Tema central

Diáspora, ciudadanía y contactos transnacionales

Este artículo analiza la compleja relación del Estado cubano con sus emigrados, a los que, desde un enfoque de seguridad nacional, ha excluido de la nación y de la comunidad política. El caso cubano se analiza en perspectiva comparada, atendiendo al modo en que los Estados latinoamericanos enfrentan el problema de la inclusión de sus diásporas, y se parte de la idea de que, en las últimas décadas, la ampliación de la presencia de los migrantes y su creciente importancia en la economía y la sociedad cubanas constituyen un nuevo escenario para pensar una reforma migratoria. En este nuevo contexto, es indispensable una profunda reevaluación no solo de la política migratoria, sino de la definición simbólica de la nación y la ciudadanía.

Diáspora, ciudadanía y contactos transnacionales

Cuba, al igual que otros países latinoamericanos, es un gran expulsor de migrantes. Más de 12% de su población reside fuera de la isla (en su mayor parte, en Estados Unidos) y, según parece, no hay signos de que el éxodo vaya a detenerse en el mediano plazo. La relación del Estado con su diáspora1 –iniciada en 1959– ha estado regida por un conjunto de leyes y reglamentos que durante décadas han excluido de la nación y de su comunidad política a los emigrados. No obstante, después de medio siglo, la migración cubana se ha modificado, tanto sociodemográficamente como por sus motivaciones y su relación con el país de origen. Este artículo parte de la idea de que la ampliación de la presencia de los migrantes y su creciente importancia en la economía y la sociedad cubanas a partir de la década de 1990 y en la coyuntura actual originan un nuevo contexto, en el cual es indispensable una profunda reevaluación de la relación del Estado con su diáspora. Por lo tanto, cualquier discusión en torno de la cuestión migratoria debe tener en su centro el tema de la ciudadanía. Pasada ya la primera década del siglo XXI, las nuevas realidades reclaman otras maneras de pensar; por ello, la reflexión que presentamos aquí propone una mirada a lo que otros Estados expulsores (especialmente los latinoamericanos) están haciendo frente al problema de la inclusión de sus diásporas, tratando de colocar el caso cubano en una perspectiva comparada, con el objetivo de entenderlo más allá del contexto de excepcionalidad en el que siempre se lo ha tratado.

I. Los procesos migratorios actuales han visibilizado el impacto de los migrantes tanto para las zonas de recepción como para las de expulsión. En este mundo globalizado, la migración ya no es necesariamente un proceso de ruptura total con el país de origen, lo que se ha definido como una tendencia a la transnacionalización. En este marco, los Estados latinoamericanos conceden derechos políticos a sus nacionales independientemente de su lugar de residencia, para lo cual casi todos han legislado y reglamentado (con diferentes grados de amplitud y limitaciones según las circunstancias específicas en cada país) la doble ciudadanía y el voto en el exterior: algunos países aceptan la doble ciudadanía2 y el derecho al voto (cuyo ejercicio está garantizado por reglamentos y mecanismos electorales)3; en otros el voto solo está aprobado pero aún no puede ejercerse4 y en algunos más no está aprobado pero se debate su aprobación5. El caso de Cuba queda como el único en el que no se reconoce la doble ciudadanía ni se debate acerca de los derechos de los migrantes.

Una vez superada la época en que los lenguajes nacionalistas los concebían como ausentes, traidores o enemigos, casi todos los Estados reconocen a sus migrantes como parte de la nación y propician su participación, otorgándoles derechos (políticos, sociales y económicos). A partir de estas tendencias se ha dibujado un nuevo campo de acción estatal (transnacional), definido por la voluntad política de los gobiernos hacia la protección y concesión de derechos y la apertura ante los reclamos de los grupos migrantes.

Las diferentes posturas estatales pueden clasificarse según la propuesta6 que distingue entre:

- Estados-nación transnacionales: los que tratan a sus migrantes como miembros a larga distancia, les ofrecen protección y representación consular, reconocen la doble ciudadanía y formulan políticas y programas para migrantes;

- Estados estratégicamente selectivos: los que quieren asegurar la continuidad de las relaciones de los migrantes con su lugar de origen, pero manteniendo control sobre estos lazos, y por lo tanto tratan de elegir quiénes de entre los migrantes pueden hacerlo y quiénes no; aunque pueden otorgar ciertas prerrogativas a los migrantes, no conceden derechos legales de ciudadanía; y finalmente,

- Estados desinteresados y acusadores: los que excluyen a sus migrantes y no los consideran ni tratan como parte de la nación, ven con suspicacia cualquiera de sus acciones o iniciativas, los tildan de traidores o enemigos y tratan de desacreditar cualquier posible influencia de estos grupos sobre el país de origen. El Estado cubano, como veremos a continuación, ha calificado como tal durante muchos años.

II. Esta relación de Estado desinteresado y acusador solo puede entenderse cabalmente atendiendo a la complejidad de un proceso migratorio que ha estado marcado por: a) la existencia de un diferendo político entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos, b) el carácter de oposición de los (primeros) migrantes, y c) las dimensiones de diaspóra de la emigración. Cada uno de estos elementos, a su modo, influye sobre la relación, pero sin dudas, es el primero el que ha determinado sus principales derroteros.

