Tema central

Desencuentros, convergencias, politización (y viceversa). El gobierno ecutoriano y los movimientos sociales

El ascenso de Rafael Correa modificó los términos del debate político en Ecuador. Entre otras cosas, reconfiguró la relación entre el gobierno y las diferentes formas de acción colectiva organizada, en particular el movimiento indígena. En este artículo se argumenta que, para entender la evolución de esta compleja relación, es necesario observar tres momentos: el surgimiento de Alianza País, el movimiento político formado en torno de Correa; el proceso constituyente, donde en medio de una alta conflictividad se reconoció el aporte y la participación de las organizaciones sociales; y la etapa posterior, en la que ambos actores han comenzado a alejarse. Para el autor, solo con una paciente política de articulación y negociación será posible, más que conciliar posiciones o unificar bandos, volver a arrojar luz sobre los intereses y los valores centrales que comparten entre sí las fuerzas democráticas, entre las que ubican tanto el gobierno como los sectores sociales organizados.

Desencuentros, convergencias, politización (y viceversa). El gobierno ecutoriano y los movimientos sociales

Marzo 2010: la prensa publica los detalles de dos reuniones entre la Junta Cívica de Guayaquil y dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Los encuentros tenían como objetivo apuntalar la oposición al gobierno de Rafael Correa. Según las versiones de la Junta, los dirigentes indígenas le habrían solicitado apoyo financiero para el levantamiento que anunciaran, en febrero, contra el gobierno de la «Revolución Ciudadana»1. Pocos daban fe de la verosimilitud de la noticia: la radicalísima Conaie sentada junto a quienes tradicionalmente han representado lo más conservador de la oligarquía ecuatoriana. Diversas organizaciones populares, partidos de izquierda e intelectuales críticos condenaron la maniobra. El gobierno rechazó, igualmente, tan bizarro acercamiento.

Para los patricios guayaquileños, la aproximación al movimiento indígena ecuatoriano suponía la posibilidad real de cercar al gobierno de Correa. El optimismo de este anuncio duró menos de 24 horas y puso en evidencia, una vez más, la profunda desconexión de las elites con las dinámicas políticas de los sectores subalternos. Anunciar como un acuerdo aquello que no era sino una conversación cupular suponía desconocer que la toma de decisiones en la Conaie está sujeta a, aunque sea mínimos, procesos de consulta interna y negociación entre las organizaciones miembros. El malestar dentro del propio movimiento fue, de todos modos, inocultable. Luis Macas, dirigente histórico de la Conaie, criticó el encuentro: «No tenemos nada en común con ellos (…) no podemos sentarnos a conversar y si nos encontramos en la esquina hay que correr hacia el otro lado»2. Mientras tanto, un editorial publicado en uno de los diarios quiteños enfrentados al gobierno encontraba en tales declaraciones un profundo sectarismo político: «Si lo hubiera pronunciado un mestizo, si lo hubiera dicho un dirigente empresarial, refiriéndose al movimiento indígena, habría merecido el repudio general por racista e insensato»3. El texto iba más lejos y sostenía que, al contrario del sentido común político, entre Guayaquil y la Conaie existe un punto nodal de convergencia: la demanda por la autonomía y el derecho al autogobierno. Quedaba claro que en el montaje de un frente de oposición a Correa se requiere de algo más que el simple rechazo al personaje.

Para tratar de poner punto final al asunto, la dirigencia indígena desconoció la validez de la reunión, anunció sanciones para quienes propiciaron los encuentros y dispuso la realización de una «limpia» (purificación ritual) de las oficinas de la sede en las que habían permanecido los cívicos guayaquileños. Aun así, no pudo revertir la extendida percepción de que había confundido las cartas de navegación que la han ubicado, desde siempre, en las antípodas de los grupos de poder establecido.El episodio habla, en cualquier caso, del complejo proceso de reconfiguración de la conflictividad política abierto a partir del acceso de Correa al poder en 2007. Entre otras de sus características, esa reconfiguración está atravesada por las tensas relaciones entre la fuerza gobernante y las más importantes dinámicas de acción colectiva de la sociedad ecuatoriana. Tales tensiones se han incrementado luego de un periodo en que, alrededor de la Asamblea Constituyente (2007-2008), el proyecto político de Alianza PAIS (AP)4 generó algo más que «simpatía difusa» en el arco progresista. Múltiples organizaciones sociales y políticas contribuyeron activamente, desde entonces, a sostener el proyecto de cambio. Algunos de sus militantes llegaron incluso a ser postulados como parte de las listas del oficialismo en las elecciones de 2008 y 2009. No es raro escuchar, en boca de múltiples activistas, que la Revolución Ciudadana encabezada por Correa se ha apropiado de su programa –«nos roban la agenda»– y que la participación electoral de algunos de sus «compañeros» ha repercutido en el funcionamiento habitual de las dinámicas asociativas. Y es que la emergencia de Correa no solo aceleró el ocaso de los partidos que dominaron la escena política desde la transición democrática en 1979, sino que desacomodó las líneas de articulación y los programas de acción de múltiples actores sociales. El retorno del Estado al primer plano de la acción pública ha jugado, también, a favor de ese desajuste.

