Opinión

Después de las FARC: elecciones y posconflicto en Colombia

Colombia votará atravesada, todavía, por la discusión sobre el proceso de paz. El uribismo y el santismo se sacan chispas. En un país cuyo abstencionismo histórico supera el 60%, el principal candidato puede llegar a ser la apatía.

Después de las FARC: elecciones y posconflicto en Colombia

Luego de cuatro años de conversaciones y uno de implementación de acuerdos, terminó formalmente el conflicto armado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La entrega de la totalidad del armamento por parte de la insurgencia y la promesa de cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno cerraron una historia de 53 años de violencia. Sin embargo, mucho es lo que queda por resolver antes de pasar la página.

Hoy como ayer, la postura de los candidatos frente a la política de paz es un aspecto decisivo de las campañas electorales, de lo cual no se desprende que los postulantes estén pensando seriamente en el posconflicto y sus implicancias en materia económica y social. Un vistazo general a las precandidaturas arroja un panorama caracterizado por la dispersión de los partidos y la incertidumbre programática. Doce postulantes a la Presidencia cuya diferencia más visible es la posición asumida ante la política de paz de Juan Manuel Santos hacen aparecer el bipartidismo tradicional como una reliquia. Dos liderazgos autodenominados independientes y cuatro candidatos de izquierda encarnan la novedad de cara a los comicios de 2018. El resto del espectro se debate entre el santismo y el uribismo. Teniendo en cuenta que la inscripción de candidaturas finaliza en noviembre, es muy poco lo que puede afirmarse de manera concluyente.

Quizás el sector que ofrezca menos sorpresas sea el de los candidatos encolumnados tras la figura de Álvaro Uribe y conocidos por su oposición acérrima al proceso de paz. Tras su reciente alianza con el ex-presidente conservador Andrés Pastrana, quien ahora reniega del diálogo y la concertación con la guerrilla, solo queda esperar cuál de los nombres que han resonado en las dos agrupaciones terminará ungido para representar a la coalición. Desde el Centro Democrático, se ha hecho oficial la aspiración de los senadores María del Rosario Guerra, Iván Duque y Paloma Valencia, así como del ex-comisionado de paz Carlos Holmes Trujillo y el ex-viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza. Por su parte, el Partido Conservador tiene entre sus fichas al destituido ex-procurador Alejandro Ordóñez, conocido por su lucha contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y su arraigado catolicismo; y a la senadora Marta Lucía Ramírez, recordada por escribir como ministra de Defensa el primer libro de la Política de Seguridad Democrática del ex-presidente Uribe. Tanto Ordóñez como Ramírez abanderaron la campaña por el «No» en el plebiscito refrendatorio de los Acuerdos de Paz de La Habana. Más allá de la perplejidad que genera la reconciliación entre los otrora enemigos, la alianza Uribe-Pastrana consolida el bloque de ultraderecha en el país. Tras caminar a la par en la polémica campaña por el «No» y enfilar a la oposición bajo el miedo a la amenaza «castrochavista», los ex-presidentes han buscado capitalizar la insatisfacción de los colombianos frente a la gestión de Santos más allá de la paz. Con todo y esto, la imagen negativa de los líderes de la nueva coalición es demasiado alta (57,9% de opinión desfavorable para Uribe y 27,9% para Pastrana) como para que el camino del triunfo les resulte llano.

A unos cuantos metros de la coalición ultraderechista se encuentra la candidatura de Germán Vargas Lleras, vicepresidente de Santos hasta marzo pasado y favorito en las encuestas electorales, con un porcentaje de 21,5% en la intención de voto1. Líder del Partido Cambio Radical y nieto del ex-presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), Vargas Lleras es un político de raíces liberales con una larga trayectoria en el Senado y el Poder Ejecutivo. Su postura ante la paz es actualmente incierta, aunque suele recordarse su oposición al despegue de «El Caguán» oficiado por Pastrana en su intento de negociación con las FARC, una opinión que en su momento lo acercó al presidente Uribe pero que no fue suficiente para mantenerlo a su lado. Tras apoyar la primera reelección de Uribe, Vargas Lleras decidió partir aguas en 2010 y presentarse bajo su propio sello a las elecciones presidenciales del mismo año. Durante el gobierno de Santos fungió como ministro de las carteras de Vivienda e Interior, aprovechando la inauguración de obras públicas y proyectos habitacionales para obtener visibilidad. De ahí que su fuerte sea la imagen de desarrollador de infraestructura, combinada con un dúctil manejo de las maquinarias electorales de la costa norte colombiana. Su debilidad, por otra parte, radica en el voto urbano, principalmente el de Bogotá, y en llevar a cuestas una imagen negativa que supera a la favorable (48% frente a 36%), según la más reciente encuesta de Gallup.