La centralidad del diferendo cubano-estadounidense (instituido en principio a partir de la Guerra Fría) ha colocado la migración en un contexto político de hostilidad y confrontación. Por una parte, EEUU –principal receptor– favoreció y estimuló desde un inicio la emigración, concediéndole a la comunidad cubana un estatuto de excepcionalidad7 y su aceptación como refugiados políticos, lo que ha inducido en ellos un sentimiento de diferencia respecto a otros inmigrantes. A su vez, esta circunstancia ha servido al gobierno cubano para legitimar la exclusión, politizar el tema y ubicarlo en un discurso nacionalista que identifica la nación con el proyecto socialista; «exportar la oposición»8; utilizar la migración como «válvula de escape» a presiones internas9 y negociar con el gobierno de EEUU.

Aunque tanto la composición como el volumen y las motivaciones de la diáspora se han ido modificando a través del tiempo, la política migratoria del Estado cubano se ha orientado principalmente por la actitud opositora de los primeros migrantes. Entre 1959 y 1975 salieron hacia EEUU aproximadamente 550.000 personas10, la mayoría pertenecientes a las clases media y alta, con fuerte peso de profesionales y técnicos. A su vez, el gobierno estadounidense, que intentaba usar la emigración como un mecanismo de desestabilización del nuevo régimen, proporcionó entrenamiento y patrocinio a diversas actividades de subversión. En este escenario, el Estado cubano instauró una serie de medidas de regulación y control con las que buscaba limitar las operaciones subversivas que los emigrados pudieran organizar desde EEUU y defender los intereses del Estado, con lo cual la política migratoria11 fue concebida como un asunto de «seguridad nacional».

El marco normativo de esta política fue refrendado por la Constitución de 1976, que mantuvo el rechazo a la doble ciudadanía y eliminó el derecho al libre tránsito, pero además modificó el modelo de ciudadanía. A diferencia de las constituciones anteriores, reconocía una gran cantidad de derechos sociales y económicos, a la vez que condicionaba las libertades civiles (de palabra y prensa) a los «fines de la sociedad socialista» (art. 53). Tal ampliación de los derechos sociales y su efectiva aplicación a través del conjunto de leyes y prácticas revolucionarias colocaron la igualdad en el centro del imaginario ciudadano, a la vez que la identificación de la patria y la soberanía con el socialismo (en un contexto simbólico de agresión y peligro de invasión por parte de una potencia extranjera) ofrecía la posibilidad de desacreditar con facilidad a los que discrepaban y de justificar moralmente su represión.

Desde el punto de vista procedimental, se negaba a los migrantes derechos ciudadanos y se los excluía de la comunidad política, mientras que la definición simbólica de la nación los trataba como traidores a la patria (aliados de un enemigo extranjero) y los llamaba «gusanos»12. Adicionalmente, la cancelación de la posibilidad del regreso (complementada con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países) cortó los vínculos entre los cubanos de una y otra orilla (que solo se mantuvieron en el nivel privado y familiar a través de correspondencia o contactos telefónicos esporádicos que no eran bien vistos dentro de Cuba13).

Hacia finales de la década de 1970, un acercamiento diplomático dio lugar al establecimiento de Secciones de Intereses en La Habana y Washington. En este escenario se llevó a cabo un primer diálogo (1978 y 1979) entre el gobierno cubano y su comunidad emigrada para abordar temas como la liberación de prisioneros políticos, la reunificación familiar y proyectos humanitarios de intercambio entre Cuba y su diáspora. Algunos de sus resultados se vieron reflejados en el nuevo Reglamento complementario a la Ley de Inmigración (1978), el cual, aunque mantiene la categoría de «salida definitiva», incluyó la figura de «permisos de entrada» para residentes en el exterior y creó un «permiso de salida» temporal14.Como resultado del diálogo y las modificaciones a la legislación, desde 1979 los emigrados pudieron visitar a sus familiares y regresar a su patria, aunque en calidad de turistas y luego de obtener un permiso de entrada por tiempo limitado. Después de más de dos décadas de prohibición y separaciones, entre 1979 y 1982 más de 140.000 personas viajaron a Cuba desde EEUU15. En este contexto se produce la tercera gran oleada migratoria; en 1980 salieron por el puerto de Mariel más de 120.000 cubanos de todos los estratos sociales: profesionales, artistas y obreros; opositores y militantes del PCC, blancos y negros. Este fenómeno fue particularmente espectacular no solo por la cantidad y la heterogeneidad de su composición, sino por la atmósfera de confrontación interna que se desplegó a su alrededor, en la cual los que expresaban su intención de emigrar fueron tratados como «traidores a la patria», llamados «escoria» y repudiados en mitines públicos donde fueron muchas veces agredidos verbal y físicamente.

