Jefe del Comando Conjunto no solo apoyó públicamente el pedido de revisión de la Ley de Servicio Público cuando su Comandante en Jefe estaba retenido en el Hospital, sino que hubo movimientos rápidamente controlados en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, así como en el Ministerio de Defensa. 3. Con ello me refiero no al fortalecimiento del Estado para controlar la economía, sino a los esfuerzos de controlar y subordinar a las organizaciones sociales y civiles.