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Ecuador: avances y desafíos de Alianza PAÍS

La llegada al poder de Rafael Correa en 2006 –luego de varios años de movilizaciones sociales y derrocamientos presidenciales– abrió una nueva etapa en la política ecuatoriana. En ese marco, uno de los desafíos del Movimiento Alianza PAÍS –discutido en la convención de 2010– es transformarse en una fuerza orgánica y no reducirse a una mera extensión del gobierno o simple fuerza electoral. Para ello deberá enfrentar las tensiones de ser un partido (oficialmente un movimiento) con un fuerte discurso antipartidario, y una organización sin una historia previa al ejercicio del poder estatal.

Ecuador: avances y desafíos de Alianza PAÍS

La crisis del sistema de representación y el surgimiento del Movimiento PAÍS

Aunque el surgimiento de una fuerza política se condensa en un tiempo y espacio determinados, este constituye el resultado de un largo proceso social precedente. No se podría entender la emergencia del Movimiento Alianza PAÍS (Patria Altiva i Soberana) en febrero de 2006 sin contextualizarlo en la crisis política provocada por la implantación del neoliberalismo y el «discurso de la gobernabilidad» en las dos décadas precedentes, que hicieron estallar el Estado social de derecho y la estrategia cepalina diseñados en la Constitución del retorno democrático en 1978. De igual forma, solo sería posible entender el proceso y los contenidos de la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1998 en el marco de la hegemonía del proyecto de neoliberalización de la economía y la sociedad, así como también de las múltiples resistencias que se construyeron en este periodo.

Por ello, los resultados de la Asamblea Constituyente se caracterizaron por un enfoque ambiguo y contradictorio: por una parte, la constitucionalización de la economía de mercado y la consolidación de un sistema hiperpresidencialista; y, por otra parte, la consagración de importantes derechos individuales y colectivos, paradójicamente cuando se modificaba la concepción del Estado y del rol que le correspondía asumir. En efecto, en la desesperación por superar con «ingeniería constitucional» el déficit democrático, la Constitución de 1998 modificó el sistema electoral, contribuyó a la desarticulación del sistema de partidos y otorgó al Poder Ejecutivo una serie de atribuciones formales que, sin embargo, le fueron poco útiles para resolver la conflictividad del sistema político. Si por ejemplo se analizan algunas variables relativas a las facultades del Poder Legislativo respecto de las atribuciones que poseían los presidentes latinoamericanos en ese periodo, podremos observar que el Ejecutivo ecuatoriano diseñado en 1998 era uno de los más fuertes de la región1.

Estas reformas contribuyeron a minimizar los roles que las instancias de representación como el Parlamento cumplían en la democracia ecuatoriana. A pesar de ello y al mismo tiempo, el Congreso adquirió un rol preponderante en la elección de autoridades de control. Esto terminó favoreciendo la configuración de una lógica oligárquica del Legislativo frente a las tareas de gobierno, puesto que poseía una inmensa capacidad de chantaje, que sumada a la fragilidad institucional del sistema político, convirtió en botín los nombramientos de las autoridades de control e institucionalizó el «reparto» de la Corte Suprema de Justicia. No escaparon a esta lógica los «partidos institucionales», incluidas algunas fuerzas de izquierda.

El cuoteo y reparto de los diversos ámbitos de la gestión de gobierno demostraron también la irrelevancia del debate constitucional. Así, a finales de 2005 y en el marco de una crisis generalizada del país, cuando resultó evidente el fracaso del diseño constitucional de Sangolquí y ante el temor de un rebasamiento político de los sectores antineoliberales, la elite gobernante mantuvo bloqueada la posibilidad de una reforma política de fondo y prefirió refugiarse en cambios cosméticos para mantener reglas antidemocráticas en el reparto de la representación. Enredado en discursos grandilocuentes y «refundacionales», el presidente Alfredo Palacio –quien reemplazó a Lucio Gutiérrez después de la rebelión popular de abril de 2005– mantuvo a la vez una actitud subordinada a las fuerzas tradicionales y desvaneció así su único capital: la capacidad para responder a la expectativa ciudadana de cambios en el sistema político.

Esta inercia que bloqueaba la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema económico, social y político del país recién fue superada en las elecciones de 2006 con el triunfo de Rafael Correa, un joven economista guayaquileño que cobró notoriedad pública durante la «rebelión de los forajidos» contra Gutiérrez2 y su breve paso por el Ministerio de Economía y Finanzas del presidente Palacio. Desde allí impulsó una política soberana en el manejo de los recursos petroleros y en la negociación con los organismos multilaterales de crédito.

El proceso histórico de construcción de Alianza PAÍS

Para tener una comprensión más ajustada del proceso de construcción de Alianza PAÍS, es útil el esquema de Angelo Panebianco3. En su estudio sobre los sistemas organizativos de los partidos, el politólogo italiano plantea el desarrollo de tres fases en su proceso de constitución. La primera etapa es de construcción de un sistema de solidaridad caracterizado por el afianzamiento ideológico y el predominio de los incentivos colectivos, cuyo objetivo es la afirmación y ampliación de la militancia. A este primer momento seguiría una fase de institucionalización, en la que se delinea la estructura organizativa y se establece un sistema de valores. La tercera es la llamada «sistema de intereses» y en ella primarían la supervivencia y la consolidación, la distribución de intereses colectivos y selectivos (materiales y simbólicos) y una menor libertad de maniobra para los líderes. Panebianco reconoce que estas fases no son consecutivas ni lineales, sino que se interrelacionan; no obstante, la ideología será un factor latente que servirá de base para procurar respuestas a las situaciones coyunturales. En la medida en que se institucionaliza, la organización política deberá combinar los elementos que permiten mantener la coherencia (base ideológica, programa, principios, símbolos, celebraciones, etc.) con los que garantizan la cohesión (estructura organizativa, roles, responsabilidades y liderazgos).

En el caso de Alianza PAÍS (AP) estas fases se entrecruzan por su situación particular de haber alcanzado el gobierno inmediatamente después de su creación (más precisamente, comenzó a existir efectivamente luego del triunfo electoral), lo cual ha sido determinante en su proceso histórico, notablemente desacompasado. Entre otros elementos, resalta la acelerada dinámica que imprimió a su desarrollo interno y al proceso de cambio social del país, cobijada bajo la consigna de una revolución ciudadana con cambios «radicales, rápidos y profundos»4, para transformar el Estado.

  • 1. J. Mark Payne, Daniel Zovatto G. y Mercedes Mateo Díaz: La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina, bid, Washington, dc, 2003.
  • 2. Ver Franklin Ramírez G.: La insurrección de abril no fue solo una fiesta, Taller El Colectivo, Quito, 2005.
  • 3. Los modelos de partido: organización y poder en los partidos políticos, Alianza, Madrid, 2009.
  • 4. Frase reiterada en los discursos del presidente Correa.