El éxodo del Mariel marcó la entrada de una nueva generación a la comunidad emigrada y el inicio de la transformación de su composición y su relación con el país. Además, la aparición del permiso de residencia en el exterior16 estimuló la diversificación de los destinos y dio lugar a una nueva modalidad migratoria que permitía el regreso17. El grueso de estos nuevos migrantes habían vivido la mayor parte de su vida en la isla, dejaban allí familiares de primer grado y tenían la posibilidad de regresar; por tanto, ya no comparten la percepción de «ruptura para siempre» de los anteriores migrantes, y la «ideología del exilio», aunque siguió siendo predominante en el espacio público de Miami, comenzó a dar paso a la heterogeneidad y diversidad de posiciones respecto a la sociedad cubana y el gobierno.

En los años 90, nuevas modificaciones reconfiguran el escenario migratorio, esta vez asociadas a la crisis del Periodo Especial18, la reforma constitucional (1992), la reforma económica (1993) y la «crisis de los balseros» (1994). Aunque la reforma constitucional de 1992 mantuvo el no reconocimiento de la doble ciudadanía y la ausencia del derecho al libre tránsito, algunos cambios en la esfera económica, legitimados en la nueva redacción, impactaron en la relación entre Cuba y su diáspora. En este proceso de cambio, en el que la institucionalidad política se mostraba casi inmutable, la sociedad comenzó a mostrar indicios de mayor autonomía. Activados por la doble crisis de inserción –económica e ideológica–, la necesidad de rearticular el consenso, el (discreto) retraimiento del Estado, la búsqueda de ajustes (paliativos) a través de la reforma económica y el relevo generacional, aparecieron nuevos actores, el universo simbólico totalizador comenzó a mostrar fisuras y a fragmentarse, y algunas zonas sociales, a escabullirse del control y el monopolio estatal. La «sociedad movilizada» (a través de las organizaciones de masas) cedió espacio a las primeras ONG y «movimientos comunitarios»; y en un lapso relativamente breve creció y se hizo visible una gama de asociaciones informales, basadas en redes de solidaridad no vinculadas a la organización estatal.

Desde el punto de vista económico, medidas como la aceptación de la inversión extranjera (mixta y de capital privado) en diversos sectores, la legalización del trabajo por cuenta propia y la tenencia de divisas abrieron las puertas al envío de remesas, que se convirtieron en una importante fuente de ingresos (no dependiente del Estado), lo que condujo a la revaloración social de la emigración. Estas medidas transformaron la economía de muchas familias cubanas y modificaron el patrón igualitarista de consumo que había prevalecido hasta entonces en la sociedad. Las nuevas condiciones de diferenciación del consumo, en coincidencia con la restricción del igualitarismo a las esferas de la salud pública, la educación y la seguridad social (que siguen siendo gratuitas y subsidiadas por el presupuesto estatal y a las que tienen acceso todos por igual) y al consumo mínimo del mercado racionado, han ocasionado que los diferentes grupos sociales comiencen a distanciarse cada vez más unos de otros en relación con sus niveles y tipos de consumo, y, consecuentemente, que se generen «estilos de vida» muy distintos. A la vez, en un contexto en el que la idea de la igualdad ha sustentado la legitimación de la exclusión política, esta circunstancia contribuye a despertar en la población expectativas que los mecanismos de distribución socialista no pueden satisfacer y cuya sola existencia constituye un desafío a la integración y la cohesión sociales. Más aún, en la medida en que el corazón del modelo de ciudadanía revolucionaria se ha articulado alrededor de la soberanía y la justicia social, en el nuevo contexto la desigualdad asociada a las remesas introduce tensión en un discurso de legitimación del orden político que, aunque se ha modificado, sigue estando fincado en la igualdad como el logro principal de la revolución y el socialismo.

Por otra parte, mientras el imaginario ciudadano se abre a la posibilidad de incluir la emigración como parte legítima de la familia y la nación (aunque con derechos limitados), el Estado se convierte también en receptor de remesas vía las «tiendas de recaudación en divisas» y expresa su intención de usar las utilidades obtenidas en ellas para la ejecución de sus políticas sociales y proyectos de desarrollo, por lo cual también se inclina a valorar la emigración más en función de motivos familiares y económicos y menos en términos de confrontación política insalvable. En 1994 y 1995, el gobierno cubano convocó a las conferencias «La Nación y la Emigración» como primer paso para la «normalización de las relaciones entre los cubanos residentes en el exterior y su país de origen». A ellas fueron invitados miembros de la comunidad en el exterior que mantuvieran «posiciones de respeto a la Revolución, a su proyecto de justicia social y de independencia nacional, así como apego a la patria». Se aprobaron nuevas medidas que simplificaban el ingreso al país (Vigencia de Viaje en 1995 y Habilitación del Pasaporte en 2004), al permitir a los residentes en el exterior no tener que solicitar permiso de entrada en cada viaje19. Se creó la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, para atender lo relacionado con la comunidad. Empezaron a publicarse trabajos académicos y literarios sobre la emigración y obras de autores cubanos residentes en el extranjero20. La expresión «gusano» dejó de usarse y en su lugar surgió una forma más limitada y selectiva: «mafia de Miami» –expresión acuñada alrededor del «affaire Elián»21–, para deslindar entre los emigrados que visitan la isla, presionan a favor de la eliminación del embargo y aceptan al gobierno cubano como su interlocutor legítimo, y la «mafia terrorista», que incluye tanto a los grupos políticos anticastristas (y sus lobbies proembargo en Washington) como a aquellos que presionan por un cambio democrático y a los intelectuales críticos de la política del gobierno cubano. De esta manera, el Estado cubano expresaba una voluntad de ampliar los límites de la inclusión y de incorporar, siquiera parcial y selectivamente, a una parte de la emigración, ya que estos acercamientos llevaban implícita la aceptación de los emigrados como cubanos, lo que implica una reelaboración del discurso nacionalista y una ampliación de la definición simbólica de la nación.