Si un relativo agotamiento de la movilización social antecedió el surgimiento de AP, el sólido posicionamiento del liderazgo presidencial y su escasa predisposición al reconocimiento de las dinámicas de acción colectiva autónoma han contribuido a un estrechamiento de sus márgenes de acción y a la intensificación del conflicto con el gobierno. En tal escenario influirían, además, algunas diferencias programáticas en el procesamiento de la transición posconstitucional y, de modo menos visible, la desconfiguración de las redes sociales ligadas a los movimientos. La implicación de segmentos de las clases medias radicales –activas partícipes del campo organizativo que se opuso al neoliberalismo– en el nuevo bloque gobernante habría generado problemas de intermediación política y un cierto vaciamiento de los acumulados organizativos en las arenas estatales.

Las sinuosas relaciones entre el gobierno y diversas organizaciones sociales pueden ser mejor observadas si se las ubica en el marco de tres específicos momentos del proceso de cambio político que vive el Ecuador: el surgimiento de AP, el proceso constituyente y la transición legal.

Desencuentros de origen

En abril de 2005 se consumó el tercer derrocamiento presidencial en Ecuador en menos de diez años. El coronel Lucio Gutiérrez –quien encabezó la asonada indígena-militar que expulsó del poder a Jamil Mahuad en 2000– fue depuesto en medio de grandes movilizaciones ciudadanas en repudio a la intervención del Poder Ejecutivo en la Justicia. La incapacidad del Congreso Nacional para fiscalizar tales acciones lo colocaron, también, en el centro de la contestación social al orden político. La multitud movilizada no demandaba únicamente la cabeza del presidente: al igual que en las protestas argentinas de 2001, los ciudadanos exigían «Que se vayan todos».

A diferencia de la destitución de Abdalá Bucaram en 1997, cuando las movilizaciones sociales fueron encabezadas por los partidos y movimientos sociales, sobre todo por la Conaie, y a diferencia también del derrocamiento de Jamil Mahuad, cuando el protagonismo y los habituales modos de protesta del movimiento indígena y de unas incipientes Asambleas Populares se enlazaron con mandos medios del Ejército, las jornadas de abril de 2005 fueron resultado del progresivo desborde ciudadano tanto de la tutela partidista como del comando de cualquier estructura organizativa. El tercer derrocamiento presidencial fue fruto de un conjunto de movilizaciones sin ninguna dirección política preestructurada. Era la primera vez, desde el levantamiento de 1990, que las dinámicas de movilización social no giraban en torno de, o no estaban lideradas por, el movimiento indígena, que había sido el actor hegemónico del campo popular hasta su participación en el gobierno de Gutiérrez. El lugar de los partidos y movimientos fue ocupado por una pluralidad de individuos sin filiación organizativa y de neófitas iniciativas colectivas: un radical antipartidismo operaba como cemento unificador de tan heterogénea movilización5.En campaña, Correa y su recién nacido movimiento ciudadano retomaron las banderas antipartidarias herederas de abril. Sus propuestas (y luego, decisiones) de convocar a una Asamblea Constituyente, rechazar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), demandar el fin del acuerdo para la concesión de la Base de Manta a los militares estadounidenses, salir del neoliberalismo y privilegiar el gasto social al pago de la deuda externa, entre otras, ocuparon el mismo campo discursivo que en las últimas décadas había sido cubierto por el movimiento indígena, otras organizaciones populares y algunas pequeñas fuerzas de izquierda. La emergencia de Correa se producía, sin embargo, en medio de un reacomodo del campo progresista: entre el ascenso de nuevos liderazgos, fuerzas sociales y organizaciones ciudadanas de escasa trayectoria militante, y el declive del movimiento indígena6, en torno de cuya acción se rearticularon y catapultaron viejas y nuevas formaciones de la izquierda ecuatoriana en los 90. En las elecciones de 2006, de hecho, la candidatura presidencial de Luis Macas –por el Pachakutik, brazo electoral del movimiento indígena– apenas alcanzó el 2,19% del total de los sufragios. El otro candidato de izquierdas –del Movimiento Popular Democrático (MPD), que aparece como la representación política del gremio docente– llegó a solo 1,33% de la votación. Correa obtuvo 23% de los votos y pasó a disputar el balotaje.

Alrededor del agotamiento indígena se asistía, además, a una erosión del conjunto de la movilización social. La conflictividad desatada durante los 90 contuvo diversas iniciativas regresivas (por ejemplo, la privatización de la seguridad social), alteró profundamente los órdenes de poder (al producir derrocamientos presidenciales) y contribuyó a acelerar la crisis de legitimidad del sistema de partidos. Sin embargo, para el primer lustro de 2000, y salvo ciertos picos de agitación social –marcados por la caída de Gutiérrez y las protestas contra el TLC de marzo de 2006–, la espiral ascendente del conflicto comenzaba a detenerse (ver gráfico). Ello coincidía con el decrecimiento, desde el inicio del nuevo siglo, de las tendencias participativas y asociativas7. Para cuando emerge AP ya resultaba difícil ignorar el agotamiento de las energías reivindicativas de la sociedad y las escasas opciones electorales de las izquierdas. Nadie pareció sorprenderse, entonces, con el cómodo triunfo del multimillonario Álvaro Noboa en el primer turno de las presidenciales. La victoria final de Correa fue, en este escenario, casi providencial, relacionada más bien con la preeminencia de un voto de rechazo a la figura del bananero –lo que Pierre Rosanvallon8 denomina «deselección»–.

