Tema central

Diáspora, ciudadanía y contactos transnacionales

Este artículo analiza la compleja relación del Estado cubano con sus emigrados, a los que, desde un enfoque de seguridad nacional, ha excluido de la nación y de la comunidad política. El caso cubano se analiza en perspectiva comparada, atendiendo al modo en que los Estados latinoamericanos enfrentan el problema de la inclusión de sus diásporas, y se parte de la idea de que, en las últimas décadas, la ampliación de la presencia de los migrantes y su creciente importancia en la economía y la sociedad cubanas constituyen un nuevo escenario para pensar una reforma migratoria. En este nuevo contexto, es indispensable una profunda reevaluación no solo de la política migratoria, sino de la definición simbólica de la nación y la ciudadanía.

Diáspora, ciudadanía y contactos transnacionales

Cuba, al igual que otros países latinoamericanos, es un gran expulsor de migrantes. Más de 12% de su población reside fuera de la isla (en su mayor parte, en Estados Unidos) y, según parece, no hay signos de que el éxodo vaya a detenerse en el mediano plazo. La relación del Estado con su diáspora1 –iniciada en 1959– ha estado regida por un conjunto de leyes y reglamentos que durante décadas han excluido de la nación y de su comunidad política a los emigrados. No obstante, después de medio siglo, la migración cubana se ha modificado, tanto sociodemográficamente como por sus motivaciones y su relación con el país de origen. Este artículo parte de la idea de que la ampliación de la presencia de los migrantes y su creciente importancia en la economía y la sociedad cubanas a partir de la década de 1990 y en la coyuntura actual originan un nuevo contexto, en el cual es indispensable una profunda reevaluación de la relación del Estado con su diáspora. Por lo tanto, cualquier discusión en torno de la cuestión migratoria debe tener en su centro el tema de la ciudadanía. Pasada ya la primera década del siglo XXI, las nuevas realidades reclaman otras maneras de pensar; por ello, la reflexión que presentamos aquí propone una mirada a lo que otros Estados expulsores (especialmente los latinoamericanos) están haciendo frente al problema de la inclusión de sus diásporas, tratando de colocar el caso cubano en una perspectiva comparada, con el objetivo de entenderlo más allá del contexto de excepcionalidad en el que siempre se lo ha tratado.

I. Los procesos migratorios actuales han visibilizado el impacto de los migrantes tanto para las zonas de recepción como para las de expulsión. En este mundo globalizado, la migración ya no es necesariamente un proceso de ruptura total con el país de origen, lo que se ha definido como una tendencia a la transnacionalización. En este marco, los Estados latinoamericanos conceden derechos políticos a sus nacionales independientemente de su lugar de residencia, para lo cual casi todos han legislado y reglamentado (con diferentes grados de amplitud y limitaciones según las circunstancias específicas en cada país) la doble ciudadanía y el voto en el exterior: algunos países aceptan la doble ciudadanía2 y el derecho al voto (cuyo ejercicio está garantizado por reglamentos y mecanismos electorales)3; en otros el voto solo está aprobado pero aún no puede ejercerse4 y en algunos más no está aprobado pero se debate su aprobación5. El caso de Cuba queda como el único en el que no se reconoce la doble ciudadanía ni se debate acerca de los derechos de los migrantes.

Una vez superada la época en que los lenguajes nacionalistas los concebían como ausentes, traidores o enemigos, casi todos los Estados reconocen a sus migrantes como parte de la nación y propician su participación, otorgándoles derechos (políticos, sociales y económicos). A partir de estas tendencias se ha dibujado un nuevo campo de acción estatal (transnacional), definido por la voluntad política de los gobiernos hacia la protección y concesión de derechos y la apertura ante los reclamos de los grupos migrantes.

Las diferentes posturas estatales pueden clasificarse según la propuesta6 que distingue entre:

- Estados-nación transnacionales: los que tratan a sus migrantes como miembros a larga distancia, les ofrecen protección y representación consular, reconocen la doble ciudadanía y formulan políticas y programas para migrantes;

- Estados estratégicamente selectivos: los que quieren asegurar la continuidad de las relaciones de los migrantes con su lugar de origen, pero manteniendo control sobre estos lazos, y por lo tanto tratan de elegir quiénes de entre los migrantes pueden hacerlo y quiénes no; aunque pueden otorgar ciertas prerrogativas a los migrantes, no conceden derechos legales de ciudadanía; y finalmente,

- Estados desinteresados y acusadores: los que excluyen a sus migrantes y no los consideran ni tratan como parte de la nación, ven con suspicacia cualquiera de sus acciones o iniciativas, los tildan de traidores o enemigos y tratan de desacreditar cualquier posible influencia de estos grupos sobre el país de origen. El Estado cubano, como veremos a continuación, ha calificado como tal durante muchos años.

