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Derechos laborales y acuerdos de libre comercio

Los tratados de libre comercio firmados en los últimos años por varios países latinoamericanos reconocen algunos derechos laborales fundamentales, con el objetivo de prevenir la competencia desleal basada en la reducción de la protección al trabajo. Este artículo analiza pormenorizadamente el impacto logrado con ello: cuál ha sido su aplicación, cómo han funcionado y qué influencia han tenido sobre las condiciones concretas de trabajo. Además, indaga hasta qué punto la inclusión de cláusulas laborales permitirá reforzar la escasa efectividad de tales derechos en los ordenamientos jurídicos internos.

Derechos laborales y acuerdos de libre comercio

Los tratados de libre comercio firmados en los últimos años por varios países latinoamericanos reconocen algunos derechos laborales fundamentales, con el objetivo de prevenir la competencia desleal basada en la reducción de la protección al trabajo. Este artículo analiza pormenorizadamente el impacto logrado con ello: cuál ha sido su aplicación, cómo han funcionado y qué influencia han tenido sobre las condiciones concretas de trabajo. Además, indaga hasta qué punto la inclusión de cláusulas laborales permitirá reforzar la escasa efectividad de tales derechos en los ordenamientos jurídicos internos.

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) entre Estados Unidos, Canadá y México, en 1994, se han incrementado los acuerdos de liberalización comercial en la región: el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Chile, de 1997; el TLC entre Canadá y Costa Rica, de 2002; el TLC entre Chile y EEUU, de 2004 y el TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EEUU, de 2005. Además, Colombia, Ecuador y Perú están negociando desde 2004 acuerdos comerciales con EEUU.

En todos los casos, se reconocen derechos del trabajo que permitan prevenir la competencia desleal basada en la reducción de la protección laboral. Estas cláusulas se orientan a obtener la adopción generalizada de estándares laborales en los países que comercian internacionalmente, de tal modo que sus legislaciones internas efectivamente protejan ciertos derechos, considerados indispensables.

Hasta ahora, se han defendido con vigor las ventajas de adoptar compromisos laborales en los acuerdos comerciales, pero poco se ha dicho sobre el impacto efectivo que se ha logrado con ello: cuál ha sido su aplicación, cómo han funcionado y qué consecuencias han tenido sobre las condiciones de trabajo en economías abiertas. Tampoco se han comentado los aspectos jurídicos de estas cláusulas laborales. Debe indagarse, en este sentido, si el reconocimiento de los derechos laborales en los acuerdos de comercio permitirá reforzar la escasa efectividad de tales derechos en los ordenamientos jurídicos internos de los países latinoamericanos.

Aunque estas cláusulas son presentadas por los gobiernos como compromisos que no establecen normas mínimas comunes para las legislaciones internas ni fijan una homologación normativa entre sus ordenamientos jurídicos, su alcance real estará determinado por decisiones jurídicas: es evidente la importancia que tiene la adopción e interpretación de las leyes nacionales para evaluar el cumplimiento o no de los compromisos laborales incluidos en los tratados de libre comercio.

Aun cuando hayan sido diseñados y negociados políticamente, los acuerdos de libre comercio son regulados jurídicamente y, como los ordenamientos jurídicos internos de los países que los celebran mantienen su competencia en temas generales involucrados en el comercio, existen espacios para decisiones jurídicas que, directa o indirectamente, incidirán en la aplicación de los acuerdos gubernamentales, también en materia laboral.

Un reconocimiento restringido

La inclusión de derechos laborales en los tratados de libre comercio se restringe a solo algunos de ellos, considerados indispensables para evitar ventajas desleales basadas en la desprotección del trabajo en el comercio bilateral. La referencia a estos derechos implica solo a aquellos expresamente reconocidos, y no puede extenderse a todos los derechos considerados jurídicamente fundamentales en las legislaciones internas de los países que suscriben el acuerdo. En este sentido, determinar cuáles derechos están reconocidos en un acuerdo comercial es importante, ya que revela el interés que los Estados asociados otorgan a la protección de los trabajadores: mientras más amplio sea el listado de derechos reconocidos, existirá una mayor preocupación para proteger el comercio de las ventajas desleales derivadas de la desprotección laboral. Desde la entrada en vigor de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1998, los acuerdos comerciales adoptados en la región han incorporado expresamente el catálogo de derechos recogidos en ella, reconociendo que son imprescindibles para garantizar el comercio leal. Pero, además, han recogido otros derechos laborales, que también se consideran importantes para tutelar la lealtad del intercambio comercial.

Una lista específica de derechos laborales

Hasta ahora, se observan dos formas distintas de incluir los derechos laborales en los tratados de libre comercio: la primera fue establecida en el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte (Aclan) y sigue siendo aplicada por Canadá en los acuerdos comerciales que ha firmado con países de la región. La segunda es la que ha adoptado EEUU después de que el Congreso autorizara al Ejecutivo a negociar acuerdos de liberalización comercial.

El Aclan, firmado en 1994, estableció una amplia lista de derechos laborales que deben ser promovidos por los países que lo suscriben. Se trata del grupo de derechos más amplio que haya reconocido hasta ahora un acuerdo de liberalización comercial, y fue adoptado sin variaciones en el Acuerdo de Cooperación Laboral (ACL) que complementa el TLC suscripto entre Canadá y Chile en 1997.

Los derechos laborales incluidos en esta lista son muy amplios: libertad de asociación y protección del derecho de organización; acceso a negociación colectiva; derecho de huelga; prohibición del trabajo forzoso; protección en el trabajo para los niños y los menores; condiciones mínimas de trabajo (pago de salarios mínimos y de horas extras); eliminación de la discriminación laboral; igual remuneración para hombres y mujeres; prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; indemnización en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; protección de los trabajadores migratorios. Esta amplia enumeración, que abarca derechos colectivos e individuales, pareciera revelar el compromiso decisivo de vincular estándares laborales y comercio. Sin embargo, las medidas de control previstas, que permitirían forzar a un gobierno a corregir la aplicación débil en sus normas internas, solo se refieren a algunos de los derechos incluidos: en el Aclan y el ACL entre Canadá y Chile, los gobiernos involucrados pueden acudir a un arbitraje solo ante la violación de la prohibición de trabajo infantil, la prevención de salud y seguridad en el trabajo y la efectividad del pago de salario mínimo, mientras que el resto queda sin posibilidad real de corrección. Ante la duda acerca de la efectividad real de estos derechos, solo se prevé el intercambio de información pública entre los gobiernos.