Antes de ello, Correa había procurado construir una fórmula presidencial conjunta con Pachakutik, pero el escepticismo de las organizaciones indígenas con la reiterada presencia de figuras «externas» al movimiento conspiró contra tal alianza9. Cerrada esa opción, los ideólogos de AP privilegiaron, antes que la construcción de un frente amplio o de una coalición de movimientos y partidos, la rápida formación de una estructura de acumulación política propia y diferenciada de aquellos. Gustavo Larrea, uno de los fundadores de AP, señalaba al respecto:

Si entrábamos a esas disputas [con las organizaciones] no teníamos posibilidades de construir fuerza política inmediata, ya que el movimiento obrero, el movimiento indígena, el afroecuatoriano, el movimiento de mujeres, tienen liderazgos legítimos que se han ganado a lo largo de la historia y con los cuales no hay por qué disputar (…). Nuestra organización resuelve no realizar coaliciones con frentes sociales sino trabajar territorialmente.10

El núcleo fundador de AP estuvo compuesto por antiguos dirigentes de partidos de la izquierda tradicional, intelectuales y activistas de la nueva izquierda social, figuras provenientes de novísimas organizaciones ciudadanas y personajes sin trayectoria militante, más bien cercanos al entorno personal del candidato presidencial. Emergía así una fuerza heteróclita amalgamada bajo el horizonte de un antipartidismo extremo, la voluntad de superar el neoliberalismo y el peso del liderazgo de Correa. Dicho perfil y composición entrañaban no solo una ampliación del espectro de la representación social de las fuerzas de izquierda hacia lo que Ramírez Quintero denomina «los sectores sociales auxiliares o las clases intermedias de la estructura global del país»11; también implicaba una reorientación en sus lógicas de acción política y, sobre todo, un reajuste en los equilibrios entre el liderazgo individual y las dinámicas de acción colectiva. El peso de estas últimas fue, desde los orígenes de AP, relativizado por los intentos de llegar al tejido microlocal de la sociedad:se resolvió también promover un tipo de organización familiar (…) puesto que no se trabaja solamente con los individuos (…) Son encuentros familiares de carácter geográfico (…) Esta definición generó un enorme contingente de compañeras y compañeros que en vez de dedicarse a pelear con otras fuerzas de izquierda, se dedicó a construir fuerza en cada cantón, en cada parroquia, en cada barrio.12

Desde su primera campaña, AP puso en marcha, en efecto, los denominados «Comités Ciudadanos Locales» o «Comités Familiares». A través de una estrategia de penetración territorial, se proyectaba la base del recién nacido movimiento –más allá de la constelación asociativa– hacia el amplio espectro de ciudadanos no organizados. La articulación con partidos y movimientos de mayor trayectoria organizativa fue siempre vista como innecesaria y potencialmente conflictiva. El acuerdo, más bien marginal, con el pequeño Partido Socialista Ecuatoriano ha sido la única salvedad. La debilidad del tejido organizativo, la desconfianza entre las fuerzas progresistas y el pragmatismo del nuevo movimiento hacían prever que, en adelante, tal lógica de construcción política sería reforzada.

Convergencias programáticas, tensiones productivas13

La posibilidad de que uno de los máximos representantes de la derecha oligárquica –Álvaro Noboa– llegara al poder acercó a múltiples organizaciones populares a la campaña de AP. Dicha convergencia se profundizó cuando, el día mismo de la toma de posesión, Correa firmó el decreto que convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de plenos poderes. Tal convocatoria había sido una de las demandas centrales de diversos movimientos desde los días de la dolarización de la economía y la interrupción presidencial del año 2000.

Sin representación parlamentaria –para afirmar su vocación antipartidaria, AP no presentó candidatos a las elecciones legislativas– y con la derecha controlando la mayoría del Congreso, la convocatoria al referéndum que diera paso a la nueva Constitución fue objeto de una intensa pugna entre los dos principales poderes del Estado. Si anteriores crisis políticas se resolvieron con las destituciones presidenciales de jefes de gobierno sin sólidos bloques parlamentarios y con baja credibilidad social, en 2007 sucedió lo inverso: un presidente cuyo único capital político era el robusto apoyo popular a su figura provocaba, sin estricto apego a derecho, la destitución –por parte del Tribunal Supremo Electoral– de 57 diputados acusados de obstruir ilegalmente la convocatoria a la consulta popular. La «caída parlamentaria» viabilizó el proceso constituyente.