Paradójicamente, mientras la política del gobierno cubano hacia la migración se suavizaba, el gobierno de EEUU endurecía la suya. En 1996, la Ley Helms-Burton intensificó el embargo y restringió las visitas de los cubanos a una por año. Más tarde, el gobierno de George W. Bush reforzó las prohibiciones a los viajes, el comercio y las transacciones financieras con Cuba. Las nuevas regulaciones limitaron las posibilidades de regresar a la isla a una vez cada tres años por periodos de dos semanas y, desde 2004, se impuso un tope máximo de 300 dólares a las remesas (cada tres meses), ambos casos acotados a la familia inmediata (padres, esposos, hijos, abuelos y nietos).

A pesar de estas restricciones, entre 1996 y 1999 se estima que un mínimo de 100.000 emigrados visitaron la isla desde EEUU22 y las remesas siguieron llegando23, y las cifras continuaron creciendo durante toda la primera década del nuevo siglo (engrosadas por visitantes provenientes de otros destinos24). Este proceso se empalma con la enfermedad de Fidel Castro, el traspaso del poder a su hermano Raúl y la renovación de la elite dirigente25, cuya nueva estrategia fue presentada como «actualización del modelo» sin abandonar el socialismo. Como parte de esta actualización, en 2010 fue anunciado un proyecto para expandir el sector del trabajo por cuenta propia, junto con el recorte de medio millón de empleos estatales. Esta propuesta potencia el trabajo por cuenta propia y posibilita la creación de micro- y pequeñas empresas. En este escenario se produjo la primera declaración pública del gobierno cubano en cuanto a la necesidad de revisar la política migratoria.

La expansión del sector privado (en la modalidad de «trabajo por cuenta propia») abre una brecha de entrada para la iniciativa y la participación de la diáspora en el nuevo sector empresarial y constituye un incentivo para modificar las relaciones entre la sociedad y su comunidad emigrada. La nueva pauta de relación, aunque de manera informal y en muchos casos clandestina y sumergida, comienza a acercar a la comunidad cubana al tipo de contactos transnacionales que se han observado en otros grupos migrantes26. Estos contactos se han multiplicado con la aparición de «familias transnacionales»27 asociada al incremento (desde los años 90) de hombres jóvenes entre los migrantes28, ya que para la mayoría de ellos tanto la motivación para emigrar –en un contexto de grave crisis económica y de depauperación de las condiciones de vida– como los proyectos de vida en tanto migrantes se orientan hacia la familia dejada en el país de origen.

Entre estos lazos transnacionales, el más común es la remesa familiar, destinada al consumo y a la supervivencia29, pero también se encuentran emprendimientos económicos transnacionales –incipientes e informales–, como el envío de dinero y artículos de consumo a través de «mulas»30, la existencia en Miami de tiendas especializadas en artículos para Cuba y empresas de compras por internet31 (que hacen entregas en la isla). La mayor parte de los propietarios de estos negocios son cubanos, como lo son también los de las decenas de agencias de viajes a Cuba y los de las compañías que operan vuelos chárter desde Miami, Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses. Más recientemente, después de 2010, se ha estado produciendo la llegada –subrepticia– de pequeños capitales de inversión para la creación de microempresas privadas (restaurantes, salones de belleza, tiendas, talleres de reparaciones, etc.), a las que los migrantes proporcionan dinero, insumos o mercancías.

Otra forma de contacto se asocia a lo que –en otros espacios– he llamado la «transnacionalización de la sociedad civil». Esta se fundamenta en la presencia de sujetos externos, ya sea económicos –insertados en el mercado cubano (empresas mixtas y de capital extranjero)– o instancias de financiamiento de proyectos (ONG extranjeras), que influyen de diversos modos en las agendas domésticas de la sociedad civil32, o en el activo papel de las iglesias (en particular de la católica) que usan sus agencias trans- o internacionales para desarrollar proyectos de asistencia social, publicaciones y, más recientemente, foros de debate público. Ejemplos de ello son las organizaciones civiles y religiosas que estimularon la asistencia de peregrinos desde Miami y otras ciudades de EEUU, durante las visitas pastorales de Juan Pablo II y Benedicto XVI (1998 y 2012), así como las nuevas organizaciones de emigrantes con objetivos políticos33, que se proponen cabildear en ambos países y promover el acercamiento entre los dos gobiernos y entre Cuba y su emigración34.

