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Desencuentros, convergencias, politización (y viceversa). El gobierno ecutoriano y los movimientos sociales

El ascenso de Rafael Correa modificó los términos del debate político en Ecuador. Entre otras cosas, reconfiguró la relación entre el gobierno y las diferentes formas de acción colectiva organizada, en particular el movimiento indígena. En este artículo se argumenta que, para entender la evolución de esta compleja relación, es necesario observar tres momentos: el surgimiento de Alianza País, el movimiento político formado en torno de Correa; el proceso constituyente, donde en medio de una alta conflictividad se reconoció el aporte y la participación de las organizaciones sociales; y la etapa posterior, en la que ambos actores han comenzado a alejarse. Para el autor, solo con una paciente política de articulación y negociación será posible, más que conciliar posiciones o unificar bandos, volver a arrojar luz sobre los intereses y los valores centrales que comparten entre sí las fuerzas democráticas, entre las que ubican tanto el gobierno como los sectores sociales organizados.

Desencuentros, convergencias, politización (y viceversa). El gobierno ecutoriano y los movimientos sociales

Marzo 2010: la prensa publica los detalles de dos reuniones entre la Junta Cívica de Guayaquil y dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Los encuentros tenían como objetivo apuntalar la oposición al gobierno de Rafael Correa. Según las versiones de la Junta, los dirigentes indígenas le habrían solicitado apoyo financiero para el levantamiento que anunciaran, en febrero, contra el gobierno de la «Revolución Ciudadana»1. Pocos daban fe de la verosimilitud de la noticia: la radicalísima Conaie sentada junto a quienes tradicionalmente han representado lo más conservador de la oligarquía ecuatoriana. Diversas organizaciones populares, partidos de izquierda e intelectuales críticos condenaron la maniobra. El gobierno rechazó, igualmente, tan bizarro acercamiento.

Para los patricios guayaquileños, la aproximación al movimiento indígena ecuatoriano suponía la posibilidad real de cercar al gobierno de Correa. El optimismo de este anuncio duró menos de 24 horas y puso en evidencia, una vez más, la profunda desconexión de las elites con las dinámicas políticas de los sectores subalternos. Anunciar como un acuerdo aquello que no era sino una conversación cupular suponía desconocer que la toma de decisiones en la Conaie está sujeta a, aunque sea mínimos, procesos de consulta interna y negociación entre las organizaciones miembros. El malestar dentro del propio movimiento fue, de todos modos, inocultable. Luis Macas, dirigente histórico de la Conaie, criticó el encuentro: «No tenemos nada en común con ellos (…) no podemos sentarnos a conversar y si nos encontramos en la esquina hay que correr hacia el otro lado»2. Mientras tanto, un editorial publicado en uno de los diarios quiteños enfrentados al gobierno encontraba en tales declaraciones un profundo sectarismo político: «Si lo hubiera pronunciado un mestizo, si lo hubiera dicho un dirigente empresarial, refiriéndose al movimiento indígena, habría merecido el repudio general por racista e insensato»3. El texto iba más lejos y sostenía que, al contrario del sentido común político, entre Guayaquil y la Conaie existe un punto nodal de convergencia: la demanda por la autonomía y el derecho al autogobierno. Quedaba claro que en el montaje de un frente de oposición a Correa se requiere de algo más que el simple rechazo al personaje.

Para tratar de poner punto final al asunto, la dirigencia indígena desconoció la validez de la reunión, anunció sanciones para quienes propiciaron los encuentros y dispuso la realización de una «limpia» (purificación ritual) de las oficinas de la sede en las que habían permanecido los cívicos guayaquileños. Aun así, no pudo revertir la extendida percepción de que había confundido las cartas de navegación que la han ubicado, desde siempre, en las antípodas de los grupos de poder establecido.El episodio habla, en cualquier caso, del complejo proceso de reconfiguración de la conflictividad política abierto a partir del acceso de Correa al poder en 2007. Entre otras de sus características, esa reconfiguración está atravesada por las tensas relaciones entre la fuerza gobernante y las más importantes dinámicas de acción colectiva de la sociedad ecuatoriana. Tales tensiones se han incrementado luego de un periodo en que, alrededor de la Asamblea Constituyente (2007-2008), el proyecto político de Alianza PAIS (AP)4 generó algo más que «simpatía difusa» en el arco progresista. Múltiples organizaciones sociales y políticas contribuyeron activamente, desde entonces, a sostener el proyecto de cambio. Algunos de sus militantes llegaron incluso a ser postulados como parte de las listas del oficialismo en las elecciones de 2008 y 2009. No es raro escuchar, en boca de múltiples activistas, que la Revolución Ciudadana encabezada por Correa se ha apropiado de su programa –«nos roban la agenda»– y que la participación electoral de algunos de sus «compañeros» ha repercutido en el funcionamiento habitual de las dinámicas asociativas. Y es que la emergencia de Correa no solo aceleró el ocaso de los partidos que dominaron la escena política desde la transición democrática en 1979, sino que desacomodó las líneas de articulación y los programas de acción de múltiples actores sociales. El retorno del Estado al primer plano de la acción pública ha jugado, también, a favor de ese desajuste.

Si un relativo agotamiento de la movilización social antecedió el surgimiento de AP, el sólido posicionamiento del liderazgo presidencial y su escasa predisposición al reconocimiento de las dinámicas de acción colectiva autónoma han contribuido a un estrechamiento de sus márgenes de acción y a la intensificación del conflicto con el gobierno. En tal escenario influirían, además, algunas diferencias programáticas en el procesamiento de la transición posconstitucional y, de modo menos visible, la desconfiguración de las redes sociales ligadas a los movimientos. La implicación de segmentos de las clases medias radicales –activas partícipes del campo organizativo que se opuso al neoliberalismo– en el nuevo bloque gobernante habría generado problemas de intermediación política y un cierto vaciamiento de los acumulados organizativos en las arenas estatales.

Las sinuosas relaciones entre el gobierno y diversas organizaciones sociales pueden ser mejor observadas si se las ubica en el marco de tres específicos momentos del proceso de cambio político que vive el Ecuador: el surgimiento de AP, el proceso constituyente y la transición legal.

Desencuentros de origen

En abril de 2005 se consumó el tercer derrocamiento presidencial en Ecuador en menos de diez años. El coronel Lucio Gutiérrez –quien encabezó la asonada indígena-militar que expulsó del poder a Jamil Mahuad en 2000– fue depuesto en medio de grandes movilizaciones ciudadanas en repudio a la intervención del Poder Ejecutivo en la Justicia. La incapacidad del Congreso Nacional para fiscalizar tales acciones lo colocaron, también, en el centro de la contestación social al orden político. La multitud movilizada no demandaba únicamente la cabeza del presidente: al igual que en las protestas argentinas de 2001, los ciudadanos exigían «Que se vayan todos».

  • 1. Así se autodefine el gobierno de Correa.
  • 2. El Comercio, 17/3/2010.
  • 3. Carlos Jijón en Hoy, 25/3/2010.
  • 4. Nombre del movimiento político liderado por Correa. pais significa «Patria Altiva i Soberana».