En el referéndum de abril de 2007, 81,72% de la población aprobó la instalación de la ANC. El conjunto de la izquierda y el campo organizativo sostuvo la campaña por el voto afirmativo. Ya en los días de mayor conflicto entre Correa y el Parlamento, diversos sectores sociales se habían movilizado, incluso de modos violentos, contra los legisladores de la oposición. El 1º de mayo de 2007, en un hecho que no tenía precedentes en el vigente ciclo de gobiernos civiles, Correa encabezó una multitudinaria marcha por el Día del Trabajo. La gran mayoría de las organizaciones clasistas y populares del país caminaron junto al presidente.

El sentido de los antagonismos trazados por Correa ampliaba las opciones para la confluencia entre el movimiento popular y AP. Además de la confrontación con los partidos, su programa gubernativo lo enfrentó con la banca, los grandes medios de comunicación, los gremios empresariales, la constelación de agencias transnacionales que sostuvieron el neoliberalismo y, sobre todo, con la poderosa elite guayaquileña, cuyo líder, Jaime Nebot, ha sido tres veces alcalde de la ciudad como parte del principal partido de la derecha ecuatoriana.

Las elecciones de los constituyentes, en septiembre de 2007, favorecieron largamente al «campo del cambio». AP obtuvo 80 curules de los 130 en disputa. El resto de las izquierdas (Pachakutik, el MPD e Izquierda Democrática, ID14) se acercaron a 10%. Las alianzas entre ambos segmentos se dieron de modo marginal, solo en pequeñas provincias. Se ratificaba así la opción de AP de privilegiar el apuntalamiento de su propia fuerza. El ciclo de éxitos electorales reforzaba esa apuesta. Las listas del oficialismo incluyeron, en cualquier caso, a algunos segmentos del movimiento popular15 y a nuevas organizaciones portadoras de un discurso ético-democrático sobre la política y el Estado de derecho16. En este marco, AP adquiría el perfil de una coalición de fracciones en la que, además, se observaba la presencia de sectores de centroderecha, vertientes del ecologismo, organizaciones de mujeres, expresiones de las iglesias progresistas, militancias de viejos y nuevos partidos de izquierda, ciudadanos inexpertos y políticos oportunistas de larga trayectoria.

Si en la Constitución de 1998 las organizaciones sociales procuraron el reconocimiento de la figura de los derechos colectivos y el fortalecimiento del espectro de los derechos sociales, en el proceso 2007-2008 se empeñaron en sostener y ampliar dichas conquistas pero en el contexto de una disputa más global por la transformación del modelo de desarrollo. El horizonte aspiracional de la ANC combinaba, en efecto, la superación del orden neoliberal y el desmonte de la dominación partidaria. Desde su origen, AP había colocado enfáticamente dichos lineamientos en el debate público. Tal entorno ideológico trazaba el terreno de la participación social.

En Montecristi17 se verificó una activa e innovadora, pero no tan ruidosa, movilización popular. Además de la debilidad del campo organizativo, la localización de la sede de la Convención conspiraba contra formas masivas de participación colectiva. Las organizaciones debieron modificar sus habituales tácticas de presión social: enviaron asesores permanentes, se desplazaron en los momentos decisivos, realizaron un trabajo de lobby con los distintos bloques. Se constituyeron entonces redes temáticas mixtas (sociedad-Estado) para discutir tramos de la reforma constitucional en distintas áreas de política pública. La complejidad de las agendas propuestas y el desarrollo de específicas destrezas de negociación revelaban importantes niveles de profesionalización entre los activistas. Allí reside hoy en día, al igual que en otros países, una de las líneas de transformación de la sociedad civil ecuatoriana. El rol de las ONG y la cooperación internacional ha sido clave en este aspecto. Las asociaciones consiguen desafiar así, con mayor consistencia, la definición top-down de las decisiones políticas: una suerte de «contraexperticia militante» disputa la construcción de la agenda pública con los tradicionales decisores. Foros públicos, plantones, marchas y conciertos completaban el repertorio de mecanismos de presión con que, desde sus particulares agendas, se posicionaban los distintos actores sociales en la Convención. Esta puso también en marcha específicos mecanismos participativos que incluían la organización de foros nacionales, comisiones generales, foros itinerantes y dispositivos virtuales18.

La cercanía en las trayectorias militantes de múltiples asambleístas y dirigentes sociales facilitó el desarrollo de sus conexiones. La apertura del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, a la participación de los movimientos les confería, a su vez, mayor visibilidad política. A pesar de que los episodios de tensión no fueron pocos, el proceso constituyente supuso, en efecto, un momento de alta fluidez en las relaciones entre los procesos sociales y las instancias de representación democrática. Así, tanto por las formas de participación como por los innovadores contenidos constitucionales, la última ANC puede ser considerada como un punto en que, desde lo social y lo político, se encontraron aquellos sectores que se consideraban excluidos de los centros de poder y que habían asumido la forma de organizaciones de carácter reivindicativo y contestatario19.