La presencia de estos nuevos actores está rebasando la definición territorial de la sociedad civil cubana. Una vez que la sociedad ha empezado a admitir –aun cuando sea solo en los niveles simbólico y cultural, y no en el político ni legal– que sus emigrados forman parte de la nación, el espectro de actores y sujetos sociales crece y se desconecta del territorio. Las nuevas tecnologías de la comunicación conforman comunidades virtuales y un nuevo campo comunicativo online que constituye un espacio adicional de encuentro entre la sociedad de ambos lados de la frontera. Considerando que la población que vive en el extranjero cuenta con mayores posibilidades de asociación autónoma y que, al menos a una parte de ella, le interesan los procesos nacionales, su influencia es relevante para el empoderamiento de la sociedad civil. No se puede dejar de notar que a partir de los años 90 sus discursos han comenzado a circular dentro del país; libros y revistas publicados fuera de la isla aumentan su difusión en la misma medida en que los viajes al y desde el exterior se hacen más frecuentes, proliferan sitios de internet, blogs, páginas web y revistas digitales dedicadas a asuntos cubanos. Estas opciones virtuales, si bien tienen un público restringido, gozan de un dinamismo único para la comunicación, ya que facilitan traspasar fronteras, son menos permeables al control estatal, son relativamente económicas (en tanto no requieren grandes recursos para su producción y distribución) y tienen la capacidad de introducir alternativas al discurso oficial, difundir las iniciativas y proyectos de asociaciones independientes y movilizar solidaridades dentro y fuera de Cuba.

Finalmente, como se ha demostrado en otros procesos transnacionales, las remesas económicas suelen acompañarse de «remesas sociales»35 que extienden el contacto con los migrantes a las relaciones, los estilos de vida, los horizontes de sentido y las expectativas de lugar de origen y motivan la contrastación constante de valores. Los contactos y vínculos involucran a personas que no solo intercambian bienes materiales sino también ideas, productos culturales, subjetividades y mundos de vida. Esto contribuye a una transnacionalización del imaginario y el universo de valores en la sociedad, que se manifiesta en cambios simbólicos importantes, como la emergencia de identidades diferenciadas, la reactualización del prejuicio y la discriminación y el aumento de la incertidumbre. Estos fenómenos están asociados (mucho más de lo que el Estado cubano desearía admitir) a la participación cada vez más importante –aunque indirecta– de la emigración en los procesos internos actuales36. A todo esto se puede agregar una tendencia a resaltar los componentes no tanto políticos sino económicos, laborales y de reunificación familiar de la emigración, que se evidencia tanto en la academia como en el discurso de los funcionarios. No obstante, estas posiciones todavía están muy alejadas de los debates actuales sobre migración internacional, que colocan en el centro la protección de los derechos de los migrantes y los potenciales beneficios de una relación de coparticipación con las diásporas, además de su valoración como recurso adicional para el desarrollo nacional y local (inversiones productivas, transferencia de habilidades, filantropía e influencia política).

Hoy existen reiterados llamados a normalizar la relación con una comunidad que se considera cada vez menos excepcional y más parecida a la migración económica Sur-Norte, y de la cual se resaltan las motivaciones laborales y de reunificación familiar más que las políticas. No obstante, el discurso oficial sigue delimitando la nación no solo territorial, sino política e ideológicamente, lo que se evidencia, por ejemplo, en el explícito rechazo a la idea de «exilio», en el énfasis del discurso en los efectos negativos de la migración (las pérdidas de vidas que acarrean las salidas ilegales –atribuidas a la Ley de Ajuste Cubano–, el envejecimiento poblacional y la fuga de cerebros) y en la insistencia en mantener el tratamiento del tema dentro del diferendo con EEUU37. Esto implica que el gobierno sigue viendo en su diáspora una interferencia a la soberanía del Estado y, en esos términos, la posible relación estaría condicionada y acotada a las transferencias de dinero de los migrantes, sin que estos obtengan ningún otro derecho de participación.

Una reflexión final

En las condiciones actuales en que la reforma económica y la pérdida de control y monopolio estatal sobre todas las esferas sociales han generado una tendencia a la desigualdad económica cuya consecuencia inevitable e irreversible es una diferenciación, diversificación y pluralización sociales, el modelo de ciudadanía basado en la igualdad y la unanimidad en torno del proyecto socialista se enfrenta a una tensión que demanda una redefinición. En estas circunstancias, proliferan contactos transnacionales que, dada la política que todavía orienta la relación entre el Estado y su diáspora, aparecen como vínculos intrincados que se escurren por los caminos de la informalidad y a menudo paran en la clandestinidad y la ilegalidad. Este transnacionalismo «sumergido», que transcurre al margen de la voluntad estatal, constituye el contexto real, y aunque su incidencia es aún limitada, debe ser tenido en cuenta para la revisión de la política migratoria.