II. Esta relación de Estado desinteresado y acusador solo puede entenderse cabalmente atendiendo a la complejidad de un proceso migratorio que ha estado marcado por: a) la existencia de un diferendo político entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos, b) el carácter de oposición de los (primeros) migrantes, y c) las dimensiones de diaspóra de la emigración. Cada uno de estos elementos, a su modo, influye sobre la relación, pero sin dudas, es el primero el que ha determinado sus principales derroteros.

La centralidad del diferendo cubano-estadounidense (instituido en principio a partir de la Guerra Fría) ha colocado la migración en un contexto político de hostilidad y confrontación. Por una parte, EEUU –principal receptor– favoreció y estimuló desde un inicio la emigración, concediéndole a la comunidad cubana un estatuto de excepcionalidad7 y su aceptación como refugiados políticos, lo que ha inducido en ellos un sentimiento de diferencia respecto a otros inmigrantes. A su vez, esta circunstancia ha servido al gobierno cubano para legitimar la exclusión, politizar el tema y ubicarlo en un discurso nacionalista que identifica la nación con el proyecto socialista; «exportar la oposición»8; utilizar la migración como «válvula de escape» a presiones internas9 y negociar con el gobierno de EEUU.

Aunque tanto la composición como el volumen y las motivaciones de la diáspora se han ido modificando a través del tiempo, la política migratoria del Estado cubano se ha orientado principalmente por la actitud opositora de los primeros migrantes. Entre 1959 y 1975 salieron hacia EEUU aproximadamente 550.000 personas10, la mayoría pertenecientes a las clases media y alta, con fuerte peso de profesionales y técnicos. A su vez, el gobierno estadounidense, que intentaba usar la emigración como un mecanismo de desestabilización del nuevo régimen, proporcionó entrenamiento y patrocinio a diversas actividades de subversión. En este escenario, el Estado cubano instauró una serie de medidas de regulación y control con las que buscaba limitar las operaciones subversivas que los emigrados pudieran organizar desde EEUU y defender los intereses del Estado, con lo cual la política migratoria11 fue concebida como un asunto de «seguridad nacional».

  • 1. Velia Cecilia Bobes: doctora en Sociología por El Colegio de México y autora de numerosos artículos y libros, entre ellos: Los laberintos de la imaginación. Repertorio simbólico, identidades y actores del cambio social en Cuba (El Colegio de México, México, df, 2000), La nación inconclusa. (Re)Constituciones de la ciudadanía y el cambio social en Cuba (Flacso, México, df, 2007) y Los tecuanes danzan en la nieve. Contactos transnacionales entre Axochiapan y Minnesota (Flacso, México, df, 2011).Palabras claves: migración, diáspora, sociedad civil transnacional, ciudadanía, Cuba.. Aunque acepto las diferencias semánticas y teóricas entre estos conceptos, en este texto voy a usar indistintamente «diáspora», «emigración» y «comunidad en el exterior» para referirme a los migrantes cubanos.
  • 2. Todos los países latinoamericanos la aceptan explícitamente o no la prohíben, con la excepción de Cuba, Brasil y Panamá.
  • 3. Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Honduras, República Dominicana, Ecuador, México, Venezuela, Bolivia, Panamá y Haití (aprobado en 2011, aún no aplicado).
  • 4. Nicaragua.
  • 5. Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Paraguay; en el caso de Uruguay, el debate llevó a que se votara en referendo, pero la propuesta fue rechazada.
  • 6. Peggy Levitt y Nina Glick Shiller: «Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society» en International Migration Review vol. 38 No 3, 2004, pp. 1002-1039.
  • 7. En 1961 se creó el Programa de Refugiados, que les daba a los cubanos el estatus de refugiados políticos con las consecuentes ventajas migratorias, además de un ambicioso programa de ayuda para la ubicación de cubanos en distintos estados de la Unión. En 1966 se aprobó la Ley de Ajuste Cubano, a partir de la cual los cubanos que llegan a territorio de eeuu pueden obtener su residencia definitiva después de un año de estancia en el país.
  • 8. Jorge Domínguez: Cuba: Order and Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 1978.
  • 9. Tal es el caso de los fenómenos de salidas masivas como la de Camarioca en 1965, la de Mariel en 1980 y la de los «balseros» de agosto de 1994.
  • 10. Ernesto Rodríguez Chávez: «El flujo emigratorio cubano, 1985-1996: balance y perspectivas» en Revista de Ciencias Sociales No 3, 6/1997.
  • 11. Reglamentada a partir de la ley No 989 de 1961, que establecía la categoría de «salida definitiva» para los que dejaban el país.