Entre el dinamismo participativo y las presiones del Ejecutivo para que el proceso ganara en celeridad –Correa tiende regularmente a contraponer eficacia y participación–, AP decidió invitar a los asambleístas de las bancadas afines –Pachakutik, MPD e ID– a sus deliberaciones internas. Se formó así un «megabloque» de 90 constituyentes. Tales reuniones funcionaron como instancias de debate y decisión partidaria. En su seno se coordinaban las resoluciones que luego serían votadas en conjunto. Los disensos podían aparecer en esta instancia, pero no debían expresarse en las sesiones plenarias. La unidad del bloque se preservaba con sigilo al costo de evitar la amplificación de ciertos debates en el pleno de la Asamblea.

La recurrencia de las fricciones dentro de AP se colaba, de todos modos, en la opinión pública. Los debates sobre la cuestión ecológica dejaron ver, más que cualquier otro tema, la intensidad de estas disputas. El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y los asambleístas leales a Correa mantuvieron intensos duelos en relación con los límites ambientales de la explotación minera, la declaración del agua como derecho humano fundamental y la necesidad de consultar (tesis de Correa) u obtener el consentimiento previo (tesis de Acosta) de las poblaciones y comunidades indígenas cuando el Estado disponga la explotación de recursos naturales en los territorios que ellas ocupan. La influencia moral e intelectual del presidente de la Asamblea, que contaba siempre con el respaldo del bloque de Pachakutik, permitió que las tesis ecologistas salieran bien libradas en los dos primeros debates. Dio paso, además, a la sui géneris figura de «derechos a la naturaleza». El consentimiento previo fue, sin embargo, descartado. La dureza del debate dejó malogradas las relaciones entre las dos figuras más visibles de la Revolución Ciudadana, Correa y Acosta, y entre el Ejecutivo y el movimiento indígena.

Las primeras deserciones en AP ocurrirían, sin embargo, por otras razones. Algunas de sus facciones propendían hacia una modernización de la Carta Magna en materia de sexualidad. El activo rechazo de grupos cercanos a las cúpulas eclesiásticas y al Opus Dei aupó, entonces, la renuncia de dos asambleístas que decían defender la moral católica del país. Múltiples organizaciones de mujeres condenaron la timidez con que el oficialismo encaró el tema. Pero el caso es que la influencia de dichas organizaciones en el debate público ha sido eclipsada, durante los últimos años, por el dinamismo de los sectores católicos ultraconservadores. Ya en 2006 habían realizado campañas contra la venta de pastillas anticonceptivas de emergencia y contra la educación para la sexualidad. Luego, procuraron penalizar el aborto terapéutico. En Montecristi rechazaron incluso el uso de nociones como «identidad de género». La visibilidad de este segmento asociativo dejaba entrever no solo la pérdida del dominio de los sectores contestatarios sobre la movilización de la sociedad civil20, sino la fragilidad de los movimientos sociales en la disputa por la hegemonía cultural de la sociedad. Solo el dinamismo de un grupo de asambleístas mujeres de AP, en conexión con jóvenes militantes feministas, logró contener, in extremis, los embates retardatarios de ese sector del asociacionismo católico.

Similares controversias y articulaciones se dieron en relación con otros tópicos. Si la promoción de la participación ciudadana o la recuperación de la regulación estatal sobre la economía generaban menos controversias, la declaración del Estado como plurinacional –demanda histórica del movimiento indígena– evidenciaba la influencia de las posturas «movimientistas» y proindígenas dentro de AP, pese a la sorprendente incomprensión del presidente21 y los recelos de sus allegados. De igual modo sucedió con cuestiones relativas a las demandas de maestros y sindicatos públicos, o a la gratuidad de la educación universitaria. Los nexos del ala izquierda del bloque con las organizaciones sociales y con ciertos segmentos del Ejecutivo dejaban abierta la discusión de formulaciones promisorias. Ni la propensión decisionista ni la beligerancia de ciertas relaciones desmontaron, pues, el espacio de interlocución política que había forjado la Asamblea Constituyente. Axel Honneth ha argumentado que los espacios públicos pueden estructurarse a través de conflictos en los que actores con identidades e intereses diversos, e incluso contrapuestos, tienden a reconocerse políticamente22. La convención entreveró en dicha lógica al nuevo bloque gobernante y a una gran variedad de organizaciones populares. La ampliación de los derechos, el incremento de los sujetos sociales que los portan23 y de los ámbitos que atingen24 recogían la productividad de su presencia y de las disputas allí encaminadas. El proceso constituyente supuso, entonces, el afianzamiento de las expectativas sociales de cambio y la expansión del espacio de reconocimiento político.

Así, y aun a pesar del remezón que causó en la izquierda y en los movimientos sociales el pedido de AP para que Acosta dejara la dirección de la Asamblea Constituyente un mes antes de su terminación25, diversas organizaciones sociales, el movimiento indígena y Pachakutik optaron por respaldar el proyecto constitucional. Sin embargo, defendieron la tesis del «Sí crítico», en relación con el referéndum en el que debía aprobarse la nueva Constitución. Remarcaban, de este modo, sus distancias con el Poder Ejecutivo, pero reconocían los avances del proyecto constitucional. El MPD, el socialismo y las organizaciones clasistas más tradicionales sostuvieron, llanamente, la opción afirmativa. Una reducida fracción de sindicatos públicos, movimientos radicales más o menos convencionales y disminuidos partidos centristas postularon la tesis de la abstención, del voto nulo o incluso del voto por el «No». Su posición reflejaba la necesidad de una nítida diferenciación con respecto a Correa y un rechazo a las irregularidades procedimentales en la aprobación de la Carta Magna.