La agenda del debate debería acomodar sus propuestas a la nueva realidad y podría inspirarse en modelos que muestran que una relación productiva con las diásporas requiere de un nuevo pensamiento, tanto como de nueva legislación y nuevas políticas públicas. La capacidad de incidir en la motivación y generar incentivos para las contribuciones de los migrantes requiere, más que una simple revisión normativa e institucional, un profundo cambio en los valores que dan contenido a la identidad ciudadana y una comprensión desterritorializada de la nación y de la ciudadanía. Así, los cambios a la legislación son solo un primer paso. En el caso cubano, es evidente que habría que remover algunos obstáculos como las leyes aduanales y los altos impuestos a los artículos de las tiendas en divisas, revisar la tasa de cambio, eliminar la política recaudadora respecto a las remesas, extender los derechos de propiedad y promover la inversión; pero, sin dudas, los temas centrales en el debate migratorio deben ser la ciudadanía y los derechos de los migrantes.

En este sentido, tanto las políticas migratorias como las leyes de ciudadanía y el repertorio simbólico constituyen obstáculos mayores para la inclusión y la contribución de la diáspora. Aunque los términos del discurso actual evidencian una reelaboración del nacionalismo favorable a la posible incorporación de los que viven fuera del territorio, todavía persiste la definición ideológica de la nación y la fórmula de equiparación socialismo/patria. Mientras tal identificación se mantenga, la política migratoria seguirá marcada por un enfoque de seguridad nacional que imposibilita la inclusión plena de una emigración cada vez más heterogénea y plural en términos económicos, culturales e ideológicos.

Aun en el contexto actual, en el que los límites de la nación se han ampliado, este discurso admite como algo natural la exclusión de los que emigran; con lo cual, a diferencia de los mexicanos, los dominicanos, los salvadoreños o los guatemaltecos, los cubanos aceptan que sus emigrados participen en la economía familiar, pero no que sean miembros con pleno derecho de su comunidad política. Por lo tanto, el debate no solo debe enfocarse en los permisos de entrada y salida o en los altos costos de los trámites; también habría que discutir el derecho al libre tránsito, la doble ciudadanía y la extensión de derechos ciudadanos a los residentes en el extranjero. El derecho al voto de los residentes en el exterior, que hoy no se discute en Cuba ni siquiera en los ámbitos privados, tendría que ser un punto central de la agenda a la hora de reconsiderar las relaciones entre los «de adentro y los de afuera» que, a pesar de todo, parecen ser persistentes e inevitables.

Este es, sin embargo, un asunto espinoso y que –como ha sido demostrado para otros contextos– tiende a originar resistencias, ya que la aceptación de la doble ciudadanía y el reconocimiento de derechos políticos suelen empoderar a los migrantes y, en consecuencia, los Estados pueden ver en ellos una competencia a su legitimidad38 y un reto a sus estándares de eficiencia económica. A pesar de ello, la discusión de estas cuestiones se justifica no solo como un imperativo moral, sino por las ventajas que supone la inclusión de los emigrados para los países en desarrollo.

Una política migratoria que los conciba como miembros de pleno derecho y con participación real en proyectos sociales y políticos permitiría aprovechar el potencial de los migrantes en términos de transferencias de dinero, inversiones o turismo migrante, así como sus habilidades empresariales y tecnológicas y su capital social. La fuga de cerebros podría tornarse «intercambio de talentos»39 si se aprovecharan las redes académicas y científicas de los migrantes40. Por todo esto, el debate a futuro debe incluir la discusión de modificaciones de fondo que respondan a las nuevas circunstancias y que –dado que la emigración parece haberse instalado como un patrón permanente de la sociedad cubana– propicien la formación de una ciudadanía transnacional que pueda participar legítimamente en el desarrollo del país.