En el centro se encuentran los autodenominados independientes. Sergio Fajardo, matemático, ex-gobernador de Antioquia, ex-alcalde de Medellín y líder de Compromiso Ciudadano, ocupa el tercer lugar en la intención de voto y goza de una de las imágenes más favorables dentro de los encuestados. Se ha construido un perfil de profesor y hombre de ciencia interesado en la política, con un discurso que incluye consignas como «Se puede» o «Colombia, la más educada», que recuerdan el estilo comunicacional de Antanas Mockus, su copartidario mientras perteneció al Partido Alianza Verde. Apoyó el proceso de paz con las FARC y se dedicó con ahínco a la campaña por el «Sí» en el plebiscito refrendatorio. Su caballo de batalla es la lucha contra la corrupción. Este es precisamente su punto de contacto con Clara López, la segunda candidata independiente que ahora encabeza el Partido Alianza Verde.

Aun apoyando el proceso de paz, López tomó distancia de buena parte de las políticas del presidente Santos y enarboló las banderas de la anticorrupción con la intención de «domesticar a la clase política». Antes de llegar al Senado de la República, fue conocida en los medios académicos y periodísticos por investigaciones en las que reveló los nexos entre los grupos paramilitares y sectores de diversos partidos políticos. También es famosa por su enfrentamiento con Uribe. La consigna de Fajardo y López hace eco en medio de los múltiples escándalos de corrupción que enfrenta el gobierno de Santos y cuyo corolario fue la presencia de dinero de la constructora brasileña Odebrecht en las campañas presidenciales de 2010 y 2014. Ninguno de los candidatos descarta una alianza mutua para las próximas elecciones.

Cuatro candidatos de izquierda completan el elenco de las presidenciales. Gustavo Petro, ex-alcalde de Bogotá, segundo en la intención de voto y con una opinión pública dividida entre el amor y el odio, fue guerrillero del M-19 y tras su desmovilización en 1991 se inició en la política. Opositor y crítico acérrimo del gobierno de Uribe, ventiló las primeras pruebas del pacto entre paramilitares, narcotraficantes y políticos que involucraban a uno de los hermanos del ex-presidente. Fue destituido del cargo de alcalde de Bogotá en el año 2013 e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 años por decisión del procurador Alejandro Ordóñez. La medida fue revocada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2014. La condición de proscrito lo acerca a la segunda candidata de la izquierda, la ex-senadora Piedad Córdoba.

Córdoba militó durante años en el ala izquierda del Partido Liberal, donde trabajó por los derechos de la mujer y las minorías. Fue senadora entre 1994 y 2010, hasta que fue destituida e inhabilitada para ocupar cargos políticos, también por el procurador Ordóñez, por supuestos vínculos con las FARC. Dentro del tablero de candidatos, es quien mayor compromiso con la paz ha demostrado: en 2007 logró un acuerdo humanitario con las FARC en el que, con la mediación de Hugo Chávez, se obtuvo la liberación de seis personas secuestradas por la organización. Las encuestas la ubican en el penúltimo lugar, con una intención de voto de 2,8%, una cifra que debe ser leída a la luz de la campaña mediática y política de desprestigio a la que se ha visto sometida en los últimos años.

Hoy separados y en competencia, Jorge Enrique Robledo y Clara López Obregón disputaron en su momento la candidatura a la Presidencia en representación del Polo Democrático Alternativo, partido de izquierda cuyo bastión electoral es la capital colombiana. Robledo ejerce como senador desde el año 2002, con ideas críticas del neoliberalismo que han marcado su oposición equidistante al santismo y al uribismo. Actualmente es precandidato presidencial por el Polo. Por su parte, Clara López, ex-ministra de Trabajo de Santos, decidió lanzar su candidatura por el movimiento ciudadano «Todos somos Colombia», un grupo que buscar recoger a sectores diversos de las regiones del país para consolidar la paz y que cuenta con el apoyo de una masa de dirigentes del Polo Democrático.

El santismo se encuentra en mora de definir a su candidato. Trascienden los nombres del senador Roy Barreras, miembro de la delegación del gobierno en Cuba; Juan Carlos Pinzón, ex-embajador en EEUU; y Humberto de la Calle, quien, si bien no pertenece al Partido de la U, logró notoriedad como jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana y representa una garantía de que lo iniciado con las FARC llegue a buen puerto.

En un país cuyo abstencionismo histórico supera el 60%, el principal candidato puede llegar a ser la apatía. El conflicto armado, esa escisión maestra que define alianzas y presidentes, devino casi inocuo para 21 millones de colombianos que decidieron omitir su voto en el plebiscito por la paz. Con un escenario de 12 precandidatos y múltiples internas partidistas, se asistirá con seguridad a elecciones de segunda vuelta. De las alianzas que logren independientes e izquierdistas dependerán tanto la continuidad de lo pactado con las FARC como el inicio de las transformaciones jurídicas y económicas que exige una paz sostenible en el posconflicto, tendientes a saldar la deuda social aplazada por décadas y a garantizar a los ex-combatientes el paso «de las armas a la política».



  • 1.

    Encuesta Invamer (20/5/2017).

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