Polarización abierta

En abril de 2009 se convocó a elecciones generales en el marco de las nuevas reglas políticas delineadas por la Carta Magna. Esta dispuso además la elaboración inmediata de una serie de leyes fundamentales que echaran a andar los principios constitucionales. En ambos escenarios se verificaron las dificultades del gobierno para procesar las relaciones con las dinámicas de acción colectiva autónoma y para estabilizar un campo de alianzas con actores sociales y políticos afines.

Dichas inconsistencias pesaron en el balance electoral, que algunos calificaron como una amplia victoria del movimiento gobernante. A pesar de la reelección de Correa en primera vuelta y de la consolidación de AP como la más importante fuerza política en los niveles nacional y local, el oficialismo no alcanzó la mayoría parlamentaria absoluta y sus candidatos a la alcaldía de Guayaquil y la Prefectura de Guayas –las grandes circunscripciones electorales del país– fueron derrotados. En general, el porcentaje estuvo lejos del 63% con que se aprobó la Carta Magna en septiembre de 2008. El 52% de respaldo a la reelección evidenciaría que la agenda de cambio no era visualizada como bandera de un solo movimiento político. El MPD y Pachakutik recuperaron, en este marco, sus cotas de representación parlamentaria y local.

Antes y después de las elecciones generales, la tensión y la beligerancia entre Correa y las organizaciones sociales se mantuvieron constantes. Los primeros embates comenzaron en enero de 2009, luego de que sectores indígenas y ambientalistas anunciaran su resistencia a la minería y acusaran al gobierno de «neoliberal». Correa respondió violentamente. Habló de los peligros que representa el «izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil» para el proyecto nacional de cambio político. En adelante, la estrategia gubernamental pareció reorientar la polarización hacia el campo de los movimientos sociales.

Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, por otro lado, la «política de puertas abiertas» desarrollada durante la Constituyente se revirtió de modo notorio. La impaciencia revolucionaria de Correa y AP en Montecristi obligó a la función parlamentaria electa en abril de 2009 a aprobar más de 11 leyes en el lapso de un año. Se trataba de un claro desincentivo institucional para la generación de amplios debates públicos y para la búsqueda de acuerdos sustantivos entre AP y las minorías cercanas. Contener los problemas de heterogeneidad, diferenciación e incluso antagonismo dentro de la renovada bancada oficialista ha sido, más bien, la prioridad de sus coordinadores. Además, en el nuevo bloque mayoritario, surgido de las últimas elecciones, hay menos legisladores cercanos al campo de las organizaciones populares. La ruptura de la coalición política –desapareció el «megabloque»– tejida en Montecristi redujo las opciones para que estas últimas puedan incidir en el debate parlamentario. Tal descomposición articulatoria, que refleja e incuba recurrentes episodios de volatilidad programática, generó la oportunidad para la reactivación de la conflictividad social.

Así, además de los sectores que se opusieron a la Revolución Ciudadana «por derecha» y desde el arranque mismo del gobierno de Correa, a partir de 2009 se pudo también observar la recurrencia de una serie de protestas provenientes de los sectores más organizados de la sociedad. Además de los diferendos programáticos en la discusión de las leyes, la escasa disponibilidad del gobierno para entablar procesos de diálogo y negociación, incluso con sectores sociales que le han sido en general afines, ha pesado en la configuración de tal escenario. El punto más alto del conflicto de los tres años del gobierno de Correa se vivió entre septiembre y octubre de 2009, cuando convergieron las movilizaciones indígenas en rechazo a ciertos artículos del proyecto de Ley de Aguas, las protestas del gremio docente (profesores de primaria y secundaria) en contra de la evaluación académica de los maestros y el reclamo de profesores y estudiantes de la educación superior por el proyecto de Ley Universitaria.

Cada uno de estos sectores mantiene específicas críticas a las diferentes decisiones gubernativas y a los proyectos de ley presentados por AP. Comparten entre sí, sin embargo, un malestar similar por la cada vez más notoria falta de reconocimiento político y la ausencia de espacios de interlocución con la fuerza gobernante. El diálogo con el movimiento indígena solo fue posible, sintomáticamente, una vez que el nivel de confrontación entre el gobierno y las organizaciones –sobre todo en la Amazonía– llegó al punto de que se registrara la muerte de un manifestante. Una vez instalados los diálogos, uno de los principales reclamos que la dirigencia indígena planteó a Correa fue su falta de respeto al movimiento. El nuevo canal público transmitió en vivo la dura crítica indígena al presidente. Por primera vez en tres años de gobierno, Correa se vio obligado a torcer su estilo de gestión política –centrado en el marketing de su figura y en sus incendiados discursos– a favor de la puesta en marcha de un proceso de diálogo político. Para inicios de 2010, sin embargo, los diálogos fueron interrumpidos. La Conaie adujo que el gobierno no tomaba en serio el proceso ni escuchaba sus demandas. El Ejecutivo argumentó que la dirigencia indígena se atrinchera en una agenda parcial que no toma en cuenta la globalidad del proceso político ni la orientación general de las políticas públicas.

