Opinión

Desfases venezolano-colombianos e impactos en la frontera compartida

Tanto a Colombia como a Venezuela les ha costado mantener acuerdos institucionales y beneficiarse de su vecindad.

Desfases venezolano-colombianos e impactos en la frontera compartida

A pesar de que cada uno de los dos países es el mayor vecino del otro por contar con las fronteras terrestres más extensas y diversas, llenas de fuertes interacciones poblacionales, económicas, ambientales y de seguridad, a Colombia y Venezuela les ha sido muy difícil mantener acuerdos e instituciones para atender y aprovechar en beneficio mutuo su intensa vecindad.

Cien años duró la delimitación terrestre y, cuando se logró a mediados del siglo pasado, dejó la sensación de pérdida territorial a ambos lados. Con todo, abrió un periodo cooperativo que reconoció incluso una cédula de identidad fronteriza común, pronto interferido por las traumáticas y aún inconclusas negociaciones de áreas marinas y submarinas. A finales de los ochenta y en los noventa, la integración andina ayudó al entrecruzamiento de las dos economías por entonces muy complementarias –la venezolana, con industria pesada, y la colombiana, con la producción de alimentos y manufacturas-, al punto que cada país se convirtió en el segundo socio del otro después de Estados Unidos. Este periodo cooperativo forjó una institucionalidad para el manejo de la vecindad: una comisión negociadora de los temas álgidos y pendientes de definición, una comisión de vecindad e integración fronteriza y una comisión militar binacional. Pero en esos mismos años se agudizó la acción guerrillera y luego paramilitar, en especial en esa frontera muy ligada a la problemática de las drogas.

En los últimos diecisiete años -que corresponden a los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y de tres presidentes colombianos- han ocurrido procesos contradictorios y traumáticos. Los nexos poblacionales se multiplicaron. Según datos de la Misión Identidad, cerca de medio millón de colombianos que por años no habían podido resolver su status migratorio, obtuvieron cédula de residente o de identidad venezolana, mientras miles de venezolanos se instalaron en Colombia buscando alternativas a la situación de su país.

Los modelos políticos y económicos de ambas naciones ahondaron sus diferencias, las economías se desacoplaron y el comercio binacional se desplomó desde 2008, afectado por las sanciones surgidas en momentos de tensión entre los jefes de Estado, por la incertidumbre jurídica y por los problemas de la economía venezolana. El comercio quedó entonces reducido a la venta de gasolina desde Venezuela y de gas desde Colombia. Obviamente, los proyectos productivos legales se vieron afectados y acosados, además, por la competencia desleal de mafias transfronterizas. Estas se dedicaron a la defraudación aduanera y a todo tipo de contrabandos: de ganado y de gasolina muy barata, a un lado, y muy cara, al otro; de alimentos, medicinas, material de aseo y construcción, importados y subsidiados por el gobierno de Venezuela; de armas hacia Colombia y cocaína hacia Estados Unidos, África y Europa, jalonados por mafias colombianas, mexicanas (Sinaloa, Zetas) y venezolanas.

Tensiones entre los gobiernos centrales, disímiles sistemas de precios y cambios, corrupción de miembros de las fuerzas de seguridad y de la institucionalidad local, involucramiento de grupos armados irregulares a ambos lados de la línea limítrofe, facilitaron la consolidación de violentas estructuras criminales en ámbitos fronterizos compartidos. De ella se nutren guerrillas, narcotraficantes, paramilitares, bandas armadas que se disputan negocios, mercancías, rutas y territorios a ambos lados de la «raya» limítrofe.

En los últimos tres años, a la incomunicación entre los dos gobiernos y a la parálisis de toda la institucionalidad para el manejo de la vecindad se agregan tanto la dilación del gobierno de Maduro para emprender una negociación interna que permita encontrar salidas constitucionales a la crisis económica y política, como los efectos de fuertes devaluaciones del bolívar que reducen la capacidad venezolana de compra por lo que el comercio fronterizo perdió compradores, empresas y empleos. Se agrega, además, la caracterización de la crisis de su país como una conspiración y guerra externa, adelantada –según palabras de Maduro- por «mafias de bachaqueros y paramilitares que vienen de Colombia», señalamiento que ha dado origen a varias medidas unilaterales.

En 2014, Maduro redujo y luego suspendió el envío de remesas a Colombia y ordenó un cierre nocturno de pasos fronterizos legales. En mayo de 2015, el decreto 1787 convirtió en límites con Guyana y Colombia las pretensiones territoriales venezolanas y militarizó las zonas en disputa. Entre 2013 y 2015, cerca de 10.000 colombianos fueron expulsados de Venezuela, la mayoría en forma colectiva, todos sin debido proceso ni consideración de su status migratorio y de protección; 22.000 colombianos más abandonaron ese país, luego de ver marcar y destruir las casas y enseres de sus connacionales por orden oficial. Muchas de esos colombianos se habían trasladado a Venezuela buscando ingresos o servicios o habían salido huyendo de enfrentamientos armados; y tuvieron que salir incluso sin sus hijos venezolanos a quienes se les prohibió ir con su familia hacia Colombia. Se militarizó y se declaró el estado de excepción en los municipios fronterizos venezolanos suspendiendo libertades y derechos ciudadanos en los cinco meses previos a las elecciones legislativas de diciembre pasado. Todos los cinco pasos fronterizos formales fueron siendo cerrados de forma indefinida desde el 20 de agosto de 2015, y el cierre sigue vigente hasta la fecha, mayo de 2016.

En medio de la polarización en los dos países, ambos se aproximan a circunstancias cruciales con mutuas repercusiones. Venezuela está abocada a buscar salidas a la aguda crisis política, económica y de seguridad ciudadana. Colombia avanza hacia la fase final de las negociaciones del gobierno con las FARC y trata de concretarlas con el ELN. Al quedar convertidos en escenario de procesos de transición al post-Chávez en Venezuela y al post-conflicto en Colombia, ambos países tendrán una oportunidad para reconvertir las fronteras y sustraerlas de las dinámicas de ilegalidad y violencia. Pero tan complejos procesos tendrán fuertes articulaciones que exigirán un permanente diálogo intergubernamental con participación de actores fronterizos y acompañamiento internacional.

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