  • 1. Velia Cecilia Bobes: doctora en Sociología por El Colegio de México y autora de numerosos artículos y libros, entre ellos: Los laberintos de la imaginación. Repertorio simbólico, identidades y actores del cambio social en Cuba (El Colegio de México, México, df, 2000), La nación inconclusa. (Re)Constituciones de la ciudadanía y el cambio social en Cuba (Flacso, México, df, 2007) y Los tecuanes danzan en la nieve. Contactos transnacionales entre Axochiapan y Minnesota (Flacso, México, df, 2011).Palabras claves: migración, diáspora, sociedad civil transnacional, ciudadanía, Cuba.. Aunque acepto las diferencias semánticas y teóricas entre estos conceptos, en este texto voy a usar indistintamente «diáspora», «emigración» y «comunidad en el exterior» para referirme a los migrantes cubanos.
  • 2. Todos los países latinoamericanos la aceptan explícitamente o no la prohíben, con la excepción de Cuba, Brasil y Panamá.
  • 3. Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Honduras, República Dominicana, Ecuador, México, Venezuela, Bolivia, Panamá y Haití (aprobado en 2011, aún no aplicado).
  • 4. Nicaragua.
  • 5. Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Paraguay; en el caso de Uruguay, el debate llevó a que se votara en referendo, pero la propuesta fue rechazada.
  • 6. Peggy Levitt y Nina Glick Shiller: «Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society» en International Migration Review vol. 38 No 3, 2004, pp. 1002-1039.
  • 7. En 1961 se creó el Programa de Refugiados, que les daba a los cubanos el estatus de refugiados políticos con las consecuentes ventajas migratorias, además de un ambicioso programa de ayuda para la ubicación de cubanos en distintos estados de la Unión. En 1966 se aprobó la Ley de Ajuste Cubano, a partir de la cual los cubanos que llegan a territorio de eeuu pueden obtener su residencia definitiva después de un año de estancia en el país.
  • 8. Jorge Domínguez: Cuba: Order and Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 1978.
  • 9. Tal es el caso de los fenómenos de salidas masivas como la de Camarioca en 1965, la de Mariel en 1980 y la de los «balseros» de agosto de 1994.
  • 10. Ernesto Rodríguez Chávez: «El flujo emigratorio cubano, 1985-1996: balance y perspectivas» en Revista de Ciencias Sociales No 3, 6/1997.
  • 11. Reglamentada a partir de la ley No 989 de 1961, que establecía la categoría de «salida definitiva» para los que dejaban el país.
  • 12. Por estos años también otros países, desde diferentes nacionalismos, trataron a sus emigrantes como traidores o potenciales opositores subversivos. Son los casos, por ejemplo, del Haití de Jean-Claude Duvalier y el Portugal de Antonio de Oliveira Salazar y, un poco menos radical, el del México priísta. P. Levitt y N. Glick Shiller: ob. cit.; Leticia Calderón: Los superhéroes no existen. Los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior, Instituto Mora, México, df, 2010.
  • 13. En los años 60 y hasta finales de los 80, uno de los impedimentos para ingresar al Partido Comunista de Cuba (pcc) o a la Unión de Jóvenes Comunistas (ujc) y ocupar ciertos cargos públicos era mantener correspondencia con los familiares o amigos residentes en el exterior.
  • 14. Ambos permisos serían otorgados discrecionalmente por la Dirección de Inmigración y Extranjería (die). Es interesante notar que en el Reglamento está ausente la palabra «derecho»; las diversas figuras legales de entradas y salidas se presentan como peticiones que se pueden realizar a la autoridad migratoria.
  • 15. También desde otros países, aunque en menor magnitud. Susan Eckstein y Lorena Barbería: «Grounding Inmigrant Generations in History: Cuban Americans and Their Transnational Ties» en International Migration Review vol. 36 No 3, 2002, p. 814.
  • 16. En el decreto 133, «Reglamento de viajes oficiales al extranjero», de 1976.
  • 17. Durante la década de 1990, una gran cantidad de cubanos comenzó a emigrar a otros destinos y a usar estos nuevos permisos para establecerse en otros países (México, España, Venezuela), viajar a Cuba con frecuencia y mantener sus propiedades allí. Particularmente, el Ministerio de Cultura y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Ueac) facilitaron esta prerrogativa a artistas y escritores; otros profesionales emigraron con permisos de trabajo en el exterior y muchos más por matrimonios con extranjeros.
  • 18. Esta crisis fue motivada por la caída del llamado «socialismo real» y la desaparición de la Unión Soviética y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (came), y se extendió desde la economía hacia las esferas de la legitimación política y la integración social.
  • 19. No obstante, esta «habilitación del pasaporte» es también un permiso que, aunque tiene vigencia indefinida, puede ser revocado por las autoridades sin previo aviso ni explicación alguna, lo cual ha ocurrido en numerosas ocasiones (por ejemplo, en el caso de personas a las que se impide entrar al país al llegar al control migratorio del aeropuerto).
  • 20. Hasta ese momento no se publicaban autores que hubieran emigrado y sus nombres se suprimieron de los diccionarios de literatura y los compendios de historia del arte. En cuanto a las ciencias sociales, no fue sino hasta 1989 cuando se creó un centro especializado en estudios migratorios.
  • 21. Aunque el caso fue muy conocido, creo necesario recordar que me estoy refiriendo al incidente de un niño cubano llevado por su madre a eeuu en una balsa que naufragó y cuya custodia desató una ordalía legal y política en torno de su regreso a Cuba. El niño finalmente fue regresado a la isla y a la custodia de su padre en los primeros meses del año 2000. En este proceso, mientras el exilio de Miami exhibía su anticastrismo y probaba su capacidad de presión, el gobierno cubano aprovechó el incidente para dar nuevos bríos al debate ideológico y revivir la estrategia movilizadora, al calor de la «Batalla de Ideas».