Los actores movilizados tienden a reconocer ciertos avances en la política social, internacional y económica del gobierno y, al contrario de la ortodoxia neoliberal, no ven con malos ojos el proceso de retorno del Estado. Se distancian de la Revolución Ciudadana, en cambio, en su defensa de la legítima presencia de intereses e identidades políticas y gremiales dentro de la estructura estatal. Indígenas, maestros y universitarios se oponen, en efecto, a una línea de reforma gubernamental que apuntaría a una aparente descorporativización de las instituciones públicas en el marco de un discurso universalista más o menos homogeneizante. Estos actores pretenden conservar los márgenes de autonomía de los espacios de representación conquistados en determinados segmentos de la institucionalidad estatal. Confrontan, así, la centralidad de un igualitarismo que pondría al ciudadano abstracto por sobre el reconocimiento del peso político de los sectores organizados.

Por otro lado, comienza a expandirse una retórica contraria a un patrón de desarrollo –aun cuando sea posneoliberal y redistributivo– que se centra en formas convencionales de explotación de los recursos naturales. Sus planteamientos han abierto un prolífico e inédito campo de debate entre diversas tendencias de la izquierda, gubernativa y no, sobre el modelo de desarrollo viable y pertinente para el país en las próximas décadas. El Ecuador posextractivista está en el horizonte de estas tendencias. La discusión se centra en qué tipo de vías se escogen, en el presente, para alcanzar un nuevo eje de acumulación. La opción minera espanta incluso a altos funcionarios gubernamentales. Correa no parece ver más alternativas inmediatas a mano. La protesta antiminería, fundada en dinámicas comunitarias de base campesina e indígena y articulada en redes ecologistas translocales, tenderá así a cobrar mayor ímpetu en los próximos años. Las coaliciones sociopolíticas que abran la ruta del posdesarrollo están, sin embargo, aún muy lejos de su cabal implantación.

Todo indica, en suma, que el combate a la «partidocracia» dejó de funcionar como nodo articulador del conjunto de fuerzas y actores que resistieron y hoy tratan de desmontar el neoliberalismo. Ciertas inconsistencias programáticas del gobierno, su unilateralismo político y el cortoplacismo de múltiples demandas gremiales desmigajan, y confrontan entre sí, al «campo del cambio». Esta confrontación exacerba la incertidumbre estratégica en que se mueven todos los actores sociales y políticos en el contexto de transición hegemónica al que asiste el Ecuador. El errático comportamiento de los cívicos guayaquileños y de cierta dirigencia indígena se sitúa en este entorno de elevada incertidumbre. La incapacidad presidencial para reconocer cuánto del camino que hoy pisa fue despejado, hace muy poco, por diversas iniciativas colectivas populares no hace sino profundizar el desconcierto político. Walter Benjamin creyó encontrar trazos autodestructivos en las visiones del progreso que licuaban la memoria de las víctimas de las generaciones pasadas en su pura apuesta por el futuro.

Solo una paciente política de articulación, debate y negociación puede, más que llegar a conciliar posiciones y a unificar bandos, volver a arrojar luz sobre los intereses y los valores centrales que comparten entre sí las fuerzas democráticas. Sin ese reconocimiento, la orientación de los antagonismos políticos continuará extraviándose hacia escenarios en los que las líneas de cambio tiendan a bloquearse mutuamente mientras se incuban tendencias a la turbulencia política.

  • 1. Así se autodefine el gobierno de Correa.
  • 2. El Comercio, 17/3/2010.
  • 3. Carlos Jijón en Hoy, 25/3/2010.
  • 4. Nombre del movimiento político liderado por Correa. pais significa «Patria Altiva i Soberana».
  • 5. F. Ramírez Gallegos: La insurrección de abril no fue solo una fiesta, Taller El Colectivo / Ciudad / Terranueva / Abya-Yala, Quito, 2005.
  • 6. Dicho declive está relacionado con la fragmentación política y organizativa del movimiento; la relativa pérdida de representatividad del discurso de la Conaie tanto en las comunidades indígenas como en sectores urbanos; cierto repliegue étnico en su agenda pública; y el descrédito en que cayó tras su paso por el poder. Ver F. Ramírez Gallegos: «Le mouvement indigène et la reconstitution de la gauche en Equateur» en Gabriel Vommaro (ed.): La Carte rouge d’Amérique Latine, Du Croquant, París, 2008.
  • 7. En 2001, 34% de los ecuatorianos manifestó haber participado en «comités pro-mejoras de la comunidad»; en 2008, este indicador se ubicaba en 26%. La tendencia se repite para otras instancias asociativas. La participación ciudadana en los gobiernos locales decayó, igualmente, de 10,8% en 2001 a 5,7% en 2008. Ver Mitchell Seligson: Cultura política de la democracia en Ecuador, 2008, Vanderbilt University / Cedatos, Quito, 2008.
  • 8. La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Manantial, Buenos Aires, 2007.
  • 9. Pablo Ospina Peralta: «Historia de un desencuentro: Rafael Correa y los movimientos sociales en el Ecuador (2007-2008)» en Raphael Hoetmer (coord.): Repensar la política desde América Latina. Cultura, Estado y movimientos sociales, Programa Democracia y Transformación Global /Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2009, disponible en www.democraciaglobal.org/facipub/upload/publicaciones/1/634/files/repensar.pdf.
  • 10. G. Larrea: «Alianza pais: una apuesta política novedosa» en F. Ramírez Gallegos (ed.): La innovación partidista de las izquierdas en América Latina, Ildis, Quito, 2008, p. 129. Cursivas del autor.
  • 11. Se trata de «los sectores sociales intermedios, urbanos y rurales, los trabajadores asalariados no proletarios, la pequeña burguesía urbana y rural, intelectuales, burócratas, profesionales urbanos y rurales, pequeños y medianos comerciantes, transportistas, obreros en activo, y muchos empresarios individuales –no corporativizados– con ideas nacionalistas». «Los socialistas de cara al próximo gobierno» en La Tendencia No 4, 1/2007, p. 41.
  • 12. G. Larrea: ob. cit.
  • 13. Este segmento del texto recoge algunos argumentos elaborados previamente por al autor en «Las antinomias de la Revolución Ciudadana» en Le Monde diplomatique, 9/2008.
  • 14. Partido de tendencia socialdemócrata.
  • 15. Dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), del Seguro Social Campesino (ssc), ex-militantes del Pachakutik, entre otros, terciaron por ap.
  • 16. El caso más emblemático es el de Ruptura-25: organización ciudadana liderada y compuesta, en lo fundamental, por jóvenes de clase media/alta que habían desplegado años antes un trabajo de formación cívica en temas ligados a la cuestión democrática con el apoyo de ong nacionales e internacionales. Su emergencia concitó una importante atención mediática.
  • 17. Pequeño cantón de la provincia de Manabí, hacia el norte del Litoral ecuatoriano, donde se desarrolló la Asamblea. Allí nació el general Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal que a inicios del siglo xx consagró la separación entre la Iglesia y el Estado y el derecho a la educación laica y gratuita. Correa lo toma como uno de sus referentes.
  • 18. La anc recibió alrededor de 70.000 personas entre movilizaciones y eventos. Los 23 Foros Nacionales contaron con la participación de 11.500 ciudadanos. Más de 3.100 propuestas fueron, además, enviadas por la ciudadanía. Ver N. Birk: «The Participatory Process of Ecuadorian Constituent Assembly 2007/2008», tesis de maestría, Universidad de Amsterdam, 2009.
  • 19. Ver Jorge León Trujillo: « A nova Constituição do Equador, 2008: seu processo de definição e as mudanças institucionais» en Lizandra Serafim y José Antonio Moroni (eds.): Sociedade civil e novas institucionalidades democráticas na América Latina, Instituto Pólis / inesc, San Pablo, 2009, pp. 25-50, disponible en www.polis.org.br/obras/arquivo_312.pdf.
  • 20. Hernán Ibarra: «Notas sobre las clases medias ecuatorianas» en Ecuador Debate No 74, 2008, pp. 37-62.
  • 21. Correa, cuando joven, hizo trabajo misionero en una de las parroquias indígenas más pobres del país, conoció de cerca las luchas campesinas e incluso llegó a aprender kichwa, algo de lo que muy pocos intelectuales comprometidos pueden jactarse (ver P. Ospina Peralta: ob. cit.). Tal vez por ello sus tribulaciones sobre el tema de la plurinacionalidad han resultado desconcertantes.
  • 22. «La dynamique sociale du mépris. D´ou parle une théorie critique de la société?» en Christian Bouchindhomme y Rainer Rochlitz (eds.): Habermas, la raison, la critique, Du Cerf, París, 1996, pp. 215-238.
  • 23. Se hace referencia, entre otros, a los ecuatorianos residentes en el exterior, a las personas con discapacidad, montubios (campesinos de la región costa), extranjeros. En una formulación posliberal, además, la Carta Magna reconoce a individuos y colectivos (pueblos, nacionalidades, organizaciones) como sujetos de participación.
  • 24. Los denominados «derechos del buen vivir» incluyen dimensiones ambientales, tecnológicas, comunicativas y culturales.
  • 25. La crisis del oficialismo provenía de las diferentes posiciones en relación con el fin de la Asamblea. Acosta no quería sacrificar la calidad del debate en nombre de los tiempos políticos. Planteó extender las deliberaciones. Las encuestas evidenciaban, sin embargo, un acelerado desgaste del proceso. Correa y el comando central de ap leyeron la propuesta como un suicidio político y la rechazaron.