  • 22. S. Eckstein y L. Barbería: ob. cit., p. 813.
  • 23. Aunque los montos son difíciles de estimar, se calcula que para 2009 las remesas hacia Cuba alcanzaron más de 2% del pib. Cheney Wells: «The Role of Remittances in Cuba’s Non State Sector Expansion» en The Cuban Economy, 29/6/2011, , fecha de consulta: 20/5/2012.
  • 24. Aunque obviamente la mayor parte de los visitantes provienen de eeuu, hay que tener en cuenta también a los que viven en otros países y no se ven afectados por las restricciones.
  • 25. Por el lado externo ocurre también el cambio de política hacia Cuba por parte del gobierno de Barack Obama, que flexibiliza las regulaciones en torno de las remesas y los viajes. En abril de 2009 se eliminaron diversas restricciones, como los montos máximos de los envíos de dinero, el grado de parentesco para autorizarlos y la frecuencia de tres meses para envíos de remesas, y se autorizó a los viajeros a llevar más dinero.
  • 26. Algunos autores han advertido estas formas incipientes de transnacionalismo «persona a persona» y han destacado la formación de un capital social transnacional. S. Eckstein y L. Barbería: ob. cit. y S. Eckstein: «Immigration, Remittances and Transnational Social Capital Formation: A Cuba Case Study» en Ethnic and Racial Studies vol. 33 No 9, 2010, pp. 1648-1667.
  • 27. Este es un tipo de familia en el que los roles parentales y/o conyugales se ejercen a distancia y las remesas adquieren centralidad en la vida del hogar. Marina Ariza y María Eugenia D’Aubaterre: «Contigo en la distancia… Dimensiones de la conyugalidad en migrantes mexicanos internos e internacionales» en Cecilia Rabell (coord.): Tramas familiares en el México contemporáneo. Una perspectiva socio-demográfica, Instituto de Investigaciones Sociales-unam y El Colegio de México, México, df, 2009, pp. 353-394.
  • 28. E. Rodríguez Chávez: ob. cit.
  • 29. Lo que parece ser el objetivo de la política recaudadora del gobierno cubano.
  • 30. Algunas estimaciones sitúan en más de 80% los envíos a través de «mulas», estrategia usada para burlar controles. También lo hacen dominicanos, salvadoreños (los llaman «viajeros»), mexicanos, colombianos y otros latinos desde eeuu, o los africanos desde Europa. C. Wells: ob. cit.
  • 31. Aunque la mayoría de estas «empresas transnacionales» están en Miami, existen agencias de envíos desde Panamá, Canadá, México y Europa. En estos destinos no restringidos por las leyes del embargo se han constituido agencias de envíos de dinero formales y reconocidas.
  • 32. La internacionalización de las agendas de las organizaciones sociales ha originado la aparición de lo que se ha dado en llamar la «sociedad civil global», donde los énfasis y la selección de temas (tanto como los financiamientos) a menudo se deciden desde instancias supranacionales y desde ahí se extienden hacia los ámbitos locales. Estos procesos, que han sido documentados para la mayoría de los países de América Latina y el mundo en desarrollo, al parecer se replican para las ong cubanas. John Keane: Global Civil Society?, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
  • 33. Desde el Diálogo de 1979 se crearon asociaciones de «residentes en el exterior» en varios países, vinculadas formalmente a las embajadas cubanas pero sin objetivos políticos.
  • 34. Es el caso de Cuban/Americans for Engagement (cafe), organización que se ha propuesto cabildear contra las restricciones del gobierno de eeuu a los viajes de los cubanoamericanos a la isla y que también dirige al gobierno cubano un conjunto de peticiones migratorias. Y el caso de una comisión formada por académicos que redactó un informe acerca de los problemas y las potenciales contribuciones de la emigración en el desarrollo del país, formulando recomendaciones para una verdadera normalización de las relaciones entre Cuba y su diáspora, que incluyen la reconsideración de los excesivos precios de los trámites para viajar al país, la eliminación de restricciones a los viajes de médicos y balseros, la autorización de inversiones a los emigrados, y el aumento de los intercambios académicos y culturales con la diáspora. Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida: «La diáspora cubana en el siglo xxi», iec / uif, Miami, julio de 2011.
  • 35. P. Levitt: The Transnational Villagers, University of California Press, Londres, 2001.
  • 36. Dicho de una manera más coloquial, la sociedad cubana de hoy no puede entenderse del todo sin mirar a Miami; lo que se dice en Miami, lo que se usa en Miami, lo que se ve en la televisión de Miami, forma parte de la vida cotidiana de la isla.
  • 37. Esto se reitera en la reciente «Actualización de la Ley de Migración» dada a conocer mientras este trabajo se encontraba en proceso de edición (decreto ley No 302, Gaceta Oficial de la República de Cuba, 16 de octubre de 2012).
  • 38. Cristina Escobar: «Extraterritorial Political Rights and Dual Citizenship in Latin America» en Latin American Research Review vol. 42 Nº 3, 2007, pp. 43-75.
  • 39. Eleonora Ermoliéva: «¿Fuga o intercambio de talentos? Nuevas líneas de investigación» en Nueva Sociedad No 233, 5-6/2011, pp. 114-131, disponible en www.nuso.org/upload/articulos/3778_1.pdf.
  • 40. De hecho, hoy la gran mayoría de los académicos cubanos radicados fuera de la isla manifiesta interés en colaborar y cooperar con el país, y ellos son los principales impulsores y ejecutores de los intercambios con instituciones estadounidenses.